CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA


Magistrado ponente: CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS


Santafé de Bogotá D.C., dieciocho (18) de Marzo de mil novecientos noventa y siete (1997).-


               

               Referencia: Expediente No. 6564


Decide la Corte sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el primero (1) de agosto de 1996 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario adelantado por la ASOCIACIÓN NACIONAL DE PESCADORES ARTESANALES DE COLOMBIA “ANPAC” contra ALCALIS DE COLOMBIA LTDA. “ALCO LTDA”.


ANTECEDENTES

       

       Decidiendo sobre el mérito del recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de primera instancia desestimatoria de las pretensiones objeto de la demanda que al proceso le dio comienzo, el Tribunal mencionado, revocando esta providencia, declaró responsable a la sociedad demandada ALCALIS DE COLOMBIA LTDA. por el ejercicio “de su actividad peligrosa” que conllevó a la contaminación de la bahía de Cartagena y posterior declaratoria de la veda de pesca, en perjuicio de los pescadores artesanales demandantes; en consecuencia, condenó a la demandada a pagar por concepto de daños materiales en el rubro de lucro cesante la suma de doscientos doce millones ciento setenta y tres mil doscientos seis pesos m/cte. ($212.173.206), más los intereses legales del 6 % anual por dicha suma, a favor de los pescadores artesanales afiliados a ANPAC, diez (10) días después de la ejecutoria de la sentencia.


       Así las cosas, la sociedad demandada interpuso el recurso de casación contra dicha sentencia y solicitó, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil, la suspensión del cumplimiento mediante la fijación de la caución que el Tribunal considere necesaria para responder por los perjuicios que dicha medida ocasione. El Tribunal, por auto del 3 de octubre de 1996, notificado por estado del 7 de octubre siguiente, resolvió conceder el recurso interpuesto y para efectos del precepto citado, ordenó prestar caución otorgada por una compañía de seguros en cuantía de $300.000.000.


       El 9 de octubre siguiente, el apoderado de la sociedad demandada y recurrente en casación, dentro del término de ejecutoria del auto anterior, y con apoyo en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, pidió a la Sala de decisión “adicionar” dicha providencia “en el sentido de señalar cual debe ser el término de vigencia de la caución prestada, pues en la providencia no se indica esta circunstancia”. Con este memorial el expediente pasó al despacho de la magistrada sustanciadora el día 15 de octubre de 1996 acompañado de una nota al respaldo, suscrita por el oficial mayor, en la cual se lee “recibido en la fecha antes anotada, y en TIEMPO”.


       Por auto del 5 de noviembre siguiente la Sala, señalando que el tema materia de la ampliación solicitada está determinado en el artículo 371 ibídem y no compete fijarlo al juzgador, resolvió negar la adición, y fué así como la demandada prestó la caución con escrito presentado el 14 de noviembre siguiente.


       En esta etapa del trámite el apoderado de la sociedad demandante solicitó sea declarado desierto el recurso de casación interpuesto por la demandada, aduciendo que los términos legales para las partes son perentorios e improrrogables y la “insólita y a todas luces dilatoria” solicitud de adición, que no constituye recurso alguno, no podía interrumpir el término de diez (10) días dado para constituir la caución, petición esta reiterada ahora ante la Corte en el memorial que antecede.


       El Tribunal aceptó la caución prestada para efectos del artículo 371 del C. de P. C. y negó la solicitud de la parte actora “teniendo en cuenta los dispuesto en el inciso 2° del artículo 120 ibídem, al ser prestada en tiempo la caución”. Contra el auto anterior, la actora presentó recurso de reposición ampliando los argumentos ya esbozados, recurso que no prosperó por cuanto el Tribunal, por auto del 20 de enero pasado, resolvió mantener la decisión el auto que acepta la caución, ratificando la razón inicialmente expuesta en el sentido de que los términos judiciales no corren mientras el negocio esté al despacho (Art. 120 ibídem).


       En consecuencia, dada la situación descrita y en atención a la solicitud contenida en el escrito presentado ante esta Corporación por la parte actora en el proceso de origen con fecha 10 de los corrientes mes y año, son pertinentes las siguientes


CONSIDERACIONES


       Desde la reforma introducida al procedimiento civil en el año de 1971 y con firme apoyo en el artículo 371 del Código del ramo, se ha entendido que en tesis general la concesión del recurso de casación no constituye impedimento legal para obtener la ejecución provisional de la sentencia por esa vía impugnada, lo que en pocas palabras significa que los fallos recurridos en casación son susceptibles de cumplimiento, salvedad hecha de aquellos que versen exclusivamente sobre el estado civil de las personas, de los que hayan sido recurridos por todos los legitimados para hacerlo o cuando sean ellos expresión de decisiones meramente declarativas.


       Por eso, catalogándolos como auténticos imperativos procesales del propio interés de los litigantes, desde aquél entonces el legislador le impuso a quien recurra en casación la carga pecuniaria de pagar en tiempo las copias necesarias para el fin aludido y, además, estableció que si el mismo interesado opta por pedir la suspensión del cumplimiento de la providencia, así debe solicitarlo al Tribunal también en oportunidad y prestar en tal caso la garantía que se le fijare “... para responder por los perjuicios que dicha suspensión cause a la parte contraria (...) El monto y la naturaleza de la caución serán fijados por el Tribunal en el auto que conceda el recurso, y ésta deberá constituirse dentro de los diez días siguientes a la notificación de aquél, so pena de que se declare desierto el recurso. El Tribunal ordenará cancelar la caución en el auto de obedecimiento a lo resuelto por la Corte, cuando ésta haya casado la sentencia. De lo contrario, aquella seguirá respondiendo por los mencionados perjuicios ...”.


