CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas
Santafé de Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997).-
Referencia: Expediente No. 6476
Provee la Corte respecto de la demanda de revisión instaurada por el señor RICARDO JARAMILLO HERNANDEZ contra la sentencia de 15 de junio de 1994 proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro del proceso de ordinario de simulación promovido por María Orfilia, Jesús María y María Adiela Hernández, frente a María Ligia Hernández Bernal, Bernardo Garcés Mejía y Ricardo Alberto Jaramillo Hernández.
ANTECEDENTES:
I.- La demanda incoativa del referido recurso de revisión fue presentada el 22 de enero del año en curso.
II.- En la anotación de entrada del expediente, (fl. 120), La Secretaría de la Sala expresa lo siguiente: “En la fecha <28 de enero de 1977> pasa el presente proceso al despacho.....informándole que este mismo recurso fue presentado con anterioridad correspondiéndole por reparto al Magistrado Dr. Jorge Santos Ballesteros. Para su conocimiento y fines pertinentes se anexa al presente copia de la respectiva demanda y de las providencias en el proferidas...”
III.- Debe la Corte ahora proveer lo pertinente en relación con el nuevo libelo introductor del recurso, y con tal fin
CONSIDERA:
1.- El artículo 379 del Código de Procedimiento Civil estatuye que "El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema, los tribunales superiores, los jueces de circuito, municipales y de menores", exceptuándose las dictadas por los jueces municipales en única instancia.
2.- La utilización de los recursos, sean ordinarios o extraordinarios, como muchos otros actos procesales está sometida al principio de la preclusión o de la eventualidad, por cuya presencia las oportunidades que tienen las partes para proponerlos es una sola, sin que éstas puedan multiplicarlas de manera indefinida a su antojo o según sea su interés personal, ni tampoco como mecanismo que les permita, después de otro u otros intentos frustrados, concretar el escrito que los contenga con el lleno de las exigencias legales que se requieren para su idónea formulación, o con el fin de lograr, por los azares del reparto, que sea otro funcionario, distinto de los anteriores, quien de pronto lo admita.
Sobre el particular tiene dicho la Corporación:
"Si como generalmente se ha entendido el concepto de la preclusión como la pérdida de una facultad procesal, por no haberse ejecutado el acto correspondiente dentro de los términos demarcados para él por la ley, pues que cerrada una etapa del proceso se debe pasar a la siguiente sin posibilidad de regreso, es lo cierto que también opera la preclusión cuando dentro de la oportunidad indicada el litigante ejercita la facultad, así lo sea infructuosa o ineficazmente. Si el derecho se ejerció anteriormente, la resolución judicial correspondiente debe producir como efecto la clausura de la respectiva etapa del proceso, impidiendo que el mismo derecho pueda repetirse, para no abrir la puerta por la que ingresarían a aquel el desorden y la incertidumbre". (autos de 20 de septiembre de 1974, 14 de febrero de 1980, 30 de septiembre de 1993 y 7 de octubre de 1994, entre otros).
3.- Ciertamente, es hecho suficientemente acreditado en los autos que la demanda que ahora es objeto de estudio ya había sido presentada por el mismo impugnante en ocasión anterior y con resultado adverso, puesto que luego de ser inadmitida por algunos defectos formales, fue rechazada por no haberlos subsanado en el término que se le concedió para ese efecto, cual se observa en los autos inadmisorio y de rechazo de la demanda proferidos por el despacho del Magistrado Dr. Jorge Santos Ballesteros, cuyas copias obran en el expediente.
4.- En verdad, de las nombradas providencias fluye que el defecto formal por el que fue rechazada inicialmente la demanda de revisión consistió en que, a la sazón, ésta no incluyó como destinatarios del recurso de revisión a todas las personas que fueron parte en el proceso ordinario en el que se dictó la sentencia impugnada; más concretamente porque no comprendió los herederos indeterminados del señor Bernardo Garcés Mejía. Ello es lo que revelan los autos proferidos el 18 de noviembre y el 9 de diciembre de 1996, que en su oportunidad quedaron ejecutoriados (Fls. 134 y 138); por su parte, la nueva demanda de revisión lo que hace es subsanar dicho defecto, conservando en lo demás identidad inocultable con la anterior. (fls. 107 y 121)
5.- Y si, como acaba de verse, la demanda por medio de la cual se propone el recurso extraordinario de revisión ya había sido presentada y rechazada en ocasión precedente, tan singular pero inaceptable situación de insistencia le impone a la Corte el deber procesal de rechazarla de plano, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, pues a la parte recurrente ya le precluyó la oportunidad para formular el recurso desde el día en que quedó ejecutoriado el auto por medio del cual se le rechazó la misma demanda, el cual fue proferido el día 9 de diciembre de 1996.
6.- En fin, no sobra recordar que en caso semejante se pronunció la Sala en auto de 7 de octubre de 1994 diciendo:
“Así las cosas, si por virtud del principio de preclusión, -postulado encaminado a darle orden, certidumbre, claridad y rapidez al desarrollo del proceso-, se presentó y rechazó una demanda de revisión similar a la que hoy se examina, al consumarse tal acto procesal, incuestionablemente precluyó la oportunidad para que la misma parte impetrara otra apoyada en causales iguales a la rechazada inicialmente, pues quedó cerrada toda posibilidad para volverlo a interponer, lo cual lleva a concluir, que la nueva demanda no puede ser admitida a trámite”.
DECISION:
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE:
Primero: RECHAZAR DE PLANO la demanda de revisión instaurada por el señor Ricardo Jaramillo Hernández, recibida en la Secretaría el 22 de enero de 1997, de la que da cuenta en el encabezamiento de esta providencia.
Segundo: ORDENAR la devolución de los correspondientes anexos, sin necesidad de desglose.
Tercero: RECONOCER personería al doctor MANUEL ANGEL CANO BETANCUR, como apoderado judicial del nombrado recurrente, en los términos del poder que le fue conferido.
NOTIFIQUESE
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
Magistrado