CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL
Santafé de Bogotá, D.C., septiembre trece (13) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Ref: Expediente No. 5728
Decídese sobre la admisibilidad del recurso de revisión interpuesto por Luz Dary Espinosa Rodríguez contra la sentencia de 1o. de julio de 1993, proferida por el Tribunal Superior del distrito Judicial de Pereira, en el proceso ordinario promovido por Rosalba Rodríguez Espinosa contra la recurrente.
Antecedentes
1.- En el referido proceso, de conformidad con la relación que hace el recurrente en revisión, la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Pereira el 1o. de julio de 1993, fue notificada por edicto que se desfijó el 19 de julio del mismo año, y el recurso de casación que contra ella se interpuso, fue denegado por auto de 2 de agosto de 1993, proveído éste dentro de cuyo término de ejecutoria, que corrió hasta el nueve del mismo mes, se presentó recurso de queja, el que también se denegó mediante providencia de 26 de agosto de 1993, que encontró ejecutoria el día 31 de agosto de ese año.
2.- En procura de obtener la revisión de la aludida providencia, el recurrente presentó demanda el 31 de agosto de 1995, invocando como causales las de los numerales 1o. y 6o. del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, arguyendo, en lo relacionado con el término para recurrir, que los dos años siguientes a la ejecutoria de la sentencia combatida se cumplen precisamente el 31 de agosto de 1995, a más de que esa sentencia no ha sido inscrita en el registro público.
Consideraciones
1.- El recurso extraordinario de revisión, estatuído contra las sentencias ejecutoriadas, y que como tal constituye una excepción al postulado de la inmutabilidad de la cosa juzgada, se encuentra por esa misma razón minuciosamente reglamentado, no sólo en cuanto a la causales que permiten intentarlo, sino también en cuanto a los términos para ello, los cuales son ciertamente perentorios y de estricto cumplimiento, so pena de caducidad; pues precisamente por estar de por medio la cosa juzgada y con ella la seguridad jurídica, ha exigido el legislador una precisión absoluta con respecto a la oportunidad para impugnar la sentencia.
2.- Es así como la regla general, consagrada por el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, es la de que el recurso de revisión ha de presentarse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la sentencia respectiva; y la única excepción a esa regla, se presenta cuando el impugnante invoca la causal séptima, evento en el cual, el dicho término de los dos años se cuenta, ya desde cuando la parte perjudicada o su representante hayan tenido conocimiento de la sentencia, ora desde la fecha de su registro cuando ello sea del caso, con límite máximo de cinco años.
3.- Y con relación a la ejecutoria de las sentencias, que es en la generalidad de los casos el punto de partida del término de caducidad establecido por el artículo 381 del código de Procedimiento Civil, ha de acudirse al artículo 331 ibidem, que regula la materia al determinar que "...las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos, o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelve los interpuestos...". Disposición ésta en cuyo texto fácil es encontrar las tres hipótesis que contempla: la de las providencias carentes de recursos, la de aquellas contra las que, existiendo recursos, no se formulan los que fueren procedentes, y, por último, la de las providencias contra las cuales sí se interpusieron los recursos adecuados.
El tema de la ejecutoria de las providencias, a que se refiere el párrafo anterior, fue dilucidado por la Corte en providencia del 18 de noviembre de 1994, cuando expuso:
"...en la medida en que una decisión judicial se encuentre en una de las tres situaciones que considera la norma transcrita, logra la condición necesaria para que adquiera firmeza y se generen los efectos que le sean propios. Para establecer la existencia del primer supuesto, basta con determinar si de conformidad con la ley la providencia de que se trate es o no susceptible de recursos, cuestión que sella su ejecutoria, independientemente de que alguna de las partes hubiese interpuesto uno cualquiera.O sea que: si por mandato legal la providencia carece de recursos, el que tempestivamente formule una de las partes no ataja su ejecutoria.
"En el segundo evento, la providencia alcanza firmeza por haber transcurrido el término de ejecutoria sin que el interesado hubiese interpuesto el recurso procedente. Esto significa que sólo en la medida en que el recurso interpuesto sea el adecuado para impugnar aquella, o sea, cuando conforme a la ley la providencia atacada sea impugnable por el medio elegido por el inconforme, acarrea la secuela de interrumpir su término de ejecutoria. Entonces, el recurso improcedente no trunca el término de ejecutoria de las decisiones de ese modo impugnadas,sin perjuicio, como es natural, de que no se computen los días en que permanezca el asunto al despacho pendiente de resolución judicial (destacado en el original).
