CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA



Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra


Santafé de Bogotá D. C., veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997).-



                       Ref: Expediente No. 6670


                       Decídese sobre la admisibilidad de la demanda con que la sociedad demandada pretende sustentar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 12 de febrero de 1997,  proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en este proceso ordinario de Jairo Anaya Caballero,  Helen del Socorro Pineda de Fonseca,  Miguel Habib Fonseca Anaya,  Alexander José Fonseca Anaya, Shirley del Carmen,  Luis Fernando,  Melisa del Carmen, Yessica y Eduardo Segundo Fonseca Pineda y Yenis Margoth y Arturo Fonseca Fernández contra Wester Atlas International Inc.,  en el que fue llamada en garantía la Compañía de Seguros La Fénix de Colombia S.A.


                       A cuyo propósito,  se considera:


                       1.-        Asunto por demás conocido es el de que naturaleza extraordinaria y eminentemente dispositiva del recurso de casación implica una especial atención por parte del legislador en torno a los requisitos formales de la demanda que lo sustenta,  al punto de impedir que la misma sea admitida a trámite en el evento de que el recurrente pase por alto aquellos que se encuentran estatuidos.


                       2.-        Es el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil,  con las modificaciones que le introdujo el Decreto 2651 de 1991,  el que contiene las aludidas exigencias,  de cuyo cumplimiento,  se insiste,  depende la admisión de la demanda.


                       Una de tales exigencias,  ineludible por supuesto,  y referida específicamente a la causal de casación consagrada en el numeral 1° del artículo 368 del estatuto procesal civil,  esto es,  la atinente a la violación de la ley sustancial,  es precisamente la de que el impugnante señale en su demanda las normas que de ese linaje considere quebrantadas.  Así lo dispone en efecto,  la parte final del inciso primero,  numeral 3° del  artículo  374 ibídem al expresar que "Si se trata de la causal primera,  se señalarán las normas de carácter sustancial que el recurrente estime violadas".


                       Mandato el precedente que,  valga aclararlo, conserva su vigencia frente al del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991,  por cuanto esta norma,  si bien relevó a quien invoca la causal primera de la carga de integrar la denominada proposición jurídica completa,  sí lo obliga a "señalar cualquiera de las normas de esa naturaleza (sustancial) que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo,  a juicio del recurrente haya sido violada…".


                       Ahora bien,  no es menester buscar muy lejos la razón de ser del anotado requisito,  comoquiera que si la causal primera de casación consiste precisamente en la violación de una norma sustancial,  es apenas elemental que el recurrente indique cuál o cuáles disposiciones de esa estirpe entiende vulnerada por la sentencia que impugna; en lo referente a este aspecto no ha de perderse de vista que el Tribunal de Casación,  dada la naturaleza del recurso,  sólo puede moverse dentro de la órbita que le traza el censor y no puede por ende extender su campo de acción más allá de la frontera que la censura demarca,  lo cual acompasa con la presunción de acierto que protege al fallo combatido,  de suerte que al partirse del supuesto de que los hechos fueron bien apreciados y el derecho correctamente aplicado por el Juzgador,  todo cuanto no esté impugnado se hace intocable en casación.  En desarrollo pues de los precedentes principios no es difícil comprender que a la Corte le esté vedado inquirir oficiosamente por el quebranto de preceptos de orden sustancial;  de ahí,  la obligación que al censor impone la ley de indicarlos.


                       3.-        De otro lado,  recuérdese que el rasgo característico de las normas sustanciales es el de consagrar verdaderos derechos subjetivos,  de tal manera que dentro de esa categoría de normas sólo están comprendidas aquellas que,  al decir de la Corte,  "en razón de una situación fáctica concreta,  declaran,  crea,  modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación…",  determinándose que de esa naturaleza no gozan entonces los preceptos que "se limitan a definir fenómenos jurídicos o a describir los elementos de éstos o a hacer enumeraciones o enunciaciones,  como tampoco las tienen las disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo" (G. J. t. CLI,  pág. 241).  Y más concretamente en lo relativo a normas referentes a pruebas,  ha expresado esta Corporación que no son sustanciales "las disposiciones reguladoras de la actividad probatoria y,  en general,  todas las que disciplinan la actividad in procedendo (Cas. de abril 19 de 1978,  entre otras),  puntualizando por demás que normas de tal estirpe  "tampoco por sí sólas pueden dar base para casar una sentencia,  sino que es preciso que de la infracción de una de esas disposiciones resulte infringida otra norma sustantiva…" (G. J. t. LVI,  pág. 318).


