CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA




Santafé de Bogotá, D. C., veinticinco (25) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998)



Referencia: Expediente No. C-4724



Decídese la objeción formulada respecto de la liquidación de costas practicada por secretaría, en el proceso ordinario incoado por CONFECCIONES POGARD LTDA. contra CAMILO AKL MOANACK Y CIA. SOCIEDAD EN COMANDITA.



ANTECEDENTES



1.- Al no haberse casado la sentencia impugnada, la sociedad demandante, recurrente en casación, fue condenada a pagar las costas causadas con ocasión de dicho recurso, razón por la cual se señaló la suma de $4.000.000.oo por concepto de agencias en derecho, para que fuera incluida en la pertinente liquidación.

2.- Verificado dicho acto procesal, el recurrente, previa objeción, solicita “reducir las agencias en derecho al mínimo autorizado”, primero porque el fallo de casación no menciona ni sugiere ninguno de los argumentos que esgrimió la parte opositora, de donde se desprende que la “gestión realizada, la naturaleza del proceso, calidad y duración de la misma y demás circunstancias” (artículo 393, numeral 3º del C. de P. C.), “no permite un monto de tal naturaleza”. Y, segundo, por cuanto la tarifa de honorarios del Colegio de Abogados de Bogotá, aprobada mediante Resolución 3082 de 12 de diciembre de 1986 del Ministerio de Justicia y del Derecho, actualizada a 1994, prevé para la respuesta a la demanda de casación, una remuneración de $481.382.oo.



SE CONSIDERA



1.- Como se sabe, para la fijación de las agencias en derecho, cuya función es la de otorgar a la parte vencedora una razonable compensación económica por la gestión procesal que realizó, debe tenerse en cuenta las tarifas establecidas, con aprobación del Ministerio de Justicia y del Derecho, por el colegio de abogados del respectivo distrito, si lo hubiere, o de otro si allí no existiere.


2.- Con ese propósito, tal cual se tiene dicho1,  la Sala se debe guiar por la tarifa de honorarios establecida por el Colegio de Abogados de Bogotá, vigente desde el 12 de diciembre de 1986, por ser la que corresponde a este Distrito. En dicha tabla se señala para la oposición a la demanda de casación, un honorario mínimo de $100.000.oo, incrementado “cada año en la misma proporción en que se reajuste el salario mínimo más alto, en forma automática y simultánea con vigencia del ordenamiento que lo señale”. Sin embargo, cuando las tarifas establecen “solamente un mínimo”, el artículo 393, numeral 3º del C. de P. C., ordena tener en cuenta, además, “la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales”.


3.- En el presente caso, la parte demandante solicita reducir la suma señalada por concepto de agencias en derecho, al “mínimo autorizado”, vale decir, a la tasa mínima señalada en la tabla del Colegio de Abogados de Bogotá, debido a que la sentencia de casación no menciona ni sugiere ninguno de los argumentos expuestos por la parte demandada para oponerse a la prosperidad de dicho recurso.


Con todo, la petición del objetante no puede ser de recibo, no sólo porque la cuantía mínima a que alude se encuentra actualizada a 1994, no a 1998, sino porque sobre ese mínimo, obviamente con los reajustes correspondientes, debía ponderarse otros parámetros, como la naturaleza, calidad y duración de la gestión, así como la cuantía del proceso. Desde luego, la calidad de la labor desplegada, no se puede medir por haberse o no mencionado en la decisión, los argumentos esbozados por quien salió airoso en el recurso, o porque para calificarlos de tal, debieron coincidir con los puntos de vista expuestos por el juzgador, o al menos incidir en el resultado final.


Como la ley no establece directriz alguna para medir la calidad de un trabajo, en el caso concreto se tuvo en cuenta para señalar las agencias en derecho, partiendo obviamente de la base mínima, el hecho objetivo de la contestación, lo cual de por sí denota trabajo y ese esfuerzo merecía ser remunerado. Además, a ello se sumó no sólo la cuantía del interés para recurrir en casación, avaluado en $39.571.491.oo, el 14 de septiembre de 1993, sino el tiempo que transcurrió desde el 22 de noviembre de 1993, fecha de admisión del recurso, hasta su desenlace, lapso en el que la parte beneficiada con la condena, necesariamente hubo de estar pendiente de sus expectativas, al igual que quien resultó vencido, así las mismas no se hubieren manifestado en actos procesales concretos.


4.- Así las cosas, conjugados en forma objetiva todos esos factores, mas no el hecho aislado y escueto de haberse o no mencionado o sugerido en el acto procesal que desató el recurso, el contenido de la contestación de la demanda de casación, claramente se pone de presente que la suma señalada por concepto de agencias en derecho, se ajusta a las parámetros legales que regulan la materia, razón por la cual la liquidación de costas practicada debe ser aprobada sin modificación alguna



DECISION:


Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, APRUEBA, sin modificación alguna, la liquidación de costas practicada por secretaría en el proceso ordinario de CONFECCIONES POGARD LTDA. contra CAMILO AKL MOANACK Y CIA. SOCIEDAD EN COMANDITA



NOTIFIQUESE







JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ

Magistrado


1 Cfr. Autos de 2 de junio de 1993 y 1º de junio de 1994.