CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra
Santafé de Bogotá D. C., veintiséis (26) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997).-
Ref: Expediente No. 6755
Decídese sobre la admisibilidad de la demanda con que Dolly Aristizabal Garrido pretende sustentar el recurso de casación que interpuso contra la sentencia de 21 de febrero del año en curso, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá en este proceso ordinario promovido por Martha Lucía Castillo de Aristizabal contra Alvaro y Dolly Artistizábal Garrido, Pascalle Ruelle Plizga, Jorge Emilio Vargas Silva y con la intervención ad excludendum de Nelson Ospina Buriticá.
A cuyo propósito, se considera:
1.- La demanda de casación, por referirse a una impugnación cuyo carácter es extraordinario y eminentemente dispositivo, ha de reunir estrictamente las exigencias formales establecidas en la ley, so pena de que su ineptitud impida el correspondiente trámite.
2.- Es en el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, con las modificaciones introducidas por el Decreto 2651 de 1991, en donde están contenidos los aludidos requisitos, de cuyo cumplimiento, se insiste, depende la admisión de la demanda.
Y uno de ellos es el de que en los cargos que contra la sentencia se formulen, han de exponerse "los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa", con el agregado expreso, en el evento de la causal primera, de que los yerros denunciados tendrán que demostrarse. Exigencia ésta que, por cierto, sin dificultad se explica, por supuesto que tratándose, según se dijo, de un recurso extraordinario y por excelencia dispositivo, el Juzgador llamado a decidirlo ha menester no sólo de que se le dé a conocer sin dubitación alguna y dentro del marco de la casación el motivo de inconformidad que se aduce, sino también de que mediante una puntual argumentación se le presente la demostración tendiente a acreditar que con respecto a la sentencia impugnada se han presentado las circunstancias constitutivas de la causal invocada. De allí entonces que no sea suficiente en lo atinente a este recurso que en cualquier forma el interesado haga conocer su desacuerdo con la decisión combatida, lo que por ende le veda la utilización de un lenguaje equívoco o de un razonar fragmentario o incoherente.
3.- Y como fragmentarios e insuficientes han de calificarse los dos últimos de los tres cargos que conforman la presente demanda, los que por tal razón será preciso inadmitir.
El cargo segundo, en efecto, viene enfilado por la causal primera, denunciándose a través de él la violación de la ley sustancial como consecuencia de errores de derecho en la apreciación de la prueba. Y para sustentarlo, el recurrente enumeró algunos yerros de ese linaje que en su concepto habría cometido el sentenciador. Pero no hizo nada más; hasta allí llegó su labor ; dejó entonces su acusación a mitad de camino, sin demostración alguna, olvidando nada menos que determinar la incidencia que esos supuestos errores de valoración pudieron tener en la decisión impugnada.
Similar reproche merece el cargo tercero, montado por la misma causal y vía que el precedente, pero con el ánimo de denunciar errores de hecho. Aquí, igual que allá, relaciona el impugnador una serie de pruebas y en lo referente a ellas asegura que fueron, o preteridas, o mal apreciadas; pero también acá, detuvo en este punto su censura; se limitó entonces a inventariar unos supuestos yerros y olvidó el desenlace de la acusación, dejando sin definir cuáles son las consecuencias de tales errores, o lo que es lo mismo, cuál la repercusión que ellos pudieron tener en el fallo combatido.
4.- No debe perderse de vista que los yerros que puedan imputarse al sentenciador, para efectos del recurso extraordinario por sí mismos nada significan si al mismo tiempo no son trascendentes, esto es, si no han sido determinantes de la decisión impugnada o han, al menos, incidido en ella. Y por supuesto que es al recurrente y no al Juzgador a quien corresponde precisar esa indispensable conexión entre el error y el fallo, precisión que sin duda es parte fundamental de la demostración del cargo como así lo imponen la naturaleza del recurso y la ley, que en el punto, se repite, exige expresamente tal comprobación. De tal manera que si se omite el anotado aspecto, la acusación, incompleta y por ende inane, no podrá recibirse a trámite.
Al respecto, viene bien al caso hacer hincapié en lo expresado en alguna ocasión por la Corte: "…el recurrente, como acusador que es de la segunda instancia, está obligado a proponer cada cargo en forma concreta, completa y exacta, para que la Corte, situada dentro de los términos de la censura y en congruencia con éstos, pueda decidir el recurso sin tener que moverse oficiosamente a completar, modificar o recrear la acusación planteada sin acierto, lo cual no entra en sus poderes" (G.J. T. CVII, pág. 86).
E insístese en que la concreción, exactitud y suficiencia de la acusación, así como la demostración del cargo y los demás requisitos formales de la demanda, constituyen condición insoslayable para su admisión, de manera que ellos "deben aparecer en el texto mismo del libelo, pues siguiendo circunstancias que el propio legislador ordena que se consignen en el cuerpo de la demanda, no pueden darse por demostrados por la vía de inferencia" (Auto de 29 de agosto de 1977). Ahora, ya se dejó visto que la presente demanda, en lo atinente a los cargos segundo y tercero, no cumple cabalmente con tales exigencias.
Recopilando entonces, tiénese que el censor se limitó en los dos cargos a que se viene aludiendo, a relacionar algunos medios de prueba que en su personal criterio no fueron correctamente valorados o fueron equivocadamente apreciados desde el punto de vista objetivo por el Tribunal, mas omitiendo nada menos que la demostración del cargo, para el caso, la determinación de la incidencia que esos supuestos yerros pudieron tener en la decisión que combate, al extremo de que su discurso puede definirse, en palabras de la Corte, como "… un conjunto de opiniones y deducciones acerca de lo que en sentir de los recurrentes establecen tales probanzas, dándole así a la demanda un cariz de alegato de instancia, desprovisto de las formalidades que sobre el punto reclama el recurso de casación" ( Auto de 28 de agosto de 1995).
Así pues, la vaguedad de la acusación contenida en los cargos segundo y tercero, su carencia de precisión y claridad y la falta de demostración del yerro probatorio denunciado, afectan irreparablemente la idoneidad de los mismos, de suerte que no existe remedio diferente al de declararlos inadmisibles. En lo referente al cargo primero, dígase que alcanzó a lograr la aptitud formal suficiente para ser recibido a trámite.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria, resuelve:
Primero.- Inadmitir la demanda arriba mencionada en lo que hace relación con los cargos segundo y tercero.
Segundo.- Admítase la misma demanda en lo que atañe al cargo "primero". En consecuencia, córrase traslado a la parte opositora por el término de quince días, así:
En primer lugar, a la demandante Martha Lucía Castillo de Aristizábal; luego, al codemandado Alvaro Aristizábal Garrido; después a la también demandada Pascalle Ruelle Plizga; a continuación al otro demandado, Jorge Emilio Vargas, y por último a Nelson Ospina Buriticá, interviniente ad excludendum.
Notifíquese
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS
PEDRO LAFONT PIANETTA
RAFAEL ROMERO SIERRA
JORGE SANTOS BALLESTEROS