CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra
Santafé de Bogotá, D. C., cuatro (4) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998).-
Referencia: Expediente No. 7015
Decídese el conflicto de competencia que para asumir el conocimiento del proceso ejecutivo de Carlos Arturo González contra Luciano Salcedo y Ana de Salcedo enfrenta a los juzgados promiscuo municipal de Machetá y primero civil municipal de Santafé de Bogotá.
Antecedentes
Adjuntando un cheque como título ejecutivo, recabó el actor en su demanda que se librase mandamiento de pago contra los citados demandados -herederos, en su carácter de progenitores, de Juan Salomón Salcedo- y además contra los herederos indeterminados del mismo.
El juzgado promiscuo municipal de Machetá, al que fue presentado en virtud de estar domiciliados en esa municipalidad aquellos demandados, impulsó el trámite respectivo desde la notificación previa de la existencia del crédito, e incluso dictó sentencia, el 17 de marzo de 1995, por la cual ordenó seguir adelante la ejecución.
Empero, a raíz de la consulta de tal proveído, el juzgado civil del circuito de Chocontá declaró la nulidad del trámite desde el propio mandamiento de pago, porque echó de menos la prueba de la condición de herederos con que se convocara a los demandados.
Seguidamente hizo saber el actor que la demanda ejecutiva la dirigía, ya no contra aquéllos, sino contra el menor Juan Felipe Salcedo Niño -hijo del causante-; mas como indicara que su representante, Johanna Niño Varón, estaba domiciliada en Santafé de Bogotá, tal juzgado consideró que el juez competente es el de esta ciudad, cosa que no aceptó el juzgado primero civil municipal, porque adujo lo siguiente:
“En atención a que este despacho judicial en providencia del 25 de mayo de 1994 (fl. 9) rechazó de plano la anterior demanda ejecutiva por falta de competencia en razón del factor territorial, mal podría entonces volver a asumir tal competencia cuando ya se declaró incompetente para ello”. Y añadió más adelante que en este caso no se ha presentado ninguno de los eventos que, conforme al art. 21 del C. de P. C., alteran la competencia inicial.
Consideraciones
Dado que los despachos enfrascados en el conflicto pertenecen a diversos distritos judiciales, esta Corporación es la facultada para dirimirlo, según la preceptiva de los artículos 28 del Código de Procedimiento Civil y 16 de la ley 270 de 1996.
La decisión a adoptar tiene que partir de la base de que, pese al largo recorrido que ya registra este proceso -inició en el año 1994-, hoy por hoy, a consecuencia de la nulidad decretada, está a la espera del mandamiento de pago; asimismo, que los demandados iniciales han dejado de serlo, porque ahora la ejecución se intenta contra un hijo del causante. Así las cosas, es como si la demanda se estuviese presentando hoy.
De cara a este marco fáctico del litigio, no se remite a duda que si el ahora demandado está domiciliado en Santafé de Bogotá, la competencia, en lo que al factor territorial concierne, se radica aquí, pues que ese es el principio que por lo regular opera a términos del num. 1º. del art. 23 del Código de Procedimiento Civil, como seguramente lo ha de entender el juzgado que de Bogotá está envuelto en el conflicto, desde luego que adujo un motivo distinto para no asumir el conocimiento. Motivo que, aunque verídico, carente de razón jurídica; porque la incompetencia que otrora declaró, obviamente la sustentaba una situación muy distinta a la que hoy existe, y la lógica ha debido dictarle que esto implicaba un nuevo análisis; de haberlo hecho, a buen seguro que hubiese avocado el conocimiento del asunto, como es el sentido en que la Corte decidirá este conflicto.
Quizá no esté de más advertir, y esto con el propósito de evitar futuras dilaciones, que, auncuando la nulidad que se declaró no lo afectó expresamente, la nueva situación impone un estudio del diligenciamiento previo que se cumplió en orden a la notificación de la existencia del crédito.
Decisión
Basten estas breves consideraciones para que la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria, decida que el competente para avocar el conocimiento del referido proceso es el primero civil municipal de Santafé de Bogotá, adonde será remitido inmediatamente el expediente contentivo del mismo, al tiempo que se entere de lo decidido al juzgado de Machetá.
Notifíquese
JORGE SANTOS BALLESTEROS
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS
PEDRO LAFONT PIANETTA
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
RAFAEL ROMERO SIERRA