AC029-2014
Radicación N° 11001-02-03-000-2013-02949-00
Bogotá, D.C., veinte (20) de enero de dos mil catorce (2014)
Se decide lo pertinente respecto del conflicto de competencia planteado entre los Juzgados Civiles Municipales, Promiscuo de Puerto Colombia, Primero de Santa Marta y Veinte de Barranquilla, para conocer de la demanda ejecutiva promovida por Clínica de La Costa Ltda. contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –CAPRECOM-.
En el presente conflicto de competencia que ocupa la atención de la Corte, se observa la existencia de una situación que de suyo imponía un análisis en torno al domicilio de la entidad demandada, sin que ninguno de los despachos involucrados lo hubiese abordado; y como esa es una cuestión primordial, la colisión aquí suscitada se muestra prematura.
En efecto, en la demanda se consigna que la persona jurídica convocada a juicio tiene una «sucursal» en el municipio de Puerto Colombia, sin embargo dicha afirmación se encuentra huérfana de respaldo probatorio, en la medida en que los anexos que acompañan el libelo no dan cuenta de tal aserción.
Por lo anterior, correspondía al primigenio despacho ante el cual fue radicado el escrito introductorio (Puerto Colombia) realizar la respectiva indagación con el objeto de que determinara sin lugar a equívocos el domicilio de la ejecutada, en la medida en que este aspecto debe tenerse en cuenta para asignar la competencia territorial de la ejecución, en cuanto la actora en su demanda escogió el fuero general de competencia territorial previsto en el artículo 23[1] del Código de Procedimiento Civil, dejando a un lado el fuero contractual descrito en el numeral 5º de la misma norma.
De suerte que, al no existir medio de convicción que demuestre efectivamente cuál es la sede de la «sucursal» de la convocada a juicio, no puede predicarse certeza respecto de este dato, así como tampoco en el libelo se encuentra justificada y mucho menos demostrada la razón por la cual el cobro coercitivo vincula a dicha «sucursal» o territorial de la demandada, tópicos estos que son imprescindibles para radicar la atribución territorial del proceso ejecutivo que se pretende, y por lo mismo el conflicto de atribuciones resulta prematuramente suscitado.
Por razón de lo anotado, se imponía por parte del juez a quien fue inicialmente repartido el proceso clarificar esos aspectos mediante la inadmisión de la demanda, y como ello no ocurrió, no es posible pronunciarse acerca de la competencia resistida por los despachos en conflicto.
En consecuencia, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dispone devolver el expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, ante el cual fue repartida inicialmente la demanda ejecutiva, para que allí se le imprima, de conformidad con lo observado, el trámite correspondiente.
Notifíquese.
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
Magistrado