CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
Santafé de Bogotá D.C., diciembre once (11) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Referencia: Expediente No. 6947.
Decide el Despacho el incidente de nulidad propuesto por la parte recurrente, dentro del trámite del recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado judicial de YESID GAITAN PEÑA contra la sentencia de fecha noviembre 2 de 1995 proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva, dentro del proceso ordinario promovido por el mismo YESID GAITAN PEÑA contra REINALDO GAITAN CARDOZO.
I. ANTECEDENTES.
1.- Actuando por conducto de apoderado judicial, ante esta Corporación el Señor YESID GAITAN PEÑA presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de fecha 2 de noviembre de 1995 proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva, dentro del proceso ordinario promovido por el mencionado recurrente YESID GAITAN PEÑA contra REINALDO GAITAN CARDOZO. (Fls. 3 a 7 C. Revisión).
2.- Repartida a este Despacho la demanda de revisión para su correspondiente sustanciación, mediante proveído de fecha Noviembre 26 de 1997 visto a folio 9 se dispuso que para los efectos señalados en el artículo 383 del C. de P.C., el recurrente presentara, dentro del término de cinco (5) días, caución por la suma de $4´000.000,oo ya fuere en dinero, real, bancaria o mediante póliza de seguros expedida por compañía legalmente autorizada para el efecto.
3.- Vencido el término para la presentación de la caución ordenada, sin que a ello hubiere dado cumplimiento el recurrente, mediante auto calendado diciembre 9 de 1.997 visto a folio 10 se dispuso declarar desierto el recurso extraordinario de revisión interpuesto.
4.- Archivadas las diligencias desde enero 13 de 1998 (fl. 10 vto), mediante escrito presentado el 28 de septiembre de 1998 por conducto de nuevo apoderado judicial, el recurrente en revisión formuló incidente a fin de que se declarara la nulidad de todo lo actuado dentro del recurso referido, a partir del 25 de noviembre de 1.997. (Fls. 3 a 5 C. Incidente nulidad).
4.1.- Como causal de nulidad, invocó el incidentante la prevista en el numeral 5 del artículo 140 del C. de P. C. “por haberse adelantado el trámite del recurso de revisión luego de ocurrida la causal segunda del artículo 168 del CPC, esto es, por haberse actuado cuando el Dr. EDUARDO PLAZAS PEREZ, apoderado de la parte recurrente, padece una enfermedad grave que le imposibilitó trasladarse de un sitio a otro, en particular a atender las etapas y cargas del recurso propuesto”. (Fl. 4 C. Incidente nulidad).
Aduce igualmente el incidentante, que el inicial apoderado del recurrente en revisión, padece de “osteroitrosis” inicial de rodilla que le impide trabajar en el campo y por ende trasladarse de un lugar a otro, cuyo estado de salud empeoró a partir del 25 de noviembre de 1997 y por lo cual no pudo “ejecutar las etapas y cargas ni diligenciar el recurso de la referencia propuesto en representación del señor YESID GAITAN PEÑA”. (Fl. 3 C. Incidente nulidad).
5.- Admitido el trámite del incidente de nulidad propuesto, mediante auto de fecha octubre dos del corriente año visto a folios 7 y 8 de este cuaderno se dispuso abrir el mismo a pruebas, y para el efecto, se ordenó tener como tal el certificado médico que obra a folio 2 y recepcionar declaración testimonial de su suscriptor, Doctor NELSON ALBERTO CASTRO T, la cual se llevó a cabo mediante comisión conferida al Juzgado Civil del Circuito de Neiva. (Fls. 14 a 18 C. Incidente nulidad).
6.- Agotado el trámite legal pertinente, corresponde decidir sobre la declaratoria de nulidad procesal deprecada.
III. CONSIDERACIONES.
1.- Ciertamente, dentro del sistema taxativo de causales de nulidad que nuestro ordenamiento procesal consagra, se encuentra prevista como tal en el numeral 5° del artículo 140 del C. de P. C., “Cuando - el proceso - se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida”.
1.1.- A su turno, el numeral 2 del artículo 168 del C. de P. C. consagra como causal de interrupción del proceso, la enfermedad grave del apoderado judicial de alguna de las partes; de donde, si pese a la ocurrencia de este hecho, se continuara con el trámite del proceso, surgiría la causal de nulidad antes reseñada; siempre y cuando, no hubiese sido saneada mediante una de las formas previstas de manera general en el artículo 144 Ibídem, o de manera particular, dejando de alegarla dentro de los cinco días siguientes al que haya cesado la incapacidad.
1.2.- Pero, desde luego, no es cualquier tipo o clase de enfermedad que padezca el apoderado judicial la que tiene la virtud de generar la interrupción del proceso y por ende ocasionar su eventual nulidad, sino únicamente aquella, que por su gravedad impida el ejercicio del derecho de defensa que como garantía superior busca dicha figura salvaguardar.