"Siendo las cosas como se acaban de indicar, es decir, si la impugnación improcedente no impide la ejecutoria de la providencia que por disposición legal carece de recurso,o de la de aquella que es susceptible de ataque, más por un medio distinto al escogido por el inconforme,debe inferirse, pues, que en el tercer evento, la firmeza de una providencia se interrumpe mientras adquiere ejecutoria la que desata el recurso que procedentemente se ha propuesto. O lo que es lo mismo, la ejecutoria de la providencia que resuelve el recurso improcedentemente formulado no obstruye de ningún modo la firmeza de la decisión impugnada erróneamente".
4.- Viene todo lo anterior, a propósito del recurso cuya admisibilidad se deduce. Porque en la demanda de revisión, presentada, como quedó dicho, el 31 de agosto de 1995, se informa que el edicto por el cual se notificó la combatida sentencia de 1o. de julio de 1993 , fue desfijado 19 de ese mismo mes y año, pero pretende el recurrente que la ejecutoria de esa providencia quedó aplazada hasta el 31 de agosto de 1993, en razón de que contra ella interpuso ,primeramente el recurso de casación, que le fue denegado, y luego el de queja, que corrió la misma suerte.
Y resulta que la denegación del recurso de casación formulado contra la sentencia de 1o. de julio de 1993, - de lo cual da cuenta el demandante en revisión-, implica que era esa una de aquellas providencias contra las cuales no hay recurso alguno; carencia de recurso que, por lo demás, resultó reafirmada con la improsperidad del de queja formulado a propósito de la denegatoria de la casación.
Así las cosas, tiénese que para efectos de inquirir sobre el momento de ejecutoria de la providencia en cuestión, ha de acudirse a la primera de las tres hipótesis contempladas en el artículo 331 del Código de Procedimiento civil y de que atrás se dio cuenta, esto es, a la relacionada con las decisiones judiciales que carecen de recurso; y ya quedó averiguado que en eventos tales, la impugnación de la providencia no empece su ejecutoria, la cual, insístese, por mandato de la ley ocurre transcurridos los tres días siguientes a la notificación.
5.- Fluye de lo anteriormente expuesto, que la sentencia cuya revisión ahora se pretende, quedó ejecutoriada el 23 de julio de 1993, a saber, al tercer día hábil siguiente al en que culminó la notificación por edicto, lo cual acaeció, como ya se vio,el 19 de julio de 1993.
De donde resulta que el recurso de revisión sobre cuya admisibilidad se decide, fue propuesto extemporáneamente, pues para el 31 de agosto de 1993, fecha de la presentación de la demanda, habían transcurrido más de dos años contados a partir de ese 23 de julio de 1993, cuando quedó en firme la sentencia.
Ya para culminar, como el recurrente, refiriéndose a su oportunidad para impugnar, se ampara en la necesidad de inscribir la sentencia combatida en un registro público, dígase simplemente que esa circunstancia sólo merece atención cuando lo invocado ha sido la causal séptima de revisión; pues si las causales invocadas han sido, como aquí sucede, la primera y la sexta, el término máximo de dos años para recurrir corre inexorablemente desde la ejecutoria de la sentencia, independientemente de su inscripción en un registro público, si es que a ello hubiere lugar.
6.- Síguese de lo expuesto, sin lugar a dudas, que ha caducado en el presente asunto el término para interponer el recurso de revisión, por lo que, conforme a lo preceptuado por el inciso 4o. del artículo 383 del Código de Procedimiento Civil, la demanda debe rechazarse, en la medida en allí se dispone que "Sin más trámites, la demanda será rechazada cuando no se presente en el término legal...".
Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia rechaza la demanda con la que se interpuso recurso de casación contra la sentencia de 1o. de julio de 1993, proferida por el Tribunal Superior de Pereira en el proceso ordinario arriba referenciado.
Devuélvanse los anexos sin necesidad de desglose.
Se reconoce al doctor Armando Robayo Bello como apoderado de la recurrente en revisión, conforme al memorial-poder visible a los folios 1 y 2 de este cuaderno.
Notifíquese
RAFAEL ROMERO SIERRA