CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA



Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra


Santafé de Bogotá D. C., diecisiete (17) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).-



                       Ref: Expediente No. 7385


                       Decídese el conflicto que en torno a la competencia para conocer del proceso ordinario instaurado por Víctor Manuel Vanegas Rodríguez contra la sociedad Industrias Larabe Ltda.,  enfrenta a los Juzgados Trece Civil del Circuito de Cali y Dieciséis Civil del Circuito de Santafé de Bogotá.



Antecedentes


                       1.- Instauró el mencionado demandante proceso ordinario para que,  básicamente,  se condenase a la precitada sociedad a pagarle una suma de dinero por concepto del reajuste del precio de venta acordado en el contrato de que se da cuenta el escrito incoativo.


                       Presentada la demanda ante el Juez Civil del Circuito de Cali - Reparto -,  justificóse en ella la competencia en razón de la cuantía,  "el domicilio de las partes y la naturaleza del asunto",  expresándose allí que en esa ciudad tenía su domicilio la firma demandada.


                       2.- Aduciendo tener su domicilio en Santafé de Bogotá,  propuso la demandada la excepción previa de falta de competencia;  excepción que el Juez 13 Civil del Circuito de Cali,  al hallar probado el alegato del excepcionante,  despachó favorablemente,  ordenando en consecuencia remitir las diligencias a los jueces de aquella ciudad.


                       Mas el Juez 16 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá,  a quien fue repartido el negocio,  declaróse a su turno incompetente,  amparándose en el numeral 5o. del artículo 23 del estatuto procesal,  en el entendido de que era Cali el lugar de cumplimiento del contrato que dio origen al proceso.


                       En tales condiciones arribaron las diligencias a esta Corporación para dirimir el conflicto,  y a ello procede la Sala a términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Civil y del 16 de la ley 270 de 1996, visto que enfrenta a Juzgados de diferente Distrito Judicial.



Consideraciones


                        1- Entre los varios factores que determinan la competencia del juez,  encuéntrase,  como es sabido,  el territorial,  que es precisamente el que aquí cumple determinar.


                       Igualmente, es también suficientemente conocido que como principio general rige en esta materia el consagrado en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil,  conforme al cual,  el conocimiento de los asuntos contenciosos corresponde al juez del domicilio del demandado,  acogiendo así la norma,  dicho sea de paso,  elementales normas de equidad.


                       Y el aludido principio,  no tenía por qué ser de otra forma,  encuentra aplicación igualmente en tratándose de procesos contra una sociedad;  así lo corrobora el ordinal 7° del citado precepto (con las salvedades allí previstas),  a lo que todavía cabe agregar,  en este mismo orden de ideas,  el contenido del artículo 46 del decreto 2651 de 1991 en consonancia con el 162 de la ley 446 de 1998,  que para esos casos y a prevención,  otorga también competencia al juez del domicilio del representante legal de la firma demandada.


                       Naturalmente,  ese fuero general a que se acaba de aludir no excluye la aplicación de otras reglas que rigen la materia de la competencia,  tal,  en cuanto  viene al caso,  la contemplada en el numeral 5o. del citado artículo 23,  que en punto a procesos a que dé lugar un contrato,  faculta al actor para demandar,  ya en el lugar de cumplimiento del mismo,  ora en el del domicilio del demandado.


                       2.- Ahora bien,  en innúmeras ocasiones se ha insistido en que es en la demanda incoativa del proceso en donde, por norma general, debe el juez buscar las circunstancias que le permiten definir,  en un comienzo,  lo referente a su competencia para conocer de un determinado asunto.


                       Es así mismo tema trajinado el de que,  una vez asumido por el juez el conocimiento del negocio,  no le será posible reexaminar lo relativo a su competencia territorial a menos que el demandado proponga la excepción previa correspondiente. Caso en el cual,  desde luego,  con miras a definir el problema tampoco le será posible al funcionario desentenderse del escrito introductorio,  comoquiera que éste siempre habrá de tomarse como punto de partida para dilucidar materia semejante.


