CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA



Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez


Santafé de Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de mil novecientos noventa y siete (1997)


Referencia: Expediente No. 6457


Procede la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, a resolver lo que corresponda en torno al  conflicto suscitado entre los Juzgados Veintiocho Civil del Circuito de Santafé de  Bogotá y Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, para conocer del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía incoado por DIEGO JOSE BOLIVAR PEREZ en contra de QUIBI S.A.


ANTECEDENTES


1.- En la demanda ejecutiva presentada ante el Juez Civil del Circuito de Barranquilla (reparto), por DIEGO JOSE BOLIVAR PEREZ contra QUIBI S.A., para obtener el pago de un pagaré, se afirmó que la sociedad demandada tenía su domicilio principal en la ciudad de Santafé de Bogotá, al igual que su representante legal, a quien se podía notificar en la avenida 1ª. Nos. 17-35 y 17-39 de esta ciudad.


Entre otros hechos, el ejecutante manifestó: “La deudora excusó el protesto del pagaré y se sometió a la jurisdicción de cualquier Juez competente de la República…”.


2.- Repartida la demanda, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, libro mandamiento de pago por auto del 6 de agosto de 1984 (fol. 8, c.1). Una vez notificado del auto anterior el representante legal de la sociedad demandada, propuso la excepción previa de falta de competencia, arguyendo que el numeral 7º. del artículo 23 del C. de P. C., manda que en los procesos contra sociedades, es competente el juez del domicilio principal de la sociedad, el cual en este caso es Santafé de Bogotá.


Dicha excepción fue declarada probada mediante auto  del 14 de agosto de 1996, ordenándose en consecuencia la remisión de las diligencias a esta ciudad.


3.- Recibido el proceso en el Juzgado 28 Civil del Circuito Santafé de Bogotá, ese despacho mediante auto de 28 de octubre de 1996, a su vez se declaró incompetente y provocó el conflicto negativo de competencia (fls. 119 al 122, c.1), argumentando al efecto, entre otras cosas: “Aquí no se trata de aplicar el numeral 7. del art. 23 del C. de P. C., sino los artículos 621 y 876 del Estatuto Mercantil que le reconocen al obligado cambiario la autonomía de su voluntad para establecer en qué lugar se obliga a efectuar el pago, sin que esa estipulación pueda circunscribirla el Juez arbitrariamente al pago voluntario de la obligación”.


SE CONSIDERA


1.- Se advierte, primeramente, que como el conflicto así planteado se ha suscitado entre dos juzgados de diferente distrito judicial, la Corte es la competente para definirlo tal como lo señala el art. 16, in fine, de la ley 270 de 1996, “Estatutaria de la Administración de Justicia”.


2.- La distribución de la jurisdicción entre los diferentes órganos encargados de administrar justicia, se encuentra expresamente prevista por el legislador mediante el establecimiento de los llamados factores determinantes de la competencia. Uno de esos factores es el territorial, para cuya definición la misma ley acude a los denominados fueros o foros: el personal, el real y el contractual. El primero atiende al lugar del domicilio o residencia de las partes, empezando por la regla general del domicilio del demandado (art. 23, numeral 1o. del C. de P.C.), el segundo consulta el lugar de ubicación de los bienes o del suceso de los hechos (art. 23, numerales 8, 9 y 10, ibídem) y el contractual tiene en cuenta el lugar de cumplimiento del contrato, conforme al numeral 5o. del artículo citado.


Estos fueros o foros en algunos casos son exclusivos y en otros son concurrentes, caso este último en el cual se presenta una competencia a PREVENCION que define el propio demandante, cuando al ejercer su facultad de elección, presenta su demanda ante cualquiera de los despachos judiciales con competencia para conocer del asunto, como sucede cuando el conflicto de intereses emana de un contrato, caso en el cual el actor puede optar por presentar la demanda ya sea en el lugar del domicilio del demandado, o en el lugar del cumplimiento de la obligación (art. 23, numeral 5º. del C. de P. C.).


