CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Santafé de Bogotá D. C., seis (6) de Mayo de mil novecientos noventa y siete (1997).-
Ref: Expediente 6611
Mediante escrito presentado el pasado veintidós (22) de abril la parte demandada en el proceso de la referencia y recurrente en casación, solicitó reposición de la providencia que declaró inadmisible el recurso de casación por ella interpuesto contra la sentencia dictada el doce (12) de diciembre de 1996 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario instaurado por CARLOS ALBERTO PINEDA contra ROSA MARIA BELLO DE VELASQUEZ, CARLOS ASELBERTO, FERNANDO, JORGE, DANIEL y DORA ELVIA VELASQUEZ BELLO y herederos indeterminados de Carlos Velásquez Rocha.
Como fundamento de su solicitud sostiene en resumen el recurrente que la Sala no tuvo en cuenta la prevalencia del derecho sustancial, cuando por “una simple formalidad” inadmitió el recurso de casación, sin considerar siquiera que la expedición de las copias por cuya omisión se adoptó la decisión impugnada no se dio porque el Tribunal no las ordenó y porque el impugnante no las “considero necesarias”, configurándose así el supuesto previsto en el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil como circunstancia determinante para excluir el cumplimiento del referido requisito; y añade que no consideró necesaria la expedición de dichas copias porque la sentencia impugnada se refiere en forma principal y autónoma al estado civil de las personas, de suerte que lo relacionado con la petición de herencia es materia subordinada o accesoria a aquella pretensión, lo que hace que “mientras no haya sentencia ejecutoriada lo accesorio, en este caso la petición de herencia, no ha nacido a la vida jurídica”, no como lo entiende la Corte que lo accesorio es independiente de lo principal “…creándose un grave equívoco: puede alguien, estando en discusión su condición de hijo de un causante, heredarlo como tal”.
Otra circunstancia, en sentir del recurrente, que impide la ejecución inmediata de la sentencia impugnada y con ello excluye la expedición de las copias en mención, la constituye la imposibilidad de registrarla hasta tanto se resuelva en forma definitiva lo atinente al discutido estado civil del demandante tal como en efecto lo disponen los artículos 6°, 22 y 60 del Decreto 1260 de 1970, así como el artículo 89 de ese estatuto modificado por el art. 2° del Decreto 999 de 1988 y el 95 ibídem., lo que hace suponer que hasta el momento no hay un estado civil definido que le permita tomar parte en la sucesión del declarado padre extramatrimonial, ello por faltar la prueba idónea para pedir su reconocimiento procesal.
Surtido el trámite previsto en el Art. 349 del Código de Procedimiento Civil corresponde decidir acerca de la reposición interpuesta y para el efecto bastan las siguientes consideraciones:
1. El texto del artículo 371 del Código de Procedimiento Civil es terminante al disponer que “la concesión del recurso no impedirá que la sentencia se cumpla”, norma esta con relación a la cual la Corte señaló, en auto del 24 de enero de 1980, que muy a pesar de que las providencias judiciales sólo se cumplen generalmente cuando están ejecutoriadas, “el legislador colombiano, con el fin de facilitar al litigante favorecido con la sentencia que logre o alcance prestamente el derecho que por esta se le reconoce, ha autorizado siempre la ejecución provisional del fallo, no obstante la concesión del recurso de casación. Este cumplimiento provisorio, al decir de Manuel de la Plaza, equivale a veces a una verdadera medida precautoria, que sale al paso de las eventuales consecuencias de mala fe, o de las inevitables derivaciones de un propósito insano de litigiosidad”.
Entendidas de este modo las cosas, ha de tenerse en cuenta, entonces, que la ley no le atribuye a la concesión del recurso de casación, por principio, eficacia suspensiva, lo cual implica que las determinaciones de las que la sentencia da cuenta tienen que cumplirse no obstante encontrarse en trámite dicho recurso, ello sin perjuicio naturalmente de que el recurrente pueda evitar ese cumplimiento anticipado, otorgando una caución que garantice el pago de los perjuicios que con el retardo en la ejecución del fallo se causen a la parte favorecida.
Queda claro, pues, que en el ordenamiento procesal vigente en el país, la no eficacia suspensiva del recurso de casación es regla general; la ejecución provisional de la sentencia es lo común, no la excepción, y debe ser dispuesta de oficio, tal como se lee en el mismo artículo 371 citado al señalar que el Tribunal, en el auto que conceda el recurso, ordenará que el recurrente suministre lo necesario para la expedición de las copias pertinentes, y si no lo hace y el recurrente las considera necesarias, éste deberá solicitar su expedición. Se trata, pues, de la exigencia legal de una conducta de realización facultativa para el litigante interesado cuya omisión comporta una consecuencia desfavorable como es la deserción del recurso, tema acerca del cual tiene dicho esta corporación que “…cuando el tribunal es omisivo y no ordena por cualquier causa el cumplimiento de la carga, el recurrente de todas maneras ha de estar presto a recabar que se ordene la expedición de copias con tal fin, desde luego cuando sea de rigor por tratarse de una sentencia susceptible de ejecutarse. Dicho de otro modo, el casacionista no puede exonerarse de la carga vista con solo pretextar que el tribunal no se la ordenó cumplir, dado que la teleología de una norma tal está encauzada a que la concesión del recurso no envuelva efectos suspensivos, y por ello mismo le exhorta a que esté atento a suplir la omisión del juzgador” (Auto de 22 de octubre de 1990).
