CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA



Santafé de Bogotá, D.C., veintiséis (26) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).-



                       Ref:  Expediente No. 7392


                       En lo relativo al escrito mediante el cual el recurrente pretende dar cumplimiento al auto de 5 de noviembre del año en curso que le ordenó corregir la demanda de revisión presentada contra la sentencia de 11 de septiembre de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca en el proceso  de restitución de tenencia que contra el recurrente y en su calidad de comunera formulara Margarita María Paulina Bustos de Arévalo, se considera:                

                       Tal como en la citada providencia de 5 de noviembre se destacó, en el proceso cuya sentencia ahora se impugna la mencionada demandante actuó, no a nombre propio, sino  en su carácter de condueña del predio denominado 'El Cortijo', cuya restitución impetró entonces para  la comunidad singular conformada sobre dicho bien.


                       A propósito de lo cual cabe ahora memorar cómo es asunto indiscutido que la comunidad singular no constituye una persona jurídica y que por ende  los comuneros, ni ostentan su representación ni  se representan unos a otros; supuesto este que permite aseverar, cual se hizo en el mencionado auto, cómo por activa cualquiera de los condueños puede demandar en beneficio de dicha entidad, a la que aprovecha en ese caso el fallo favorable sin que en cambio el desfavorable pueda afectarla a ella o a los demás condueños, en tanto que cuando de demandar de la comunidad se trata, será  menester convocar a juicio a todos y cada uno de sus partícipes, quienes solo en virtud de este acto   quedarían  vinculados por una  decisión adversa.


                        "Los comuneros - ha dicho la Corte - no son distintos dueños de una cosa, y como copropietarios no se representan unos a otros ni tienen tampoco  particularmente la representación de la comunidad, de modo que pudiera ser demandada eficazmente en la persona de cualquiera de los partícipes (…) la especie de solidaridad establecida por el artículo 2325 del C.C.,  no implica representación recíproca de los comuneros ni representación de la comunidad desde el punto de vista de la personería pasiva, en forma que pudiera entenderse que notificada una demanda a un comunero quedarán los demás por ese hecho vinculados a los términos y resultados de la litis".  (Cas. 26 de julio de 1939, XLVIII,428).


                       De allí que en este caso particular, en donde  en el proceso que dio origen a la decisión hoy impugnada el condómino demandante litigó en favor de la comunidad, se  hubiese ordenado en el mencionado auto de 5 de noviembre al recurrente en revisión que, a más  de conformar su demanda a las previsiones de los ordinales 4o. del artículo 382 y  6o. del 75 del estatuto procesal civil, había de dirigirla  contra cada uno de los partícipes de la comunidad singular favorecida con el fallo en cuestión; mas,  pese a ello, el interesado, que adecuó su libelo  a las exigencias formales e incluyó como demandados a todos los comuneros, optó  por no allegar los anexos pertinentes, más concretamente aquellos indispensables para la  notificación del auto admisorio de la demanda.


                       Adujo al respecto cómo  en la parte resolutiva de la sentencia atacada se expresa que la copropietaria  Margarita María Paulina Bustos de Arévalo  'actúa a nombre de los demás comuneros del inmueble', por lo que,  invocando el artículo 329 del Código de Procedimiento Civil, decidió, por sí y ante sí, que con notificar a dicha comunera se entendía cumplida la notificación de los demás, y  aportó entonces con ese fin una sola y no, cual era de rigor, seis copias de la demanda y sus anexos para surtir el traslado a igual número de copropietarios demandados.


                       Ahora bien, el citado artículo 329 prevé que   la  persona que figure en el proceso como representante de varias o  actúe en su propio nombre y como representante de otra, se considerará una sola  para efectos de notificaciones, traslados y diligencias similares; hipótesis que desde luego no es aplicable cuando de la comunidad se trata, visto como se dejó que entre condueños no opera, per se, la representación.


                       Así las cosas, ordenado como se había al recurrente corregir su escrito incoativo y aportar los correspondientes anexos, carga era suya agregar, para  fines de  la notificación   y al tenor de los  artículos  84 y 382 in fine del Código de Procedimiento Civil, tantas copias de aquellas piezas procesales cuantos eran  los demandados, carga que, según se viene diciendo, no satisfizo, lo que impone,  cual lo preceptúa  el inciso 3° del artículo 383 ibídem, el rechazo de la demanda.


                       En mérito de lo expuesto, se resuelve   


                       Rechazar la demanda de revisión formulada contra la sentencia  de 11 de septiembre de 1996, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cundinamarca en el proceso arriba determinado.


                       Devuélvanse al demandante los anexos, sin necesidad de desglose.

                       


Notifíquese




RAFAEL ROMERO SIERRA