De igual manera, cuando el demandado en idéntico caso, es una sociedad, a los fueros precedentemente señalados se suma lo previsto en el numeral 7º del artículo 23 ibídem que, como regla general, otorga la competencia al Juez del domicilio principal de la persona jurídica convocada a la litis, y como excepción al juez del domicilio de la agencia o sucursal de la sociedad cuando el asunto tenga relación exclusiva con éstas, pues en dicho evento, además de ser competente el del domicilio principal, lo será también, a prevención, el del domicilio de la sucursal o agencia.


3.- En relación con la determinación de la competencia territorial para el cobro compulsivo de un título valor, esta Corporación ha reiterado que debe seguirse el principio general contemplado en el art. 23, numeral 1o., del C. de P.C., ya que “el fuero concurrente previsto en la regla 5a. (...), no tiene, en principio, aplicación en este supuesto porque la emisión o tenencia de uno de esos instrumentos no denota por sí sola una relación de contenido contractual”, a menos que “el título valor tenga soporte incontrovertible en un contrato entre las futuras partes procesales, contrato que hace parte de los anexos de la demanda, pues en este evento la existencia del fuero concurrente encuentra arraigo en el numeral 5o. del artículo 23 in fine, del cual se puede servir el actor al presentar el libelo”1.


La anterior doctrina, como lo dijo recientemente la Corte2, tiene su razón de ser porque la ley califica un título valor como un bien mueble de naturaleza mercantil, en atención a principios como la incorporación, negociabilidad, circulación, etc.; de ahí que no pueda confundírsele con la relación material subyacente que generó su emisión o transferencia.


4.- Pues bien, en el caso concreto resulta claro para la Corte que lo ejercitado a través de la demanda ejecutiva es la “acción cambiaria” derivada de un título valor (pagaré), pues su importe es lo que se pretende recaudar compulsivamente. Si bien en el texto del título dice el representante legal de la sociedad demandada que recibió el dinero a título de “mutuo para la sociedad que representa”, no por esa razón puede afirmarse que el pagaré contiene el contrato o viceversa.  Además, el cumplimiento de la obligación que se demanda no es la causal (mutuo comercial), sino la cambiaria.


Por tanto, como el instrumento traído para el recaudo ejecutivo no es un contrato y como en el expediente no aparece la prueba incontrovertible de la relación causal, ni tampoco de que la negociación celebrada entre las partes de este litigio esté vinculada a una sucursal o agencia de la sociedad demandada ubicada en la ciudad de Barranquilla, fue acertada la decisión del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de dicha ciudad, al disponer la remisión de las diligencias a Santafé de Bogotá, con fundamento en la regla 7ª del artículo 23 del C. de P. C., pues aquí tiene QUIBI S.A. su domicilio principal, según consta en el certificado expedido por  la Cámara de Comercio que reposa a folios 5 y s.s. del cuaderno número 1.


Así las cosas, el conflicto debe resolverse en el sentido de establecer que el juzgado competente para continuar conociendo del proceso es el Veintiocho Civil del Circuito de Santafé de Bogotá.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria;


RESUELVE


Primero: Declarar que el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Santafé de Bogotá,  es el competente para conocer del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía incoado por DIEGO JOSE BOLIVAR PEREZ contra QUIBI S.A.


Segundo: Remítase el expediente al citado Juzgado y hágase saber lo aquí decidido al Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla.- Ofíciese.



NOTIFIQUESE Y CUMPLASE




JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ




NICOLAS BECHARA SIMANCAS




JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES




CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS




PEDRO LAFONT PIANETTA




RAFAEL ROMERO SIERRA




JORGE SANTOS BALLESTEROS


1Autos de 28 de octubre de 1993, de 31 de octubre de 1994 y de 23 de abril de 1996, entre     otros.

2 Auto de 13 de diciembre de 1996, Exp. 6393