CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
Santafé de Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998)
Referencia: Expediente No. CC-7401
Decídese el conflicto de competencia suscitado entre las Salas Civil y Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D. C., para conocer del grado jurisdiccional de consulta y del recurso de apelación interpuesto, respecto de la sentencia de 28 de julio de 1998, proferida por el Juzgado Segundo de Familia de esta ciudad, dentro del proceso ordinario incoado por la señora ZOILA CASTILLO VDA. DE RAMIREZ frente a la sucesión de ROQUE RAMIREZ CASTILLO, representada por la cónyuge sobreviviente, señora NANCY CALLE GUTIERREZ, y los herederos determinados JOHN ALEXANDER, LEIDY VIVIANA y JORGE ARMANDO RAMIREZ CALLE, HAMILTON y MARLON RAMIREZ OLARTE, así como contra los demás herederos indeterminados.
ANTECEDENTES
1.- Aduciendo la actora que debido a la gran confianza que tenía con el causante, su hijo, le solicitó adquiriera para ella, con dineros de se exclusiva propiedad, un inmueble situado en esta ciudad, pero nunca se imaginó que en la escritura pública correspondiente figurara él como propietario del inmueble comprado.
Solicita, por lo anterior, se declare simulado el contrato de compraventa del bien raíz contenido en instrumento público, bien porque ROQUE RAMIREZ CASTILLO, sólo fue un aparente comprador, ora porque éste no pagó para adquirirlo, de su pecunio, un sólo peso, razón por la cual al ser ella la verdadera compradora, cuya declaración también impetra, debe excluirse del proceso de sucesión de su hijo, el cual cursa, para la fecha de la presentación de la demanda, en un juzgado civil del circuito de la ciudad, con el libramiento de los oficios pertinentes al despacho judicial, a la notaría y a la oficina de registro de instrumentos públicos.
2.- El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, D. C., quien, al entrar en funcionamiento la jurisdicción de familia, ordenó allí remitirlo por competencia (fol. 1, C-1).
Recibidas las diligencias, el Juzgado Segundo de Familia de esta ciudad, mediante auto de 23 de enero de 1991 (fols. 3-4, C-3), no avocó su conocimiento y dispuso su remisión al entonces Tribunal Disciplinario para que decidiera lo pertinente, sosteniendo que la jurisdicción civil era la competente para conocer, porque si bien en el proceso estaban involucrados herederos, no siempre que haya conflicto entre o contra éstos, debe decirse que el asunto es de familia, pues si así fuera tendría que aceptarse que dicha jurisdicción conocería de lanzamientos, ejecutivos, marcas, etc., lo cual desbordaría el objeto de su creación.
El Tribunal Disciplinario, en auto de 10 de abril de 1991 (fols. 2-3, C-4), dirimió el conflicto planteado en el sentido de atribuir la competencia al Juzgado Segundo de Familia, pues consideró que como la demanda recaía sobre un bien cuyo dominio se encontraba en cabeza del causante, pretendiéndose, previa declaratoria de la simulación, se excluyera de los inventarios y avalúos del proceso de sucesión, el asunto tenía que ver con una controversia relacionada con derechos sucesorales (artículo 5º, decreto 2272 de 1989).
3.- Acorde con lo resuelto, el Juzgado Segundo de Familia tramitó el proceso hasta proferir la sentencia de 28 de julio de 1998 (fols. 215-234, C-1A), favorable a la parte actora, inclusive admitiendo a trámite una intervención ad-excludendum.
Además de haberse dispuesto el grado jurisdiccional de consulta, el fallo fue apelado por la parte demandada y el tercero excluyente.
4.- Concedidos los respectivos recursos, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D. C., al considerar que la Sala Civil del mismo Tribunal era la competente para conocer, no avocó el conocimiento del proceso, argumentando que en razón a su objeto, ajeno por completo a asuntos ligados con derechos sucesorales o al régimen económico del matrimonio, los jueces de familia, aún frente al artículo 26 de la ley 446 de 1998, que reformó el artículo 12 (sic.) del decreto 2272 de 1989, “hemos perdido competencia para tramitar esta clase de procesos”.
