CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA

       

Santafé de Bogotá D.C., veintiuno (21) de Abril de mil novecientos noventa y siete (1997).-



               Referencia: Expediente 6564


Mediante escrito presentado el pasado 31 de marzo la parte demandada en el proceso de la referencia y recurrente en casación solicitó reposición de la providencia que tuvo por desierto y en consecuencia declaró inadmisible el recurso de casación por ella interpuesto contra la sentencia de fecha primero (1°) de agosto de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario instaurado por la Asociación Nacional de Pescadores Artesanales de Colombia “ANPAC” contra Alcalis de Colombia Ltda. “ALCO LTDA”.


Como fundamento de su solicitud sostiene el recurrente que si bien es cierto el escrito que presentó, pidiendo aclaración sobre la vigencia de la caución para evitar el cumplimiento de la sentencia, no era un recurso de reposición, también lo es que no era en forma alguna dilatorio sino derivado de su ánimo de dar claridad a un aspecto que al Tribunal competía precisar por cuanto tenía la facultad posterior de determinar la suficiencia de la caución prestada, evitando con tal aclaración correr el riesgo de que al ser fijada unilateralmente por la obligada, dicha entidad la considerara insuficiente. Agrega el censor que si bien el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil no señala que el Tribunal deba indicar la vigencia de la caución, sí le corresponde hacerlo con apoyo en el artículo 5° ibídem, pues uno de los requisitos de las pólizas de seguro, tal como lo indica el artículo 1047, numeral 6° del Código de Comercio, es el precisar “la vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de iniciación y de vencimiento, o el modo de determinar unas y otras”.


Dice también que, independientemente de lo anterior, ante el hecho de la negativa a la adición solicitada, lo que correspondía era aplicar no un fenómeno de interrupción sino de suspención de términos derivado del último inciso del artículo 120 del Código de Procedimiento Civil que opera con el ingreso del expediente al despacho; al respecto apunta el recurrente, la entrada del expediente al despacho obedeció a un acto de Secretaría “sobre el cual ni mi representada, ni el suscrito, tuvimos injerencia alguna, pero que se dio y que no se puede desconocer, a pesar de que no hubiere mediado consulta con el magistrado ponente, hecho este último que tampoco era de nuestro resorte, sino de la organización interna del Tribunal. En este sentido, si dicha consulta se omitió no es una falta que pueda afectar adversamente el interés de mi patrocinada, en cuanto ella no tenía como controlarlo”, luego “sería ostensiblemente inequitativo pretender que no se deba aplicar una norma imperativa como el último inciso del artículo 120, por consideraciones subjetivas en torno a la actuación de mi patrocinada”, rechazando la afirmación que la Corte hace sobre que la recurrente pretende “sacar partido” de la suspensión del término cuando lo que solicita es la aplicación estricta del artículo 120 señalando, al efecto, que “los juicios de valor sobre la conducta de un litigante para aceptar o no la aplicación de una norma clara y perentoria como la comentada, no puede ser el fundamento de la decisión de un juez de la República”.


Finalmente, hace ver el escrito en estudio que, en su concepto, arroja serias dudas la competencia de la Corte para pronunciarse en torno de la admisibilidad del proceso con apoyo en el punto de la caución prestada, lo cual, dice, podía ser válido en vigencia del texto anterior del artículo 372 del Código de Procedimiento Civil que señalaba “por exclusión” que el recurso de casación no podía declararse inadmisible por razón de la cuantía, pero en vigencia del Decreto 2282 de 1989, continua diciendo el memorialista, se señalaron perentoriamente las causales que puedan dar lugar a un pronunciamiento de inadmisibilidad, limitándolas a la improcedencia, de acuerdo con el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, y cuando no se hayan expedido las copias en el término a que se refiere el artículo 371.


Se considera:


       1. Para comenzar, es preciso referirse de nuevo a la facultad que tiene la Corte de inadmitir un recurso de casación concedido de antemano por el juzgador de instancia a pesar de no concurrir todas las condiciones de procedibilidad respecto de un medio de impugnación de esta naturaleza, entendiendo que dichas condiciones no son cosa diferente a todas aquellas circunstancias que por disposición expresa o virtual de la ley tienen que concurrir en la preparación y posterior interposición de dicho recurso, para que este pueda ser admitido a trámite y llegar luego, si son satisfechos otros requisitos formales de inexcusable observancia en su sustentación, a la fase de decisión en que la Corte habrá de resolver acerca del mérito de las cuestiones que la impugnación plantea.


