CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA



Magistrado Ponente: Dr. Rafael  Romero Sierra


Santafé de Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998).-



                       Ref: Expediente No. 7070

                       

                       Decídese sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 24 de julio de 1997,  proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla  -Sala Civil-Familia-  en el proceso ordinario de Jorge Luis Bilbao Ramírez contra Aseguradora Colseguros S. A.



Antecedentes


                       Por la mentada sentencia se confirmó la que había clausurado la primera instancia del referido proceso,  la misma que condenó a la demandada a pagarle al actor varias sumas de dinero. 


                       Concedida la casación que entonces interpuso la aseguradora,   -que también había sido la apelante de la de primer grado-,  y arribado el expediente a esta Corporación,  fue menester devolverlo al tribunal de origen al comprobarse que omitió pronunciarse sobre la caución que el recurrente había solicitado que se fijase con el ánimo de atajar el cumplimiento de la decisión impugnada.


                       Atendiendo la caución que en acato de ello fijó el tribunal,  la impugnante presentó una póliza de seguros (folio 68,  cuaderno 2),  la cual estimó suficiente el juzgador y así ordenó la nueva remisión del expediente.  Cumple ahora reexaminar la situación en orden a determinar la admisibilidad de la impugnación extraordinaria.


Consideraciones


                       Aunque suficientemente conocido,  recuérdese una vez más que la parte victoriosa en las instancias no ha de sufrir desmedro por el simple hecho de que su adversario impugne en casación,  y,  en consecuencia,  le asiste derecho a que la decisión se cumpla por lo pronto.  Excepcionalmente podrá obtener el impugnante que la fuerza compulsiva del fallo sea diferida,  en tanto que garantice el resarcimiento de los eventuales perjuicios causados por la demora al respecto,  garantía que se cristaliza con la prestación de la caución a que refiere el artículo 371 del código de procedimiento civil,  en su quinto inciso.


                       Naturalmente que si el impugnante aspira a tal dilación,  lo cual,  repítese,  constituye una excepción,  más que adecuar,  ha de ceñir su conducta al estricto cumplimiento de la susodicha carga procesal;   por sobre todo,  que la caución que otorgue cumpla con la teleología anunciada,  vale decir,  que efectivamente asegure el eventual pago de perjuicios.  Huelga acotar que en punto de cargas procesales no hay sitio para el obrar antojadizo y,  por lo tanto,  no se pueden satisfacer de cualquier modo.  Por tratarse de un asunto en el que reina el derecho estricto,  no hay opción distinta a la de constituirla con el rigor y apego de los términos de ley,  so pena de que la consecuencia adversa que por antonomasia entrañan devenga indefectiblemente.      


                       La marcada énfasis sobre el particular tiene por fin destacar cómo en la ocurrencia de autos,  el impugnante,  si bien presentó una póliza de seguros al tribunal,  ésta no allana el fin que se propone,  pues al leerse en ella que fue expedida para “garantizar el pago del crédito y las costas dentro de los 3 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que desestime las excepciones,  o del auto que acepte el desistimiento de ellas,  o de la sentencia que ordene llevar adelante la ejecución,  según fuere el caso.  Art. 519 C. de P. C.”,  está poniendo de manifiesto que el objeto garantizado tendría que ver con un proceso ejecutivo,  del todo extraño al trámite de esta impugnación extraordinaria,  y que no asegura,  por lo tanto,  el pago de los precisos perjuicios que la suspensión del fallo,  mientras se decide la casación, “cause a la parte contraria incluyendo los frutos civiles y naturales que puedan percibirse durante aquélla”,  que es lo que reclama el inciso 5º del art. 371 del mismo cuerpo normativo.


                       Tal falencia hiere profundamente el cumplimiento de la carga procesal,  al extremo que cabe decir con rigor,  lo cual es imperativo según viene de elucidarse,  que presentar un póliza que aluda a un objeto distinto de aquel que fue exigido,  es tanto como no prestarla.  No se trata acá,  en efecto,  de una irregularidad de poca monta,  toda vez que refiere a la quintaesencia misma de la garantía;   el caso es que,  en condiciones semejantes,  el casacionista tendría la envidiable comodidad de paralizar el cumplimiento del fallo sin garantizarle nada a su contraparte victoriosa.


                       La constitución de dicha garantía debe estar rodeada de la precisión necesaria para que no se malogre el norte finalísitico que con ella se persigue,  tal cual se hizo ver en fresca decisión de esta Sala,  en tesis tanto más aplicable al caso que ahora se controvierte,  pues si entonces se estimó que “la caución que no satisfaga el monto que ha sido fijado por auto ejecutoriado del tribunal,  como cuando es inferior o irrisoria”,  es un “remedo de caución” (proveído de 7 de julio de 1998,  recaído en el expediente No. 7219),  qué no decir en el evento en que,  como en el ahora analizado,  los posibles perjuicios no se garantizan ni siquiera en mínima medida,  sencillamente porque,  itérase,  el objeto de la póliza es del todo diferente del que se exigió garantizar.


                       Por modo que el tribunal,  amén de haber omitido inicialmente el pronunciamiento sobre la fijación de la caución que se había solicitado,  desacertó nuevamente cuando pasó por alto la notoria irregularidad de que adolece la póliza que le fuera presentada, pues sin esta nueva pretermisión hubiera acatado las voces del artículo 371 (parte última del 5° inciso) declarando desierto el recurso, sobre la base, como se dijo hace poco,  de que  prestar una póliza que nada garantiza,  equivale, en estrictez jurídica, a no presentarla.


                       Y como la Corte recibe un recurso que en realidad se encuentra en estado de deserción,  habrá de inadmitirlo ahora,  como así lo declarará.


Decisión


                       En armonía con lo explicado,  la Corte Suprema de Justicia,  Sala de Casación Civil y Agraria,  inadmite el recurso de casación referido en el comienzo de esta providencia  y,  por ende,  lo declara desierto.


Notifíquese




JORGE SANTOS BALLESTEROS




NICOLAS BECHARA SIMANCAS




JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES




CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHOLSS




PEDRO LAFONT PIANETTA




JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ


               


                       RAFAEL ROMERO SIERRA