CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra
Santafé de Bogotá D. C., veintiocho (28) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997).-
Referencia: Expediente No. 6494
Examinado el expediente en orden a decidir sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por el demandado contra la sentencia de 13 de noviembre de 1996, proferida por el Tribunal Superior -Sala Civil-Laboral- del Distrito Judicial de Villavicencio en el proceso ordinario de Aristóbulo Ramírez Hernández contra Jairo Isidro Nieto encuéntrase óbice para admitirlo, de conformidad con los siguientes razonamientos:
Es suficientemente conocido que el recurrente en casación puede obtener la suspensión del cumplimiento de la sentencia que impugna; para lograrlo, empero, ha de ceñirse a la previsión del inciso 5o. del art. 371 del Código de Procedimiento Civil.
En este caso ocurrió que la mentada suspensión se logró sin la observancia de tal preceptiva legal. A la verdad, dentro del término “para interponer el recurso”, no se ve que se haya elevado solicitud en tal sentido. Tan evidente es ésto, que el tribunal obró entonces de conformidad, y ordenó, al tiempo que concedía el recurso, lo relativo a la expedición de copias con destino al cumplimiento del fallo.
De allí en adelante no había ya posibilidad para desandar lo recorrido. Por donde se viene en conocimiento lo vano que resultaba cualquier petición posterior tendiente a impedir tal cumplimiento, como la que aquí se puso de presente después de acontecido aquéllo, pues que, como es bien sabido, el principio de preclusión que campea en el procedimiento civil priva de virtualidad a la actuación que se realiza a deshora.
Y ello auncuando el impugnante esté amparado por pobre, dado que a ésta figura no se le conoce aptitud para arruinar el principio de preclusión, si bien goza de otros privilegios. El amparado por pobre, pues, cuando menos ha de manifestar que es su deseo que el fallo no se cumpla de momento; y no de cualquier modo, sino con estricta sujeción a la ley. Dicho en otros términos, aunque el amparado por pobre está ciertamente exento de varias cargas (art. 163 C. P. C.), de lo que sí no está relevado es de hablar, pedir o solicitar, campo en el que no puede ser suplido ni por el mismo juzgador.
Adviene como corolario que el tribunal se equivocó cuando echó marcha atrás su decisión inicial, toda vez que, itérase, sin petición oportuna sobre el particular no estaba habilitado para detener el cumplimiento de la sentencia. Y la equivocación reside en que el problema en este caso no era establecer si el amparado debe prestar o no caución para obstar el cumplimiento de la sentencia, sino constatar que jamás pidió cosa semejante, cuando menos tempestivamente.
Pasando ya a las secuelas de tan singular modo de obrar, establécese que el expediente fue remitido a esta Corporación para darle trámite a un recurso que equivocadamente se concedió en el efecto suspensivo de la sentencia, y no devolutivo como debió ser. Siendo así, que no aparecen compulsadas las copias que permitiesen el cumplimiento del fallo, lo cual debía de hacerse no obstante encontrarse la sentencia recurrida en casación, síguese que la decisión correcta que en este caso se imponía era la de deserción del recurso.
Fuera de toda duda está que la Corte, para poder admitir la impugnación, está en el deber de examinar el cabal cumplimiento de las exigencias legales para su concesión, por lo que ahora, encontrando aquella falencia, decide declarar la deserción que echa de menos.
En consecuencia, se resuelve:
Declárase inadmisible, y, por tanto, desierto el recurso de casación al que se hizo referencia arriba.
Notifíquese y devuélvase oportunamente al Tribunal de donde provino el expediente.
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHOLSS
PEDRO LAFONT PIANETTA
RAFAEL ROMERO SIERRA
JORGE SANTOS BALLESTEROS