CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra
Santafé de Bogotá D. C., tres (3) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998).-
Ref: Expediente No. 7094
Decídese sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 31 de marzo de 1997, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá en este proceso ordinario de Julio César Romero Granados contra Herminia Garzón Vda. de Medina.
Antecedentes
1.- La parte demandada interpuso recurso de casación contra la sentencia de 31 de marzo de 1997 y solicitó simultáneamente la suspensión del cumplimiento de la sentencia, con miras a lo cual pidió al Tribunal fijar caución "que garantice los perjuicios que dicha decisión cause a la parte contraria".
2.- Una vez justipreciado el interés para recurrir, mediante proveído de 22 de octubre de 1997 el Tribunal concedió el recurso y dispuso que mediante póliza de compañía de seguros, en el término de diez días prestase el impugnante caución por suma de $16'000.000.
3.- En término, interpuso el interesado reposición contra el precedente auto, solicitando se disminuyese la cuantía de la caución, aduciendo lo gravoso que para su patrimonio ésta resultaba. Y en escrito separado presentado el mismo día, solicitó se complementara esa providencia indicando "las copias sobre las cuales debe versar el recurso de casación… a fin de sufragar las expensas necesarias, de conformidad al Art. 371 del C.P.C."
A lo que respondió el Tribunal negativamente en providencia calendada el 19 de diciembre de 1997 y notificada por estado el 15 de enero de 1998, así: en cuanto a la reposición porque conforme al artículo 348 del estatuto procesal, ese recurso "en ningún caso está previsto para oponerse a los autos de Sala" y en lo atinente a las copias, en razón de que teniendo como finalidad la caución ofrecida la suspensión de la sentencia, hacíanse ellas innecesarias.
Y el 9 de febrero del año en curso, el recurrente presentó memorial desistiendo de su solicitud de suspensión del cumplimiento del fallo e impetrando en cambio copias para la ejecución del mismo. A lo que accedió el ad quem, en la consideración de que la petición se había formulado antes del vencimiento previsto para constituir la garantía. Ordenó en consecuencia expedir las copias, cuyo costo sufragó oportunamente el interesado.
Consideraciones
1.- Es principio consagrado positivamente en el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil el de que salvo en tratándose de sentencias que versen exclusivamente sobre el estado civil de las personas, o meramente declarativas o que hayan sido recurridas por ambas partes, la concesión del recurso de casación no impide la ejecución del fallo, lo que se hará efectivo por el Juez de primer grado con vista en las copias que para tal efecto se le han de remitir. Suaviza no obstante la ley el rigor del anotado principio, al introducir la posibilidad de que el recurrente obtenga la suspensión de esa ejecución prestando caución para garantizar los perjuicios que al así proceder llegue a ocasionar a la parte favorecida con la sentencia.
Pero así como el legislador otorga al impugnante la aludida facultad, igualmente le impone la carga de hacer el ofrecimiento de la garantía dentro del término para interponer el recurso, amén de que debe prestarla en el improrrogable término de diez días contados desde la notificación del auto en que el Tribunal fije el monto y la naturaleza de ella, esto último "so pena de que se declare desierto el recurso", como perentoriamente lo estipula el artículo 371 ejusdem.
2.- El precedente tema y específicamente las consecuencias que para el recurrente genera el incumplimiento de las referidas cargas procesales, ha sido estudiado reiteradamente por esta Corporación.
Así, en
proveído de 6 de febrero de 1995 se expresó que " (…) si estaba ordenada la caución que suplicó (el impugnante), ya no
le queda actitud distinta y valida a la de prestarla, a menos que
quisiera soportar las consecuencias adversas(…). No está
por tanto dentro del talante del recurrente prestarla o no, ni siquiera renunciando a la suspensión que de la ejecución
ya había obtenido. La ley fue tajante al respecto,
pues estatuyó que ordenada la caución, ésta 'deberá' prestarse
en el término de los diez días que allí se menciona 'so pena de que se
declare desierto el recurso ". (Se destaca)
Y recientemente, en auto de 21 de octubre de 1997, ratificó la Sala esa posición cuando dijo que "una vez ejecutoriada la providencia que determina la naturaleza y cuantía de la garantía que el litigante debe prestar (…) gravita sobre él una verdadera carga procesal, cuya inobservancia le acarrea la pérdida inmediata de la posibilidad del recurso "desenlace éste en el que no se atisba, ni por asomo sacrificio alguno de derecho sustancial en obsequio desmedido a las formas procesales, pues de lo que se trata es de rendir tributo a la seguridad y certeza de los procedimientos, desterrando de él las condiciones antojadizas de las partes (auto del 26 de septiembre de 1997 ".
El principio pues es muy claro: determinados definitivamente por el Tribunal el monto y naturaleza de la caución en comento, no queda al recurrente opción diferente a la de constituirla, que si no lo hace, debe asumir las adversas consecuencias que tal omisión le acarreará.
3.- Y lo cierto es que en el presente caso ofreció el impugnador caución para evitar el cumplimiento de la sentencia, pero una vez hubo el tribunal determinado en forma definitiva su cuantía y naturaleza, se abstuvo de prestarla. La consecuencia que tal actitud implica, ya se conoce : el recurso extraordinario debe declararse desierto.
Ahora, es verdad, según se dejó resumido, que dentro del termino de ejecutoria del auto que estableció la garantía en cuestión, protestó el interesado su cuantía, implorando su rebaja y solicitando inclusive copias para el cumplimiento del fallo. Este recurso, como se sabe, resultó impróspero, e igual cosa acaeció con la petición de copias para ejecutar la sentencia, esto último debido a la obvia contradicción que entrañaba pretender simultáneamente el cumplimiento y la suspensión de la misma.
Fue así como lo relativo a la caución adquirió finalmente firmeza. La notificación del auto del Tribunal al respecto se surtió por estado el 15 de enero de 1998 y en el término de su ejecutoria nada manifestó el recurrente en el punto; por el contrario, silenciosamente dejó pasar el tiempo y el 29 de enero de 1998, el último de los diez días que tenía para constituir la garantía, vino, ahí sí, a exteriorizar su desistimiento de la pretensión de suspensión de ejecución de la sentencia y a impetrar las copias para que la misma se cumpliera. A destiempo desde luego, cuando todo estaba consumado, pues según se dejó estudiado, no le era posible renunciar a su intención inicial de suspender la ejecución del fallo sin admitir la adversa consecuencia que para eventos tales prevé la ley.
4. Subsecuentemente, ha debido el Tribunal declarar desierto el recurso de casación; como no lo hizo, siendo deber de la Corte examinar la legalidad de la actuación correspondiente, le corresponde proceder en tal sentido, visto que, se reitera, la renuncia que a la suspensión del cumplimiento de la sentencia exteriorizara el impugnante careció de la eficacia que la instancia le concedió, por lo que la impugnación llegó a la Corte en estado de deserción.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y Agraria Resuelve:
Declarar desierto el recurso de casación interpuesto por el demandado contra la sentencia de 31 de marzo de 1997 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá en el proceso ordinario de que se da noticia al comienzo de este proveído.
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.
NOTIFIQUESE
JORGE SANTOS BALLESTEROS
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS
PEDRO LAFONT PIANETTA
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
RAFAEL ROMERO SIERRA