       Basta, pues, la lectura de este texto legal para concluir, sin lugar a discusión ninguna, que el auto de fecha 3 de octubre de 1996 por el cual el Tribunal fijó la caución no incurrió en omisión de pronunciamiento por cuanto en él se hizo referencia expresa al monto y naturaleza de la misma como lo manda el artículo en cita, el cual, valga apuntarlo, no exige para nada la fijación de un término de vigencia de la garantía, entre otras razones porque de ser necesario convenir una estipulación acerca de este punto, y hacerla explícita en la póliza, lo que en realidad es discutible si se tiene en cuenta la clase de riesgo materia de cobertura, el llamado a hacerlo no es obviamente la autoridad judicial sino quien otorga dicha garantía.


       No obstante lo anterior, el hoy recurrente en casación, apoyándose en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, y por lo tanto de manera cuya improcedencia es notoria, presentó un memorial solicitando complemento del auto por el aspecto que acaba de anotarse y que, según queda visto, no es exigencia de la norma legal que define el contenido de este tipo de providencias, logrando así que sin haberse verificado de antemano y para los fines previstos en el Art. 120, inc. 3, del C. de P. C. la urgencia de proceder en tal sentido, de todos maneras el expediente saliera de la secretaría con destino al despacho del magistrado ponente donde permaneció por varios días -del 15 de octubre al 7 de noviembre de 1996-, lapso este del que ahora aspira el recurrente a sacar partido para que, a pesar del mandato perentorio del Art. 371 -inciso 5- del C. de P. C, se tenga por oportunamente constituida una caución prestada veinticinco (25) días hábiles después de notificado el auto que fijó su naturaleza y cuantía.


       De otro lado, no puede perderse de vista que la solicitud de “adición” presentada por la recurrente, aparte de resentirse en sí misma de ostensible improcedencia, no era factible tampoco catalogarla como un recurso de reposición, calidad que ni el mismo memorialista le reconoce y que sería el único evento en que el término de marras pudiera tenerse por interrumpido al tenor de segundo inciso del Art. 120 del Código de Procedimiento Civil, satisfecho desde luego el requisito de que la reposición verse sobre el término procesal que ha de comenzar a correr. Dicho en otras palabras, la interrupción del término para prestar caución, aceptada por el Tribunal, carece por completo de fundamento en la ley y por lo mismo debe entenderse que, corrido el término de diez (10) días que consagra el Art. 371 del Código de Procedimiento Civil sin mediar circunstancia alguna que de conformidad con las reglas previstas para el efecto en el Art. 120 ibidem lo haya interrumpido, la garantía constituida después de pasado ese momento procesal, por definición perentorio e improrrogable a voluntad del juez, es ineficaz, habida cuenta que por ministerio de la ley el recurso de casación concedido quedó desierto y era obligación del Tribunal efectuar la declaración correspondiente.


       Llevadas a este punto las cosas, establecido como queda que, contrariando abiertamente la ley, en el caso de autos el Tribunal insiste en darle trámite a un recurso de casación que de antemano había quedado desierto por disponerlo así el Art. 371 tantas veces citado a lo largo de esta providencia, lo cierto es que ello no vincula a la Corte en la calificación de la admisibilidad legal de dicho recurso, puesto que por sabido se tiene, en el ejercicio de esa atribución no debe la corporación limitarse a revisar si se cumplieron o no los requisitos exigidos para que, en un comienzo, el recurso pudiera concederlo el Tribunal; “ … su función en tal coyuntura procesal, es también la de considerar si respecto del dicho medio de impugnación no se ha presentado alguno de los casos de deserción (…) circunstancia que puede pasar por alto el Tribunal, ora por desconocimiento de la ley, ya por ligereza o bien por cualquiera otra causa. El control del cumplimiento de la ley en ese evento no puede radicarse solamente en cabeza del litigante adversario del recurrente. La Corte no puede ser privada de tan alta función. Su deber es, entonces, procurar el restablecimiento del imperio de la ley procesal que en tales casos impone la deserción del recurso, efecto legal que se impone por el ministerio legal y no por la mera declaración judicial …”. (Auto de 20 de junio de 1977 sin publicar).


DECISION


       Por mérito de las consideraciones expuestas la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria, RESUELVE:

       

       Declarar inadmisible, por encontrarse en estado de deserción por mandato expreso de la ley, el recurso de casación interpuesto en el proceso de la referencia contra la sentencia de fecha primero (1) de agosto de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá.


       Cópiese, notifíquese y devuélvase la actuación al Tribunal de origen. Líbrese por Secretaría el oficio correspondiente.




       JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ




       

       NICOLAS BECHARA SIMANCAS




       JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES




       

       CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS




       PEDRO LAFONT PIANETTA




       RAFAEL ROMERO SIERRA




       JORGE SANTOS BALLESTEROS