CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA




Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez

Santafé de Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998)



                       

Referencia: Expediente No. 7325


                       Se decide el recurso de súplica interpuesto por el demandado CARLOS ALBERTO OLIVEROS GOMEZ contra el proveído del 17 de septiembre del año en curso, proferido por el Magistrado Ponente en el proceso ordinario promovido por LUIS CASTILLO DE LA PARRA contra el recurrente.



                       ANTECEDENTES


                       Mediante el proveído recurrido se admitió el recurso extraordinario de casación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 24 de octubre de 1.996, pronunciada  por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario premencionado.


                       Solicita el recurrente la revocatoria de la providencia impugnada para que en su lugar se inadmita el recurso, pedimentos que sustenta precisando que de conformidad con lo establecido por los arts. 366, 370 y 372 del C. de P.C., el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente se debe determinar en pesos. Que si dicho valor no se encuentra determinado en los autos, debe justipreciarse pericialmente y  que el recurso de casación debe declarase inadmisible cuando no es procedente de acuerdo con el art. 366 antes citado, precepto que fija el monto del interés para recurrir en casación


                       Tras la puntualización anterior advierte que en el asunto sub-júdice se acudió a la prueba pericial para determinar el valor del interés del demandante para recurrir en casación la sentencia del tribunal, designándose para el efecto un perito abogado, quien en un trabajo inicial indicó el “... valor de la cuantía vigente para efectos de procedencia del recurso interpuesto”. Como éste no era el objeto de la experticia, el tribunal lo conminó para conceptuar sobre lo pedido, orden que acató con el dictamen que obra a fls. 466 y siguientes, en el cual fijó el monto del interés para recurrir en casación en la suma de $2.463.162,oo, resultante de adicionar el importe del pagaré 10508 al valor actualizado del precio fijado al inmueble prometido en venta, sin ser éste objeto del dictamen.


                       Agrega que como no satisfizo los intereses del demandante, éste solicitó la aclaración y complementación del dictamen, pedimentos en los cuales encubrió una objeción al mismo, desconociendo el art. 370 del C. de P.C., que veda la posibilidad de objetarlo.


                       En el escrito visible a fl. 489 el perito dijo aclarar la experticia en los aspectos indicados por el demandante, sin dar respuesta a todos los interrogantes propuestos por éste, actuación que a juicio del recurrente “... es aún más confusa que la anterior, toda vez que antes que indicarnos de dónde salieron los valores anotados, nos dá una nueva suma que antes que ser el resultado de un juicioso y real experticio, nos demuestra la total inconsecuencia, inconsistencia de su apreciación”.


                       Con el propósito de fundamentar tal reparo manifiesta que en esta oportunidad el perito avaluó el precio del inmueble doblemente, pues si éste, al decir del actor, estaba conformado por el valor del pagaré más la suma de $400.000,oo, al fijar el valor total del inmueble en la cantidad de $50.055.342, agregándole la suma de $2.105.923 del pagaré que “...es parte del precio y por tanto integral del valor total del bien, lo que implica la IMPROCEDIBILIDAD, INCONSISTENCIA Y POSIBILIDAD DE APRECIACION DE LA PRUEBA en esta forma producida”.


                       Acota que al corrérsele traslado de “... este nuevo pretendido experticio” solicitó su desestimación, por no reunir los requisitos exigidos por el art. 237 del C. de P.C.; advirtió que tenía por objeto cuantificar el interés para recurrir, de conformidad con lo dispuesto en el proveído que ordenó la prueba “... y no (...) la peritación de un INMUEBLE (...) debió designarse a un perito en bienes inmuebles y no a un abogado” y solicitó su aclaración y adición, pedimento al cual no se le imprimió trámite alguno, omisión que a su juicio conculca sus derechos de petición, debido proceso e igualdad de las partes.


                       Con fundamento en lo expuesto colige que el interés para recurrir no se ha determinado y por ende la admisión del recurso resultó prematura toda vez que para tal efecto era menester que el monto de dicho interés se encontrase debidamente establecido.


                       Culmina expresando que el dictamen visible a fl. 489 no puede servir al propósito indicado, pues se extendió hasta el 24 de abril de 1.998 y la cuantificación del interés para recurrir no puede rebasar la “...fecha de interposición del recurso”.


