CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Magistrado Ponente: Dr. JORGE SANTOS BALLESTEROS
Santafé de Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Ref.: Expediente No. 7475
Decide la Corte el recurso de queja interpuesto por los demandados TRANSPORTES MONTERREY LTDA y ANTONIO PAJARO OQUENDO, contra el auto del 13 de octubre de 1.998 en virtud del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil Familia, no concedió el de casación, formulado contra la sentencia de segunda instancia dictada por ese Tribunal dentro del proceso seguido por ADONIAS MAURY REBOLLEDO contra los quejosos y además contra CARLOS IRIARTE SOTOMAYOR y ANGEL M. VELEZ.
I. ANTECEDENTES
1. Las piezas procesales que acompañan el recurso de queja dan cuenta de un proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual mediante el cual el demandante pretende que se declare responsables a los demandados de los perjuicios irrogados por la muerte accidental de su hijo y que se les ordene pagar a su favor el valor de la indemnización que le corresponde, tasada por el demandante, según la sentencia del Tribunal, en $8.000.000,oo por concepto de daño material y en $2.000.000,oo por daños morales, o la suma que resulte probada atendiendo a la vida probable del demandante y la devaluación monetaria, a más del pago de intereses, una vez ejecutoriada la sentencia, hasta cuando se efectúe el pago total.
2. La primera instancia culminó con sentencia desestimatoria de las pretensiones del demandante, por lo cual se surtió a instancias de éste el recurso de apelación, resuelto por el Tribunal con fallo en el que, a vuelta de revocar el del a quo, declaró responsables a la empresa TRANSPORTES MONTERREY LTDA y a ANTONIO PAJARO OQUENDO y ANGEL M.VELEZ, condenándolos a pagar “$5.286.214 junto con sus intereses moratorios desde la fecha de presentación de la demanda, octubre 13 de 1989, hasta su solución total; y a título de perjuicios morales, la suma de $3.500.000,oo”. Advierte el fallo que ese pago debe hacerse dentro de los quince días siguientes a su ejecutoria.
3. Los demandados TRANSPORTES MONTERREY LTDA y ANTONIO PAJARO OQUENDO, por conducto de un nuevo apoderado judicial, solicitaron la aclaración de la sentencia y además la corrección de un “error puramente aritmético”, alusivo a que en el fallo se mencionaba el término “intereses moratorios” cuando debió decir intereses sin más, que fue lo pedido por el demandante. Estas peticiones fueron negadas mediante providencia del 31 de agosto de 1998, ante lo cual esos demandados interpusieron recurso de casación, no concedido por el Tribunal al considerar que como la cuantía para recurrir en casación está fijada, de acuerdo con los lineamientos del decreto 522 de 1988, en $53.790.000,oo, el interés de estos recurrentes no alcanzaba esa cifra, como que sólo se sitúa en $45.583.203,oo según operación matemática realizada por el mismo Tribunal.
4. Formulado en oportunidad el recurso de queja, en él piden los recurrentes que sea concedido el recurso de casación por cuanto “el criterio sostenido por la Sala Civil Familia del Tribunal de Distrito Judicial de Barranquilla está en desacuerdo con la filosofía consagrada constitucionalmente en materia de prevalencia del derecho sustancial sobre el meramente formal o procedimental, como ser ‘la resolución desfavorable al recurrente, inferior a la indicada por el Decreto 522 de 1988’”. Agrega que la sentencia quebrantó el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción, toda vez que el debate no giró en torno a intereses moratorios, que fueron los expresados en la sentencia, en violación del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil.
II. CONSIDERACIONES
De acuerdo con el artículo 377 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de queja tiene por finalidad que la Corte Suprema de Justicia conceda el de casación cuando ha sido denegado si éste resultare procedente y existe interés para recurrir, de conformidad con la cuantía fijada por la ley, con los ajustes periódicos que ella manda.
