CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Magistrado Ponente: Dr. JORGE SANTOS BALLESTEROS
Santafé de Bogotá, D.C., tres (3) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Referencia: Expediente No. 7594
Decide la Corte sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por los demandantes YOLANDA OSPINA DE GARCIA y CAMILO GARCIA OSPINA, contra la sentencia de 10 de noviembre de 1.998, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Sala Civil Laboral, dentro del proceso ordinario por ellos seguido contra BLANCA MIREYA MEDINA DE GUTIERREZ y EMILIA PATRICIA PIZO CORDOBA.
ANTECEDENTES
Mediante demanda cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Popayán, los actores mencionados llamaron a proceso ordinario a los demandados asimismo indicados, a efectos de que se declarara inoponible a los primeros la compraventa celebrada por las demandadas contenida en la escritura pública Número 587 del 21 de julio de 1997, otorgada en la Notaría Unica de Timbio, por ser producto de fraude pauliano entre las contratantes, en perjuicio de los actores. Pidieron además que se revocara la enajenación del inmueble objeto de la compraventa a efectos de que éste retornara al patrimonio de la vendedora EMILIA PATRICIA PIZO CORDOBA y así poder cobrar el importe y demás accesorios de una letra de cambio a su cargo y a favor de los acreedores y actores.
El juez de conocimiento puso fin a la primera instancia con sentencia del 24 de septiembre de 1997 en la que desestimó las pretensiones de la demanda, por lo cual los actores interpusieron el recurso de apelación contra ese fallo, que recibió del Tribunal la confirmación mediante sentencia del 10 de noviembre de 1998, recurrida en casación por los demandantes. El Tribunal, mediante auto del 22 de febrero de 1999 lo concedió y dispuso expresamente que los portes de ida y regreso fuesen cancelados en la respectiva oficina postal dentro de los 10 días siguientes al de la llegada del expediente a esa oficina, conforme al artículo 132 del Código de Procedimiento Civil, amén de ordenar, de manera insólita, la suspensión de los efectos de la sentencia, señalando una caución que, en efecto, fue prestada a satisfacción para el Tribunal, por los actores.
Consta en el expediente (constancia secretarial visible a folio 297 del cuaderno principal) que el 19 de marzo de 1999 fue remitido éste a la Oficina Postal Nacional de la ciudad de Popayán “para que allí el recurrente en casación, dentro de los diez días siguientes a esta fecha, pague el valor de los portes de ida y regreso”. Y en el sobre en que vino el expediente a la Corte se incluyó un adhesivo (Guía R No. 30662074) en el que se hizo constar el pago de $4.600, sin alusión alguna a si este pago comprendía el porte de regreso del expediente, por lo que el magistrado ponente ofició a la Oficina Postal de Popayán para indagar sobre ese particular. Esta dependencia oficial dio respuesta mediante oficio del 10 de mayo de 1999 en el que textualmente informa que se cobró “tarifa de ida únicamente no incluye porte de regreso”.
CONSIDERACIONES
Es evidente el estado de deserción en que el recurso llegó a la Corte, pues los anteriores hechos demuestran que el porte de regreso no fue pagado por los recurrentes, carga procesal que de manera perentoria señala el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil al establecer que “la parte a quien corresponda pagar el porte deberá cancelar su valor de ida y regreso en la respectiva oficina postal, dentro de los diez días siguientes al de la llegada a ésta del expediente o de las copias. Cuando los portes sean a cargo de varias partes, basta que una de ellas los cancele. (-) Si pasado este término no se han pagado en su totalidad, el jefe de dicha oficina los devolverá al juzgado remitente con oficio explicativo, y el juez declarará desierto el recurso si fuere el caso, por auto que sólo tiene reposición”.
Y a contrario de lo que expresa el nuevo apoderado de los recurrentes -la decisión sobre su reconocimiento como tal habrá de tomarse en este proveído- no es materialmente imposible pagar el porte de regreso del expediente: el pago de ambos portes es lo que de ordinario se ve no sólo en esta Corporación sino en todas aquellas dependencias judiciales que deben conocer de recursos y para cuyo pronunciamiento debe serle remitido el expediente o copia de él. Solo que, y he aquí el defecto de los recurrentes, esa remisión debe hacerse “por correo ordinario” (artículo 132, ibídem), porque si lo que quiere el interesado es la remisión del expediente por el medio más rápido que ofrezca suficientes garantías, deberá entregarle al secretario “la totalidad del valor del porte, dentro de los tres días siguientes al de la ejecutoria del auto que dispuso la remisión, de lo cual se dejará constancia en el expediente” (ídem, inciso 3º). Al decir del desprendible adherido al sobre en el que se remitió el expediente a la Corte, en este caso se utilizó un servicio diferente (“Postexpress”), pero sin que se hubiese dado aplicación a la previsión del inciso tercero del artículo 132 del Código de Procedimiento Civil, pues no hay constancia de que ésta facultad haya sido utilizada por los interesados.
Estos asertos no corresponden a un falso prurito formalista de la Corte, que deban dejarse de lado, so pretexto de la prevalencia del derecho sustancial, pues el proceso como tal, es en sí mismo una garantía para las partes, las dos en este caso, de un ceñimiento a formas prestablecidas, de modo que dentro de ese entorno de eficacia procedimental se materialice el derecho sustancial -el de las dos partes-, cuya prelación es innegable cuando haya conflicto de éste y el derecho procesal, mas no cuando por olvido, desconocimiento o cualquier otra causa, no se ha cumplido con un trámite de manera clara establecido en la ley. Sobra decir que una posición como la que deja entrever el apoderado conduciría al desquiciamiento mismo del derecho sustancial, al que se habría de llegar de cualquier manera, en desmedro del derecho del otro.
Por lo anterior, la Corte encuentra que el recurso de casación interpuesto llegó a ella en estado de deserción, lo que obliga a su inadmisión.
DECISION
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, declara en estado de deserción y en consecuencia inadmite el recurso de casación interpuesto por los demandantes YOLANDA OSPINA DE GARCIA y CAMILO GARCIA OSPINA, contra la sentencia de 10 de noviembre de 1.998, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Sala Civil Laboral, dentro del proceso ordinario por ellos seguido contra BLANCA MIREYA MEDINA DE GUTIERREZ y EMILIA PATRICIA PIZO CORDOBA.
2. DEVUELVASE el expediente al Tribunal de origen.
3. Se reconoce al Dr. Jairo Enrique Herrera Pérez como apoderado sustituto de YOLANDA OSPINA DE GARCIA y CAMILO GARCIA OSPINA.
NOTIFIQUESE
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHOLSS
PEDRO LAFONT PIANETTA
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
RAFAEL ROMERO SIERRA
JORGE SANTOS BALLESTEROS