       En este orden de ideas, aunque el artículo 372 del Código de Procedimiento Civil  expresa que en el estudio inicial que le compete efectuar a la Corte, habrá lugar a declarar inadmisible el recurso por no ser procedente de conformidad con el artículo 366 y cuando no se hayan expedido las copias en el término a que se refiere el artículo 371, siempre se ha aceptado que este señalamiento normativo no redunda en menoscabo ninguno del poder con que cuenta la Corte de ejercer un amplio control de legalidad sobre la actuación procesal previa que tenga que ver con el recurso, control que debe centrarse en la verificación de la cumplida observancia de los requisitos exigidos por la ley para la viabilidad de dicho medio, y en particular de determinadas actividades complementarias que, de no producirse del modo exigido por la ley, se sancionan con la deserción, pues mal podría la Corte quedar encadenada por un recurso que el ordenamiento reputa desierto, no obstante que por cualquier razón, no hubiera sido advertida esta situación por el Tribunal en el momento adecuado. Por eso, la Corte tiene dicho que “… en esas circunstancias, desde antes de llegar el expediente a la Corte se presentó un motivo legal de deserción que impedía su admisión, y aunque esta se produjo por auto dictado el pasado 10 de mayo, ciertamente que dicha providencia no purga los vicios o irregularidades precedentes por cuya presencia se debió producir una decisión contraria, ni rehabilita el recurso desierto”, pues “ … en verdad los motivos de deserción del recurso son de orden legal procesal, de orden público y obligatorio cumplimiento, de efectos inmediatos y que inciden sobre el trámite del recurso que se ha adelantado no obstante su preexistencia; por ende, si se observa con posterioridad a su ocurrencia, ello impide seguir adelante con la actuación, dado que su presencia resulta como efecto de un abandono del recurso que a su vez se traduce en la ejecutoria de la sentencia que en principio fue impugnada en casación. De acuerdo con lo anterior, más que la declaración de ilegalidad del auto admisorio del recurso de casación que ciertamente no se produjo en el auto impugnado, la Sala proveyó como lo hizo por estar en presencia de un motivo legal de deserción que venía desde antes y consideró que no había razón alguna para seguir actuando; además, decirlo de una vez evita que se prolongue indebidamente la actuación procesal, en tanto que cada paso adelante en esta sería igualmente irregular”. (Auto de 4 de octubre de 1994, sin publicar).


       2.- De otro lado, en el auto cuya revocatoria se solicita, no se desconoce en modo alguno que las pólizas de seguros deben contener una vigencia determinada en el tiempo, ni ese ha sido tema que amerite análisis ahora. Lo que en dicha providencia se dijo y vuelve aquí a repetirse, es que no le compete al funcionario judicial establecer esa vigencia de antemano y unilateralmente ya que el tipo de riesgo objeto de cobertura y su determinación temporal resultan de textos expresos de la ley, en particular del propio Art. 371 del C. de P. C., por lo cual se entiende que una petición en ese sentido es inoficiosa y, en consecuencia, no puede atribuírsele eficacia, menos aún si hacerlo implica dilatar el proceso, alargando de hecho términos que son improrrogables por disponerlo así el Art. 118 ibidem.


       3.- Finalmente, es de tenerse presente que al contrario  de lo que afirma el escrito de reposición, no fue debido a iniciativa de la secretaría del Tribunal que el expediente ingresó al despacho del magistrado ponente, puesto que ello sucedió a causa de la presentación de un memorial que motivó tal actuación y que, de haber sido un recurso legalmente presentado o dar cuenta de una petición en realidad urgente, hubiera legitimado el trámite surtido, pero que al aludir el susodicho escrito a una solicitud improcedente de adición de un auto que de acuerdo con la ley no requería de ser complementado por ningún concepto, no es posible reconocerle el alcance por el que propugna el hoy recurrente en reposición.


DECISION


Por virtud de las consideraciones expuestas, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil y Agraria- RESUELVE: Mantener en todas sus partes el auto de dieciocho (18) de marzo pasado por el cual se declaró inadmisible y por ende desierto, el recurso de casación interpuesto por la demandada contra la sentencia de fecha primero de agosto de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá en el proceso adelantado por la Asociación Nacional de Pescadores Artesanales de Colombia “ANPAC” contra Alcalis de Colombia Ltda. “ALCO LTDA”.


NOTIFIQUESE

                       




JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ




NICOLAS BECHARA SIMANCAS




JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES





CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS





PEDRO LAFONT PIANETTA




RAFAEL ROMERO SIERRA





JORGE SANTOS BALLESTEROS