CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Santafé de Bogotá, D. C., diciembre tres (3) de mil novecientos noventa y siete (1997)
Referencia: Expediente No. 6925
Provee la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por “el señor DEAN HAAS”, “en nombre y representación de la EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA EN COLOMBIA”, contra “los señores VICTOR ALVAREZ ORTIZ y GUSTAVO ZAMBRANO SALCEDO” (fls. 7 a 11 de este cuaderno).
ANTECEDENTES
1.- Mediante demanda que obra a folios 7 a 11 de este cuaderno, el señor DEAN HAAS, quien dijo obrar en nombre de la EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA EN COLOMBIA, de la cual es su “Primer Secretario”, convocó a un proceso ordinario a los señores VICTOR ALVAREZ ORTIZ y GUSTAVO ZAMBRANO SALCEDO, para que, surtida su tramitación legal, se declarase a los demandados civilmente responsables de “los daños ocasionados al vehículo de la Embajada de Los Estados Unidos de Norteamérica en Colombia y distinguido con las placas BCV-890 y diplomáticas CDO-543, marca Ford, línea Explorer, modelo 1993”, en accidente de tránsito ocurrido el 17 de octubre de 1995 en la diagonal 109 con carrera 13 A de la ciudad de Santafé de Bogotá. Además, se impetra en la demanda que se condene a los demandados a pagar a la parte actora la suma de $13’500.000.oo por concepto de daño emergente, y la de $100.000.oo diarios desde la fecha aludida y hasta el 17 de enero de 1996, época durante la cual se realizó la “reparación del citado vehículo” (fls. 7 a 8 de este cuaderno).
2.- Como fundamentos fácticos de las pretensiones anteriores, en síntesis, se exponen los siguientes:
2.1.- “La Embajada de Los Estados Unidos de Norteamérica en Colombia, es propietaria de vehículo marca Ford, línea Explorer, blindado, color rojo, modelo 1993, distinguido con las placas BCV-890 y diplomáticas CDO-543”, vehículo éste que el 17 de octubre de 1995, era conducido por “el señor ARTHUR BALIZAN, funcionario diplomático” al servicio de esa embajada, cuando, en la diagonal 109 con carrera 13 A de la ciudad de Santafé de Bogotá, “fue envestido violentamente por el vehículo campero, marca Mitsubishi, conducido por el señor GUSTAVO ZAMBRANO SALCEDO y de propiedad del señor VICTOR ALVAREZ ORTIZ” (fl. 8 de este cuaderno).
2.2.- La Secretaría de Tránsito y Transporte de Santafé de Bogotá, D.C., por conducto de la División Legal-Inspección Primera, declaró como contraventor de las normas de tránsito que ocasionaron el accidente aludido, al señor Gustavo Zambrano Salcedo, conductor del vehículo de placas BCY-944.
2.3.- La reparación del vehículo de placas BCV-890 y diplomáticas CDO-543, de propiedad de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, tuvo un costo de $13.500.000.00, lo que constituye daño emergente para la demandante; y, durante el tiempo en que tal reparación se realizó, es decir del 17 de octubre de 1995 a 17 de enero de 1996, la demandante sufrió un perjuicio por concepto de lucro cesante a razón de $100.000.00 diarios.
CONSIDERACIONES
1.- En relación con el ejercicio de la jurisdicción y los límites a que ésta se encuentra sometida, se observa que:
1.1.- El Estado, en virtud de su soberanía, ejerce de manera permanente y exclusiva, sobre todo el territorio nacional y en relación con todos los habitantes del mismo la función de administrar justicia, con carácter obligatorio y definitivo de sus decisiones, principio éste universalmente aceptado, que tiene entre nosotros como fuente positiva, los artículos 4° y 113 de la Constitución Nacional.
1.2.- El principio a que se ha hecho referencia en el numeral precedente, desde antiguo es admitido como fundamento mismo del derecho internacional público, que supone como pilar insustituible de las relaciones entre Estados, que ellos ejercen en su territorio la función judicial, la que necesariamente no puede extenderse más allá de los confines geográficos de cada Estado, ni, mucho menos para someter a las decisiones de sus jueces a otros Estados, pues, para garantizar el orden jurídico internacional se hace indispensable afirmar también, como un postulado fundamental, que preside las relaciones entre los Estados que “Par in parem non habet Imperium”, lo que significa que “los Estados deben gozar de inmunidad de jurisdicción, en razón de principios como los de Soberanía, Independencia, e Igualdad jurídica”, tal cual se dijo por la Corte, entre otros, en autos de 12 de junio de 1992 (ordinario de Pablo Alberto Sintura contra los Estados Unidos de Norteamérica, representado por su Embajador, y el Colegio Nueva Granada), 5 de octubre de 1992 (Exp. 4103), y 11 de abril de 1994 (Exp. 4903).
