CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA



Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra


Santafé de Bogotá D. C., tres (3) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998).-



                       Ref: Expediente No. 7094

                       Decídese sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 31 de marzo de 1997, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá en este proceso ordinario de Julio César Romero Granados contra Herminia Garzón Vda. de Medina.


                               Antecedentes


                       1.- La parte demandada interpuso recurso de casación  contra la  sentencia de  31 de marzo de 1997 y solicitó simultáneamente la  suspensión del cumplimiento de la sentencia,  con  miras  a   lo  cual   pidió al  Tribunal fijar  caución "que garantice los perjuicios que dicha decisión cause a la parte contraria".


                       2.- Una vez justipreciado el interés para recurrir, mediante proveído de 22 de octubre de 1997 el Tribunal concedió el recurso y dispuso que mediante póliza de compañía de seguros, en el término de diez días prestase el impugnante caución por suma de  $16'000.000.


                       3.- En  término, interpuso el interesado reposición contra el precedente auto, solicitando se disminuyese la cuantía  de la caución,  aduciendo lo gravoso que para su patrimonio ésta resultaba.  Y en escrito separado presentado el mismo día, solicitó se complementara esa providencia indicando "las copias sobre las cuales debe versar el recurso de casación… a fin de sufragar las expensas necesarias,  de conformidad al Art. 371 del C.P.C."


                       A lo que respondió el Tribunal negativamente en providencia  calendada el 19 de diciembre de 1997 y notificada por estado el 15 de enero de 1998, así:  en cuanto  a la  reposición porque conforme al artículo 348 del estatuto procesal, ese recurso "en ningún caso está previsto para oponerse a los autos de Sala" y en lo atinente a las copias,  en razón de que  teniendo como finalidad la caución ofrecida la suspensión de la sentencia, hacíanse ellas  innecesarias.  


                       Y el 9 de febrero del año en curso, el recurrente presentó memorial desistiendo de su solicitud de suspensión del cumplimiento del fallo e impetrando en cambio copias para la ejecución del mismo.  A lo que accedió el ad quem,  en la consideración de que la petición se había formulado antes del vencimiento  previsto para constituir la garantía.  Ordenó en consecuencia expedir las copias, cuyo costo  sufragó oportunamente el interesado.


                               Consideraciones


                       1.- Es principio consagrado positivamente en el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil el de que salvo en   tratándose de sentencias que versen exclusivamente sobre el estado civil de las personas, o  meramente declarativas o que hayan sido recurridas por ambas partes, la concesión del recurso de casación no impide la ejecución del fallo, lo que se hará efectivo  por el Juez  de primer grado con vista en las copias que para tal efecto se le han de remitir. Suaviza no obstante la ley el rigor del anotado principio, al introducir  la posibilidad de que el recurrente obtenga  la suspensión de esa  ejecución  prestando caución para  garantizar  los perjuicios que al así  proceder llegue a ocasionar a la parte favorecida con la sentencia.


                       Pero así como el legislador otorga al impugnante la aludida facultad, igualmente le impone la carga de hacer el ofrecimiento de la garantía  dentro del término para interponer el recurso, amén de que debe prestarla en el improrrogable término de diez días contados desde la notificación del auto en que el Tribunal fije el monto y la naturaleza de ella, esto último "so pena de que se declare desierto el recurso", como perentoriamente lo estipula el artículo 371 ejusdem.


                       2.- El precedente tema y específicamente las consecuencias que para el recurrente genera el incumplimiento de las  referidas cargas procesales, ha sido estudiado reiteradamente por esta Corporación.