                       CONSIDERACIONES


                       1.        De  conformidad con lo establecido por el art. 366 del C. de P.C., para que resulte procedente el recurso de casación es necesario que el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente, sea o exceda del monto fijado por la ley, de donde resulta que el interés para recurrir deviene del monto del agravio que la sentencia proferida por el ad-quem le irroga al censor, interés que se debe establecer en el momento en que se causa, esto es, cuando se profiere el pronunciamiento que lo determina.

       

                       Cuando se trata de averiguar la cuantía del interés para recurrir en casación, ha señalado la Corte, “... el sentenciador debe colocarse frente a todas y cada una de las cosas que, pretendidas en el litigio por la parte respectiva, no le han sido concedidas, y que, por lo mismo, constituyen la sumatoria del perjuicio que le irroga la sentencia recurrida. Labor que ha de cumplir con absoluta independencia de si tales cosas tienen asidero jurídico o no; lo que es objeto de avalúo, entonces, es la aspiración perdida, con fundamento o sin él” (auto de 23 de enero de 1.995).

       

Cuando dicho valor no puede determinarse con los elementos de convicción obrantes en el proceso, previamente a decidir sobre la procedencia del recurso, debe justipreciarse por un perito, según lo previene el art. 370    del C. de P.C.


2.        En cumplimiento del mandato legal referido, en proveído del 7 de octubre de 1.997, el tribunal ordenó la tasación pericial del valor del interés para recurrir, previamente a resolver sobre la procedencia del recurso de casación interpuesto por la parte actora, designando el experto encargado de tal labor.


Luego de presentar un desafortunado trabajo circunscrito a fijar el valor actual del “... interés para recurrir en casación en materia civil”, el perito designado emitió el concepto pedido por el tribunal, en el escrito que  obra a fls. 468 a 470, en el cual puntualizó liminarmente que el contrato de promesa de compraventa celebrado por las partes el 11 de julio de 1.975 tuvo por objeto el lote de terreno denominado San Martín, que forma parte de la Hacienda Calle Verde, “... en la suma de $400.000,oo”, agregando que el promitente comprador se comprometió a subrogarse “... en todas las obligaciones a cargo del promitente vendedor que surgieran del proceso ejecutivo que cursaba en el Juzgado 8º. Civil del Circuito de Bogotá...”.


Tras la precisión anterior liquida el monto de los intereses pactados (8%) sobre el valor del saldo del capital adeudado por Carlos Alberto Oliveros al Banco Ganadero, desde el 4 de febrero de 1.980, fecha en la cual se liquidó el crédito, hasta el 30 de diciembre de 1.997, operación en la cual obtiene la suma de $1.786.205.09.


Establece por otra parte “... la valoración que haya podido tener el inmueble prometido en venta, desde la promesa hasta el 30 de diciembre de 1.997”, tomando en cuenta el IPC desde julio de 1.975 hasta la fecha indicada, “... acumulando anualmente dicho incremento al valor del inmueble”, procedimiento que le da como resultado la cantidad de $676.957, que suma a la anterior para cuantificar el valor del interés para recurrir en casación en la cantidad de “$2.463.162,oo”.


Pedida por el demandante la “...aclaración, adición y complementación” de la  experticia, en los aspectos que expresamente indicó, entre ellos la correcta elaboración de las operaciones matemáticas que la fundamentaron, el perito presentó la aclaración contenida en el escrito visible a fl. 491., en el cual reconoció el error cometido al realizar tales operaciones, procediendo a corregirlas con el siguiente resultado: a. La liquidación del saldo del pagaré No. 10508, hasta el 24 de abril de 1.998 : $2.105.923,00.  b.        “... El valor del inmueble prometido en venta asciende a la  suma de $50.055.342,oo”, al 30 de abril de la misma anualidad. Con fundamento en lo anterior conceptuó que “... el valor del interés de las partes para recurrir en casación es de $52.160.265,oo M/CTE”.


