CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Magistrado Ponente:
DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
Santafé de Bogotá Distrito Capital, treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Ref: Expediente No. 7232
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por una de las demandadas y algunos de los demandantes, contra la sentencia del 9 de febrero de 1998, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué dentro de los procesos acumulados adelantados por SEGUNDO FLORENTINO PARADA y otros, cuyos nombres más adelante se precisarán, contra la SOCIEDAD TRANSPORTES RAPIDO TOLIMA S.A., y otros.
ANTECEDENTES
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué aprehendió conocimiento de la demanda en virtud de la cual FERNANDO y MARIELA QUIROGA BETANCOURT y DEICY y LUZ AMPARO MOSQUERA BETANCOURT, reclamaron frente a la sociedad TRANSPORTES RAPIDO TOLIMA S. A., la indemnización de los perjuicios morales y materiales que sufrieran por causa del fallecimiento de su progenitora ROSARIO BETANCOURT DE QUIROGA.
2. En el mismo Juzgado venía tramitándose con antelación, el proceso ordinario adelantado contra la mencionada empresa y los señores JOSE HUMBERTO SOLANO GONZÁLEZ, en calidad de conductor del automotor accidentado y HUMBERTO TRIANA PALACIOS, de quien se dijo era su propietario, por SEGUNDO FLORENTINO PARADA, EDGAR ENRIQUE, OSCAR y JACQUELINE PARADA BEJARANO y JOSE LUIS LASPRILLA RAMIREZ, quienes, a su vez, buscaban el resarcimiento de los perjuicios que el fallecimiento de sus familiares MARIA DEL CARMEN BEJARANO, ADRIANA GARCIA, NUBIA ESPERANZA PARADA y PAOLA ANDREA LASPRILLA les ocasionaron.
3. Cursaba, igualmente, en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa misma ciudad un proceso de similar temperamento adelantado contra la sociedad transportadora y el prenombrado conductor por MARIA NUBIA FRANCO FRANCO, VICTOR MANUEL RODRIGUEZ, LUZ HELENA RODRIGUEZ FRANCO y MARIA HELENA FRANCO DE FRANCO, cuya demanda fue oportunamente reformada para darle cabida al demandante LUIS JAVIER RODRIGUEZ FRANCO.
4. Por petición de la empresa transportadora, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué ordenó, previa tramitación del incidente pertinente, la acumulación de todos esos procesos, habiendo proferido sentencia parcialmente estimatoria de las pretensiones involucradas en cada uno, providencia que fue recurrida en apelación por algunas de las partes.
5. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué desató la alzada mediante providencia de 9 de febrero de 1998 en la que reformó algunos aspectos de la decisión recurrida en el sentido de condenar a la parte demandada al pago de las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios morales: “Primero: en favor de MARIA NUBIA FRANCO y VICTOR MANUEL RODRIGUEZ, la suma de $4’000.000, de pesos, para cada uno, por la muerte de sus hijas NUBIA YANETH y YEIME CATERINE RODRIGUEZ FRANCO. Segundo: En favor de LUZ ELENA RODRIGUEZ FRANCO, la suma de $4’000.000, de pesos, por la muerte de sus hijos LEIDY MARROQUIN RODRIGUEZ y ANDRES E. RODRIGUEZ. Tercero: En favor de MARIA ELENA FRANCO DE FRANCO, la suma de $2’000.000, de pesos, por la muerte de sus nietas NUBIA YANETH y YEIME CATERINE RODRIGUEZ FRANCO. Cuarto: En favor de JAVIER RODRIGUEZ FRANCO, LA SUMA DE $2’000.000, de pesos, por la muerte de sus hermanas mencionadas anteriormente. Quinto: En favor de SEGUNDO FLORENTINO EMILIANO PARADA, la suma de $6’000.000, de pesos, por la muerte de su esposa MARIA DEL CARMEN BEJARANO DE PARADA. Sexto: En favor de EDGAR ENRIQUE, OSCAR y YAKELINE (sic.) PARADA BEJARANO, la suma de $4’000.000, de pesos, para cada uno, por la muerte de su señora madre MARIA DEL CARMEN BEJARANO DE PARADA. Séptimo: En favor de JOSE LUIS LASPRILLA, la suma de $7’000.000, de pesos, por la muerte de su esposa LILIA ESPERANZA PARADA BEJARANO y de su hija PAULA ANDREA LASPRILLA BEJARANO. En lo demás, confirmó la sentencia recurrida que había impuesto una condena de $2,871.256 “como perjuicio material emergente” relacionado con el costo de los funerales de algunas de las víctimas.
