CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA



Magistrado Ponente:

Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ



Santafé de Bogotá, D. C., catorce  (14) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998)


Referencia: Expediente No. E-4802


Decídese lo pertinente en relación con la actuación de exequatur seguida por JHON PAUL MURPHY TRUSTEE contra ALBERTO DUQUE RODRIGUEZ.


ANTECEDENTES


1.- Mediante demanda presentada el 11 de enero de 1994, el citado JHON PAUL MURPHY TRUSTEE solicitó a esta Corporación, por conducto de apoderado, se conceda el exequatur en relación con la sentencia de 20 de julio de 1988, “proferida por la CORTE DE QUIEBRAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA EL DISTRITO SUR DE LA FLORIDA, en el caso No. 83-00903-BKC-TCB (ADV No. 88-0286-BKC-TCB-A)”, mediante la cual se condenó al señor ALBERTO DUQUE RODRIGUEZ, a pagar a su favor determinada cantidad de dinero, en dólares americanos.


2.- Admitido el libelo en auto de 21 de enero de 1994 (fol. 137), se ordenó darlo en traslado al demandado, lo mismo que al Ministerio Público.


2.1.- En oportunidad, concretamente el 15 de enero de 1994 (fols. 139-143), el ente fiscalizador lo contestó y señaló que “en cuanto a la admisión de la…solicitud de exequatur se reúnen los requisitos de Ley y por tanto se encuentra bien admitida, su prosperidad estará sujeta a lo que se prueba en el proceso”.  


2.2.- En cambio, la notificación personal del demandado se intentó por conducto de los Juzgados Segundo y Primero Civil del Circuito de Girardot. El despacho comisorio No. 06 (fols. 150-151), fue devuelto sin diligenciar por la primera dependencia judicial citada debido a que, según lo informó el notificador (fol. 155), el mencionado señor no aparecía relacionado en los listados del condominio donde se dijo residía. Lo mismo aconteció con la comisión No. 38, sólo que esta vez el empleado fue informado que no conocían al demandado ni sabían donde vivía.


3.- Fuera de la renuncia del poder y las diligencias realizadas para comunicar ese hecho al demandante, el expediente ha permanecido en secretaría desde el 22 de agosto de 1995, fecha de la notificación por anotación en estado de la última providencia, sin que la parte interesada lo haya impulsado.     


SE CONSIDERA:


1.- Siguiendo directrices del principio dispositivo, por regla general los procesos se inician mediante demanda de parte, regla que en lo concerniente a su impulso se invierte, para, según el principio inquisitivo, atribuirlo a los jueces (artículo 2º del C. de P. C.), salvo que, dada la variedad y multiplicidad lógica de los actos procesales enderezados todos a un fin común, como es la materialización del derecho sustancial, un estadio procesal no pueda adelantarse sin actividad de parte, por constituir su intervención un ineludible antecedente necesario del paso siguiente que aún de oficio el juez debe adelantar.


De manera que si el expediente permanece inactivo en secretaría por el tiempo determinado en la ley, en espera de un acto del demandante, para poder impulsarlo al acto procesal subsiguiente, es indudable que las cosas no pueden quedar en ese estado de manera indefinida, con claro desconocimiento de los principios procesales de eficacia y celeridad que gobiernan la administración de justicia, y en perjuicio porqué no de la parte contraria quien se vería avocada a soportar el capricho del actor cuando a bien tenga actuar, mientras en el entretanto tendría que estar atento a vigilar la actuación.


Como esa conducta no la tolera el orden legal, uno de los fenómenos que regula los efectos jurídicos del tiempo en la tramitación de un proceso, es precisamente la perención, instituto que, independientemente de las teorías que se han tejido acerca de su naturaleza jurídica, lo cierto es que tiende a extinguir anormalmente el proceso, frente al incumplimiento del demandante de actuar cuando así se lo exige la ley, con las consecuencias que ese comportamiento acarrea, tal como se prescribe en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.   


Si bien en esa materia no procedía actuar oficiosamente, sino que con ese propósito se requería petición del demandado, hoy día, en vigencia de la ley 446 de 1998, sobre descongestión, acceso y eficiencia en la justicia, resulta viable proceder de conformidad, en aplicación del principio inquisitivo, sin reparar si la parte convocada ha sido vinculada al proceso legalmente, al decir, en su artículo 19, que en “materia civil, una vez cumplidas las condiciones del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, el juez, aún de oficio, podrá decretar la perención del proceso o de la actuación, aunque no hayan sido notificados del auto admisorio todos los demandados o citados”, aún “cuando la actuación pendiente esté a cargo de ambas partes”.


2.- En ese orden, en el presente caso procede decretar la perención de la actuación, porque los requisitos para ello se encuentran reunidos a cabalidad. En efecto, como se dijo, el expediente ha estado inactivo en secretaría por tiempo superior al exigido en la ley, seis meses, contados desde el 22 de agosto de 1995, fecha de notificación de la última providencia; el trámite a seguir requiere la intervención necesaria de la parte demandante, sin la cual no es posible arribar a la etapa subsiguiente; y, por último, no se trata de uno de los asuntos en que por disposición legal no procede aplicar dicho instituto (artículo 346, inciso 5º, citado).


Sobre el segundo presupuesto cabe recalcar que admitida la demanda, es al demandante a quien corresponde la obligación procesal de proveer lo necesario para vincular al demandado, directamente o a través de un curador ad-litem, carga esta que, como quedó consignado, no ha cumplido la parte actora y que por obvias razones la administración de justicia no puede suplir. Desde luego, esa actividad es de cardinal importancia porque persigue brindarle a la parte pasiva, la oportunidad de ejercitar su legítimo derecho de defensa, de donde se desprende que sin la presencia de ella no sería dable el desenvolvimiento del proceso.

3.- Así las cosas, debe decretarse la perención de la actuación y el archivo del expediente, sin que haya lugar a condenar en costas por no existir constancia de su causación a favor de la parte demandada.


DECISION


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria;


RESUELVE:


Primero: Decretar, de oficio, la perención de la actuación de exequatur seguida por JHON PAUL MURPHY TRUSTEE contra ALBERTO DUQUE RODRIGUEZ.


Segundo: Sin costas para ninguna de las partes.


Tercero: Archivar el expediente dejando constancia en los libros correspondientes.


NOTIFIQUESE Y CUMPLASE





JORGE SANTOS BALLESTEROS





NICOLAS BECHARA SIMANCAS





JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES



CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS





PEDRO LAFONT PIANETTA





JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ





RAFAEL ROMERO SIERRA