CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Santafé de Bogotá, D. C., tres (3) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998)
Referencia: Expediente No. 7205
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Apulo (Cund.) y el Juzgado Once de Familia de Santafé de Bogotá, dentro del proceso de alimentos seguido por la menor GINA PAOLA VILLALBA CONTRERAS, representada por su señora madre MAGDALENA CONTRERAS HERNANDEZ, contra OSCAR VILLALBA BERMUDEZ.
ANTECEDENTES
1.- Verbalmente MAGDALENA CONTRERAS HERNANDEZ formuló demanda contra OSCAR VILLALBA BERMUDEZ, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Apulo (Cund.), para pedir el incremento de la cuota alimentaria correspondiente a la menor GINA PAOLA, hija de ambos y domiciliada en ese municipio.
2.- A esa demanda se le imprimió el trámite a que alude el Código del Menor, de manera que una vez admitida y corrido el traslado respectivo se citó a las partes a audiencia de conciliación, la que se llevó a efecto el 5 de noviembre de 1993.
3.- En esa audiencia las partes acordaron entre otras, que en lo sucesivo la cuota alimentaria sería de $20.000, incrementados año tras año conforme al aumento del salario mínimo legal dispuesto por el Gobierno Nacional, para pagar dentro de los primeros cinco días de cada mes, mediante consignación en la cuenta de depósitos judiciales del Juzgado.
4.- El anterior acuerdo fue aprobado por el Juzgado mediante auto de la fecha, con la advertencia que el acta contentiva de la audiencia presta mérito ejecutivo a tono con el artículo 147 del Código del Menor.
5.- Posteriormente la madre de la menor, a través de escrito de 5 de diciembre de 1997 (Fl. 23 cuaderno del Juzgado), solicita el aumento de la cuota alimentaria e informa que “... la menor se va ha (sic) estudiar a Bogotá”.
6.- El Juzgado admite a trámite esa solicitud dentro del mismo expediente, ordenando la notificación del auto y el traslado al demandado por el término de cuatro días, hecho que se cumplió el 4 de marzo del corriente año.
7.- El Juzgado citó de nuevo a las partes a conciliación el día 17 de abril, y dentro de la audiencia a la cual asistió únicamente el demandado, allí manifestó que la menor entonces se hallaba domiciliada en Bogotá.
8.- Con base en esa información la señora Juez Promiscuo Municipal de Apulo (Cund.) en auto de esa fecha se declaró incompetente para seguir conociendo del proceso, ordenando consecuencialmente el envío del expediente a los señores jueces de familia de Santafé de Bogotá.
9.- Por reparto correspondió conocer a la señora Juez Once de Familia, quien a su vez se declaró incompetente, argumentando que conforme al principio de la perpetuatio jurisdictionis no es posible cambiar la radicación del proceso, dando lugar al conflicto negativo de competencia que la Corte resuelve.
CONSIDERACIONES
1.- Como es suficientemente conocido, de manera general la competencia por razón del territorio en los procesos contenciosos corresponde al juez del domicilio del demandado, conforme a lo preceptuado por el artículo 23 - 1 del C. P. C., empero, en virtud de la protección especial que ha de darse por el Estado a los menores, el legislador estableció que los procesos a que se refiere el artículo 8° del Decreto 2272 de 1989, entre los que se encuentra el de alimentos, serán de competencia del juez que corresponde al “domicilio del menor” demandante, precisamente por cuanto de esta manera, se le garantiza con mayor eficacia el derecho de acceso a la justicia en la perspectiva que esta resuelva su pretensión.
2.- Conforme al principio de la perpetuatio jurisdictionis, una vez radicado el conocimiento de un proceso en determinado despacho judicial, resulta inadmisible trasladarlo a otro en razón del cambio de domicilio de las partes, pues de aceptarlo, tornaría la competencia en trashumante, sujeta al vaivén de los sucesivos cambios de domicilio o residencia de aquellas en el territorio nacional.
3.- No obstante, en relación con la demanda para la revisión de la cuota alimentaria fijada, ha dicho esta Corporación que “... al tenor de lo establecido al art. 139 del Decreto 2737 de 1989 (denominado Código del Menor), artículo que independiza el proceso inicial de alimentos de la demanda para la revisión de los fijados, no solo porque deja de lado el trámite simplemente incidental previsto en el artículo 24 de al Ley 1a. de 1976, para ordenar un trámite igual al de la demanda de fijación, sino también porque no dispone, ni lo dispone ningún otro artículo de dicho Código, que la modificación tenga que ser hecha por el mismo juez,....” (auto de 11 de septiembre de 1991), cuestión que dicho sea de paso, implica que cuando aquélla se adelante mediante el proceso autónomo autorizado para tal efecto, el juez del conocimiento será el del domicilio actual del menor demandante, acompasando con las normas arriba mencionadas.
4.- Aplicando esta nociones al presente caso, la Corte concluye que corresponde a la señora Juez Promiscuo Municipal de Apulo (Cund.) y no a la señora Juez Once de Familia de Santafé de Bogotá, seguir conociendo de este proceso, por las razones que a continuación se expresan:
4.1. El proceso para la fijación de la cuota alimentaria correspondió al Juzgado Promiscuo Municipal de Apulo (Cund.) por cuanto que para le época en que se presentó la demanda, la menor GINA PAOLA tenía su domicilio en aquél lugar, cuestión que resultaba acorde con las normas que regulan la competencia en este tipo de procesos.
4.2.- La progenitora de la menor solicitó el aumento de esa cuota a través del escrito visible al folio 23 del cuaderno del Juzgado, sin que con ello pretendiera mover un proceso nuevo e independiente con tal fin, pues el memorial contentivo de tal solicitud lejos está de ser la demanda capaz de edificarlo.
4.3.- Ante esa realidad, la señora Juez Once de Familia de Santafé de Bogotá no podía asumir el conocimiento del proceso puesto que, se repite, no se hallaba frente a uno nuevo y autónomo dirigido a revisar la cuota alimentaria a instancia de la menor, porque de haberlo avocado, hubiese desconocido el principio de la perpetuatio jurisdictionis, que como se dejó dicho, constituye una barrera que impide el peregrinar del proceso tras el rastro del cambiante domicilio de las partes.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, RESUELVE:
DIRIMIR el conflicto de competencia suscitado entre los juzgados Promiscuo Municipal de Apulo (Cund.) y Once de Familia de Santafé de Bogotá en el proceso de alimentos promovido por la menor GINA PAOLA VILLALBA CONTRERAS, contra OSCAR VILLALBA BERMUDEZ, en el sentido de que su conocimiento corresponde al primero de l os despachos judiciales mencionados, y no al segundo.
En consecuencia, envíese el expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de Apulo (Cund.), y comuníquese lo aquí decidido al Juzgado Once de Familia de Santafé de Bogotá, para los fines pertinentes.
Notifíquese.
JORGE SANTOS BALLESTEROS
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS
PEDRO LAFONT PIANETTA
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
RAFAEL ROMERO SIERRA