CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Magistrado Ponente: Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles
Santafé de Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de mil novecientos noventa y seis (1.996)
Referencia: Expediente No. 5237
Decídese el incidente de regulación de perjuicios de que trata el inciso final del artículo 384 del C. de P. C., promovido por la señora Ana Isabel Pérez de Clavijo.
ANTECEDENTES:
1. La señora Ana Isabel Pérez de Clavijo actuó como demandada en el trámite del recurso extraordinario de revisión que le instauró el señor David Salomón Castro, el cual se declaró infundado mediante sentencia de la Corte dictada el 4 de diciembre de 1995, entre cuyos ordenamientos dispuso “Condenar al recurrente al pago de costas y perjuicios. Para el pago téngase en cuenta la caución prestada y liquídense los perjuicios mediante incidente”.
2. La condena en costas fue liquidada en la suma de $ 1.200.000.oo, suma igual a la fijada por conceptos de agencias en derecho; dicha liquidación no fue objetada por ninguna de las partes y en tal virtud fue aprobada por auto dictado el pasado 20 de enero (C. de la Corte, folios 104, 105 y 106).
3. Posteriormente, la beneficiaria de la condena al pago de perjuicios promovió el presente incidente, mediante escrito en el cual los estimó en la suma de $2.250.000, correspondiente al pago de honorarios que la demandada en revisión le pagó al Dr. Jesús María Guzmán Saiz, quien inicialmente la representó como su apoderado judicial, en los términos que habían convenido en el contrato de servicios profesionales.
4. Aduce el nuevo apoderado de la señora Ana Pérez de Clavijo que el pago de tales honorarios debe tenerse como liquidación de perjuicios, dado que “Por la terminación de la gestión encomendada y, especialmente, por la necesidad de retirarse de la ciudad el Dr. Jesús María Guzmán Saiz dio por terminado el contrato de honorarios, solicitó a su cliente el pago de los honorarios..”, otorgándole el paz y salvo correspondiente; agrega que accedió a hacer el pago por considerar que el trabajo profesional desplegado “fue atento y eficaz, al igual que el cuidado y vigilancia del procedimiento”.
5. Para demostrar los hechos alegados, se presentaron los siguientes documentos: el contrato de servicios profesionales y los recibos de pago expedidos por el mencionado abogado contratante; los cuales se incorporaron como pruebas.
6. Surtido el trámite del incidente, en el cual la contraparte guardó silencio, corresponde decidir lo que sea del caso.
SE CONSIDERA:
1. Sea lo primero advertir que no se pueden identificar, ni, por ende, confundir, los conceptos de costas y perjuicios, a efectos de obtener la liquidación de las condenas que sobre unas y otros se profiere en la sentencia que declara infundado el recurso de revisión con fundamento en el artículo 384 del C. de P.C.
2. A ese respecto tiénese en cuenta que:
a) Cuando en el trámite del recurso extraordinario la ley exige que el recurrente otorgue una caución, ésta, según el artículo 383 del C. de P.C., debe servir entre otras finalidades, “...para garantizar los perjuicios que [el recurrente] pueda causar a quienes fueron partes en el proceso en que se dictó la sentencia, las costas, multas ....”; distinción reiterada en el artículo 384, in fine, al disponer que “Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.
b) El concepto de costas se refiere al “valor de los impuestos de timbre, los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados...y las agencias en derecho que fije el magistrado ponente o el juez...” - artículo 393-2a C. de P.C. -; éstas, a su vez, deben ser fijadas de manera objetiva con aplicación de las tarifas y bajo las consideraciones consagradas en la regla 3a. de esa misma disposición. Son objetables y el trámite de su liquidación se encuentra previsto en las reglas subsiguientes.
c) En cambio el concepto de perjuicios cobija otra clase de menoscabos patrimoniales, exógenos a la realización del proceso en si mismo considerado, que hubiesen podido sufrir las partes con ocasión del recurso de revisión que haya sido declarado infundado; su liquidación debe hacerse por el trámite incidental, cual lo prevé el citado artículo 385; distinto y aparte del trámite que la ley procesal señala para liquidar las costas judiciales.
d) Dada la distinción clara y evidente que existe entre la condena en costas y perjuicios: por su objeto, trámite y liquidación, no le es dable a la parte beneficiada con tales condenas involucrar en la liquidación de perjuicios aspectos propios de la de costas, como ocurre con el reconocimiento de lo gastos de abogado o “agencias en derecho”, que, como gasto que atañe con la realización del proceso, debe ser concretado de la manera y por el procedimiento legalmente establecido en el artículo 393 del C. de P.C.; como tampoco sería permisible dar cabida en la liquidación de costas a la incorporación de perjuicios ajenos a los gastos judiciales o del proceso.
3. Sobre el particular y en orden a situar el asunto por fuera del marco de la regulación de perjuicios, ha dicho la Corte que el segundo inciso del numeral 3° del artículo 393 del C. de P.C. obliga a entender que: “… la fijación de agencias en derecho sólo puede ser objetada dentro del respectivo traslado de la liquidación de costas, de donde se sigue que su cuantía no puede después ser materia de discusión en el incidente de regulación de perjuicios….”, añadiendo que “… si el fallador señala el monto de las agencias en derecho y este no se objeta en la oportunidad indicada antes, tal regulación se hace definitiva y, por tanto, obligatoria para las partes…”. (Autos de 4 de agosto de 1981 y 13 de mayo de 1988).
4. En ese orden de ideas, fluye patente que no puede hacerse el reconocimiento de perjuicios que ahora reclama la señora Ana Pérez de Clavijo, toda vez que versa sobre los honorarios de abogado pagados por ella convencionalmente, los cuales no pueden incluirse en el rubro de perjuicios, según lo explicado anteriormente. De otra parte, el gasto judicial o propio del proceso que la incidentalista asimila indebidamente a daños padecidos con ocasión del recurso de revisión, ya le fue reconocido en la forma, términos y cuantía debidos, dentro del trámite de liquidación de costas, nunca objetado por ella; por ese concepto, nada más puede reclamar.
5. En fin, no alegado ni demostrado ningún otro perjuicio, se definirá negativamente el presente incidente.
DECISION:
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE:
1o. No fijar suma alguna por concepto de perjuicios en favor de la señora Ana Isabel Pérez de Clavijo, a propósito del incidente de regulación de los mismos que ésta propuso con apoyo en la sentencia de revisión y del artículo 384 del C. de P.C.
2o. Sin Costas en el incidente, por cuanto no aparecen causadas.
Cópiese y Notifíquese
JOSE ANTONIO CASTILLO RUGELES
Referencia: Expediente No. 5237
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
(En Permiso)
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS
PEDRO LAFONT PIANETTA
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
RAFAEL ROMERO SIERRA
(En permiso)