CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Magistrado Ponente:
Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles
Santafé de Bogotá Distrito Capital, veintiséis (26) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Ref: Expediente No. 6854
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 29 de mayo de 1997, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso ordinario de filiación extramatrimonial y petición de herencia adelantado por DIANA CAROLINA FAJARDO VILLAMIL, representada por María Emilce Fajardo Villamil, frente a MARIA SANTOS BLANCO, quien fuera citada como heredera de Luis Evidalio Blanco, y herederos indeterminados del prenombrado causante.
ANTECEDENTES:
1.- El Juzgado Civil del Circuito de Moniquirá puso fin a la primera instancia dentro del mencionado proceso, mediante sentencia del 28 de agosto de 1996, en la que dispuso lo siguiente:
“PRIMERO.- Declarar que la menor DIANA CAROLINA FAJARDO VILLAMIL, nacida en Moniquirá el primero de diciembre de 1994, hija de MARIA EMILCE FAJARDO VILLAMIL, es a su vez hija extramatrimonial de quien en vida llevaba el nombre de LUIS EVIDALIO BLANCO.
“SEGUNDO.- Declarar que la menor DIANA CAROLINA FAJARDO VILLAMIL como hija extramatrimonial de LUIS EVIDALIO BLANCO tiene vocación hereditaria sobre todos los bienes y demás derechos que le pertenecieron al causante.
“TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración, se dispone oficiar al Notario Primero del Círculo de Moniquirá para que corrija el registro civil de la menor DIANA CAROLINA y para que en adelante lleve el apellido BLANCO VILLAMIL.
“CUARTO.- Ordenar a los demandados restituir para la sucesión ilíquida de LUIS EVIDALIO BLANCO, la posesión de todos los bienes que pertenecieron a LUIS EVIDALIO BLANCO y que hayan sido ocupados por los demandados.
“QUINTO.- Negar la declaración de la ineficacia de los actos de partición y adjudicación, así como de los frutos civiles y naturales percibidos por los demandados en razón de que no se demostró que haya sido efectuada la partición y tampoco se establecieron el monto de esos frutos….”
2. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, al desatar el recuso de apelación que contra esa decisión interpuso la parte demandada, confirmó los ordinales primero, segundo tercero y cuarto de la misma, revocó el ordinal quinto, y la adicionó en el sentido de “…declarar que la demanda de Filiación extramatrimonial produce la plenitud de sus efectos frente a los demandados y en consecuencia la demandante, tiene derecho a que, por virtud de su condición de heredera de LUIS EVIDALIO BLANCO, la partición del caudal relicto se efectúe con su intervención y le sea reconocida su cuota en la universalidad sucesoral de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, junto con sus respectivos frutos civiles y naturales producidos a partir de la notificación de la demanda….”
3.- Contra esta providencia interpuso la parte demandada el recurso extraordinario de casación, para cuyo efecto ofreció prestar la caución de que trata el artículo 371 del C. de P.C., la cual le fue fijada en la suma de $1.000,000,00. Empero, en la fecha en que se vencía el plazo de 10 días que le fuera concedido para que aportara la aludida garantía presentó un memorial en el que señaló que, de conformidad con lo previsto en el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia se suspendía por tratarse de un asunto relativo al estado civil, motivo por el cual impetró la concesión del recurso interpuesto, previa expedición de las copias pertinentes, cuyas expensas prometió sufragar. Finalmente, expresó que la recurrente se encontraba en incapacidad económica para suministrar la caución ofrecida.
El Tribunal, entonces, mediante providencia del 15 de agosto pasado, luego de acotar que la razón que le impidió a la recurrente cumplir con dicha carga había sido su incapacidad económica y de precisar que, en todo caso, la sentencia impugnada no versa exclusivamente sobre el estado civil, ordenó compulsar las copias deprecadas y, previo cumplimiento de tal suceso, dispuso enviar el expediente a esta Corporación para que se tramitara el recurso interpuesto.
CONSIDERACIONES:
1. De conformidad con las prescripciones contenidas en el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil, la concesión del recurso de casación “...no impedirá que la sentencia se cumpla, salvo en los siguientes casos: Cuando verse exclusivamente sobre el estado civil de las personas; cuando se trate de sentencia meramente declarativa; y cuando haya sido recurrida por ambas partes... Sin embargo, en el término para interponer el recurso podrá el recurrente solicitar que se suspenda el cumplimiento de la sentencia, ofreciendo caución para responder por los perjuicios que dicha suspensión cause a la parte contraria incluyendo los frutos civiles y naturales que puedan percibirse durante aquella. El monto y la naturaleza de la caución serán fijados por el tribunal en el auto que concede el recurso, y ésta deberá constituirse dentro de los diez días siguientes a la notificación de aquél, so pena de que se declare desierto el recurso.” (Se subraya).