Por su parte, la Sala Civil, mediante auto de 22 de octubre de 1998 (fols. 3-6, C-7), tampoco asumió el conocimiento del proceso, argumentando que si en su momento se había resuelto que el a-quo era el competente para conocer, quien debe desatar los recursos es el superior funcional de dicho funcionario. Por esta razón remitió las diligencias a esta Corporación para que se decida lo pertinente.
CONSIDERACIONES
1.- Se advierte, primeramente, que la Corte es la competente para definir el conflicto de competencia planteado, de conformidad con lo previsto en el artículo 16, in fine, de la ley 270 de 1996, “Estatutaria de la Administración de Justicia”.
2.- La competencia, es decir, la distribución de la jurisdicción entre los diferentes órganos encargados de administrar justicia, se encuentra expresamente prevista por el legislador mediante el establecimiento de los llamados factores determinantes de la competencia. Uno de eso factores es precisamente el funcional, el cual, como tiene dicho la Corte1, “atiende a una distribución del trabajo jurisdiccional en consideración al grado y a la etapa de desarrollo del proceso. Por virtud de lo primero, la distribución consulta la organización judicial con miras a definir a quien corresponde el primer conocimiento del proceso, y de ahí los sucesivos, es decir, alude a una distribución vertical del conocimiento del proceso, naciendo así la distinción entre el juez a quo y el ad quem. El segundo aspecto lo explican los principios procesales, como los de impugnación y la doble instancia, por cuanto ellos dan margen a fases más avanzadas en el desenvolvimiento del proceso, como son la segunda instancia o el grado jurisdiccional de consulta”.
En ese entendimiento, partiendo de la base que existen diversos grados jerárquicos en la administración de justicia, a los cuales la ley les adscribe el conocimiento de determinado asunto, no se remite a duda que conocido de antemano el funcionario judicial que, bien o mal, asumió el trámite de la primera instancia, ello constituye el punto de partida para establecer, conforme el ordenamiento positivo vigente, a quien corresponde dirimir sus fases siguientes, concretamente la segunda instancia y el grado jurisdiccional de consulta.
3.- Por manera que si factores distintos a la distribución vertical del trabajo, no sirven para determinar la competencia funcional, no cabe duda que en el caso concreto, independientemente del objeto jurídico del proceso, es a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, a quien le corresponde tramitar y fallar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del a-quo, así como el grado jurisdiccional de consulta allí dispuesto, partiendo del hecho indiscutido que la sentencia fue proferida en primera instancia por el Juzgado Segundo de Familia de esta ciudad, no sólo por ser el superior jerárquico de éste, sino porque al reglamentarse las competencias en la jurisdicción de familia, concretamente el factor comentado, el artículo 3º del decreto 2272 de 1989, atribuyó a las Salas de Familia de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, el conocimiento de la “apelación de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces de familia” (ordinal 1º) y de las “consultas de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces de familia, en los casos señalados en la ley” (ordinal 3º).
4.- Así las cosas, la Sala de Familia estuvo desacertada al declarar su incompetencia, porque, en primer lugar, la Sala Civil no es el superior jerárquica del juez que profirió la sentencia, y, en segundo término, porque la ley no asignó la competencia funcional de determinados procesos fallados en primera instancia por los Juzgados de Familia, aún frente al factor objetivo, a la justicia civil, menos cuando el artículo 26 de la ley 446 de 1998, lo que hizo fue señalar el alcance del artículo 5º, parágrafo 1º, numeral 12 del decreto 2272 de 1989, nada más.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria;
RESUELVE:
Primero: Declarar que la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D. C., es la competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia por el Juzgado Segundo de Familia de la misma ciudad, así como del grado jurisdiccional del consulta.
Segundo: Remitir el expediente a la citada órgano judicial y hágase saber lo así decidido a la Sala Civil del mismo Tribunal.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
JORGE SANTOS BALLESTEROS
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS
PEDRO LAFONT PIANETTA
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
RAFAEL ROMERO SIERRA
1 Sentencia de revisión 11 de agosto de 1997, aún no publicada oficialmente.