2. En este orden de ideas, necesario es apuntar que entre los tres casos específicos para los cuales el tantas veces citado artículo 371 consagra un régimen especial, distinto o excepcional frente al que viene describiéndose, se encuentra el que la sentencia recurrida verse “exclusivamente” sobre el estado civil de las personas y cuando sea ella meramente declarativa, puesto que, por lógica, un fallo que no implique acto material alguno de cumplimiento no es ejecutable ya que sólo se limita a reconocer un derecho del demandante; “si busca únicamente dar certeza a lo que antes era incierto, es claro que ella no requiere cumplimiento: la sentencia puramente declarativa, por no ir más allá de esa simple declaración, no afecta el derecho en ningún sentido; éste queda tal como estaba, con la sola variable de su nueva condición de indiscutible asegurada mediante la prueba perfecta que es el fallo” (Auto ya citado del 24 de enero de 1980).
En la especie en estudio, el fallo del Tribunal de Bogotá al confirmar el proferido por el Juzgado Catorce de Familia de esta ciudad, no sólo declaró la filiación paterna que reclama el demandante, sino que igualmente acogió la acción de petición de herencia incoada en el sentido de declarar que “Quedan obligados los demandados a dar al filiado Carlos Alberto Pineda la cuota de herencia que le ha de corresponder en la sucesión de Carlos Velásquez Rocha”, es decir que en la sentencia impugnada el ad-quem no se limitó a definir la paternidad en disputa, sino que impuso una condena de contenido patrimonial a la parte demandada y, por ello, no puede sostenerse que tal providencia sea meramente declarativa ni mucho menos tiene cabida el pretendido escalonamiento respecto de cada una de las pretensiones acumuladas en la demanda que al proceso le dio comienzo, para subsumir en la de estado civil la súplica de naturaleza patrimonial que es susceptible de cumplimiento provisional independientemente de la firmeza que a la postre pueda obtener dicha condena. Es, pues, esta última determinación que de suyo supone la posibilidad de una actuación posterior de cumplimiento del fallo proferido, la que no permite que se pueda tramitar el recurso de casación sin antes haber cubierto las expensas correspondientes a la expedición de copias que son indispensables para que dicha actuación pueda surtirse, por cuanto al no ser ofrecida caución para suspenderlo, la sentencia es de obligatoria ejecución en el punto que se deja señalado, efecto éste que no queda sujeto a la voluntad del recurrente de si considera o no necesario que se produzca, sino que emerge del propio sistema previsto en la ley.
3. En cuanto a la prevalencia de los principios constitucionales que, según asevera el recurrente, la Sala desconoce cuando hace alusión a los presupuestos que permiten la concesión del recurso de casación, basta reiterar aquí el criterio expuesto por la Corte sobre el particular: “La ‘prevalencia del derecho sustancial’, no significa, ni puede significar, que son soslayables las ‘formas propias de cada juicio’, como que su observancia hace parte del debido proceso, instituido en el artículo 29 de la Constitución Política, incluso como un derecho de rango fundamental” (G. J. tomo 2470, pág. 526). En consecuencia, ha de tomarse en consideración que precisamente la deserción del recurso impone la ejecutoria de la sentencia con fuerza de cosa juzgada en beneficio de la otra parte para quien también opera el postulado constitucional en cuestión, lo que excluye la posibilidad de que las disposiciones procesales que regulan la procedencia, admisión y efectos del recurso de casación puedan menoscabar en modo alguno el principio de la prevalencia del derecho sustancial que resulta finalmente observado cuando se aplican las referidas normas, ya que si bien el derecho sustancial está llamado a prevalecer por mandato del Art. 228 de la C. N. en el ejercicio de la función jurisdiccional, no puede por ello ignorarse el texto del Art. 6 del Código de Procedimiento Civil de conformidad con el cual, sin contrariar para nada el mandato superior aludido y en guarda precisamente de garantías esenciales de seguridad jurídica, ha de entenderse que en el ordenamiento procesal y su aplicación práctica, juega papel preponderante un sistema de formas, establecidas por la ley y de rigurosa observancia, que los litigantes ni tampoco las autoridades judiciales pueden modificar a su mejor conveniencia.
4. Por último, como se alcanzó a mencionar líneas atrás, tampoco es de recibo la afirmación hecha en el sentido de que no es posible ejecutar la sentencia impugnada apoyándose en que los efectos patrimoniales de aquella están subordinados a la decisión estimatoria de la acción de reclamación de estado acogida, porque por fuera de ser dicha afirmación inexacta, para la suerte del recurso de casación no tiene incidencia alguna la efectividad que alcance la ejecución de la sentencia impugnada, basta tan sólo, como es apenas obvio suponerlo, la posibilidad de imprimirle actualidad a la condena impuesta.
DECISION
Por virtud de las consideraciones expuestas, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil y Agraria- RESUELVE: Mantener en todas sus partes el auto de quince (15) de abril pasado por el cual se declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha doce (12) de diciembre de 1996 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá en el proceso de la referencia.
NOTIFIQUESE
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS
PEDRO LAFONT PIANETTA
RAFAEL ROMERO SIERRA
JORGE SANTOS BALLESTEROS