Del citado precepto se colige, de un lado, que faculta al recurrente para que ofrezca prestar caución con miras a obtener la suspensión de la sentencia impugnada, y, de otro, que le impone la carga de suministrar la garantía que torna concreta esa posibilidad, en la modalidad y condiciones señaladas por el tribunal dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto respectivo, so pena de que se declare desierto el recurso.
2. Las cargas procesales, dentro de las cuales se encuentra la de proporcionar la aludida caución, tienen el carácter de imperativos por medio de los cuales el legislador requiere a las partes para que asuman un determinado comportamiento cuya ejecución solo mira su propio interés, pero que su omisión puede reportarles consecuencias desfavorables. Es decir, que si bien la conducta de las partes se enuncia, en principio, como facultativa en el sentido de que la ley no les impone en ese aspecto vínculos jurídicos que puedan calificarse como verdaderas “obligaciones”, el desobedecimiento de la prescripción legal sí les acarrea agraves secuelas, como la deserción del recurso de casación, cual acontece en este caso, sanción que, por lo demás, despunta como el cabal desarrollo de la previsión consignada en la segunda parte del inciso 2 del artículo 678 del Código de Procedimiento Civil.
Es justamente ese aspecto, esto es, el desprendimiento inmediato de una consecuencia adversa a la parte que desatiende una carga que la ley le ha atribuido, lo que pone de presente su diferencia con el concepto de mero derecho procesal, porque la no realización de éste no implica, o por lo menos, no con la inmediatez que en aquella se palpa, desenlace adverso alguno.
En ese orden de ideas, una vez adquiere firmeza la providencia que señala la naturaleza y cuantía de la caución que el interesado debe prestar para lograr la suspensión de la sentencia impugnada en casación, gravita sobre él una verdadera carga procesal, cuya inobservancia apareja la pérdida inmediata de la posibilidad del recurso puesto que la norma prescribe que debe ser declarado desierto, desenlace este en el que no se atisba, ni por asomo, sacrificio alguno del derecho sustancial en obsequio desmedido a las formas procesales, pues de lo que se trata es de rendir tributo a la seguridad y certeza de los procedimientos, desterrando de él las conductas antojadizas de las partes.
3. Ha tenido oportunidad la Corte de examinar con anterioridad situaciones que denotan perfiles similares a los que este asunto evidencia y ha sostenido que: “…Total, el término venció sin que hubiese prestado la caución ordenada, lo que apareja la consecuencia expresamente consagrada en la ley, cual es la de que el recurso se declare desierto, sencillamente porque la carga fue incumplida del todo. Incumplimiento de cuyos efectos no puede liberarse el recurrente pretextando lo que alegó a la sazón; recuérdese que él mismo manifestó estar en condiciones de prestar la caución y que, de otra parte, el tribunal jamás exigió la específica caución de la póliza de seguros. Por lo demás, el aspecto de la cuantía de la caución nunca mereció reparo de su parte.
“Por modo que si estaba ordenada la caución que suplicó, ya no le quedaba actitud distinta y válida a la de prestarla, a menos que quisiera soportar la consecuencia adversa que caracteriza el incumplimiento de las cargas procesales. No está, por lo tanto, dentro del talante del recurrente prestarla o no, ni siquiera renunciando a la suspensión que de la ejecución de la sentencia ya había obtenido. La ley fue tajante al respecto, pues estatuyó que ordenada la caución, ésta “deberá” constituirse en el término de los diez días que allí se menciona, ‘so pena de que se declare desierto el recurso’ (inciso 4º de la norma comentada).
“Ahora bien. La situación analizada no puede equiparase, ni con mucho, con aquella otra en que la caución que se presta resulta insuficiente, caso en el cual, es verdad, con arreglo a lo dispuesto en el inciso 6º, amén de negarse la solicitud de suspensión, revierte la oportunidad para cancelar el valor de las copias con destino al cumplimiento de la sentencia. Bien diferente es entonces no prestar la caución, aun cuando prestándose resulta insuficiente; en el primer caso, quedó dicho, la consecuencia es la deserción del recurso; en el segundo, en cambio, simplemente se ordena pagar las copias para que sobre ellas se ejecute el fallo. Dos hipótesis inconfundibles, con efectos procesales diferentes, sin que de éstos pueda hacerse aplicación indistinta. Así como no puede sostenerse, en efecto, que ante la caución insuficiente se declare desierto el recurso, del mismo modo tampoco puede sostenerse que ante la no presentación de la caución lo que cabe es darle oportunidad al recurrente para que pague las susodichas copias, pues en uno y otro evento previó el legislador sanciones disímiles, y, por lo mismo, hay que guardarse de refundirlas.
