CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra
Santafé de Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).-
Referencia: Expediente No. 7323
Decídese el conflicto de competencia que frente al proceso instaurado por María Damaris Corrales Ocampo contra Luis Alberto Jaramillo Jaramillo, se ha suscitado entre los juzgados Promiscuo de Familia de Anserma (Caldas) y Segundo de Familia de Pereira (Risaralda).
Antecedentes
Tal proceso se inició con la demanda que la citada María Damaris, “residente y domiciliada en Risaralda (Caldas)”, presentó ante el Juez Promiscuo de Familia de Anserma, con el fin de obtener el divorcio (cesación de efectos civiles de matrimonio religioso) y la correspondiente disolución de la sociedad conyugal del matrimonio que celebró con el demandado Luis Alberto, respecto de quien solicitó que fuese emplazado ante el hecho de desconocer su habitación y lugar de trabajo.
Dentro del trámite allí observado se pronunció el curador ad-litem del demandado exigiendo la prueba de los hechos en que se fundan las pretensiones. Y tras la recepción de algunas pruebas, el citado despacho, apoyándose en lo que manifestó la actora al absolver interrogatorio de parte, exactamente en cuanto a que la última residencia común de la pareja se localizó en Pereira, determinó: “de acuerdo con lo acabado de manifestar por la señora MARIA DAMARIS CORRALES, demandante en este proceso, el Juzgado encuentra que el mismo se viene tramitando sin que sea este despacho el competente para su conocimiento”; y remitió en consecuencia el expediente a la ciudad de Pereira.
El Juzgado Segundo de Familia de esta última ciudad rechazó tal decisión por considerarla contraria al artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, pues -dijo- aquí no se discutió la eventual incompetencia por razón del territorio, y por consiguiente la competencia se entiende prorrogada “y radica definitivamente en el funcionario que, en principio, no era el llamado a hacerlo. Y que, de otra parte, no se configura la competencia del numeral 4° del artículo 23 del C.P.C., toda vez que la actora no conservó el último domicilio común de la pareja (Pereira), si es que ella está actualmente domiciliada en Risaralda (Caldas), según lo revela en su propia demanda. Por lo tanto, declaró su incompetencia y suscitó el conflicto que, por envolver a juzgados de distinto Distrito Judicial, compete zanjar a esta Sala, según la preceptiva del artículo 16 de la ley 270 de 1996, en concordancia con el 28 del Código de Procedimiento Civil.
Consideraciones
Causa extrañeza que el juzgado de Anserma haya invocado el factor territorial para declarar, bien a pesar de que el proceso tenía agotada buena parte de su tramitación, que ya no era el competente para conocer de él. Y es peregrina la decisión por muchas razones: de momento, la Sala ignora porqué el juzgador echó al olvido el motivo que ab initio le entregó competencia; pues si en él repara, habría recordado que la actora presentó la demanda en dicha ciudad apoyada válidamente en lo que dispone el numeral 2 del art. 23 del Código de Procedimiento Civil, desde luego que manifestó, por un lado, desconocer el domicilio y la residencia del demandado y, de otra, que el suyo está ubicado en Risaralda (Caldas), municipio que hace parte del circuito de Anserma.
Situación esa respecto de la cual ninguna alteración registra el expediente; inexplicable entonces que a la hora de nona decida el juzgador que la competencia del asunto cae dentro de la preceptiva del numeral 4 de la mentada disposición, y remita entonces el proceso al juez del domicilio común anterior de la pareja, sin notar que esta norma no consagra un fuero exclusivo de competencia sino apenas concurrente, y que, en tales eventos no es de su resorte la elección, pues, antes bien, es materia de la más completa incumbencia del demandante; más grave todavía, que no hubiese fijado la vista que la aquí demandante no conservaba ese domicilio, pues entabló el juicio diciéndose domiciliada en Risaralda (Caldas). Y ante semejante enjambre de equivocaciones, acaba de causar asombro que todo haya acontecido sin que de por medio hubiese discusión en torno a la competencia territorial. Aspecto éste que en cualquier caso obsta reparos tardíos, como lo fue en este caso, en el que ya estaba superado no solo el estadio procesal del traslado de la demanda, sino inclusive el referente al decreto y práctica de pruebas.
Viene al caso traer a capítulo lo que en ocasión pasada sostuvo esta Sala en torno a un punto análogo en lo pertinente, cuando expresó que si el juzgador consideró de comienzo que tenía competencia “cual lo enseñaba el marco fáctico hasta entonces presentado” es evidente que “no podía, a poco de allí (y mucho menos lejos de allí, se agrega ahora) y sin el debate propio que a dicha altura del trámite se antoja imperioso, desprenderse sin más de la competencia”, porque de otro modo “sería sentar la tesis de que la mera afirmación del actor sirve sucesivamente para fijar y alterar la competencia”; de manera que una vez fijada ésta, “no puede alterarse luego sino mediante la controversia pertinente” (Proveído de 26 de junio de 1996, Exp. 6105).
En suma: comoquiera que, según el texto de la demanda, el Juzgado de Anserma ha sido y es el competente para conocer del asunto; que no es cierto que en este caso se hubiere presentado concurrentemente el fuero consagrado en el numeral 4 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, y que, en fin, en caso de haberse presentado es al actor a quien corresponde la elección y jamás al juez, es por lo que el conflicto se decidirá en el sentido de determinar que sea dicho Juzgado el que deba continuar con el conocimiento del mentado proceso.
Decisión
En armonía con lo explanado, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, decide que el Juzgado competente para conocer del asunto referenciado a comienzo de esta providencia es el Promiscuo de Familia de Anserma (Caldas), al que se remitirá de inmediato el respectivo proceso, al tiempo que se enterará de esta decisión al otro Juzgado envuelto en la colisión que así queda zanjada.
Notifíquese.
JORGE SANTOS BALLESTEROS
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS
PEDRO LAFONT PIANETTA
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
RAFAEL ROMERO SIERRA