SC14658-2015
Radicación n° 11001-31-03-039-2010-00490-01
(Aprobada en sesión de cuatro de agosto de dos mil quince)
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil quince (2015).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Aseo Total ESP frente a la sentencia de 16 de agosto de 2013, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que adelanta contra Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria.
Consecuentemente exigió condenarla al pago de un mil trescientos seis millones doscientos setenta y seis mil setecientos sesenta y cuatro pesos con treinta y siete centavos ($1.306’276.764,37) o lo que «resulte acreditad[o] en el proceso», con la corrección monetaria e intereses comerciales, así como los moratorios si no cumple en la ejecutoria de la decisión.
Admiten esta síntesis:
La recurrente formuló un solo ataque, con fundamento en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, por vía indirecta (folios 22 al 62).
Acusa la violación, por falta de aplicación, de los artículos 63, 1617, 1626, 1627 y 1634 del Código Civil; 8 de la Ley 153 de 1887; 16 de la Ley 446 de 1998; 822, 1234 ordinal 1°, 1235 ordinal 1° y 1243 del Código de Comercio; 839-1, parágrafo 1, y 839-2 del Decreto Extraordinario 624 de 1989, el primero adicionado por el 86 de Ley 6 de 1992; y 76, último inciso, y 681, numerales 4 y 11, del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas y de la demanda.
Lo desarrolla de la manera que se sintetiza:
También, al dar por sentado, en contra de lo que se acreditó, que ésta recaía en los dineros de Corpoaseo en poder de Fiducolombia y lo que le restara, así como que lo exigido es el «cumplimiento de una de las obligaciones contraídas en el contrato de fiducia suscrito el 30 de septiembre de 2003».
Fue así como la UESP en su respuesta (6 jul. 2004), «afirmó no tener dineros de propiedad de la ejecutada que pudieren ser materia de la retención ordenada», lo que le impedía darle cumplimiento y por ende, le sugirió a la DIAN dirigirse a la Fiduciaria Bogotá S.A. que manejaba los recursos provenientes de la ejecución del contrato 021 de 1994.
Ahora bien, al contactar la Dian a Fiducolombia (11 may. 2004), sin aludir a algún «embargo previo de bienes», se limitó a hacerle un recuento del juicio coactivo «y, a solicitar, en forma respetuosa a la demandada, -e improcedente por lo demás- la retención y consignación de los dineros en la cuenta corriente que allí se indica».
Quiere decir que la DIAN «nunca embargó en la Resolución 225-06 los dineros que administraba Fiducolombia», por lo que no estaba compelida a poner a disposición de esa entidad las sumas de dinero, «así se le hubiere pedido en la carta fechada el 11 de mayo de 2004», por lo que la promotora estaba legitimada para demandar a la «Fiduciaria por las sumas de dinero dejadas de pagar habida cuenta de la cesión hecha por Corpoaseo a favor de Aseo Total S. A.».
Si los hubiera analizado, al unísono con la Resolución 225-06 de la DIAN que decretó el embargo, debió advertir la falta de coincidencia entre lo cautelado «vale decir, dineros de Corpoaseo derivados de la ejecución del contrato 021 de 1994, y el que fue retenido por la fiduciaria, recursos del esquema anterior de aseo, que ella administraba que conformaban un patrimonio autónomo materia de especial protección (art. 1238 Código de Comercio)», razón por demás para entender que la fiduciaria actuó en forma irresponsable.
En ese acto procesal complejo, como consta en las normas tributarias, se distingue «con meridiana claridad, entre "la resolución que decreta el embargo de bienes" (primer inciso del artículo 839), del oficio por medio del cual se comunica tal medida cautelar respecto de saldos bancarios y demás valores (numeral 2, ibídem)», siendo obvio que se precise en ambos, «entre otras cosas, la persona afectada con aquella, el bien que se embarga, determinado por sus características principales, [y] el límite cuantitativo de la cautela».
Cuando se concreta a un desvío del marco litigioso trazado en el libelo, es labor del recurrente develar cómo se desfiguró el debate por una visión equivocada del fallador frente al querer expresado por quien entiende lesionados sus derechos, lo que se traduce en una solución que no está acorde con lo requerido y por lo tanto sigue pendiente de definir. Eso sí, queda a salvo de este tipo de discusión, el ejercicio de la facultad de esclarecer o dilucidar los textos confusos o contradictorios, cuando con ello se persigue un apropiado ejercicio de la función judicial.