                       Así, en proveído de 6 de febrero de 1995 se expresó que " (…) si estaba ordenada la caución que suplicó (el impugnante), ya no le queda actitud distinta y valida a la de prestarla,  a menos que quisiera soportar las consecuencias adversas(…).  No está  por  tanto dentro del talante del recurrente prestarla o no, ni siquiera renunciando a la suspensión que de la  ejecución ya había obtenido. La ley fue tajante al respecto, pues estatuyó que ordenada la caución, ésta  'deberá'  prestarse en el término de los diez días que allí se menciona 'so pena de que se declare desierto el recurso ". (Se destaca)


                       Y  recientemente, en  auto de 21 de octubre de 1997,  ratificó la Sala esa posición cuando dijo que "una vez ejecutoriada la providencia que determina la naturaleza y cuantía de la garantía que el litigante debe prestar (…)  gravita sobre él una verdadera carga procesal,  cuya inobservancia le acarrea la pérdida inmediata de la posibilidad del recurso "desenlace éste en el que no se atisba, ni por asomo sacrificio alguno de derecho sustancial en obsequio desmedido a las formas procesales, pues de lo que se trata es de rendir tributo a la seguridad y certeza de los procedimientos,  desterrando de él las condiciones antojadizas de las partes (auto del 26 de septiembre de 1997 ".


                       El principio pues es muy claro: determinados definitivamente  por el  Tribunal el monto y naturaleza de la caución en comento, no  queda al recurrente opción diferente a la de constituirla, que si no lo hace, debe asumir   las adversas consecuencias que tal omisión  le acarreará.


                       3.-  Y lo cierto es que en  el presente caso  ofreció  el impugnador caución para evitar el cumplimiento de la sentencia,  pero una vez hubo el tribunal determinado en forma definitiva su cuantía y naturaleza,  se abstuvo de prestarla. La consecuencia que tal actitud  implica, ya se conoce : el recurso extraordinario debe declararse desierto.


                       Ahora,  es verdad, según se dejó resumido,  que  dentro del termino de ejecutoria del auto que estableció  la garantía en cuestión, protestó el interesado su cuantía,  implorando su rebaja y solicitando inclusive copias para el cumplimiento del fallo.  Este recurso, como se sabe,  resultó impróspero,  e igual cosa acaeció  con la petición de copias para ejecutar la sentencia, esto último debido a  la obvia contradicción que entrañaba  pretender simultáneamente el cumplimiento y la suspensión de la misma.


                       Fue así como lo relativo a la caución adquirió finalmente firmeza. La notificación del auto del  Tribunal al respecto se surtió por estado el 15 de enero de 1998 y  en el término de su ejecutoria nada manifestó el recurrente en el punto;  por el contrario, silenciosamente dejó pasar el tiempo y el 29 de enero de 1998, el último de los diez días que tenía para constituir la garantía,  vino, ahí sí, a exteriorizar su desistimiento  de la pretensión  de suspensión de ejecución de la sentencia y  a impetrar las copias  para que la misma se cumpliera. A destiempo desde luego, cuando todo estaba consumado, pues según se dejó estudiado, no le era posible renunciar a su intención inicial de suspender la ejecución del fallo sin admitir  la adversa consecuencia que para   eventos  tales  prevé la ley.    


                       4. Subsecuentemente,  ha debido el Tribunal declarar desierto el recurso de casación; como no lo hizo, siendo deber de la Corte examinar la legalidad de la actuación correspondiente, le corresponde proceder en tal sentido, visto que, se reitera, la renuncia que a la suspensión del cumplimiento de la sentencia  exteriorizara el impugnante careció de la eficacia que la instancia  le concedió,  por lo que la impugnación  llegó a la Corte en estado de deserción.


DECISION


                       En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y Agraria Resuelve:        

 

                       Declarar desierto el recurso de casación interpuesto por el demandado contra la sentencia de 31 de marzo de 1997 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá en el proceso ordinario de que se da noticia al comienzo de este proveído.


                       Cópiese, notifíquese y devuélvase  al Tribunal de origen.


NOTIFIQUESE





JORGE SANTOS BALLESTEROS





NICOLAS BECHARA SIMANCAS





JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES





CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS





PEDRO LAFONT PIANETTA





JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ





RAFAEL ROMERO SIERRA