CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL
AC143-2014
Radicación n°
11001-02-03-000-2013-02020-00
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de enero de
dos mil catorce (2014).
Resuelve la Corte lo pertinente respecto del
recurso de queja interpuesto por el demandado frente al auto de 17 de junio de
2013, por medio del cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla declaró desierto el de casación del fallo
de 22 de agosto de 2011, dictado dentro del proceso ordinario de Doris Elena
Gómez Aguirre contra José del Carmen Barros Redondo.
ANTECEDENTES
- La actora pidió declarar que entre
ella y el demandado existió una unión marital de hecho, desde el 18 de enero
de 1991 hasta el 3 de noviembre de 2000, con la consecuente sociedad
patrimonial entre compañeros permanentes, que está disuelta y debe liquidarse
(folios 3 y 4, cuaderno 1).
- El Juzgado Cuarto de Familia de
Barranquilla desestimó tales súplicas, en fallo de 30 de enero de 2006, que
apeló la promotora (folios 926 al 980, cuaderno 1).
- El superior, en sentencia de 22 de
agosto de 2011, revocó la decisión y, en su lugar, declaró la existencia de
la unión marital de hecho y sociedad patrimonial entre las partes, desde el 18
de enero de 1991 hasta el 3 de noviembre de 2000, fecha de su disolución, y
ordenó su liquidación (folios 117 al 127, cuaderno 10).
- El opositor recurrió en casación y
ofreció prestar caución para responder por los perjuicios que pudiese
ocasionar a su contendiente con la suspensión de lo resuelto (folio 130,
cuaderno 10).
- En relación con esa impugnación se
presentaron las siguientes situaciones:
- Fue concedida en auto de 12 de
diciembre de 2011, sin exigir garantía porque «la
unión marital de hecho es una especie de estado civil” (folios 149 y 160, cuaderno 10).
- La Corte declaró prematuro el
pronunciamiento del ad quem,
en auto de 16 de marzo de 2012, en vista de que el «fallo opugnado no versa exclusivamente sobre el estado
civil», pues, el mismo comprendía la disolución y
liquidación de la comunidad de bienes, que es susceptible de cumplimiento
(folios 17 al 22).
- El juzgador de segundo grado
procedió así:
- Designó perito para cuantificar las
pretensiones del libelo, el 17 de julio de ese mismo año (folios 157 y 158,
cuaderno 10).
- Concedió el recurso extraordinario,
el 4 de diciembre siguiente, ordenando al interesado pagar los portes,
suministrar dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria lo
necesario para expedir las copias requeridas para el cumplimiento del fallo y
«prestar caución para efectos de la suspensión del
cumplimiento de la sentencia; por valor de $1.405.121,68, la cual podrá ser
prestada en dinero, compañía de seguros, real o bancaria” (folios 172 al 174, cuaderno 10).
- Repuso el anterior proveído, el 6
de marzo de 2013, en cuanto al monto de la garantía, que fijo en un mil
cuatrocientos trece millones ciento setenta y cuatro mil novecientos cincuenta
y seis pesos ($1.413’174.956), a constituir en diez (10) días «contados a partir de la notificación del presente
auto» (folios 190 al 192, cuaderno 10).
- Declaró desierto «el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte
demandada», el 17 de junio de 2013, porque
«el no haber aportado la caución para suspender el
cumplimiento de la sentencia, si bien no impedía el trámite del recurso de
casación; lo cierto es que el no suministro de lo necesario para la
expedición de las copias por parte del recurrente dentro de los términos
señalados trae como consecuencia» ese efecto (folios
160 al 163, cuaderno 10).
- El contradictor pidió reponer el
último pronunciamiento citado y, en subsidio, que se le expidieran
«copias de la providencia recurrida y de las demás
piezas conducentes para interponer el recurso de queja» (folios 164 al 167, cuaderno 10).
- El Tribunal rechazó por
improcedente el ataque horizontal e impartió las instrucciones necesarias para
acudir por esta vía, el 17 de julio de 2013 (folios 181 y 182, cuaderno 10).
- El costo de las reproducciones
dispuestas fue pagado el 24 próximo (folio 185, cuaderno 1); el 12 de agosto
se dio aviso para su retiro, lo que aconteció el 15, y se presentó la
sustentación el 23 de agosto (folios 1 al 9), todo ello en
términos.
- El censor argumenta que es
procedente el reclamo porque el artículo 373 del Código de Procedimiento
Civil establece que:
(…) el recurso ordinario de queja cabe
“cuando se deniegue el de casación” referencia que resulta ser
suficientemente amplia para permitir que allí queden comprendidas todas las
providencias mediante las cuales el ad quem decida no darle trámite al recurso
de casación, bien sea negando su concesión o declarándolo desierto. Si el
legislador no hizo diferenciación alguna, mal puede hacerla el intérprete,
máxime si dicha distinción conduce a la privación del ejercicio del derecho
a la impugnación.
- Por secretaría se corrió el
correspondiente traslado mediante fijación en lista el 29 de agosto de 2013
(folio 12), habiéndose guardado silencio por su contradictor.
- Con antelación a resolver lo
correspondiente a la queja, se rechazó de plano la nulidad que en el mismo
escrito planteó el inconforme, mediante proveído de 25 de noviembre de esa
misma anualidad.