                       4.-        Viene todo lo anterior a propósito del tercero y último de los cargos formulados contra la sentencia, a la que se acusa allí,  invocando la causal primera "de ser violatoria de normas sustanciales por vía indirecta,  debido a errores evidentes de derecho por falta de aplicación de las normas de derecho sustancial contempladas en los artículos 174,  183 y 187 del Código de Procedimiento Civil".  Ya más adelante,  al desarrollar su acusación,  duélese también el censor de la infracción del inciso final del artículo 29 de la Constitución Política.  Pero ninguno de estos preceptos tiene el linaje que se les quiere asignar,  como pasa a verse.


                       En  lo atinente a los tres citados artículos de la ley procedimental, vistas las nociones que informan el concepto de norma sustancial casi se hace innecesario decir que de ellas no puede predicarse semejante carácter,  por supuesto que son disposiciones destinadas sencillamente a regir la actividad procesal del juez.  Limítase en efecto el citado artículo 174 a sentar el principio de que toda decisión debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso,  principio que ratifica con algunas precisiones el 183 ibídem,  fijando por último el 187,  pautas para la apreciación de los medios de prueba.


                       Evidentemente pues,  no son sustanciales las anotadas disposiciones.  Y sólo por abundar obsérvese que aún en la hipótesis de que en su labor apreciativa del acervo probatorio las hubiese el Tribunal vulnerado, semejante quebranto devendría intrascendente en la medida en que las normas sustanciales que regulan la situación concreta debatida habrán de considerarse correctamente aplicadas por el fallador,  por supuesto que al no haberse dolido el censor de la violación de ellas, huérfana de cualquier ataque por ese concepto,  la sentencia en el punto es intocable.


                       Y no subsana el censor la apuntada  deficiencia con la indicación que hace del artículo 29 de la Carta Política como vulnerado, por cuanto ésta  es disposición enderezada  a regular  el procedimiento, de suerte que, como se dijo en sentencia de 9 de marzo de 1995, publicada en la G.J. CCXXXIV p. 374, su lugar propicio en casación lo encuentra  normalmente  en la causal quinta del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil  y no en la causal primera cuya órbita está conformada por las normas reguladoras de derechos sustanciales.


                       Son las anteriores razones más que suficientes entonces para deducir el fracaso del tercer cargo contenido en la  demanda en estudio.  No sucede así con los otros dos,  numerados primero y segundo,  que desde el punto de vista formal cumplen los requerimientos de ley y han por ende de ser admitidos a trámite.


                       En mérito de lo expuesto,  la Corte Suprema de Justicia,  sala Civil y Agraria,  resuelve:


                       Primero.- Inadmitir la demanda arriba mencionada en lo que hace relación con el cargo tercero.



                       Segundo.- Admítase la misma demanda en lo que atañe a los cargos "primero" y "segundo". En consecuencia,  córrase traslado a la parte opositora por el término de quince días a cada uno de quienes la conforman.



                       El término de traslado correrá en primer lugar para los demandos representados por el doctor Libardo Sierra Rodríguez,  a continuación para los que apodera el doctor Gustavo Valiente Espinosa (Fols. 368,  369,  380 y 381 Cuad, No. 1) y por último para la sociedad llamada en garantía.



NOTIFIQUESE





JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ





NICOLAS BECHARA SIMANCAS





JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES





CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS





PEDRO LAFONT PIANETTA





RAFAEL ROMERO SIERRA





JORGE SANTOS BALLESTEROS