CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Magistrado Ponente: Dr. PEDRO LAFONT PIANETTA
Santafé de Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998)
Referencia: Expediente No. 7428
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Veintiocho Civil del Circuito de Santafé de Bogotá y Primero Civil del Circuito de Honda, dentro del proceso ordinario de mayor cuantía iniciado por FABIOLA CUBIDES DE MONTERO contra los herederos conocidos de BLANCA ELENA CASTILLO Vda. de CUBIDES.
ANTECEDENTES
1.- La accionante en este caso ha presentado demanda contra MARIA NIEVES, MARIA ODILIA, ANA HILMA, CECILIA, LUZ MILA, GONZALO, JOSE EDITH y JORGE ORLANDO CUBIDES CASTILLO, en su condición de herederos de BLANCA ELENA CASTILLO VDA. DE CUBIDES, para que a través de un proceso ordinario de mayor cuantía, se declare la existencia y disolución de la sociedad de hecho conformada por ella y la aludida causante, y consecuencialmente se ordene la liquidación respectiva, conforme a los trámites previstos en la ley.
2.- Aduce la demandante en respaldo de estas pretensiones que junto con la causante, el 14 de junio de 1989, constituyeron una sociedad de hecho, “... haciendo unos aportes y operaciones ...”, de suerte que como no puede subsistir como sociedad, donación, ni contrato alguno, en términos del artículo 2083 del Código Civil, “... debe terminarse, y por consiguiente, debe de disolverse y proceder a liquidarse la misma, conforme a la ley”, puesto que los herederos no continuaron asociados “... desde el momento en que fueron embargados y (sic) secuestrados y vendidos”, los ganados entregados por la causante como aporte a la mentada sociedad.
3.- La demanda en cuestión fue dirigida a los juzgados civiles del Circuito de Santafé de Bogotá, siendo que por reparto le correspondió conocerla al Juzgado Veintiocho, despacho que mediante proveído de 10 de agosto de 1998, la rechazó por falta de competencia, ordenando su remisión al Juzgado que consideró competente, aduciendo para tal efecto que conforme al documento acercado con la demanda, por medio del cual se pactó esa sociedad, los bienes sociales “... se radican en una finca del municipio de Mariquita (Tolima)”, circunstancia que sumada al hecho de que en el libelo no aparezca elemento alguno que permita señalar a esta ciudad como domicilio de esa compañía, llevan a concluir que es el juzgado situado en Honda al que le corresponde conocer de dicho proceso.
4.- Luego del consiguiente peregrinaje, el proceso llegó al Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda, despacho que mediante auto de 23 de octubre del año actual, se declaró igualmente incompetente, argumentando de un lado que el artículo 23 - 6 del Código de Procedimiento Civil no es de recibo en este caso puesto que él refiere a las sociedades regulares y no a las de hecho, cuya existencia precisamente se pide a través de la presente acción, y de otro que, como quiera que se demanda a los herederos conocidos de BLANCA ELENA CASTILLO VDA. DE CUBIDES, conforme al fuero general, y siendo varios, correspondía a la actora elegir el domicilio de uno de ellos para determinar la competencia, según lo preceptuado en el artículo 23 - 3 ib.
5.- De esta manera, el proceso fue enviado a esta Corporación por el último de los juzgados mencionados, para que dentro de las atribuciones dadas por los artículos 28 del Código de Procedimiento Civil y 16 de la Ley 270 de 1996, la Corte decida este conflicto, presentado como se anotó ya, entre dos Juzgados de la misma especialidad, dentro de la jurisdicción ordinaria, pero pertenecientes a diferente distrito judicial.
CONSIDERACIONES
1.- Como es sabido de todos, el legislador para determinar cuál de los distintos despachos judiciales ubicados en el territorio nacional ha de conocer de un proceso en particular, acude para asignar la competencia al factor territorial, en cuya virtud se establece cuál de todos es el juez competente.
2.- En este propósito, con respecto a las sociedades, el artículo 23 - 6 del Código de Procedimiento Civil estatuye que “En los procesos ... que se susciten por controversias entre los socios en razón de la sociedad, ... es competente el juez del domicilio principal de la sociedad”, regulación que tiene su fundamento en el hecho que con ello se pretende facilitar el curso del proceso, y sobre todo la recepción de las pruebas y los demás elementos necesarios para la solución del conflicto, en razón de la proximidad del lugar involucrado dentro de él.