1.3.- Por otra parte, la jurisdicción del Estado también encuentra un límite subjetivo en aquellos casos en que para asegurar, “el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y el fomento de las relaciones de amistad entre las naciones”, así se dispone por los distintos Estados, como aparece en el preámbulo de la Convención de Viena de 1961, aprobada por la Ley 6a. de 1972, con vigencia para Colombia a partir del 5 de mayo de 1973 por haber realizado el depósito de ratificación el 5 de abril de ese año. En efecto, conforme al artículo 31 de dicha Convención, y partiendo para ello de la igualdad soberana de todos los Estados, se consagran algunos “privilegios e inmunidades” para quienes ostentan el rango de “Agentes Diplomáticos”, de tal manera que conforme a ellas, en materia penal su labor se encuentra garantizada con una “inmunidad absoluta de jurisdicción”, al paso que, en materia civil y administrativa, tal inmunidad es relativa, pues de ella se exceptúan aquellos procesos en que sean partes los Agentes Diplomáticos y en cuanto se refieran a acciones reales sobre bienes inmuebles de propiedad particular radicados en el territorio del Estado receptor para fines no oficiales de la misión diplomática; o cuando se trate de acciones sucesorias en que el Agente Diplomático actúe a título personal y no en nombre de Estado acreditante, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario; o, finalmente, cuando el litigio haga relación a actividades profesionales o comerciales en el Estado receptor que sean ajenas a las funciones oficiales de ese funcionario extranjero de un país amigo.
1.4.- Conforme a tales principios, la Constitución Nacional de 1991, en su artículo 235, numeral 5°, al igual que ya lo había hecho la Constitución anterior en su artículo 151, numeral 3°, a partir del Acto Legislativo número 1° de 1945, asigna entre las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia la de “conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el Derecho Internacional”, norma ésta con la cual guarda estricta armonía el artículo 25, numeral 5° del Código de Procedimiento Civil, en cuanto asigna competencia funcional a esta Corporación para conocer de procesos de esa índole, cuando en ellos sea parte un “agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República” y conforme al Derecho Internacional.
2.- Aplicadas las nociones anteriores al caso sub-lite, encuentra la Corte que:
2.1.- Conforme a certificación expedida por el señor Embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en Colombia el 18 de junio de 1996 que obra a folio 2 de este cuaderno, “el señor DEAN J. HAAS, portador del Pase Diplomático No. 2101D”, a esa fecha desempeñaba el cargo de “Primer Secretario de la Embajada” y, entre sus funciones, estaba “facultado para atender asuntos relacionados con la administración de esta Misión y representar a la Embajada en materia de reclamaciones”.
2.2.- En la calidad aludida anteriormente, el señor DEAN HAAS, otorgó el poder que obra a folio 1 de este cuaderno.
2.3.- En ejercicio del poder a que se ha hecho mención, otorgado por el señor DEAN HAAS “quien obra en nombre y representación de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Colombia”, se promovió mediante la demanda que obra a folios 7 a 11 de este cuaderno, un proceso ordinario contra VICTOR ALVAREZ ORTIZ y GUSTAVO ZAMBRANO SALCEDO, para que se declarase su responsabilidad civil por los daños ocasionados al vehículo de placas BCV-890 y diplomáticas CDO-543, de propiedad de dicha Embajada, en accidente de tránsito ocurrido el 17 de octubre de 1995, en la Diagonal 109 con carrera 13 A de la ciudad de Santafé de Bogotá, en el cual se produjo una colisión con el vehículo de placas BCY-944, conducido por GUSTAVO ZAMBRANO SALCEDO y de propiedad de VICTOR ALVAREZ ORTIZ, a quienes se solicita condenar al pago de $13’500.000.oo por daño emergente y $100.000.oo por lucro cesante desde el 17 de octubre de 1995 y hasta el 17 de enero de 1996, época en que dicho vehículo permaneció inmovilizado por encontrarse en reparación.
2.4.- Como puede observarse, conforme a la demanda en cuestión no actúa como parte ningún Agente Diplomático en su carácter de tal, sino la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Colombia, la que, como es obvio no tiene personería jurídica, lo que significa que quien actúa como parte es un Estado, respecto del cual, por serlo, no puede ejercerse la jurisdicción de la República de Colombia conforme al Derecho Internacional, como quiera que ello implica el someter a un Estado extranjero a la jurisdicción de otro Estado, razón ésta por la cual la demanda aludida ha de rechazarse in-limine litis, sin perjuicio de la competencia que pueda ejercerse por organismos internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, para conocer de supuestas violaciones del Derecho Internacional (artículo 36, numeral 2, literal C de su Estatuto) y de las eventuales responsabilidades de los Estados por actos de los particulares contra bienes de otros Estados.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado, conforme a lo preceptuado por el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, RESUELVE:
RECHAZASE DE PLANO la demanda presentada en virtud de poder conferido por el señor DEAN HAAS, “quien obra en nombre y representación de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Colombia”, contra los señores VICTOR ALVAREZ ORTIZ y GUSTAVO ZAMBRANO SALCEDO.
Devuélvanse los anexos, sin necesidad de desglose (artículo 85 Código de Procedimiento Civil).
NOTIFIQUESE
PEDRO LAFONT PIANETTA