3.        Como consta en el libelo introductor, el demandante solicitó principalmente declarar resuelto, por incumplimiento del demandado, el contrato de promesa de compraventa celebrado el 11 de julio de 1.975, respecto del inmueble denominado San Martín, hoy Esparta y consecuencialmente condenarlo a restituirle el precitado bien, “... junto con sus anexidades, mejoras, dependencias” y los frutos civiles y naturales que hubiere podido producir, con mediana inteligencia y actividad, desde la fecha en que lo recibió y hasta que efectúe la entrega. Pidió también declararlo poseedor de mala fe, desde que incumplió los compromisos contractuales y condenarlo a pagar los perjuicios que irrogó con su incumplimiento, además de las costas procesales. En subsidio reclamó declarar disuelto el contrato por mutuo disenso de los contratantes, condenar al demandado a restituir el inmueble objeto del mismo con sus mejoras, anexidades y dependencias, así como los frutos naturales y civiles que hubiere podido producir, con mediana inteligencia y actividad, desde la fecha en que lo recibió y hasta que efectúe su entrega, descontando previamente el valor de las restituciones mutuas a que hubiere lugar.

Ahora bien, como la sentencia impugnada revocó la decisión del a-quo, que había acogido la súplicas principales del actor y en su lugar desestimó todo lo pretendido por éste, el perjuicio económico que le irroga tal decisión, de acuerdo a lo precisado con antelación, está conformado por “... todas y cada una de las cosas que, pretendidas en el litigio por la parte respectiva, no le han sido concedidas”, es decir, que no sólo lo integra el  valor del inmueble materia del contrato cuya resolución se deprecó, sino que abarca además el monto de los frutos y los perjuicios que de igual manera le fueron negados.


El dictamen pericial sólo tuvo en cuenta, para el efecto indicado, el valor del fundo materia de la negociación, cuyo precio actualizó tomando como punto de partida el valor fijado en la promesa de contrato, conformado por el valor del crédito cobrado al promitente vendedor en el proceso ejecutivo seguido por  el Banco Ganadero, en el Juzgado Octavo Civil del Circuito de la ciudad, a cuyo pago se comprometió el promitente comprador, más la suma de cuatrocientos  mil pesos $400.000,oo (cláusula quinta). Pese a ello, ni la insuficiencia mencionada, ni la extensión de los cálculos contenidos en él, hasta momento posterior al del proferimiento de la sentencia impugnada, conducen a inferir la indeterminación de la cuantía del interés para recurrir en casación, como pretende el censor, pues la estimación contenida en él es más que suficiente para tal propósito, como pasa a demostrarse.


En efecto: si la actualización de la suma de $400.000,oo, convenida como parte del precio, hasta el 30 de abril de 1.998, arrojó un total de 50.055.342,oo, siguiendo el procedimiento descrito por el experto, es decir, tomando en cuenta el índice de precios al consumidor suministrado por el Dane, para acumular el incremento respectivo a la suma inicial, año por año, desde julio de 1.975 hasta octubre de 1.996, época en la cual se pronunció el fallo impugnado, tal operación arroja un guarismo de $39.551.012,26, es decir, que  aún sin tomar en cuenta el otro factor integrante del precio del inmueble materia del contrato, ni el valor de las restantes resoluciones desfavorables al recurrente, por éste único aspecto, el valor del agravio económico que la providencia impugnada le irroga, supera el monto exigido por la ley, que para tal oportunidad ascendía a $38.420.000,oo.


Como corolario de lo anterior fluye la falta del fundamento del recurso, que tampoco puede soportarse en la pretendida falta de trámite de la solicitud de aclaración y adición presentada por el censor, pues de una parte, el tribunal de manera expresa decidió sobre tal pedimento, en proveído del 26 de mayo de 1.998, ordenándole “... estarse a lo dispuesto en providencia de ésta misma (sic), es decir la que concedió el recurso extraordinario de casación” (fl. 502), frente a la cual no esgrimió reparo alguno, y de otra, el art. 238 del C. de P.C. es puntual en señalar que producida la aclaración o complementación del dictamen, se puede objetar por error grave, más no peticionar nuevas aclaraciones o complementaciones del mismo, objeción que según previene el art. 370 ejúsdem resulta improcedente frente a esta clase de experticias.


       DECISION


En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, CONFIRMA el auto objeto del recurso de súplica, calendado el 17 de septiembre de 1.998.



NOTIFIQUESE Y CUMPLASE


                       


JORGE SANTOS BALLESTEROS





NICOLAS BECHARA SIMANCAS





JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES





CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS





JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ





RAFAEL ROMERO SIERRA