Esta Corporación, en aplicación del artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, tiene definido que la cuantía del interés para recurrir en casación depende del valor económico del agravio inferido por la sentencia al recurrente, precisando que ese interés sólo debe apreciarse para la fecha en que se profirió la sentencia de segunda instancia, pues ese día es cuando se produce el mentado agravio o lesión patrimonial, sin que por lo tanto pueda válidamente inferirse su valor para antes o para después de la fecha de la decisión (Autos del 23 de noviembre de 1990, y del 14 de septiembre de 1993, entre otros).
De otra parte, la mayoría de la Sala ha considerado de tiempo atrás que para determinar la cuantía de ese interés, no sólo debe tomarse el día de la sentencia, sino que como el decreto 522 de 1988 estableció un reajuste periódico, el mecanismo para la obtención del reajuste debe tomar en consideración lo que indica el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, alusivo a que el recurso de casación procede cuando “el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de diez millones de pesos” con los reajustes “del modo que disponga la ley”, la que como es sabido, los hizo consistir (artículo 3º del Decreto 522 de 1988) en aumentar el 40% cada dos años a partir del 10 de enero de 1990.
Así, si el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil establece que ese “valor actual” debe ser o exceder de $10.000.000,oo se colige que a dicho “valor actual”, guarismo obtenido cada dos años, es al que debe aplicársele el porcentaje de aumento establecido en la ley, esto es, el 40%. Por tanto, desde el 1º de enero de 1990 y hasta el 31 de diciembre de 1991, el “valor actual” fue de $14.000.000,oo ( se aumenta el 40% de $10.000.000,oo); desde el 1º de enero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1993, el valor actual lo fue de $19.600.000 (se aumenta el 40% de $14.000,000,oo). Desde el 1º de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1995 tal valor quedó fijado en $27.440.000,oo. Para el período comprendido entre el 1º de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 1997 el valor actual se situó en $38.420.000 (el guarismo obtenido con la aplicación del porcentaje al último valor actual, se aproximó a la decena de mil siguiente, según el artículo 3 del decreto 522 de 1988). Y así se llega al valor actual vigente en la fecha, de $53.790.000.
Sólo restaría comparar el valor de la cuantía del interés de los recurrentes en el caso sometido a estudio con la cantidad de $53.790.000, para establecer si, en punto de la cuantía, es la Corte competente o no para conocer del recurso de casación interpuesto y denegado por el Tribunal. Y en efecto, con la utilización de las operaciones matemáticas que los propios recurrentes aportaron y aún incluyendo más tiempo que el que debía tener en cuenta, el Tribunal halló que la cuantía del agravio inferido por la sentencia a los recurrentes era del orden de los $45.583,203, guarismo que el propio Tribunal descompone así: $5.286.214 como indemnización por perjuicios materiales, $3.500.000,oo por perjuicios morales y $36.796.989 por intereses moratorios causados sobre el monto de los perjuicios materiales, desde la fecha de la demanda hasta el mismo día del proferimiento de la providencia que denegó el recurso de casación, es decir, con inclusión de muchos más días, pues ya se dijo que la fecha de la sentencia marca el día en que se produce el agravio.
Por consiguiente, como según el Tribunal el agravio para los recurrentes fue menor a $53.790.000, no alcanzó entonces la cuantía mínima para recurrir en casación, por lo que tal recurso se encuentra bien denegado.
Por último, debe expresarse que la Corte mal puede en el recurso de queja, aludir a las consideraciones del quejoso, pues son del todo impertinentes al asunto propio de este recurso, como que ataca directamente en un escenario equivocado una decisión contenida en la sentencia del Tribunal, atinente a intereses moratorios decretados por este, sin que para los recurrentes tales intereses hayan sido pedidos por el demandante. Esta impugnación de la sentencia no es el objeto del recurso de queja.
VI. DECISION
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria, Resuelve:
Declarar conforme a derecho el auto del 13 de octubre de 1.998 proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante el cual denegó recurso de casación interpuesto contra la sentencia del 10 de julio de 1998.
Devuélvase la actuación al inferior para que forme parte del expediente.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHOLSS
PEDRO LAFONT PIANETTA
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
RAFAEL ROMERO SIERRA
JORGE SANTOS BALLESTEROS