En ese sentido la Corte, en SC 19 Oct. 1994, rad. 3972, citada en SC10298-2014, recordó como
[l]a apreciación errónea de una demanda constituye motivo determinante de la casación de un fallo proferido por la jurisdicción civil, habida consideración que adoleciendo este último de un defecto de tal naturaleza, la decisión adoptada dirimirá el conflicto con apoyo en reglas de derecho sustancial que le son extrañas y, por consecuencia, habrá dejado de aplicar las que son pertinentes para regularlo. Pero es en verdad importante no perder de vista que al tenor de aquella disposición procesal, para que así sucedan las cosas y sea viable la infirmación por la causa aludida, deben reunirse varias condiciones que no siempre se dan con la facilidad que por lo común suponen los litigantes que al recurso en referencia acuden, residiendo una de ellas, como se sabe, en la necesaria ocurrencia de un genuino error de hecho que además de manifiesto e influyente en lo dispositivo de la resolución judicial por esta vía impugnada, ha de consistir en la desfiguración mental o material del escrito de demanda por falta de cuidadosa observación, capaz de producir por lo tanto una desviación ideológica del juez en relación con los elementos llamados a identificar el contenido medular de dicho escrito y respecto de los cuales ese funcionario no tiene atribución para suplir a las partes (…) En otras palabras y en orden a que tengan relevancia para los fines señalados, la falencia de juzgamiento de la que viene haciendo mérito debe tener origen en un yerro objetivo que surgiendo de una desfiguración evidente y por eso mismo perceptible de manera intuitiva, vaya contra toda razón en cuanto que, tergiversando el texto de la demanda “...le hace decir lo que no expresa o le cercena su real contenido” (G.J. t. CXXXIX, pág. 136) en lo que atañe a la causa pretendí hecha valer por el actor, el petitum por él formulado o la naturaleza jurídica de la pretensión concreta entablada.
Si el yerro de facto manifiesto deriva de la forma como se sopesaron las pruebas, se requiere de una labor argumentativa encaminada a demostrar la relevancia de la equivocación, por existir disparidad evidente entre las conclusiones del fallo, con lo que arrojan los elementos recaudados para acreditar lo delimitado por las partes en litigio.
La Corte sobre esta variable tiene dicho que
(…) al denunciarse en el punto la comisión de errores de hecho probatorios, pertinente resulta memorar que no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casación, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dialéctico, así sea acertado, frente a unas conclusiones también razonables del sentenciador, dejaría de ser evidente, pues simplemente se trataría de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecería la del juzgador, puesto que la decisión ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunción de acierto (SC del 9 de agosto de 2010, rad. 2004-00524).
Al respecto la Corte, en SC 24 jul. 2012, rad. 1998-21524-01, citada en SC4809-2014, recordó que
[l]a legitimación en la causa consiste en ser la persona que la ley faculta para ejercitar la acción o para resistir la misma, por lo que concierne con el derecho sustancial y no al procesal, conforme lo tiene decantado la jurisprudencia (…) En efecto, ésta ha sostenido que “el interés legítimo, serio y actual del “titular de una determinada relación jurídica o estado jurídico” (U. Rocco, Tratado de derecho procesal civil, T. I, Parte general, 2ª reimpresión, Temis-Depalma, Bogotá, Buenos Aires, 1983, pp. 360), exige plena coincidencia “de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva). (Instituciones de Derecho Procesal Civil, I, 185)” (CXXXVIII, 364/65), y el juez debe verificarla “con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria, según quien pretende y frente a quien se reclama el derecho sea o no su titular” (cas. civ. sentencia de 1° de julio de 2008, [SC-061-2008], exp. 11001-3103-033-2001-06291-01). Y ha sido enfática en sostener que tal fenómeno jurídico ‘es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste” (Sent. de Cas. Civ. de 14 de agosto de 1995, Exp. n° 4268, reiterada en el fallo de 12 de junio de 2001, Exp.n° 6050)”.
En la referida SC4809-2014 recalcó la Sala que
[s]i bien el artículo 229 de la Constitución Política garantiza el acceso de toda persona a la administración de justicia, no se trata de un derecho absoluto, puesto que tiene como cortapisa el que se tenga un interés legítimo para poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del estado. En caso contrario, se asumen las consecuencias adversas de la perturbación que un proceder arbitrario o sin fundamento les genere a los que injustificadamente sean convocados a los estrados (…) La relevancia de tal comportamiento, lejos de constituir un desfase procesal susceptible de ser regularizado, conlleva la imposibilidad de finiquitar plenamente la contienda, pues, su connotación sustancial obliga a la denegación de los pedimentos, sin que haya lugar a estudiar el fondo de los puntos en discusión (…).