6. Contra esta sentencia interpusieron el recurso de casación la sociedad demandada TRANSPORTES RAPIDO TOLIMA S. A., y el grupo de demandantes encabezado por MARIA NUBIA FRANCO, cuya demanda había sido inicialmente tramitada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito.
7. El Tribunal concedió el recurso propuesto por aquellas partes, no sin antes haber atendido el dictamen pericial que dispuso al respecto, absteniéndose, en todo caso, de ordenar la expedición de copias para el cumplimiento de la sentencia recurrida, omisión frente a la cual los interesados guardaron silencio.
S E C O N S I D E R A:
1. Parece oportuno acotar que mirada retrospectivamente la legislación nacional relacionada con los efectos en los que se concede el recurso extraordinario de casación, se advierte que ésta ha sido versátil y cambiante en la materia, al punto que, por ejemplo, lo que a la luz de la ley 105 de 1931 era un privilegio, pasó a convertirse en el decreto 1400 de 1970 en la norma general, por supuesto que mientras que aquella instituía solamente de manera excepcional el cumplimiento de la sentencia recurrida en casación, efecto para el cual reclamaba del interesado que así lo solicitase y que otorgase puntual y suficiente caución para responder por las restituciones a su cargo y por los perjuicios que llegare a causar, en el aludido decreto, por el contrario, acatando postulados de conveniencia y eficacia procesal, en la medida que la realidad mostraba que eran las menos las sentencias que se casaban, optó el legislador por consagrar el efecto devolutivo de la casación como regla general y solo de manera excepcional la suspensión de los efectos de las sentencias recurridas.
En la actualidad, para garantizar el cumplimiento del fallo impugnado, cuando a ello haya lugar, el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil, reformado por el decreto 2282 de 1989, le impuso al recurrente la carga de suministrar lo necesario para que se expidan las copias que a juicio del Tribunal aseguren el cabal ejercicio de los derechos del vencedor, y en el evento en que se omita tal pronunciamiento, apremia al interesado para que lo impetre, a riesgo de ver frustrada la impugnación por no hacerlo, pues ha sido tal el celo del legislador en la materia, que no solo le asignó al Tribunal la potestad de declarar desierto el recurso cuando se elude el referido imperativo, sino que, además, el artículo 372 ibídem le atribuyó a la Corte la facultad de inadmitirlo cuando "...no se hayan expedido las copias en el término a que se refiere el artículo 371...", sin distinguir si el incumplimiento de la apuntada carga obedeció a que el recurrente no la satisfizo tempestivamente, o a que no deprecó del Tribunal el señalamiento pertinente.
2. No hay lugar, empero, al cumplimiento de la sentencia cuestionada, cuando ésta “verse exclusivamente sobre el estado civil de las personas; cuando se trate de sentencia meramente declarativa; y cuando haya sido recurrida por ambas partes” (artículo 371 ejusdem), evento este último que debe entenderse en su cabal sentido, es decir, que habrá lugar a la suspensión de la misma cuando la impugnan los extremos de la relación obligatoria que la sentencia atribuye, valga decir, tanto los beneficiarios de las condenas en ella impuestas como el deudor agraviado con las mismas, de modo que si alguno de aquellos no recurre en casación, hay lugar al cumplimiento de las prestaciones a su favor y, subsecuentemente, a la expedición, a expensas del recurrente, de las copias pertinentes, siempre y cuando, obviamente, se trate de vínculos jurídicos autónomos e independientes.
