CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA




Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra


Santafé de Bogotá,  D. C., veintiuno (21) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).-



                       Ref: Expediente No. 7262


                       Al abordar la Corte el análisis sobre la admisibilidad del recurso de casación que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín concedió a la parte demandada respecto de su sentencia de 20 de mayo de 1998,  recaída en el proceso ordinario de Juan Gabriel Sierra contra Gabriel Alfonso Moreno Ruiz,  encuentra que ello no es posible,  según los siguientes razonamientos:



                       Entre las cargas de quien recurre en casación está,  si es que el expediente ha de ser remitido a lugar diferente del que corresponde a la sede del juzgado o tribunal que concede la impugnación,  la de cancelar los respectivos portes de ida y regreso (artículo 132 del Código de Procedimiento Civil).  Y bastante conocido es que en punto de cargas procesales,  el recurrente “ha de ceñirse estrictamente a la reglamentación que de ellas haga la ley,  la que por su carácter indiscutiblemente procesal,  está dada por norma de imperativo cumplimiento”;  de tal suerte que,  tal y como lo tiene decantado la jurisprudencia,  cuando la ley “a más de imponer la carga,  establece la forma y el tiempo que debe cumplirse”,  excluye el arbitrio del litigante,  “a quien entonces no le queda manera de cumplirla útilmente de modo diverso” (Auto 038 de 14 de abril de 1988).



                       La anterior evocación jurisprudencial tiene el específico cometido de resaltar cómo en el presente caso no se allanó el recurrente a cumplir debidamente la carga pecuniaria en cuestión,  justamente en lo que concierne a la oportunidad del pago de los portes.  Pues resulta evidente que si el tribunal remitió el expediente a la Administración Postal mediante oficio que data del 1º. de julio de 1998,  el pago que de ello se hizo el 16 del mismo mes  -cosa que revela el correspondiente sello de la oficina postal respectiva-,  supera el término de diez días que para tal efecto consagró la norma en cita.  Y lo supera con creces teniendo en mira que si,  conforme a lo certificado por dicha Administración (folio 4 de este cuaderno),  el servicio de correo que allí se presta incluye los días sabatinos,  naturalmente que éstos han de tenerse presente para el cómputo del predicho término legal,  toda vez que en criterio de esta Sala,  “no es la jornada laboral de las oficinas judiciales la que sirve de referencia para el cumplimiento de este término sino la propia de las oficinas postales,  ya que allí es donde se debe satisfacer la carga por el recurrente” (auto 329 de 5 de diciembre de 1995).



                       Traduce lo dicho,  pues,  que la oficina postal ha debido,  una vez que feneció el término de diez días sin recibir el correspondiente pago,  devolver el expediente al tribunal,  para que éste,  en acato de lo dispuesto por el inciso 3º del mismo art. 132,  declarara la deserción del recurso. 



                       Y es patente que si,  como ahora,  se advierte que la procedencia del recurso está afectada de dicha irregularidad,  no queda sino hacer un pronunciamiento acorde con tal estado de deserción.  Preciso,  pues,  será inadmitirlo.




                       Por lo expuesto,  se resuelve:



                       Inadmítese el recurso de casación de que da cuenta el encabezamiento de este proveído.  En consecuencia,  retórnese el expediente contentivo del proceso en mención al tribunal de procedencia.




Notifíquese









JORGE SANTOS BALLESTEROS





NICOLAS BECHARA SIMANCAS





JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES





CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS






PEDRO LAFONT PIANETTA





JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ





RAFAEL ROMERO SIERRA