CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL
AC142-2014
Radicación n° 11001-31-03-013-2008-00266-01
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil catorce (2014).
Procede la Corte a resolver lo que corresponde sobre la admisión del recurso de casación propuesto por Ancizar, Mary Luz y Jeannette Arbeláez Almanza frente la sentencia de 28 de junio de 2013, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de Alicia Almanza de Arbeláez, María Enerieth, Johan Paul, Iveth Adriana y Justiniano Arbeláez Almanza, así como los impugnantes, contra Agripina León de Forero.
ANTECEDENTES
En relación con esa impugnación se presentaron las siguientes situaciones:
CONSIDERACIONES
Es así como se debe verificar la oportunidad en su formulación, la naturaleza del asunto, el interés que le asiste al opugnante y los efectos de la providencia cuestionada.
La decisión de admitir este medio de contradicción, por ende, lleva implícito un examen exhaustivo de que los pasos previos al arribo del expediente a la Corte estén satisfechos. De no ser así, deben retornar las actuaciones al juzgador para que se solucionen los aspectos que lo tornan prematuro.
Esta Corporación en auto de 31 de julio de 2012, Rad. 2012-00264, dijo que
(…) se le ha atribuido competencia para decidir sobre la admisión del recurso de casación, facultad que implica no solo verificar los requisitos legales para ello, sino también auscultar la labor del Tribunal con el fin de constatar que la concesión se ajustó al ordenamiento jurídico, por manera que si se evidencia que el ad quem se apresuró al conceder el recurso extraordinario, dicha determinación no obliga a la Corte a admitir el recurso de casación, etapa distinta y posterior a la surtida ante el juzgador de segundo grado.
Sin embargo, en caso de que existan inconvenientes en su determinación, la ley adjetiva contempla la posibilidad de acudir al apoyo de un profesional especializado, para que rinda una experticia en las materias que son ajenas al fallador. Ese medio de convicción, si bien es inobjetable, debe ser obtenido bajo las normas que gobiernan la prueba pericial, para su valoración de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
De tal manera que rendido el dictamen, de conformidad con el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, «se correrá traslado a las partes por tres días, durante los cuales podrán pedir que se complemente o aclare», pues, de omitirse este paso, no quedaría sometido a contradicción y por ende adolecería de una irregularidad que imposibilita tasarlo.
La Corte en auto de 6 de marzo de 2012, Rad. 2006-00005, advierte sobre el particular que:
La debida concesión del recurso de casación está condicionada, entre otros factores, por el valor actual del agravio que la sentencia acusada le hubiere ocasionado al impugnante (artículo 366 del Código de Procedimiento Civil), el cual puede ser establecido o acreditado, ya con soporte en los medios probatorios que obren en el proceso, ora con apoyo en un dictamen pericial ordenado para tal efecto, cuando aquel “no aparezca determinado”, según lo precisa el artículo 370 ibídem (…) Cumple recordar que el referido justiprecio está sometido, como es natural, a las reglas que el ordenamiento jurídico prevé para la prueba pericial, salvo lo atinente a la objeción del mismo, la cual está eliminada expresamente por el citado artículo 370 del Código de Procedimiento Civil. Por consiguiente, de la experticia que se rinda debe correrse traslado a las partes, quienes pueden pedir su aclaración o su complementación (num. 1º, artículo 238 ibídem). Además, en caso de así solicitarse y ordenarse, de la aclaración o de la complementación que se elabore deberá, igualmente, surtirse el traslado respectivo (num. 4º ibídem), con el cual se garantiza la publicidad de la pericia.
Esta Sala al respecto, en auto de 25 de enero de 2013, Rad. 2009-00676, recalcó que:
La labor de tasación del desmedro económico del impugnante, que está a cargo de quien concede el medio de contradicción, no presenta mayor dificultad cuando se trata de partes singulares. Sin embargo, contemplan los artículos 50 y 51 del Código de Procedimiento Civil la posibilidad de que su conformación sea plural, en cuyo caso la calidad que tengan como litisconsortes facultativos o necesarios incide en la decisión que se tome, pues, mientras que los primeros son considerados como litigantes separados, a los últimos los une un vínculo tal que la resolución para todos ellos es uniforme (…) Bajo ese criterio, cuando varios interesados acuden al unísono en acumulación de pretensiones como accionantes, aun sabiendo que pueden formular sus reclamos de manera independiente, sus expectativas en las resultas del debate difieren, lo que conlleva a un análisis individualizado de su interés para controvertir la decisión del juzgador, en el caso de que uno o varios de ellos advierta que la misma les es lesiva.
Tal falencia le restaba el mérito que se le confirió el Tribunal a esa prueba, al señalar que «el interés de la parte demandante en la acción de dominio para recurrir asciende a la suma de $1.814’4000.000, que es el avalúo comercial del inmueble trabado en la litis vigente para el año 2013, según la experticia ordenada en auto de julio de 2013».
Sobre esta irregularidad la Corporación, en auto de 8 de junio de 2012, Rad. 2007-02647, expuso que
Con el propósito de determinar el interés para recurrir en casación de la demandada en este asunto, el Tribunal ordenó la práctica de un dictamen pericial, a cuyas resultas se atuvo, sin más, para conceder la impugnación extraordinaria (…) Sin embargo, esa prueba no fue sometida a publicidad y contradicción, a pesar de que el 370 del Código de Procedimiento Civil apenas excluye la posibilidad de objetarla, es decir, que a la luz del artículo 238 ibídem, se trataba de un medio demostrativo susceptible de aclaración y complementación, por lo que ha debido surtirse su traslado con miras a que las partes, si así lo estimaban, ejercieran esas precisas herramientas (…) Como dijo la Corte en un evento similar al de ahora, “ingresado el dictamen al Despacho, en lugar de ordenarse el respectivo traslado a las partes, se decidió sobre la concesión del recurso de casación interpuesto por la parte actora. Así las cosas, la Sala colige que la omisión anotada denota, per se, la falta de publicidad de la mencionada actuación, lo que la convierte en una prueba no controvertida y, por lo mismo, inatendible, por lo que el Tribunal debió abstenerse de su valoración sin antes haberse surtido el traslado a las partes que ahora se extraña” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Auto de 6 de marzo de 2012, Exp. 11001-3103-016-2006-00005-01).
Tampoco justificó por qué razón concluyó que «el interés de la parte demandante en la acción de dominio para recurrir asciende a la suma de $1.814’400.000”, siendo que tenía varios integrantes, no todos ellos opugnaron y ni siquiera verificó qué relación litisconsorcial los une.
DECISIÓN
Con base en lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar prematuro el pronunciamiento de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, concediendo el recurso de casación frente la sentencia de 28 de junio de 2013, proferida por la Sala de Descongestión de esa misma Corporación, dentro del proceso ordinario de Alicia Almanza de Arbeláez, María Enerieth, Johan Paul, Iveth Adriana, Justiniano, Ancizar, Mary Luz y Jeannette Arbeláez Almanza, contra Agripina León de Forero.
Segundo: Devolver la actuación a la oficina de origen, para que una vez agotada la actuación pertinente, proceda como le compete.
Notifíquese
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
Magistrado