CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA




Magistrado Ponente:  Dr. RAFAEL ROMERO SIERRA



Santafé de Bogotá, D.C.,  diecisiete (17) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997).




Ref:  Expediente No. 6502




Decídese el conflicto de competencia que enfrenta a los Juzgados Noveno Civil del Circuito de Santafé de Bogotá D.C. y Segundo Civil del Circuito de Zipaquirá, en torno al conocimiento del proceso de pertenencia de Agustín Sarmiento Castañeda y otra contra José Andrés Sarmiento y otros.



I.   ANTECEDENTES



1.   El proceso fue promovido el 7 de diciembre de 1994, con el fin de obtener la declaración de pertenencia del inmueble denominado San Luis, ubicado en la vereda de Fonquetá, municipio de Chía, razón por la cual se presentó la demanda en el Circuito Judicial de Santafé de Bogotá D.C., donde fue repartida al Juzgado Noveno, despacho que adelantó el trámite hasta el emplazamiento de los demandados, designación de curador ad litem y contestación de la demanda por parte de éste.



2.   Luego, ese Juzgado, el 21 de octubre de 1996 y con base en la nueva división del territorio nacional para lo judicial prevista en el Acuerdo 87 del mismo año, emanado del Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa-, se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto y dispuso el envío del expediente al Juzgado Civil del Circuito de Zipaquirá, puesto que el municipio de Chía dejó de pertenecer a su Circuito y pasó a este último.



3.   El Juzgado 2o. Civil del Circuito de Zipaquirá, al que se repartió el pro-ceso, no aceptó el planteamiento anterior, aduciendo que de acuerdo con el auto del 21 de octubre de 1996 de la Sala de Casación Penal de esta Corte, la modificación territorial opera “...con excepción de los asuntos de primera o de segunda instancia que los juzgados tenían a su cargo en dicha fecha...”, y por tanto, que la competencia seguía radicada en el Juzgado de Bogotá.



II.   CONSIDERACIONES



1.   Conforme a los artículos 28 del Código de Procedimiento Civil y 16 de la Ley 270 de 1996, corresponde a esta Sala dirimir el conflicto planteado, en la medida en que los juzgados de la misma especialidad, involucrados en él, pertenecen a distintos distritos judiciales.



2.   Ningún reparo hay en torno al hecho de que en un comienzo, cuando se presentó la demanda (diciembre de 1994), la competencia, por el factor territorial, correspondía a los Juzgados Civiles del Circuito de Santafé de Bogotá, puesto que a su comprensión territorial pertenecía el municipio de Chía, lugar donde está ubicado el inmueble objeto del proceso.



3.   Sin embargo, por mandato del Acuerdo 87 de 1996 del Consejo Superior de la Judicatura, a partir del 1o. de julio del mismo año rige una nueva división territorial en el país para efectos judiciales, y en virtud de ella el municipio de Chía pasó a formar parte del Circuito de Zipaquirá, circunstancia que altera la competencia por razón del territorio, porque el artículo 6 del estatuto citado ordena que “...a partir del primero de julio de 1996... los despachos judiciales asumirán la nueva competencia territorial que les corresponda...”, y esto conlleva que, como lo ha sentado esta Sala1, el Juzgado de Zipaquirá asuma el conocimiento de este asunto. Y no puede argüir el mentado despacho que el artículo 5 ibídem, le releva del conocimiento en este preciso evento, pues si es verdad que esta norma excluyó de la disposición general relativa a la nueva división territorial los procesos que estuvieren en el trámite de la segunda instancia, tal no es la situación aquí planteada, por cuanto, según se anotó en los renglones precedentes, en la actuación sub-júdice apenas se enlazó la relación jurídico procesal, es decir, que el proceso apenas está en el umbral de la primera instancia.



Apreciaciones que reiteran lo discurrido en otras ocasiones frente a situaciones similares:



“Es preciso señalar que el mencionado Acuerdo fue dictado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de las facultades que le otorga la Ley 270 de 1996, y que, según el artículo sexto del mismo, la modificación de la división territorial de la que se trata, comenzó a regir el 1o. de julio del año en curso, ‘fecha en la cual los despachos judiciales asumirán la nueva competencia territorial que les corresponde’, salvo en cuanto a que, de conformidad con el artículo 5o. ibídem, ‘los despachos judiciales continuarán conociendo, hasta la terminación de la correspondiente actuación, de los procesos y asuntos de segunda instancia que tengan a su cargo en la fecha en que, para cada caso, entre a regir la división judicial prevista en el presente acuerdo’.


(...)


“...salvedad que no viene para el presente caso que se halla apenas en el preámbulo del proceso, o sea en la primera instancia.”2



A juicio de la Sala, la anterior interpretación del susodicho Acuerdo 087 es la que mejor consulta las reglas de tránsito de las normas rituales, cuyo efecto general inmediato y carácter de orden público son indiscutibles (arts. 40 Ley 153 de 1887 y 6 C.P.C.), razones suficientes para mantenerla ahora, no obstante el criterio sentado en la jurisprudencia citada por el juzgado que provocó el conflicto, que tal vez encuentre justificación por la estructura misma -instrucción y juzgamiento- en los procesos penales.



4.   Dedúcese, entonces, que como consecuencia del Acuerdo precitado se alteró la competencia territorial en el proceso antes referido, correspondiendo en adelante el conocimiento del mismo al Juzgado de Zipaquirá, toda vez que, como se dejó anotado, dicho asunto se encuentra en el trámite de la primera instancia, amén de que el inmueble objeto de la usucapión peticionada está  situado en Chía, municipio que desde el primero de julio de 1996, para efectos judiciales, quedó adscrito al Circuito Judicial de de Zipaquirá.



III.   DECISION



Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, desata el presente conflicto determinando que el Juzgado Civil del Circuito de Zipaquirá -Cundinamarca- es el competente, por razón del territorio, para seguir conociendo del proceso arriba referido.



Por lo tanto, enviésele inmediatamente el expediente, dándose así mismo noticia de lo aquí resuelto al otro juzgado involucrado en el conflicto.


NOTIFIQUESE





JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ






NICOLAS  BECHARA  SIMANCAS            JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES






CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS         PEDRO    LAFONT    PIANETTA


               




RAFAEL   ROMERO   SIERRA                           JORGE   SANTOS   BALLESTEROS


1Entre otros, auto del 6 de diciembre 1996, exp. 6394.

2Auto del 29 de julio de 1996, exp. 6127, tesis varias veces reiterada.