De allí que cuando los conflictos surjan de un acuerdo de voluntades y todo lo que de allí se deriva, lo lógico es que sea entre sus intervinientes, por lo que cualquier reclamación hecha por o contra un tercero que no participó del mismo, amerita de un examen previo sobre si le asiste o no interés para reclamar o responder.
No obstante la suficiencia de ese aspecto para desestimar las pretensiones, el ad quem agregó que «al no haber sido aceptada la cesión alegada por la parte actora frente a la demandada, la misma no fue reconocida en la calidad que reclama y por tanto no está legitimada para adelantar el presente proceso, faltando uno de los presupuestos materiales de la acción».
Frente a tal afirmación fue silente la impugnante, admitiéndola sin reparos, ya que la indebida apreciación de la demanda y de los medios de convicción se concretan es a una irregularidad en el perfeccionamiento del embargo, mas no a que, en contra de lo dicho por el fallador, una correcta lectura de ellos diera por surtida la «aceptación» como presupuesto indefectible de viabilidad del estudio de los reclamos.
Quedó así sin rebatir uno de los puntos basilares de la determinación, lo que convierte en incompleto el cargo, ya que solo se hizo una mención tangencial al decir que en la comunicación donde Fiducolombia recuerda a la UESP la exigencia del «giro de los dineros correspondientes a Corpoaseo Total S.A. ESP» (25 may. 2005), acredita que «para la demandada, ya era un hecho cumplido, la cesión de derechos económicos», dejando inamovible el que a pesar de saberse de la transacción no fue «aceptada», por tratarse de dos cosas distintas.
Cualquier desacuerdo sobre ese juicio de valor debió afrontarse como una violación directa de dichas normas sustanciales que confieren efectos y delimitan los alcances del referido acto de voluntad, lo que omitió la recurrente, como si estuviera completamente de acuerdo con el razonamiento.
En la forma como sucedieron los hechos, independientemente del resultado que se obtuviera, Aseo Total ESP si estaba facultada para promover el pleito, puesto que la cesión se perfeccionó entre quienes la convinieron, además de que la opositora tuvo conocimiento de su ocurrencia desde antes del inicio, sin que su aceptación fuera imprescindible. Cosa muy diferente en el debate eran los efectos para el obligado del acto de transferencia, de acuerdo al momento en que se enteró.
La cesión de créditos, de que tratan los artículos 1959 al 1966 del Código Civil, es un negocio jurídico en el que un acreedor transfiere «a cualquier título» a otro, que pasa a sucederlo, los derechos sobre una deuda cuya satisfacción está a cargo de un tercero ajeno a esa transacción, pero que asume las consecuencias luego de ser sabedor de ello, no antes.
Comprende así dos etapas, la primera relacionada con la entrega del título representativo de la obligación del tenedor originario a quien pasa a reemplazarlo. De allí que cuando no consta por escrito, es menester elaborar un documento en el que se concreten sus términos, quedando así perfeccionado el pacto y surgiendo entre los intervinientes responsabilidades recíprocas. La segunda consiste en lograr que el acuerdo produzca efectos frente al compelido a satisfacer, lo que se obtiene ya sea con la correspondiente notificación o mediando la aceptación de éste.
Tanta es la trascendencia del enteramiento que, mientras no se dé, para el solvens es como si nada hubiera cambiado y su accipiens sigue siendo el mismo, pudiendo abonarle o cubrir el monto pendiente; incluso sigue formando parte de la prenda general de los acreedores del «cedente», quienes pueden embargar el crédito.
Por lo tanto, el conocimiento del deudor, ya sea que lo documenten los interesados o provenga de una manifestación propia de aquel, que puede ser fortuita o provocada, constituye un punto de quiebre para determinar los alcances que del acto se derivan.
