CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA


Santafé de Bogotá, D. C., septiembre diez (10) de mil novecientos noventa y ocho (1998)




Referencia: Expediente No. 7184


                       Provee el Despacho sobre la admisibilidad de la demanda por cuyo conducto se ejercita el recurso extraordinario de revisión, en relación con la sentencia proferida el 11 de enero de 1994 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala Civil-, dentro del proceso ejecutivo promovido por LEONOR LINARES DE MALAVER contra el FONDO ROTATORIO DE ADUANAS.



ANTECEDENTES


                       1.-        Expresa la demanda, entre otras muchas cosas, que LEONOR LINARES DE MALAVER, en su condición de cesionaria de los derechos litigiosos de la sociedad denominada “GENERICOS FARMACEUTICOS GENFAR LTDA.”, promovió proceso ejecutivo de mayor cuantía contra el FONDO ROTATORIO DE ADUANAS, por la obligación de hacer consistente en la entrega de “... 93 tambores que contenían 1276 kilos de ampicilina trihidrato y 1724 kilos de premezcla vitamínica para animales...”, o en su defecto, la compensación en dinero conforme al precio de esas mercancías, junto con los intereses moratorios causados desde cuando esa obligación se hizo exigible.


                       2.-        Presentó la demandante como título ejecutivo el auto dictado el 5 de septiembre de 1980 por el Juzgado Segundo Superior de Aduanas, confirmado el 9 de diciembre de 1991 por el Tribunal Superior de esa especialidad en aquel entonces, a través del cual se sobreseyó definitivamente a los investigados por el presunto delito de contrabando y se ordenó la entrega de esa “... mercancía o su precio al representante legal de GENFAR”.


                       3.-        Por reparto la demanda ejecutiva correspondió al Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Santafé de Bogotá y allí, una vez surtido el trámite respectivo, se profirió la sentencia de 26 de agosto de 1993 que ordenó seguir adelante la ejecución en la forma prevista en el mandamiento de pago.


                       4.-        Contra esa sentencia la entidad ejecutada formuló recurso de apelación y el Tribunal lo decidió a través de la sentencia de 11 de enero de 1994, revocando la decisión del a quo y declarando probada la excepción de fondo denominada “NO EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACION”.


                       5.-        La ejecutante vencida en aquel proceso, en la actualidad propone el recurso extraordinario de revisión, apoyada en las causales contenidas en los numerales 1, 6, 7, 8 y 9 del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, según demanda presentada el 22 de mayo del corriente año, la misma que se halla pendiente de admisión o rechazo, en la perspectiva del artículo 386 ib.


CONSIDERACIONES


                       1.-        Con vista a resaltar el carácter extraordinario del recurso de revisión, el inciso 1° del artículo 381 del Código de Procedimiento Civil señaló el término de dos años para interponerlo con respecto a las causales consagradas en los numerales 1, 6, 8 y 9 del artículo 380 ib., y en relación con el numeral 7° del mismo artículo dispuso que “... los dos años comenzarán a correr desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, con límite máximo de cinco años”, salvo que la sentencia deba ser inscrita en un registro público, porque en este caso “ ... los anteriores términos sólo comenzarán a correr a partir de la fecha de registro”.


                       2.-        En punto a esta última causal, cuando el recurrente invoca indebida representación, falta de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 140 ib., el “conocimiento” de la sentencia no tiene connotaciones especiales, ni está revestido de formalidad alguna, razón por la cual aquel lo obtienen las partes de un proceso desde su notificación, el cual queda en firme desde la ejecutoria de dicha sentencia. Pues “ese conocimiento en nada difiere del conocimiento que en forma general puede adquirirse, dado que la norma no requiere de una forma específica para obtenerlo. Se trata entonces de que se llegue a él por un medio idóneo que permita aprehender mentalmente el suceso y por consiguiente la noticia de su existencia, que inferida conduce según lo anotado a deducir igualmente el conocimiento de la sentencia atacada por conocer el proceso en el que ella se produjo, y ello debe entenderse dada la naturaleza del mismo, la trascendencia de la decisión esperada y naturalmente el directo interés de las partes .... lo que significa que hay que aceptar que ese conocimiento respecto a la sentencia, data de su pronunciamiento o cuando menos desde la notificación de ésta, y por consiguiente su ejecutoria marca el inicio del término para computar la caducidad” (Corte Suprema de Justicia, sentencia No. 030 de 25 de julio de 1997).


