CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA



Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra


Santafé de Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).-


                       Referencia: Expediente No. 7398


                           Dirímese el conflicto de competencia que enfrenta a los juzgados Treinta y Ocho Civil del Circuito de Santafé de Bogotá y Primero Civil del Circuito de Soacha (Cundinamarca), en torno al conocimiento del proceso promovido por Segundo Antonio Roncancio Parra contra Ana Gilma Ortiz Sáenz.



Antecedentes


                       1.-        Con fundamento en un contrato de mutuo garantizado con hipoteca, ambas cosas recogidas en el acto escriturario que se adjuntó a la demanda, ha convocado el actor a proceso ejecutivo con título hipotecario a la señora Ana Gilma Ortiz Sáenz, “vecina del municipio de Soacha”.


                       En el acápite pertinente del libelo demandatorio expresó, como factores de la competencia, entre  otros, además de “la vecindad de las partes”, “el lugar de cumplimiento (cláusula segunda del  título aportado como base de la acción ejecutiva)”.


                       2.-        El Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Santafé de Bogotá al que correspondió en reparto,  estimó que no era el competente para asumir el conocimiento del asunto, porque aquí no es viable la elección consagrada en el numeral 5° del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, “toda vez que en la escritura pública arrimada como base del recaudo, no se indica el lugar de cumplimiento de la obligación,  ni para efectos judiciales  es válida la estipulación del domicilio contractual, conforme a  la parte final del memorado numeral”, considerando, por consiguiente que, la competencia radica en el juez del domicilio de la demandada.


                       3.-        El Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha no admitió tal argumentación,  precisamente porque  halló  que la escritura pública, que fue corrida en la Notaría 51 de Santafé de Bogotá,  sí dice, en su numeral cuarto,  que la suma  mutuada y los intereses se pagarán al acreedor  “en esta ciudad”, invocando al propio tiempo el texto del numeral segundo de la misma, en donde se especificó que el deudor pagaría en la residencia del acreedor (Cra. 83 No. 53 - 49 de Santafé de Bogotá);  de donde derivó que sí es aplicable la regla quinta del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil.


                       4.-        De tal modo fue suscitado el conflicto entre dichos despachos judiciales, el cual corresponde zanjar a esta Sala en virtud de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 270 de 1996 en armonía con el 28 del Código de Procedimiento Civil.


Consideraciones


                       Toda la situación gravita en si procede en este caso el fuero concurrente que sobre la base del lugar de cumplimiento de la obligación quiso hacer valer el actor, por supuesto que por razón de la “vecindad de las partes” no cabe radicar la competencia en Santafé de Bogotá,  desde que la demandada es,  según el propio texto de la demanda, vecina de Soacha.


                       Pues bien: si,  como resulta cierto,  la negativa del juzgado de Santafé de Bogotá para avocar el conocimiento del aludido proceso cabalga sobre una descuidada lectura del acto escriturario base del recaudo ejecutivo,  la solución del conflicto resulta fácil en extremo.  Pues entonces no es sino develar su equivocación:   en efecto,  afirmar,  como lo hizo,  que en el contrato “no se indica el lugar del cumplimiento de la obligación”,  significa pasar por alto  las estipulaciones de dicha escritura pública;   porque de haberse fijado en ellas,  habría notado que la reseñada allí como segunda es diáfana en señalar que la obligación del mutuario debía cumplirse en “la residencia de su ACREEDOR (…) en la ciudad de Santafé de Bogotá D. C.”,  tal como incluso lo reitera más adelante la que figura como cuarta.



                       No se presta a vacilación,  pues,  que en la ocurrencia de autos es de recibo el fuero concurrente a que se refiere el numeral 5 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil,  el cual,  como se sabe,  en los procesos a que diere lugar un contrato,  también atribuye competencia,  en lo que al factor territorial concierne,  al juez del lugar del cumplimiento contractual.  Por suerte que aquí el actor estaba perfectamente facultado por dicha norma para presentar su demanda en Santafé de Bogotá,  pues el pleito que ha instaurado mediante ella se refiere,  según viene diciéndose desde el propio pórtico de esta providencia,  al cobro compulsivo de la obligación surgida de un contrato,  el de mutuo,  el cual recoge la escritura pública en la que igualmente aparece la garantía real de hipoteca.



                       Lo anterior no es sino la aplicación del criterio jurisprudencial ya decantado,  pues acerca de tal fuero y la condigna elección que asiste al actor,  viene puntualizándose que “es verdad que cuando el proceso tiene por hontanar un contrato despunta en materia de competencia territorial un fuero concurrente,  toda vez que amén de tener cabida el principio general que se rige por el lugar del domicilio del demandado,  también la tiene el del cumplimiento del contrato,  uno de los cuales puede escoger,  ad libitum,  el actor.  Es lo que preceptúa,  en suma,  el numeral 5 del artículo 23 ejusdem” (auto 056 de 3 de marzo de 1994).



                       Ahora bien.  El añadido que dicho juzgador hizo cuando,  tras afirmar aquello,  señaló que “ni para efectos judiciales es válida la estipulación del domicilio contractual”,  reclama la explicación que sigue.  Bien es verdad que la legislación actual eliminó la posibilidad de que el juez competente resulte ser el que las partes señalen no más que al impulso de su voluntad,  cuya hipótesis se conoció antaño como forum contractus o foro pactado;  ocurre,  empero,  que no es este exactamente el caso que ahora analiza la Sala,  pues el foro concurrente bajo examen,  antes que obedecer al resorte exclusivo de los contratantes,  halla manantial directo en una regla eminentemente legal,  como es la contenida en el numeral 5 del supracitado artículo 23. 



                       En condiciones semejantes,  es al juzgado de Santafé de Bogotá al que corresponde el conocimiento del asunto,  como así habrá de zanjarse el presente conflicto.



Decisión


                       Por las referidas razones,  la Corte Suprema de Justicia,  Sala de Casación Civil y Agraria,  dirime el conflicto señalando como competente para conocer del mentado proceso al juzgado 38 civil del circuito de Santafé de Bogotá,  adonde se enviará prontamente el expediente contentivo del mismo,  a tiempo que se informe al juzgado de Soacha inmerso en la colisión lo así decidido.



Notifíquese.




JORGE SANTOS BALLESTEROS





NICOLAS BECHARA SIMANCAS






JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES





CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS





PEDRO LAFONT PIANETTA





JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ





RAFAEL ROMERO SIERRA