La Corte en SC 31 ago. 1920, GJ t. XXVIII, pág. 165, al tratar el tema, señaló que
[e]l artículo 1959, subrogado por el 33 de la Ley 57 de 1887, establece que la cesión de un crédito, a cualquier título que se haga, no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del título (…) Es medio necesario para que se efectúe el traspaso del dominio del crédito, la tradición, que se obra con la entrega que el cedente hace al cesionario, sin lo cual no puede decirse dueño del crédito éste (…) Lo dicho es pertinente para las relaciones entre cedente y cesionario, pero si se tienen en cuenta las relaciones de éste con el deudor que es lo contemplado, entonces la ley, artículo 1960 del Código Civil, dispone que para que la cesión produzca efectos contra éste y contra terceros (el deudor también lo es), se necesita que se notifique por el cesionario al deudor, o sea aceptada por éste (…) Esta notificación debe hacerse, artículo 1961, exhibiendo el título, el cual debe llevar una nota del traspaso hecho del derecho, en la cual se designe el cesionario, nota que será firmada por el cedente (…) De esto resulta que por la tradición o entrega del título que encarna el derecho enajenado, el cesionario lo tiene en su poder, y por la nota que lleva se comprueba la cesión verificada, de lo cual queda impuesto el deudor, con la notificación o noticia que el cesionario le hace o le da (…) Siendo el objeto de esta disposición el que el deudor sea conocedor de la cesión, en defecto de la notificación, admite la aceptación. Esta puede ser expresa o tácita. Expresa cuando por cualquier modo claro se hace sabedor y así lo manifiesta; y tácita en los casos prescritos en el artículo 1962 del Código Civil (…) Cumplidos estos requisitos, todo derecho que un tercero distinto del deudor quisiera oponer al cesionario, tendría que ceder el paso al de éste, y por lo mismo no tendría valor contra él.
Lo que abordó de nuevo en SC 7 may. 1941, GJ 1971, pag. 279, para indicar que
[d]e acuerdo con la disposición de los artículos 33 de la Ley 57 de 1887, 761, 1960 y 1961 del C. C, la cesión de los créditos nominativos, que es la tradición por medio de la cual el titular del derecho personal lo transfiere al cesionario que pasa a ocupar el lugar del acreedor en virtud de una convención celebrada entre ellos, se cumple y perfecciona por efecto de la entrega del título justificativo del crédito que llevará anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo la firma del cedente. Realizada la entrega del título en la forma dicha, queda radicado el crédito en menos del cesionario, y de este modo termina la primera etapa de la cesión, que se desarrolla entre el cedente y el cesionario; pero como toda cesión de derecho personal se refiere también al deudor de la obligación, sujeto pasivo del derecho cedido, en relación con éste se cumple la segunda etapa del fenómeno, que tiende a vincular al deudor con la cesión dándole conocimiento de que la persona del acreedor ha cambiado, lo cual se obtiene con la notificación de la cesión o con la aceptación que él haga de ella, cosas estas que no afectan la validez de la tradición entre cedente y cesionario. De modo, pues, que mientras no sobrevenga la notificación de la cesión al deudor o la aceptación expresa o tácita de éste, sólo puede considerarse al cesionario dueño del derecho personal respecto del cedente, pero no respecto del deudor y de terceros.
A pesar de la relevancia que en sus alcances tiene la «notificación al deudor», así como la «aceptación» que éste espontáneamente manifieste, tales situaciones no constituyen requisitos de validez de la cesión, que se materializa aun en contra de la voluntad del obligado, pues, solo limitan sus alcances.
Incluso de la forma como aparecen redactados los artículos 1960, 1962 y 1963 ibidem, lo trascendente es informar la ocurrencia del cambio y no la obtención de un visto bueno. Tan es así que el asentimiento indica es un conocimiento de relevó del otro contratante, sin que su obtención sea imperiosa.
Cosa muy distinta es que el instante en que se noticia la modificación repercuta en la imposibilidad de cumplir al «cesionario», en todo o parte, por circunstancias atribuibles a su predecesor. Tal es el caso de la existencia de una cautela, la realización de abonos no contenidos en el título o la información previa de transferencia del derecho a distinta persona, eso sí, sin desatender que por expresa prohibición del artículo 1964 id, la «cesión de un crédito (…) no traspasa las excepciones personales del cedente».
