CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA



Magistrado Ponente:

Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ



Santafé de Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997)



Referencia: Expediente No. CC-6498


Procede la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, a resolver lo que corresponda en torno al  conflicto suscitado entre los Juzgados Dieciséis Civil Municipal de Cali y Primero Civil Municipal de Manizales, para conocer del proceso ejecutivo singular de menor cuantía incoado por FREDY URBANO GONZALEZ contra la sociedad CORPORACION DE MEDICINA INTEGRAL LIMITADA “COMEDI”.


ANTECEDENTES


1.- En la demanda ejecutiva que por conducto de apoderado judicial formuló FREDY URBANO GONZALEZ contra la sociedad CORPORACION DE MEDICINA INTEGRAL LIMITADA “COMEDI”, para obtener el pago efectivo de los servicios profesionales a que se refiere las facturas base de recaudo ejecutivo (fols. 2-4, C-1), el ejecutante afirmó que la sociedad demandada tiene su “sede principal en Manizales y agencia en Cali” y que su representante legal es “mayor de edad y vecino de Manizales”. Por ello, en el capitulo de competencia indicó que la competencia del juez escogido surge por ser ese el “lugar del cumplimiento de la obligación” y porque allí “la demandada tiene su domicilio” (fols. 11-14, ib.).


Igualmente, en el hecho segundo se afirma que las “facturas” base de la ejecución fueron presentadas “para obtener su pago ante la agencia de la sociedad demandada en esta ciudad”, con resultados negativos.


2.- El Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Cali, a quien por reparto correspondió el conocimiento del asunto, mediante auto de 13 de noviembre de 1996 (fol. 15, C-1), rechazó por falta de competencia territorial la demanda presentada, al considerar que ninguna de las circunstancias señaladas por el ejecutante para atribuir la competencia a los jueces de esa comprensión territorial concurren en el sub-judice, razón por la cual ordenó remitir las diligencias al Juzgado Civil Municipal (reparto) de Manizales, a quien consideró competente para conocer por estar allí radicado el domicilio principal de la sociedad ejecutada.


Señaló, en efecto, que el lugar indicado en el título para el cumplimiento de la obligación sólo debe tenerse en cuenta para el pago voluntario del crédito, mas no para su cobro compulsivo. De otro lado, la regla contenida en el artículo 23, numeral 7o., del C. de P. C., no puede tenerse en cuenta porque los servicios profesionales prestados por el ejecutante fueron llevados a cabo en la ciudad de Buenaventura, Valle, “no pudiéndose predicar que tales servicios están vinculados a la agencia que la sociedad aquí ejecutada tiene en esta ciudad”.


3.- Llegadas las diligencias a su destino, el Juzgado Primero Civil Municipal de Manizales, despacho al cual le fueron repartidas, mediante en auto de 17 de diciembre de 1996 (fols. 19-24, C-1), se declaró a su vez incompetente para conocer y dispuso su remisión a esta Corporación para dirimir el conflicto negativo de competencia que igualmente suscitó.


Argumentó para ello que si bien en los títulos ejecutivos consta que los servicios prestados por el ejecutante lo fueron en la ciudad de Buenaventura, el pago de la obligación debe realizarse en la ciudad de Cali por estar allí radicado el domicilio del ejecutante, tal como lo indica el art. 876 del Código de Comercio. Además, el certificado expedido por la Cámara de Comercio de esa ciudad (fol. 9), claramente indica que la sociedad ejecutada tiene establecida una agencia en dicha ciudad, lo cual hace suponer que “la intención de la creación de esa Agencia (sic.) es para que atienda los negocios de la Principal (sic.), en el Departamento del Valle”, luego por este aspecto la competencia también se radica en los jueces municipales de dicha ciudad por haberlo querido de esa manera voluntariamente el ejecutante, en virtud de la facultad de elección que le confiere el art. 23, numeral 7o., C. de P. C..


SE CONSIDERA


1.- Se advierte, primeramente, que como el conflicto así planteado se ha suscitado entre dos juzgados de diferente distrito judicial, la Corte es la competente para definirlo tal como lo señala el art. 16, in fine, de la ley 270 de 1996, “Estatutaria de la Administración de Justicia”.


2.- La competencia, es decir, la distribución de la jurisdicción entre los diferentes órganos encargados de administrar justicia, se encuentra expresamente prevista por el legislador mediante el establecimiento de los llamados factores determinantes de la competencia. Uno de esos factores es el territorial, para cuya definición la misma ley acude a los denominados fueros o foros: el personal, el real y el contractual. El primero atiende al lugar del domicilio o residencia de las partes, empezando por la regla general del domicilio del demandado (art. 23, numeral 1o. del C. de P. C.), el segundo consulta el lugar de ubicación de los bienes o del suceso de los hechos (art. 23, numerales 8, 9 y 10, ibídem) y el contractual tiene en cuenta el lugar de cumplimiento del contrato, conforme al numeral 5o. del artículo citado.

A la regla general aludida se suma la especial contenida en el numeral 7o. del mismo precepto, adicionado por el art. 46 del decreto 2651 de 1991, según el cual el competente para conocer de los procesos contra una sociedad, a prevención, es el juez de uno cualquiera de los siguientes lugares: el del domicilio principal de la sociedad; el del domicilio de su representante legal; o el del domicilio de la sucursal o agencia, tratándose de asuntos vinculados a las mismas. Mas, cuando el proceso lo origina un contrato la ley también atribuye competencia al juez del lugar de su cumplimiento, a elección del demandante, según el fuero contractual al que se hizo referencia.


