CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra
Santafé de Bogotá D. C., tres (3) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998).-
Ref: Expediente No. 7204
Decídese el conflicto que en torno a la competencia para conocer del proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico promovido por José Saúl Roso contra Yolanda Acevedo Cabrera, enfrenta a los Juzgados Promiscuo de Familia de Mocoa -Putumayo- y Segundo Promiscuo de Familia de Florencia -Caquetá-.
Antecedentes
1.- El mencionado José Saúl Roso convocó a proceso verbal a la precitada demandada, con el objeto de que se decretase la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico que con ella contrajo el 18 de agosto de 1989, ceremonia celebrada, según el escrito incoativo, en la localidad de Puerto Leguízamo -Putumayo-.
2.- Fue presentada la demanda ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Mocoa (Putumayo), afirmándose allí que la demandada es vecina de ese Municipio y residenciada en Florencia, justificándose en dicho escrito la competencia, en razón de "la naturaleza del asunto"
3.- El Juez Promiscuo de Familia de Mocoa se declaró incompetente por el factor territorial para conocer del asunto, aduciendo que "revisada la demanda se constata que el domicilio de la demandada corresponde al Circuito de Florencia" y que es entonces al Juez Promiscuo de Familia de ese lugar a quien corresponde tramitar el presente proceso.
Pero la Juez Segundo Promiscuo de Familia de Florencia, apoyándose en el numeral 4o. del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, se declaró igualmente incompetente y provocó el conflicto que ahora procede a dirimir esta Corporación, cumplido como se halla el trámite de rigor.
Consideraciones
1.- Enfrenta este conflicto a dos juzgados de diferente distrito judicial, el uno de Mocoa -Putumayo- y el otro de Florencia -Caquetá-, razón por la que, conforme a lo dispuesto por los artículos 28 del Código de Procedimiento Civil y 16 de la ley 270 de 1996, corresponde a esta Sala desatarlo.
2.- La competencia, como es de todos conocido, es determinada por varios factores, uno de ellos el territorial, que es el que aquí cumple definir.
Sabido es asimismo que es el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil el que fija las pautas relativas a dicha competencia, sentando como regla general la de que el conocimiento de los asuntos contenciosos corresponde al juez del domicilio del demandado.
Mas el anterior principio opera, desde luego, sin perjuicio de la aplicación de otras normas que regulan la misma materia, tal el numeral 4o. del citado artículo 23, extensivo por mandato del artículo 12 de la ley 25 de 1992 a los procesos de 'cesación de efectos civiles', en donde se consagra un fuero concurrente para esta clase de asuntos, de manera que para tramitar los mismos "(…) será también competente el juez que corresponda al domicilio común anterior, mientras el demandante lo conserve".
3.- Ahora, si bien se mira la demanda introductoria del presente proceso, puede observarse cómo el actor en ninguno de los apartes de su escrito hace referencia al domicilio común anterior de los esposos, ni, por ende, alude a ese aspecto para radicar su demanda; es más, en el correspondiente acápite definió la competencia del juez en virtud "de la naturaleza del asunto", esto es, por razón de la materia, pero permaneció silencioso, en cambio, en lo concerniente al aspecto territorial.
Y es, en principio, en la demanda en donde debe el juez buscar los factores que en un comienzo le permiten definir la competencia; de suerte que, al no hacerse mención en tal escrito a la circunstancia prevista en el numeral 4o. de la mencionada norma, surge con evidencia que para definir el punto no queda más que acudir al principio general que rige la materia y de que se habló inicialmente, a saber, que es al juez del domicilio del demandado a quien corresponde el conocimiento de los asuntos contenciosos.
Así las cosas, y visto que en la demanda introductoria presentada ante el Juzgado de Familia de Mocoa -contrariamente a lo que leyó el juez de ese lugar- se afirma expresamente que la demandada es vecina de dicho Municipio, esto es, que tal es su domicilio -artículo 78 Código Civil-, a semejante aseveración, que bajo su responsabilidad hace la parte actora, habrá de estarse para efectos de definir la competencia en este momento procesal, y al mencionado Juzgado corresponderá en consecuencia conocer del presente proceso, determinación esta que, desde luego, se adopta sin perjuicio de las excepciones previas que al respecto pueda proponer la interesada.
Definido así el conflicto, ya para terminar vale la pena llamar la atención sobre la insólita circunstancia de que, de un lado, el Juez de Mocoa asegure, contrariando la realidad, que según la demanda es en la ciudad de Florencia en donde tiene su domicilio la demandada, y que a su turno, asimismo sin ningún fundamento, la Juez de Florencia asevere que, "Como se puede apreciar del contexto de la demanda y sus anexos, el demandante conserva el domicilio común anterior de la unidad matrimonial, que perduró seguramente hasta que la accionada se trasladó a la ciudad de Florencia…".
Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y Agraria, declara que el competente para conocer del presente proceso es el Juzgado Promiscuo de Familia de Mocoa, a quien se enviará de inmediato el expediente, comunicándole mediante oficio lo aquí decidido al otro juez involucrado en el conflicto, que así queda definido.
NOTIFIQUESE
JORGE SANTOS BALLESTEROS
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS
PEDRO LAFONT PIANETTA
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
RAFAEL ROMERO SIERRA