CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

       SALA DE CASACION CIVIL        



Magistrado Ponente : Dr. RAFAEL ROMERO SIERRA


Santafé de Bogotá, D.C., octubre seis (6) de mil novecientos noventa y cinco (1995).


       Ref: Expediente No. 5711



                       Decídese el conflicto que en torno a la competencia para conocer del proceso de exoneración de alimentos de Hildebrando Guerrero Rojas con  relación a sus hijos Hildebrando y Lyda Andy Guerrero Carreño, enfrenta a los juzgados Promiscuo Municipal de Tibú (Norte de Santander) y Segundo Civil Municipal de Barbosa (Santander).



       Antecedentes



                       1.- En escrito presentado el 14 de junio de 1995, dirigido al Juzgado Promiscuo de Familia de Vélez (Santander), Hildebrando Guerrero Rojas, diciendo acogerse al derecho de petición, solicita el "levantamiento del embargo", que con la finalidad de atender los alimentos de sus hijos Hildebrando y Lyda Andy Guerrero, ordenara el Juez Promiscuo Municipal de Tibú (Norte de Santander) mediante oficio de 11 de mayo de 1994; y fundamenta su pedimento, en la circunstancia de que su hijo varón, Hildebrando, es ya mayor de edad y de que su menor hija habita en la localidad de Barbosa, en su compañía.



                       2.- El Juez Promiscuo de Familia de Vélez, entendiendo la antedicha solicitud como de exoneración de pagar cuotas alimentarias y apoyándose en el principio de la perpetuatio jurisdictionis, la remitió al Juez Promiscuo Municipal de Tibú, por ser ese el juzgado en donde se había adelantado el correspondiente proceso de fijación de alimentos.


                       3. Por su parte, el Juez Promiscuo Municipal de Tibú, argumentando que la demanda de revisión de cuota alimentaria da lugar a un proceso diferente al inicial de alimentos que la determinó, se declaró incompetente y remitió las diligencias al Juzgado Civil Municipal (reparto) de Barbosa (Santander), por ser ese el lugar de residencia de la menor Lyda Andy Guerrero Carreño, citando para el efecto el artículo 139 del decreto 2737 de 1989.


                       4. A su vez, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Barbosa declaróse también incompetente, acudiendo al principio de la perpetuatio jurisdictionis", enviando en consecuencia las diligencias a esta Corporación para que se defina el conflicto.



       Consideraciones



                       1.- A términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a esta Sala desatar el aludido conflicto, dado que enfrenta a juzgados  de diverso Distrito Judicial, uno de Norte de Santander y otro de Santander.


                       2.- Comiénzase por puntualizar, que con fundamento en las piezas procesales (folios 4, 18 a 21 del Cuaderno 1o.) se concluye que la cuota alimentaria de la cual pretende exonerarse el peticionario, fue fijada en la audiencia de conciliación celebrada en  el respectivo proceso de alimentos que cursó en el Juzgado Promiscuo Municipal de Tibú; y que tal cuota se refiere, exclusivamente, a la menor Lyda Andy, cuyo domicilio actual, según la solicitud de exoneración de alimentos, es la localidad de Barbosa.

                       

                       3.- Anótase, por otra parte, que la demanda para obtener el aumento, disminución o la exoneración de alimentos, da lugar a un nuevo proceso, independiente de aquél que previamente los fijó; pues ni el Código de Procedimiento Civil (artículo 435), ni el llamado Código del Menor, ni disposición alguna, estatuyeron que solicitudes de ese tenor se constituyesen en apéndice del proceso inicial o hubiesen de tramitarse a continuación del mismo.


                       Refiriéndose al punto precedente, mas partiendo del artículo 139 del Decreto 2737 de 1989, expresó la Corte que esa norma "...independiza el proceso inicial de alimentos de la demanda para la revisión de los fijados, no sólo porque deja de lado el trámite simplemente incidental previsto por el artículo 24 de la ley 1a. de 1976, sino también porque no dispone, ni lo dispone ningún otro artículo de dicho código, que la modificación tenga que ser hecha por el mismo juez". (Auto de 11 de septiembre de 1991. Mag. Pon. Dr. Ospina Botero).


                       4.- Resulta de lo anterior,  que cuando se trata, como en este caso,  de una demanda mediante la cual se pretende obtener la exoneración de alimentos, proceso que es, como quedó visto, totalmente independiente de aquél que inicialmente los fijó, para determinar cuál es el juez competente, no es pertinente invocar la perpetuatio jurisdictionis, que sólo es aplicable, en principio, con relación a un mismo proceso. También sobre este aspecto de pronunció esta Corporación, cuando dijo: "Ahora bien, si la revisión de la cuota alimentaria es proceso distinto del utilizado para su fijación, si no existe norma que atribuya la competencia para la revisión al juez que conoció del proceso inicial, ha de concluirse que no es de aplicación aquí el principio de la perpetuatio jurisdictionis. Así que la competencia puede variar, por el factor territorial, entre un proceso y otro, lo cual ocurre, por ejemplo, cuando el menor cambia el lugar de su residencia". (Auto de 11 de septiembre de 1991).


                       4.- Precisado lo anterior, fácil es concluir que para  definir a quién corresponde el conocimiento de un proceso relacionado con la modificación o exoneración de las cuotas alimentarias, ha de acudirse a las normas generales que regulan la competencia; así, cuando en procesos tales el menor es el demandante, la competencia por el factor territorial corresponderá, ya al juez del domicilio del menor, conforme al artículo 8o. del Decreto 2272 de 1989, ya al de su residencia, conforme al artículo 139 del Código del Menor; cuando no lo sea, las normas aplicables al respecto son las pertinentes del Código de Procedimiento Civil.


                       5.- Ahora bien, sábese que, en principio, de la demanda introductoria se desprenden las circunstancias de hecho que señalan la competencia del juez con relación al factor territorial.


                       De esta manera, si en la demanda en estudio se establece que el actor es el padre, quien pretende exonerarse de cumplir con la cuota alimentaria prefijada, y la ciudad de Barbosa es designada como el lugar del domicilio de la menor alimentaria, es al juez de esa localidad al que corresponde el conocimiento del negocio, de conformidad con el fuero general consagrado por el numeral 1o. del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil. No sin advertir, que esta decisión no obsta para que el menor demandado pueda reclamar sobre tal aspecto en las oportunidades que le otorga la ley.

                                       

                       6.- Síguese de lo expuesto,  que es el  Juez Segundo Civil Municipal de Barbosa -Santander- el competente para conocer de  este negocio.        



       Decisión



                       En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, declara que el competente para conocer del proceso atrás referido, es el Juzgado Segundo Civil Municipal de Barbosa (Santander), al que se enviará inmediatamente el expediente, comunicándole lo aquí decidido, mediante oficio, al otro juzgado involucrado en el conflicto, que así queda dirimido.





       NICOLAS BECHARA SIMANCAS




       CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS





       PEDRO LAFONT PIANETTA





       HECTOR MARIN NARANJO









       RAFAEL ROMERO SIERRA




       JAVIER TAMAYO JARAMILLO