1.2.1.- En efecto, ha dicho la Corte: “1.- Por razones que bien pueden omitirse aquí, cuando el proceso se adelanta existiendo de por medio una causa legal que lo interrumpe, la actuación se vicia de nulidad (artículo 140, numeral 5, del Código de Procedimiento Civil). Una de tales causas es precisamente la que se invoca en el sub-lite, como que se aduce enfermedad grave del apoderado judicial (artículo 168, numeral 2, in fine). “2.- Tiénese dicho al respecto que no toda enfermedad configura dicha interrupción, desde que la ley misma solo atiende para esos efectos la que tenga la connotación de grave, entendiendo por ella la que, por irresistible, haga extremadamente difícil o imposible el ejercicio del mandato, hasta el punto de que ni siquiera pueda utilizarse los mecanismos que la ley consagra para que el poder no tenga solución de continuidad en su ejercicio, cual sucede, por ejemplo, con el fenómeno de la sustitución.” (C.S.J. Auto noviembre 25 de 1992).
1.2.2.- Y más adelante la misma Corporación reiteró esta doctrina en los siguientes términos: “1.- Quedó suficientemente explanado en la decisión combatida, y ahora se reitera, que es doctrina decantada del Corporación que la enfermedad del apoderado que interrumpe el proceso, es únicamente la que lo postra de tal manera que elimina la posibilidad de cumplir la gestión profesional que se le encomendó, porque precisamente le impide hasta acudir al fenómeno de la sustitución del poder, lo que ciertamente no se presenta cuando el abogado conserva sus facultades intelectuales, si bien limitado físicamente.
“En ese orden de ideas, si en el caso presente se trataba de un trámite del recurso de revisión, una de cuyas etapas la constituye la prestación de una caución, lo cual no puede ignorarse por ser un acto obligado según exigencia que emana directamente de la ley, el profesional del derecho que, según punto pacífico, no perdió jamás las facultades del intelecto, ha podido y debido disponer lo del caso para cumplir la carga procesal dicha, sin que fuere estrictamente necesario su desplazamiento a examinar de manera personal el expediente.” (C. S. J. auto Febrero 2 de 1993).
2.- Descendiendo al asunto que nos ocupa, alega el incidentante haberse producido la causal interrupción, y en consecuencia haberse generado la nulidad de todo lo actuado a partir del 25 de Noviembre de 1997, en razón a la enfermedad de “osteroitrosis” padecida por el inicial apoderado judicial del recurrente en revisión, para cuya comprobación aportó con el escrito de incidente certificado médico expedido por el Doctor NELSON ALBERTO CASTRO T. y solicitó su declaración testimonial.
2.1.- En punto del certificado médico visto a folio 2 de este cuaderno, encuentra el Despacho que en él se dice que para la época del 25 de noviembre de 1997 y desde hace aproximadamente un año, el “Dr. EDUARDO PLAZAS ha estado consultando al suscrito, por un problema de osteroitrosis inicial de rodillas de tipo compartimental, que le impide trabajar en labores en el campo.
2.2.- Y en la declaración testimonial rendida por dicho galeno ante el Juez Cuarto Civil del Circuito de Neiva, (fls. 25 a 29), manifestó haber recomendado a dicho paciente evitar excederse en caminatas largas, no hacer deportes pedestres ni andar el campo en lomas; pero que para la época mencionada, la incapacidad que él tenía era parcial, en cuanto no requería que estuviera recluido en cama “o algo por el estilo”, pudiendo “realizar labores livianas de oficina, labores de escritorio relacionadas con su profesión”. Es más, que guardando las recomendaciones médicas de no caminar demasiado, “…había podido atender algunos asuntos en la capital, porque la recomendación nunca fue no moverse …”.
3.- Así las cosas tenemos, que conforme a las pruebas aportadas al incidente, las limitaciones por el estado de salud del apoderado inicial del recurrente se referían a labores del campo y al no exceso en el caminar; pero en manera alguna, a impedimento físico o mental para el ejercicio de la profesión de abogado y particularmente para gestionar de manera personal, telefónica o por interpuesta persona, la constitución de la caución ordenada y en cuyo estado quedó el trámite del recurso extraordinario de revisión propuesto.
No hay evidencia de que la enfermedad padecida desde hace varios años por el profesional en cuestión, haya sido motivo o causa determinante para que de manera abrupta o sorpresiva le hubiera impedido ejercer la facultad de sustituir el poder que de manera expresa en él se le confirió; ni de comunicarse con su poderdante para ponerlo al tanto de la hipotética incapacidad padecida; ni, en general, de adoptar cualquier conducta diligente que dejara a salvo los derechos de su representado y particularmente el de defensa, en cuya protección el legislador instituyó la figura de interrupción procesal en comento.
4.- Las consideraciones anteriores han de llevar al Despacho a denegar la declaratoria de nulidad impetrada.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Despacho DISPONE:
NEGAR la declaratoria de nulidad por el apoderado del recurrente en revisión solicitada.
Sin costas.
NOTIFIQUESE.
PEDRO LAFONT PIENETTA.