En el asunto que ahora se examina, se tiene que por causa de la acumulación de procesos oportunamente decretada, las pretensiones que los diversos demandantes involucraron frente a los demandados, no dejaron de ser autónomas entre sí, situación que despunta, entonces, en que son, igualmente, heterogéneas e independientes las distintas relaciones obligatorias impuestas en la sentencia impugnada en favor de aquellos; de modo que, habiendo recurrido en casación la empresa transportadora demandada, deudora de las prestaciones atribuidas en la sentencia en favor del grupo de demandantes conformado por MARIA NUBIA FRANCO FRANCO, VICTOR MANUEL RODRIGUEZ, LUZ HELENA RODRIGUEZ FRANCO, MARIA HELENA FRANCO DE FRANCO y LUIS JAVIER RODRIGUEZ FRANCO, quienes, también, recurrieron la aludida providencia, entre estos impugnantes opera la suspensión del cumplimiento de la misma.
No obstante, como quedaron al margen del recurso otros demandantes en cuyo favor se impusieron varias condenas, quienes, como se ha dicho, se abstuvieron de impugnar la sentencia, es innegable que éstos tienen derecho a exigir su cumplimiento, pues los sendos recursos interpuestos por algunos interesados, no aparejaron frente a ellos la suspensión de la sentencia recurrida, por lo que se impone su ejecución, previa expedición de las copias a que hubiese lugar. Y como quiera que el Tribunal se abstuvo de adoptar una determinación en tal sentido, al paso que la parte recurrente se aquietó ante esa omisión, tórnase patente que el recurso habrá de inadmitirse frente a los demandantes no recurrentes en casación, para quienes, subsecuentemente, la sentencia adquiere ejecutoria y se hace ejecutable por los medios pertinentes.
En ese orden de ideas, habrá de admitirse el recurso de casación propuesto por el grupo de demandantes conformado por MARIA NUBIA FRANCO FRANCO, VICTOR MANUEL RODRIGUEZ, LUZ HELENA RODRIGUEZ FRANCO, MARIA HELENA FRANCO DE FRANCO y LUIS JAVIER RODRIGUEZ FRANCO, y el interpuesto por la mencionada empresa demandada, pero, en este caso, únicamente respecto de los citados demandantes; por supuesto que frente a los demás habrá de declararse desierto.
D E C I S I O N
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y Agraria RESUELVE:
PRIMERO: Es admisible el recurso de casación propuesto por los demandantes MARIA NUBIA FRANCO FRANCO, VICTOR MANUEL RODRIGUEZ, LUZ HELENA RODRIGUEZ FRANCO, MARIA HELENA FRANCO DE FRANCO y LUIS JAVIER RODRIGUEZ FRANCO, y el interpuesto por la empresa demandada, Sociedad TRANSPORTES RAPIDO TOLIMA S.A.”, pero en este caso, únicamente frente a los susodichos demandantes, contra la sentencia del 9 de febrero de 1998, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué, dentro de los procesos acumulados cuyas referencias ya se han apuntado.
En consecuencia, queda en primer lugar el negocio en traslado a los demandantes, por el respectivo término legal, para que presentan la demanda de casación pertinente.
Tramitada su impugnación, se diligenciará el recurso de la sociedad demandada.
SEGUNDO: Declárase INADMISIBLE y por consiguiente desierto el recurso extraordinario de casación interpuesto por la mencionada sociedad demandada, frente a los demás demandantes que no recurrieron en casación, respecto de quienes el recurso se declara desierto y, por ende, la sentencia ejecutoriada.
Notifíquese.
JORGE SANTOS BALLESTEROS
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS
Referencia: Expediente No. 7232
PEDRO LAFONT PIANETTA
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
RAFAEL ROMERO SIERRA