“ Si, pues, la caución no se constituye, la consecuencia es la deserción del recurso, por supuesto que éste se concede al tiempo en que se ordena la caución (inciso 5º in fine). Mas sucede que el tribunal incumplió en este caso dicha preceptiva legal, pues ordenó la caución sin conceder el recurso. Ligereza del juzgador que por ningún motivo puede verse asistida de virtualidad para autorizar sin más una futura inobservancia de la carga consistente en prestar la caución. Porque, como tantas veces se ha dicho, es deber ineludible de la Corte examinar y verificar que todas y cada una de las exigencias establecidas por la ley en orden a la concesión del recurso, estén cumplidas cabalmente; de tal modo que al no hallarlas cumplidas, debe inadmitir la impugnación, independientemente de que el tribunal se haya equivocado al respecto.” (Auto del 6 de febrero de 1995)
En igual sentido se pronunció en el auto del 8 de febrero de 1995, donde además precisó que “….Así, la no prestación de la caución es un dato a ser constatado en términos objetivos por el juez para deducir de él la consecuencia que, según el caso, establezca la ley; lo cual, aplicado al que ahora se examina, se traduce en que lo que corresponde es declarar desierto el recurso de casación y no ordenar la expedición de copias para que la sentencia sea ejecutada, concediendo, de todas maneras, el citado medio impugnativo como equivocadamente lo hizo el ad-quem.
“La referida secuela, no está por demás decirlo, contribuye, sin embargo de su aparente drasticidad, a imprimirle un cierto grado de seriedad a la petición de caución para obtener la suspensión del cumplimiento de la ejecución de la sentencia.
“De modo que, reitérase, si transcurrido el plazo previsto en la ley para otorgar la caución ofrecida, ésta no se presenta, deviene para el recurrente, como consecuencia desfavorable del incumplimiento de la carga, la declaratoria de deserción del recurso, sin que a éste le sea permitido, en su defecto, intentar satisfacer la carga de suministrar las expensas necesarias para que se copien los documentos necesarios para ejecutar la sentencia impugnada, posibilidad que sólo tiene cabida cuando el magistrado ponente, al calificar la caución prestada deniega la suspensión pedida. ‘En este último evento - reza la norma - el término para suministrar lo necesario con el fin de expedir las copias será de tres días, a partir de la notificación de dicho auto’.
“En tal orden de ideas, el Tribunal, en lugar de aceptar el improcedente ofrecimiento de pagar las copias requeridas para el cumplimiento de la sentencia, ha debido declarar desierto el recurso por la falta de otorgamiento de la caución prometida puesto que tal omisión no encuentra justificación en el elevado costo de la prima a cargo del recurrente, circunstancia que este debió ponderar en su momento, amen de que aceptó sin objeción alguna el monto de la caución que le fue exigida….”
4. Ahora bien, no puede decirse, como parece sostenerlo el recurrente, que la sentencia impugnada en casación no debía cumplirse por versar sobre el estado civil del actor, pues es patente que el juzgador, además de definir la cuestión atinente a este aspecto, ordenó a los demandados restituirle a la sucesión ilíquida de Luis Evidalio Blanco, la posesión de todos los bienes que le pertenecieron y que hayan sido ocupados por los demandados, amén de que al adicionar la sentencia recurrida declaró “…que la demanda de Filiación extramatrimonial produce la plenitud de sus efectos frente a los demandados y en consecuencia la demandante, tiene derecho a que, por virtud de su condición de heredera de LUIS EVIDALIO BLANCO, la partición del caudal relicto se efectúe con su intervención y le sea reconocida su cuota en la universalidad sucesoral de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, junto con sus respectivos frutos civiles y naturales producidos a partir de la notificación de la demanda….”, disposiciones todas estas susceptibles de cumplimiento.
5. Ahora bien, como quiera que en el trámite del recurso de casación corresponde a la Corte examinar la legalidad de la actuación surtida desde su interposición hasta la concesión del mismo inclusive, resulta evidente que en este caso ha de inadmitirse el interpuesto por la parte demandada, por no haber prestado oportunamente la caución que para efectos de suspender el cumplimiento de la sentencia (art. 371 inciso 5 C. de P.C.), le fuera señalada, lo que quiere decir que llegó a la Corte en estado de deserción.
D E C I S I O N
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y Agraria RESUELVE:
Declárase INADMISIBLE y por consiguiente desierto el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 29 de mayo de 1997, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso ordinario de filiación extramatrimonial y petición de herencia adelantado por DIANA CAROLINA FAJARDO VILLAMIL, representada por María Emilce Fajardo Villamil, frente a MARIA SANTOS BLANCO, quien fuera citada como heredera de Luis Evidalio Blanco, y herederos indeterminados del mencionado causante.
Notifíquese
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS
Continuación expediente 6854
PEDRO LAFONT PIANETTA
RAFAEL ROMERO SIERRA
JORGE SANTOS BALLESTEROS