                       3.-        La presentación de la demanda fuera del término establecido con respecto a las causales aludidas trae como consecuencia la caducidad del recurso, cuestión que se torna trascendente cuando se trata de decidir sobre la admisibilidad de la demanda, pues su carácter de extraordinario se pone al descubierto, cuando la norma ordena que “Sin más tramite, la demanda será rechazada cuando no se presente en el término legal; ...”; postura que la Corte ha mantenido desde antaño al decir que “Siendo un término perentorio señalado por la ley para el ejercicio de una facultad o un derecho como el que corresponde al recurso extraordinario de revisión, una vez fenecido el plazo previsto para ello sin que el interesado lo haya ejercido, ha de entenderse que por ministerio de la ley, se ha producido la caducidad del derecho a formularlo. La Corte ha sostenido que la caducidad ‘está ligada con el concepto de plazo extintivo en sus especies de perentorio e improrrogable; el que vencido la produce sin necesidad de actividad alguna ni del juez ni de la parte contraria. De ahí que pueda afirmarse que hay caducidad cuando no se ha ejercita un derecho dentro del término que ha sido fijado por la ley para su ejercicio’ (Cas. Civ. de 19 de noviembre de 1976 T. CLII, pág. 505)” (Corte Suprema de Justicia, sentencia No. 030 de 25 de julio de 1997).


                       4.-        De acuerdo con las anteriores nociones de orden legal, considera el Despacho en el presente caso, la demanda ha de rechazarse según las razones que se expresan enseguida:


                       4.1.-        Para fundamentar el recurso la parte impugnante aduce las causales establecidas en el los numerales 1. 6. 7, 8 y 9 del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, de donde surge de inmediato que, excepto la del numeral 7°, las demás están sometidas al término de dos años para presentar la demanda, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia recurrida, so pena de declarar obligatoriamente la caducidad del recurso.


                       4.2.-        Con respecto a la causal contenida en el numeral 7°, tal como lo  establece la norma, el término de dos años para que opere la caducidad comienza a correr desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia haya tenido conocimiento de ella, cuestión que como se dejó visto, cuando se trata de las partes intervinientes del proceso ocurre cuando menos a partir del momento de su ejecutoria.


                       4.3.-        En el presente caso la sentencia recurrida en revisión fue proferida en proceso de ejecución de LEONOR LINARES DE MALAVER, hoy recurrente, contra el FONDO ROTATORIO DE ADUANAS. Ahora bien, dicha sentencia alcanzó ejecutoria el 25 de enero de 1994, pues proferida el 11 del mismo mes y año, se notificó a las partes por edicto que se desfijó el día 20 (fl. 59, cuaderno del Tribunal), incluyendo en ella a la ahora recurrente en revisión. Por su parte, la demanda,  conforme la atestación de la Secretaría (fl. 210 vto.), se presentó el 22 de mayo del año actual, transcurriendo entre una y otra fecha un lapso superior a los dos años, en todo caso suficiente para que se produzca la caducidad de las causales invocadas para sustentarlo, tal como debe reconocerse entonces, en obedecimiento al texto legal que arriba se analizó.


                       4.4.-        Y como la caducidad que emerge en este particular caso, en términos legales se traduce en el rechazo in limine de la demanda, ello no admite duda, pues basta con remitirse al diáfano texto del inciso 4° del artículo 383 del Código de Procedimiento Civil que así lo consagra.


DECISIÓN


                       Por lo expuesto, el suscrito magistrado sustanciador, RESUELVE:

                       1.-        RECHAZASE la demanda mediante la cual la señora LEONOR LINARES DE MALAVER, interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 11 de enero de 1994 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala Civil-, dentro del proceso ejecutivo que adelantó contra el FONDO ROTATORIO DE ADUANAS, por haber operado la caducidad respecto de las causales allí invocadas.


                       2.-        En consecuencia, devuélvanse los anexos sin necesidad de desglose.


                       3.-        Reconócese al doctor MANUEL JOAQUIN ARRIETA RODRIGUEZ, identificado con cédula No. 17’022.841 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 6184 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderado de la señora LEONOR LINARES DE MALAVER, de conformidad con el poder que obra al folio 1 del cuaderno de la Corte.


Notifíquese.





PEDRO LAFONT PIANETTA