CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra
Santafé de Bogotá, D. C., seis (6) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997).-
Ref: Expediente No. 6656
Decídese el conflicto en torno a la competencia para conocer del proceso ejecutivo que, instaurado por César Augusto Zuluaga Henao -endosatario al cobro de Marina Ochoa- contra Julio Ernesto Giraldo- enfrenta a los Juzgados Civil del Circuito de Rionegro (Antioquia) y Undécimo Civil del Circuito de Medellín.
Antecedentes
1.- El citado ejecutante convocó a proceso ejecutivo singular al premencionado demandado, de quien dijo era vecino de Guarne, (Antioquia), con el objeto de recaudar la obligación contenida en el cheque que anexó.
La respectiva demanda la presentó ante el Juzgado Civil del Circuito de Rionegro, justificando dicha competencia, según se lee en el acápite correspondiente, con la aseveración de que tal es "el lugar de cumplimiento de la obligación".
2.- El sobredicho juzgado declaró su incompetencia por auto de febrero 28 de 1997, argumentando que el juez competente para conocer de esta clase de procesos, es el del lugar del cumplimiento de la obligación, aserto que pretende apoyar en el artículo 621 del Código de Comercio.
En tal virtud, remitió el expediente al Juez Civil del Circuito de Medellín (Reparto), por ser el título base de la ejecución, pagadero en esa ciudad.
3.- El Juzgado de Medellín estimó a su vez que la competencia territorial radicaba en Rionegro, Circuito judicial al que corresponde la localidad de Guarne señalada como domicilio del demandado, basándose en que, a su juicio, la norma que rige para tales esos efectos el presente asunto, no es el numeral 5o. sino el 1o. del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil.
Así, decidió enviar el expediente a esta Corporación para que sea resuelto el conflicto, a lo cual se procede.
Consideraciones
1.- A términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Civil y del 16 de la ley 270 de 1996, corresponde a esta Sala desatar el presente conflicto, visto que enfrenta a Juzgados de diferente Distrito Judicial, el uno de Antioquia y el otro de Medellín.
2.- La competencia, como es sabido, es determinada por varios factores, contándose entre ellos el territorial, que es el que aquí cumple determinar.
Sea lo primero advertir al respecto, que el actor señala la población del Guarne como la vecindad del demandado, pero que desentendiéndose de ese aspecto en punto a la competencia territorial, radica su demanda en el juzgado de Rionegro, a cuyo Circuito corresponde la anotada localidad, aduciendo que ese es el lugar del cumplimiento de la obligación.
Y acogió el Juez su criterio en cuanto al factor determinante de la competencia, mas al estimar que era en la ciudad de Medellín, sede del Banco girado, en donde debía hacerse el pago, allá remitió el asunto.
3.- Ahora bien, por sabido se tiene que es el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil en su numeral 1o., el que sienta las pautas de la competencia territorial, imponiendo como regla general la de que el conocimiento de los asuntos contenciosos corresponde al juez del domicilio del demandado; fuero general el dicho que, huelga decirlo, no excluye la aplicación de otras reglas que rigen la misma materia, tal el forum destinatae solutionis previsto en el numeral 5o. de la mencionada codificación, norma según la cual, cuando los procesos tienen su fuente en un contrato, puede el actor elegir entre el juez del lugar de su cumplimiento y el del domicilio del demandado.
4.- Así las cosas, para definir el conflicto basta precisar, de una parte, que en casos como el presente la competencia territorial no se determina sobre los postulados descritos en el numeral 5o. del artículo 23 del C. de P. C., por el muy simple motivo de que el título valor no tiene naturaleza contractual que amerite la aplicación de tal regla de competencia.
Tal punto ha sido definido de antiguo por esta Corporación; así por ejemplo, se estableció que cuando "ningún elemento de juicio menciona siquiera que la controversia tenga venero en un contrato, hácese manifiesto que no se ha presentado el fuero concurrente aludido anteriormente. Es de verse al respecto que el giro de un cheque [o de otro título valor, se agrega ahora], no denota, por sí sólo, relación contractual alguna…" (Proveído 202 de 26 de noviembre de 1991, conflicto de competencia dentro del ejecutivo de Gerardo Hernández contra Aníbal Llano).
De otro lado, también en innúmeras ocasiones ha sido anotado por la Corte que para efectos de definir el punto en estudio, cuando de procesos a que dé lugar el cobro judicial de un título valor se trata, han de aplicarse las normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil, puesto que las previsiones de los artículos 621, 677 y 876 del Código de Comercio sobre el lugar de cancelación de la obligación, son atinentes sólo al fenómeno sustancial del pago voluntario.
Reitérase entonces la posición de la Sala al respecto, pues dicho se tiene que "… la acción de cobro compulsivo consagrado en favor del titular del crédito en él incorporado [en el título]… descarta la aplicación de aquellos preceptos (los artículos 621,677 y 876 del C. de Co.), porque el último de esos fenómenos se enmarca dentro de los postulados del Código de Procedimiento Civil, que regula en su artículo 23 los concerniente al lugar en que ese cobro ejecutivo debe efectuarse, al prever en su numeral 1o. como regla general que, salvo disposición legal en contrario, es el juez del domicilio del demandado el competente para conocer de los procesos contenciosos, al acoger allí el principio "actor sequitur forum rei". (Sala de Casación Civil. Auto de 18 de febrero de 1994).
5.- Sentado lo anterior, se impone concluir que con arreglo a lo previsto en el numeral 1o. del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, la competencia para conocer de este proceso corresponde al juez del domicilio del demandado, que para el caso, dada la cuantía que de la ejecución ha sido indicada por el actor, lo es el Civil del Circuito de Rionegro, el cual comprende la localidad de Guarne, señalada como la de la vecindad del ejecutado. Todo lo anterior, no hay para qué decirlo, sea sin perjuicio de las excepciones previas que al respecto pueda proponer el interesado. Al mentado Despacho pues, se remitirán las diligencias.
Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y Agraria, declara que el competente para conocer del proceso ejecutivo atrás referido, es el Juez Civil del Circuito de Rionegro (Antioquia), al que se enviará de inmediato el expediente, comunicándose lo aquí decidido, mediante oficio, al otro Juzgado involucrado en el conflicto, que así queda dirimido.
NOTIFIQUESE
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS
PEDRO LAFONT PIANETTA
RAFAEL ROMERO SIERRA
JORGE SANTOS BALLESTEROS