3.- Surge a la par dentro de esta perspectiva, que se trata de un fuero exclusivo, generador de competencia privativa, según la cual uno solo de los jueces ubicados en el territorio nacional es el competente para conocer de esta especie de procesos, de manera indefectible y sin otra alternativa.
4.- En relación con la sociedad de hecho, ya la que se forma por virtud del consentimiento expreso de los socios pero que por falta de uno o de todos los requisitos que la ley exige, no alcanza a constituir sociedad de derecho; ora la que debido a las circunstancias, resulta del consentimiento tácito o implícito, creada así de hecho o por los hechos, el domicilio social ha de deducirse, conforme a su propia naturaleza, del lugar donde desarrolló la empresa social para lo cual estaba destinada, porque precisamente aquí, como para configurar su propia existencia, los hechos son los determinantes de una y otra connotación jurídica.
5.- De conformidad con estas nociones de orden legal, la Corte comparte la opinión que de este proceso ha de conocer el Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda, por las razones que a continuación se expresan.
5.1.- En el documento privado allegado como prueba del contrato de sociedad, las señoras BLANCA ELENA CASTILLO VDA. DE CUBIDES y FABIOLA CUBIDES DE MONTERO, ésta en su condición de representante y administradora de una sociedad familiar, expresan que la primera entregaría a la segunda la cantidad de 103 reses, por un valor de $4’360.000.00, para ser tenidos en la finca “La Esperanza”, ubicada en el municipio de Mariquita (Tolima), de manera que la primera quedó facultada para exigir su venta cuando lo estimara conveniente, repartiendo los dineros recaudados por este concepto “... 50 % para BLANCA DE CUBIDES y el otro 50 % para la sociedad ‘LUFAN’”, y la segunda, autorizada “... para vender y reemplazar el ganado que no sea rentable en la finca”. Advirtieron las otorgantes que el término de duración del contrato sería de 2 años prorrogables, de modo que “Anualmente se revaluará el ganado y se hará liquidación del (sic) utilidades ...”.
5.2.- De acuerdo con lo expresado en el contrato arriba resumido, no existe duda que el municipio de Mariquita (Tolima) fue el epicentro de la actividad de la sociedad aducida como tal por la parte actora, de donde se presume también que el domicilio principal de la alegada sociedad fue esa municipalidad, no solo porque allí, en la finca La Esperanza, apacentaba el ganado entregado como aporte a la pretendida sociedad, sino fundamentalmente porque, según los términos del contrato, labores tales como venderlo, reemplazar las cabezas no rentables, revalorizarlo, distribuir utilidades, todas propias de la administración, debían cumplirlas, como resulta apenas natural, dentro de la aludida finca.
5.3- Con todo, descarta la Corte por completo la posibilidad de demandar a los herederos conocidos de la mencionada causante, siguiendo las reglas del fuero personal o general (artículo 23-1 y 3 del Código de Procedimiento Civil), según los cuales el juez competente ha de ser el correspondiente al domicilio de uno cualquiera de los demandados, a elección del actor, porque tal como se advirtió atrás, en el caso sub judice se trata de un fuero exclusivo, determinante de una competencia privativa, consagrado expresamente (artículo 23-6 ib.), que obliga, con respecto a las controversias suscitadas entre los socios en razón de la sociedad, a demandar ante el juez del domicilio principal de la sociedad, el que por supuesto, resulta ser el competente.
Por cuanto que el domicilio social de hecho de la pretendida sociedad, como se dejó visto, se halla ubicado en el municipio de Mariquita en este caso, perteneciente al Circuito Judicial de Honda, es a los despachos instalados allí a quienes les corresponde conocer de este proceso, y no a los localizados en esta ciudad, tal como lo pretendió equivocadamente la parte actora.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, RESUELVE:
DIRIMIR el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Veintiocho Civil del Circuito de Santafé de Bogotá y Primero Civil del Circuito de Honda (Tolima), en el proceso ordinario de mayor cuantía iniciado por FABIOLA CUBIDES DE MONTERO contra los herederos conocidos de BLANCA ELENA CASTILLO Vda. de CUBIDES, en el sentido de que su conocimiento corresponde al segundo de los despachos judiciales mencionados, y no al primero.
En consecuencia, envíese el expediente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda (Tolima) y comuníquese lo aquí decidido al Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, para los fines pertinentes.
Notifíquese.
JORGE SANTOS BALLESTEROS
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS
PEDRO LAFONT PIANETTA
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
RAFAEL ROMERO SIERRA