CONSIDERACIONES
- Los medios de contradicción que
confiere la ley procesal a los litigantes, como un mecanismo para hacer que la
misma administración de justicia enmiende cualquier yerro en su actuar, no son
ilimitados ni ajenos al procedimiento, pues, para su ejercicio hay que tener en
cuenta que son taxativos, además de que cada uno posee unas particularidades
que los diferencian y los convierten en idóneos para atacar las decisiones de
los falladores.
La Sala sobre el particular, en auto del 21
de marzo de 2013, Rad. 2012-00973, precisó que
A pesar de que los recursos se encuentran
instituidos como garantías procesales, para evitar la perennidad de los yerros
en que pueda incurrir el funcionario judicial, no son ajenos a la regulación
que de ellos se hace en las normas adjetivas. Es así como obedecen a patrones
de restricción, oportunidad, demostración y cumplimiento de las cargas
procesales que les son implícitas, como el pago de expensas y portes, en los
casos que lo requieran (…) Sobre la especificidad que los caracteriza, tiene
dicho la Corte que “[e]n el foro colombiano absolutamente nadie discute el
carácter extraordinario del recurso de casación, lo que traduce, si se
quiere, que en su ámbito es mayor el apogeo del principio de la taxatividad
que rige a todos los medios de impugnación. A ello bien puede adicionarse que
las normas excepcionales son de interpretación estricta y alcance restricto, a
fin de encontrar, en la sumatoria de los argumentos expuestos, que el singular
recurso no es viable respecto de todas las providencias judiciales sino sólo
frente a las que la legislación determina como susceptibles del mismo” (auto
del 14 de enero de 2003, exp. 2002-00213).
- Los artículos 25, 370 y 377 del
Código de Procedimiento Civil, en lo que se refiere al recurso extraordinario
de casación, señalan con estrictez qué clase de providencias son
susceptibles de impugnar por vía de queja, circunscribiéndolo al auto que lo
deniega y al que lo declara desierto, pero, en este último caso, únicamente
cuando el censor no presta la colaboración necesaria para cuantificar su
interés.
- Tienen trascendencia en este caso en
particular lo que a continuación se relaciona:
- Que el demandado recurrió en
casación la sentencia de segundo grado (folio 130, cuaderno 10).
- Que el Tribunal concedió la
impugnación en auto de 4 de diciembre de 2012, en el cual se señalaron al
opugnador algunas cargas procesales (folios 172 al 174, cuaderno
10).
- Que en pronunciamiento de 17 de
junio de 2013, se declaró desierto «el recurso
extraordinario de casación interpuesto por la parte demandada», como consecuencia del incumplimiento de los deberes impuestos
(folios 160 al 163, cuaderno 10).
- Que el cuestionamiento se propone
frente a esta última decisión (folio 3).
- La queja planteada es inviable, toda
vez que el recurso de casación no fue denegado sino que por el contrario se
concedió.
El que se truncara su curso, derivando en
deserción, fue el producto de la insatisfacción de obligaciones que
competían al interesado y cuyo control corresponde al fallador de segunda
instancia, sin que este supuesto corresponda a alguno de los que expresamente
contempla la ley como susceptibles de examen por esta senda.
Como se señaló con antelación, solamente
se contempla la queja por deserción del recurso en el evento del artículo 370
del estatuto procesal civil, esto es, cuando antes de pronunciarse el Tribunal
sobre la procedencia o no del ataque, se requiere de la colaboración de la
parte afectada en la cuantificación del interés, entendiéndose renuente a
ello. Situación que difiere ostensiblemente de la que aquí
acontece.
- La Corporación en auto de 8 de
junio de 2010, Rad. 2010-00563, al respecto recalcó que
De conformidad con lo establecido en el art.
377 del C. de P.C., y en relación con lo que es materia del pronunciamiento de
la Corte, debe tenerse en cuenta que el recurso de queja procede contra el auto
que deniegue el de casación, y no contra el que lo declara desierto, salvo el
evento especial consagrado en el art. 370 del C. de P.C., que no tiene
ocurrencia en el asunto que se resuelve (…) Ya la Corte ha tenido oportunidad
de pronunciarse sobre esta temática así: “el auto que declara desierto el
recurso de casación y el que niega la concesión del interpuesto, si bien
aparentemente son decisiones que por alguno de sus efectos permiten
asimilarlas, no son sin embargo idénticas, desde luego que cada una
corresponde a situación jurídicamente diferente. Obedece el primero de dichos
autos al supuesto de que, por la omisión de una conducta de realización
facultativa establecida en el exclusivo interés de un litigante, su
inactividad conduce a situarlo en posición desfavorable en el proceso, como
es, por ejemplo la ejecutoria de una providencia que le es perjudicial; el
segundo en cambio corresponde a la hipótesis de que el juez de instancia, por
estimar que el recurso de casación interpuesto es improcedente según la ley,
deniega la concesión” (auto de 27 de agosto de 1975, sin
publicar).
- En consecuencia, como se arremete
contra una providencia que no es susceptible de este escrutinio, no se avocará
su estudio.
DECISIÓN
Con base en lo anteriormente expuesto, la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Rechazar,
por improcedente, el recurso de queja del demandado frente al auto de 17 de
junio de 2013, por medio del cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla declaró desierto el de casación del
fallo de 22 de agosto de 2011, dictado dentro del proceso ordinario de Doris
Elena Gómez Aguirre contra José del Carmen Barros Redondo.
Segundo: Devolver
la actuación a la oficina de origen.
Notifíquese
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
Magistrado