3.- Ahora, para determinar la competencia territorial cuando el fuero es concurrente, a elección del demandante, como ocurre con los domicilios aludidos y el lugar del cumplimiento del contrato, debe tenerse en cuenta únicamente la situación planteada en la demanda, porque como lo ha sostenido esta Corporación “esa elección debe estar...fincada en las circunstancias de hecho que obran en la demanda y que determinan la competencia legal del juez en relación con el factor determinante de la misma por razón del territorio” 1, siempre que se desprendan inequívocamente de ella, pues si así no ocurre no tiene otra alternativa que inadmitirla a efectos de establecerlas (art. 85, numeral 1o., del C. de P. C.) y no convertirse en el sucedáneo de la parte.

Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la oposición que pueda formular el demandado en la oportunidad procesal correspondiente, porque como bien se anotó en el mismo antecedente judicial, la determinación de la competencia territorial por parte del demandante está “sujeta a controversia, como quiera que el demandado puede objetarla proponiendo la respectiva excepción previa”.


4.- En el sub-judice el ejecutante señaló que por “la naturaleza del caso, la cuantía y el lugar del cumplimiento de la obligación y porque la demandada tiene domicilio en Cali, pese a que su sede principal es en Manizales”, el juez competente para conocer era el de aquella ciudad. Por supuesto, “la naturaleza del caso” y  “su cuantía”, son circunstancias que por no venir involucradas en el marco del conflicto propuesto, no deben tenerse en cuenta para resolver lo que corresponda.


Respecto del lugar del cumplimiento de la obligación, es preciso anotar que los títulos base de recaudo ejecutivo no son títulos valores, sino, por el contrario, se trata simplemente de unos documentos contentivos de unas cuentas de cobro por los servicios de cirugía oral y maxilofacial prestados por el ejecutante a varias personas. Por esta razón, la doctrina de la Corte que cita el despacho judicial al cual inicialmente se le repartió la demanda, en cuanto los títulos valores no son contratos y por ende no es dable aplicar la regla prevista en el art. 23, numeral 5o., del C. de P. C., resulta ajena para determinar la competencia territorial en el caso concreto.


Ahora, si bien los servicios profesionales fueron prestados en la ciudad de Buenaventura, pues allí es donde el profesional de la medicina tiene establecido su consultorio según se desprende del texto de los citados documentos, ello no quiere decir que ese sea el lugar del cumplimiento de la prestación a cargo de la sociedad ejecutada, fuera de no aparecer en ellos consignada expresamente esa circunstancia. Empero, lo que realmente emerge del contexto de la demanda es que el ejecutante afirmó en el hecho segundo que dichos documentos “se presentaron para obtener su pago ante la agencia de la sociedad demandada en eta ciudad -Cali-, en las oficinas de COMEDI”, y que en el acápite de “COMPETENCIA” escogió como juez competente el municipal de dicha entidad territorial por ser “el lugar del cumplimiento de la obligación”.


En ese orden, ante las manifestaciones claras de la parte ejecutante en cuanto al lugar del cumplimiento de las obligaciones emanadas de los documentos traídos como base de recaudo ejecutivo, los cuales, se repite, no son títulos valores, no cabe alternativa distinta que concluir que por esa sola circunstancia el juez municipal competente para conocer de la demanda ejecutiva es el de la ciudad de Cali, sin perjuicio de la oposición que al respecto pueda formular la parte ejecutada en la oportunidad procesal correspondiente.

5.- Otro de los fueros o foros concurrentes con el lugar del cumplimiento de la obligación que tuvo en cuenta el ejecutante para atribuir la competencia territorial al juez civil municipal de Cali, fue el relativo al domicilio de la agencia de la sociedad ejecutada en esa ciudad. Así lo señaló expresamente cuando eliminó el juez de “su sede principal...en Manizales”.


A pesar de ello y fuera de no aparecer acreditado en el expediente que la sociedad ejecutada tenga establecida una agencia en la ciudad de Buenaventura, Valle, lugar donde fueron prestados los servicios profesionales, no se ve la razón por la cual el juez a quien inicialmente se le repartió la demanda, haya enviado el proceso a su homólogo del domicilio principal de la ejecutada, cuando esa no fue la elección del ejecutante, menos aseverando que la prestación de dichos servicios estaban vinculados a “COMEDI” de Buenaventura, porque si así hubiere ocurrido y estuviere acreditada la existencia de esa otra agencia, ha debido, entonces, remitir las diligencias a este municipio y no a la ciudad de Manizales.


7.- En consecuencia, con la salvedad hecha relativa a que la parte ejecutada puede objetar la competencia territorial elegida por el ejecutante, en la oportunidad procesal correspondiente, debe decirse que, por ahora, el juez competente para conocer de la demanda ejecutiva es el civil municipal de Cali y no el de Manizales.

Además, es bueno advertir como el caso también parece extraño, por lo menos con los elementos con que hasta ahora se cuenta, a la jurisdicción civil, pues tratándose del cobro de unos honorarios profesionales, eventualmente la competencia se radicaría en los jueces laborales, de conformidad con lo previsto en la ley 50 de 1990, art. 2o., en concordancia con el decreto 456 de 1958.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria;


RESUELVE:


Primero: Declarar que el Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Cali, es el competente para conocer del proceso ejecutivo singular de menor cuantía incoado por FREDY URBANO GONZALEZ contra la sociedad CORPORACION DE MEDICINA INTEGRAL LIMITADA “COMEDI”.


Segundo: Remitir el expediente a la citada dependencia judicial y hágase saber lo así decidido al Juzgado Primero Civil Municipal de Manizales. Ofíciese.



NOTIFIQUESE Y CUMPLASE



JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ




NICOLAS BECHARA SIMANCAS




JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES




CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS




PEDRO LAFONT PIANETTA




RAFAEL ROMERO SIERRA




JORGE SANTOS BALLESTEROS


1Auto de 19 de mayo de 1995, no publicado, exp. No. 5486.