                       2.- Las anteriores precisiones,  con todo y lo evidentes que pudiesen parecer, se hacen imperiosas para dirimir el presente conflicto,  en la medida en que el juez de Santafé de Bogotá,  al provocarlo, da la impresión de  haberlas echado al olvido.


                       El actor, en efecto, señalando que la sociedad demandada tiene domicilio en Cali,  al justificar la radicación de su demanda en dicha ciudad expresó en el acápite pertinente que al Juez Civil del Circuito de ese lugar corresponde el conocimiento del proceso en razón de la cuantía,  la naturaleza del negocio y el domicilio de las partes. Se acogió expresamente, pues, el interesado, para determinar la competencia desde el punto de vista del factor territorial, al fuero general consagrado en el numeral 1o. del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil y fue de esta suerte como presentó su escrito introductorio  ante el juez del domicilio de la sociedad convocada a juicio,  elección para la cual le faculta la ley y a la que, entonces, ha de estarse el funcionario respectivo. (Subraya la Sala).


                       Y desde esta perspectiva, descartados de antemano por el interesado otros aspectos  determinantes de la competencia territorial, es apenas natural que los mismos tampoco entren en juego cuando, en las anotadas condiciones, el demandado formule la excepción previa de falta de competencia aduciendo que su domicilio no es el indicado en el libelo incoativo, y en tal caso, por ende, solo lo relativo a la determinación de este particular punto - el del lugar del domicilio - pasará a ser objeto de definición.


                       3.- Con vista en los anotados criterios,  sencillo resulta dirimir el presente conflicto: pues el juez de Cali,  para despachar favorablemente la excepción previa formulada  se basó en los certificados de la Cámara de Comercio, conforme a los cuales resulta indudable que la firma demandada tiene su domicilio en Santafé de Bogotá y no en Cali,  cual se expresó en la demanda; situación esta que, además, según  lo resalta el fallador, era conocida  por el  actor, quien hizo referencia a la misma en anterior ocasión, con motivo de un memorial - poder que otorgara en 1983; a lo que aún se suma que la mencionada entidad certifica, así mismo, acerca de  cancelación, desde 1980, de la agencia que de la sociedad  en cuestión funcionó en la ciudad  de Cali.


                       Fue en tal virtud que se remitió el expediente a esta última ciudad;  y desatinado anduvo el juez de 16 Civil del Circuito cuando se negó a asumir el conocimiento,  por cuanto,  guardando silencio en lo relativo al verdadero domicilio de la demandada,  aspecto no sujeto a duda y en virtud del cual no le era posible a la luz de la ley esquivar el trámite del proceso,  se refugió,  en cambio,  en un factor al que hasta entonces nadie se había referido,  a saber,  el del lugar de cumplimiento del contrato,  invocando el artículo 5o. del citado artículo 23 y trayendo así a colación,  en forma oficiosa,  una situación fáctica que,  como se ha venido diciendo,  por obra y gracia del actor y con el beneplácito de la ley,  habíase desterrado como aspecto que incidiese en la fijación de la competencia.


                       De donde,  para concluir,  si el actor acudió al fuero general - el domicilio del demandado - para adelantar el proceso,  y si la empresa convocada a juicio tiene su domicilio en Santafé de Bogotá,  ninguna duda existe de que es al juez de este lugar a quien por el factor territorial corresponde el conocimiento de este asunto.


Decisión


                       En mérito de los expuesto,  la Corte Suprema de Justicia,  en Sala de Casación Civil y Agraria,  declara que el competente para conocer del proceso atrás referido,  es el Juez Dieciséis Civil del Circuito de Santafé de Bogotá,  a quien se enviará de inmediato el expediente,  comunicándose lo aquí decidido,  mediante oficio,  al otro juez involucrado en el conflicto.        


                       

                               NOTIFIQUESE






JORGE SANTOS BALLESTEROS





NICOLAS BECHARA SIMANCAS





JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES





CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS







PEDRO LAFONT PIANETTA





JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ





RAFAEL ROMERO SIERRA