CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Magistrado Ponente: Dr. JORGE SANTOS BALLESTEROS
Santafé de Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Referencia: Expediente Nº 7347
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casación con que la demandada FRANCIA AIDE GARRIDO sustenta el recurso extraordinario que interpuso contra la sentencia proferida el 11 de agosto de 1.998, por la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro del proceso ordinario promovido contra ella por los menores FABER ADRIAN y YEISON GABRIEL GALLEGO ESCOBAR, ERSIN HAWER GALLEGO MENDEZ, ERNEYDER GALLEGO LOPEZ y JOSE VLADIMIR GALLEGO MURIEL.
ANTECEDENTES
La demanda de la que da razón la sentencia del Tribunal, pretende que se declare a los actores como titulares del dominio sobre una casa de habitación poseída por la demandada, situada en Villavicencio e identificada con matrícula inmobiliaria No. 230-0006.222 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esa ciudad y, como consecuencia, que se condene a la demandada y demás personas indeterminadas a la restitución del referido inmueble, así como al pago de frutos civiles y las costas del proceso.
El Tribunal, luego de sentar los antecedentes del pleito y sus consideraciones, confirmó la sentencia del juez de primera instancia, estimatoria de las pretensiones de los actores, ante lo cual la demandada interpuso el recurso de casación en cuya sustentación formula dos cargos contra la sentencia del ad quem, de los cuales encuentra la Corte, conforme a las consideraciones que siguen, que el primero no cumple con los requisitos legales, por fuerza de lo cual, deberá rechazarse.
EL PRIMER CARGO
Está referido a la violación indirecta de una norma de derecho sustancial por error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda. Y a guisa de sustentación, previa advertencia de que el Tribunal debe definir en la sentencia “la situación de todas las pretensiones del demandante”, recalca que la demanda fue dirigida contra Francia Aydee Garrido “y también en contra de personas indeterminadas”. A continuación precisa que el error de hecho manifiesto del Tribunal radicó en no apreciar que los demandados eran dos.
Luego de transcribir jurisprudencia de esta Sala, menciona que “justamente dentro de esa doctrina encaja el asunto sometido a consideración de la Honorable Sala (sic) existe disposición sustancial, precisa y clara, nada menos que el artículo 29 de la Constitución Nacional sobre el debido proceso, que se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. Y siendo asimismo clara la demanda en cuanto a que son dos los demandados, debió la sentencia no dejar “por fuera nada de lo que sea contenido en la primera”, esto es, en la demanda.
Indica que la otra norma violada es el artículo 27 del Código Civil, como consecuencia de la violación del precepto constitucional mencionado.
CONSIDERACIONES
Del carácter extraordinario y dispositivo del recurso de casación se desprende que la demanda con la que se sustenta debe ceñirse a los requisitos formales previstos en la ley. Dentro de ese ámbito el recurrente debe plantear el libelo, que circunscribe la actividad de la Corporación en orden a determinar si la sentencia combatida se ajusta o no a la ley sustancial o procesal, sin que le sea legalmente permitido interpretar la demanda para llenar sus vacíos o replantear cargos deficientemente propuestos, salvedad hecha de las pautas interpretativas señaladas en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1.991, ahora recogido como legislación permanente en razón de lo dispuesto en el artículo 162 de la ley 446 de 1998, del cual, para el caso que aquí se estudia, es oportuno resaltar su numeral primero, en razón a que tal precepto solamente exige que cuando mediante demanda de casación se invoque la infracción de normas de derecho sustancial, “será suficiente señalar cualquiera de las normas de esa naturaleza" que constituya fundamento esencial del fallo impugnado, "sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa".
Ahora bien, no puede afirmarse que el artículo 29 de la Constitución Política, per se, haya de ser considerado como norma sustancial que constituya fundamento esencial del fallo. Ni menos la norma contenida en el artículo 27 del Código Civil a cuyo tenor “cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”.
Debe recordarse, conforme lo dispone el artículo 51 del decreto 2651 de 1991, que no es cualquier norma sustancial la que el recurrente debe invocar, acudiendo a su mero arbitrio o capricho, pues lo que exige aquel precepto es que la norma sustancial que se estime violada sea la base fundamental del fallo o haya debido serlo. Es decir, normas de derecho sustancial que “hagan relación con la controversia objeto del pleito y su decisión. Pero esta facultad no comprende la de escoger unas normas no sustanciales o unas normas que, aún siendo sustanciales no guardan ninguna relación con lo debatido en el pleito” (providencia del 4 de septiembre de 1995)
Las anteriores nociones sirven de pauta para afirmar que a pesar de que el artículo 29 de la Constitución Política sienta algunos principios y derechos fundamentales, de por sí sustanciales, su carácter totalizador, su generalidad, sobretodo en lo que indican sus dos primeros párrafos (“el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente, y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”) supone un necesario desarrollo legal que permita calificar de legal o ilegal un proceso, si en él se han dado cumplimiento a las ritualidades previamente descritas en la ley. Sólo fluye alguna violación de la norma procesal y eventualmente sustancial, si se confronta lo que la ley procesal pertinente a un caso prevé con el trámite efectivamente dado a éste, lo que no ocurriría en principio con el precepto constitucional a secas, norma que, por lo demás, es de obligatorio cumplimiento en cualquier providencia judicial, lo cual descarta la posibilidad de considerarla fundamental o pertinente al fallo atacado.
Del artículo 27 del Código Civil debe recordarse que sólo contempla una directriz o enseñanza al intérprete sin que regule por sí solo una relación jurídica o al menos un aspecto parcial de alguna relación jurídica, fenómeno que a fin de cuentas, como es el substrato de todo proceso, debe estar al menos latente en la norma que se denuncia como infringida.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, resuelve:
1. ADMITIR la demanda de casación presentada por la demandada FRANCIA AIDE GARRIDO, en cuanto al cargo segundo formulado contra la sentencia proferida el 11 de agosto de 1998, por la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio.
2. INADMITIR la misma demanda respecto del cargo primero formulado contra la referida sentencia.
3. Con entrega del expediente, córrase traslado a la parte opositora por el término de quince (15) días, para los efectos previstos en el inciso 4º del artículo 373 del Código de Procedimiento Civil.
NOTIFIQUESE
JORGE SANTOS BALLESTEROS
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHOLSS
PEDRO LAFONT PIANETTA
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
RAFAEL ROMERO SIERRA