CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez
Santafé de Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998)
Referencia: Expediente No. 7184
Se decide el recurso de súplica interpuesto contra el proveído del 10 de septiembre de 1.998, mediante el cual se rechazó la demanda sustentatoria del recurso extraordinario de revisión propuesto por LEONOR LINARES DE MALAVER contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Civil, el 11 de enero de 1.994, en el proceso ejecutivo promovido por la recurrente contra el FONDO ROTATORIO DE ADUANAS.
ANTECEDENTES
Invocando las causales contempladas en los numerales 1, 6, 7, 8 y 9 del artículo 380 del C. de P. C., la señora Leonor Linares de Malaver interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia premencionada, en demanda que se rechazó en el proveído recurrido, “... por haber operado la caducidad respecto de las causales allí invocadas”.
Expresa el impugnante, luego de mostrar conformidad con lo decidido respecto de las causales previstas en los numerales 1, 6, 8 y 9 del art. 380 del C. de P.C., que la argumentación expuesta en torno a la causal consagrada en el num. 7º. de dicho precepto no es acertada, pues respecto de ella el término para interponer el recurso se amplía “...hasta un límite máximo de cinco años, como en forma imperativa lo establece el inciso 2º. del citado Artículo 381 ibidem”, plazo que según advierte, no puede reducir el juzgador aduciendo que “... por tratarse de las Partes, su conocimiento se infiere desde la ‘Notificación de la sentencia’ para aniquilar el límite máximo de los cinco años y, en consecuencia, dejar también para este numeral 7º. un término perentorio de ‘DOS AÑOS PARA QUE OPERE LA CADUCIDAD DE DICHO PLAZO’ ”.
Precisa enseguida que la tesis expuesta para deducir la caducidad del término para interponer el recurso con apoyo en la causal referida sería acertada si ésta se hubiese fundado en que “... la recurrente en la calidad aducida de ‘CESIONARIA DE DERECHOS LITIGIOSOS’ estuvo indebidamente representada o no fue notificada o emplazada”, pero no se aviene con la real fundamentación de la misma, que de acuerdo a lo expuesto en la demanda, de la cual transcribe algunos apartes, se cimentó en ‘... no aparecer incluida la sociedad comercial en calidad de titular del derecho económico incorporado en la ‘Providencias Judiciales’ presentadas como ‘TITULO EJECUTIVO COMPLEJO’ base de la recaudación y a la vez Cedente de esos derechos litigiosos (regulados en los Artículos 1969 y siguientes del Código Civil) en el mandamiento Ejecutivo y en las Sentencias de 1ª. y 2ª. instancia, por ser dicha sociedad ‘LABORATORIO GENERICOS FARMACEUTICOS GEN-FAR LTDA.’ “LITIS CONSORTE NECESARIO” ’.
Para culminar recaba que “... De haberse tenido en cuenta por la Honorable Ponencia esta fundamentación de la causal prevista en el numeral 7º. de la norma citada, seguramente su decisión hubiera sido distinta, me refiero a la admisión de la demanda y no la de su rechazo como aconteció”.
CONSIDERACIONES
1. El art. 380 del C. de P.C. consagra las causales autorizadas para fundamentar el recurso extraordinario de revisión, entre las cuales se consagra “... Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 152, siempre que no haya saneado la nulidad” - num. 7º.
El art. 381 ejúsdem fija la oportunidad para su interposición, preceptuando que debe formularse “... dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia”, cuando se invoquen las causales consagradas en los numerales 1, 6, 8 y 9 del art. 380 ejúsdem y precisa, en relación con la causal prevista en el num. 7º. que “... los dos años comenzarán a correr desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, con límite máximo de cinco años. No obstante, cuando la sentencia debe ser inscrita en un registro público, los anteriores términos sólo comenzarán a correr a partir de la fecha del registro”.
Como tuvo oportunidad de precisarlo la Corporación “... como sucede en las demás causales, también en la séptima el término para recurrir es de dos años; la diferencia estriba, entonces, es en el momento en que esos dos años comienzan a correr, porque no será a partir de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con la regla general, sino que se contarán, ya a partir de cuando la parte perjudicada o su representante haya tenido conocimiento de la decisión, ora a partir de la fecha de registro, si la sentencia es de aquellas que deben inscribirse en un registro público; pero para deducir la oportunidad de la impugnación extraordinaria, no basta con tener en cuenta aquellos términos, sino también el plazo máximo fijado en la misma ley, que no puede ser superior a los cinco años contados desde la ejecutoria de la respectiva sentencia, como así se desprende de una visión integral del artículo 381 en comento” (Auto 2 de agosto de 1.995).
Bajo la perspectiva anterior, resulta desatinada la alegación del recurrente alusiva a que el término para interponer el recurso extraordinario de revisión, cuando se alega la causal referida, se amplía “...hasta un límite máximo de cinco años, como en forma imperativa lo establece el inciso 2º. del citado Artículo 381 ibidem”, pues como se anticipó, en este evento el plazo sigue siendo de dos años, dado que la única variación introducida respecto de él, es la forma de computarlo, ya que el punto de partida no será la ejecutoria de la sentencia recurrida, sino la fecha en que el presunto agraviado o su representante hayan tenido conocimiento de la misma, o de estar sometida a registro, del conocimiento presunto que se deriva de la inscripción, dada la publicidad que tal acto apareja, sin que en una u otra hipótesis el plazo pueda sobrepasar el límite de cinco años fijado en el mismo precepto, contabilizado desde la ejecutoria de la providencia recurrida.
Así las cosas, al esgrimirse en el asunto sub-júdice la causal en comento, era menester averiguar la época en la cual se enteró la recurrente de la providencia recurrida, indagación en la cual resultaba de cardinal importancia la calidad de parte demandante ostentada por ella en el proceso en el cual se profirió, merced a la cual estaba al tanto de todo su devenir, condiciones en las cuales no puede menos que inferirse que supo de su existencia al tiempo de proferirse, o al efectuarse la notificación de la misma y por contera a partir de su ejecutoria corría el plazo de dos años para recurrirla en revisión, con fundamento en la causal supracitada, según se advirtió en el proveído censurado.
En el anterior orden de ideas, el vencimiento del término que asistía a la recurrente para el efecto señalado, es claro, pues entre la fecha de la ejecutoria de la resolución judicial impugnada -25 de enero de 1.994- y la de la interposición del recurso -22 de mayo de 1.998, transcurrió con creces el plazo preanotado, circunstancia de la cual emerge indubitable la caducidad del término para interponer el recurso.
Ahora bien, la precedente conclusión no se enerva por la argumentación del recurrente en torno a la fundamentación que cimenta la causal referida, pues en el conteo del término que tiene quien se considera perjudicado con la sentencia, para impugnarla en revisión, resulta intrascendente que mediante ella se alegue la falta de vinculación de un tercero, como litisconsorte necesario del censor, pues el aspecto relevante en tal situación, como se acotó, es el momento en el cual el “recurrente” se enteró de la sentencia que impugna, pues dicha causal se estructura sobre la base de ser éste quien no fue debidamente notificado o emplazado o estuvo inidóneamente representado, de manera que las circunstancias inherentes al tercero cuya falta de vinculación se aduce no se comunican al recurrente y sólo adquieren significación de ser él quien interpone el recurso extraordinario en cuestión.
DECISION
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, CONFIRMA el auto recurrido en súplica, calendado el 10 de septiembre de 1.998.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
JORGE SANTOS BALLESTEROS
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
RAFAEL ROMERO SIERRA