Esta Corporación en SC 31 jul. 1941, GJ 1977, pág. 6, se pronunció sobre el particular, resaltando como es sabido
(…) que el contrato en virtud del cual un acreedor cede su crédito a un tercero, se perfecciona entre el cedente y el cesionario sin el conocimiento, sin el consentimiento, y aun contra la voluntad del deudor, por la entrega del título, que debe llevar anotado el traspaso del derecho, o con el otorgamiento del documento respectivo cuando aquél no consta por escrito. De consiguiente, el deudor cedido es completamente extraño a dicho contrato, a cuya celebración no puede oponerse y contra el cual, en sí mismo considerado, no tiene derecho alguno qué hacer valer, por no ser parte en él (…) Conforme al artículo 1960 del C. C. la cesión no produce efectos contra el deudor ni contra terceros mientras no sea notificada por el cesionario al deudor, o aceptada por él, y en tales condiciones puede el deudor pagar válidamente al cedente, o puede embargarse el crédito por acreedores de éste, porque, en general, se considera que el crédito existe en manos del cedente, respecto del deudor y de terceros, como lo estatuye el artículo 1963 de allí; pero no por eso deja de tener vida legal perfecta y de producir todos sus efectos, entre cedente y cesionario, el contrato que dio origen a la cesión del crédito (…) Aceptada la cesión por el deudor, o notificado legalmente de ella por el cesionario, aquél se vincula al contrato celebrado entre cedente y cesionario, pero únicamente en lo relacionado con el pago del crédito y con las excepciones que puede proponer al cesionario, de acuerdo con el artículo 1718 ibídem y demás disposiciones pertinentes. El deudor tiene entonces el derecho de alegar contra el cesionario todo lo que hubiere podido alegar contra el cedente, inclusive la no existencia o la invalidez de la obligación que se le cobra, pero no puede tenerlo para discutir la validez del contrato celebrado entre cedente y cesionario, porque no es pare en él, ni ese contrato lo perjudica, toda vez que la obligación contraída no se hace más gravosa para el deudor, ni éste tiene interés en no realizar el pago, ni en hacerlo a determinada persona, sino en verificarlo bien, para obtener la solución de su deuda.
Eso también fue objeto de pronunciamiento en SC 26 mar. 1942, para recalcar que
[r]ealizada la entrega del título por el cedente al cesionario se consuma la trasferencia del dominio del crédito y queda radicado éste en manos del cesionario. Termina con este acto la primera etapa de la cesión (…) El deudor es ajeno y extraño a la etapa anterior. Empero, como es él quien va a efectuar el pago, es de absoluta necesidad que se le dé conocimiento de la cesión, de lo cual surge la segunda etapa de ella, regulada por los artículos 1960, 1961 y 1962 del C. Civil (…) Mas ni la notificación al deudor de la cesión, ni la aceptación de ésta por el cesionario, son requisitos o formalidades propias de la cesión, la cual queda perfecta, como está dicho, en el mismo momento en que el cedente hace entrega del título o documento en que consta el crédito al cesionario. La notificación no tiene otro efecto que dar publicidad a la cesión, ponerla en conocimiento del deudor y de terceros. Es por eso por lo que su omisión produce solamente los efectos señalados en el artículo 1963, ibídem, sin que afecte el contrato entre el cedente y el cesionario.
En conclusión, el sentido natural de las normas es que la negativa del deudor a satisfacer el crédito, estando debidamente enterado del acuerdo traslaticio de la calidad de acreedor, no deslegitima ni inhibe ni neutraliza al cesionario para acudir a las instancias judiciales en pos de obtener su cumplimiento, ya que la vinculación entre el obligado y quien es válidamente nuevo titular del derecho se da o se concreta con la «notificación», independientemente de la aquiescencia de aquel.
Por ende, el ad quem se equivocó al precisar que, fuera de que fracasaban las pretensiones de Aseo Total E.S.P. por la preexistencia del embargo, dicha sociedad no estaba «legitimada» para accionar, cuando lo cierto es que tenía pleno derecho a hacerlo.
Las objeciones de la censora no pasan de ser propuestas inciertas sobre el contorno del pleito y apreciaciones de cómo debió entenderse la cautela, que riñen con lo que objetivamente se extrae de los medios de convicción aportados, como se diferencia a continuación:
Nada distinto fue objeto de estudio en el fallo, donde se precisó que (folios 29 y 30, cuaderno 6)
(…) en el presente asunto, la empresa Aseo Total ESP demanda a la Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria, el cumplimiento de una de las obligaciones contraídas en el contrato de fiducia suscrito el 30 de septiembre de 2003 entre Consorcio Aseo Capital S.A. ESP, Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP, Aseo Técnico de la Sabana S.A. ESP, y Limpieza Metropolitana S.A. ESP -Lime S.A., y Fiducolombia S.A., hoy Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria, referente al pago de los recursos correspondientes a la remuneración de Corpoaseo Total S.A. ESP, como concesionario del esquema anterior de aseo (…) De acuerdo con lo manifestado en la demanda, Aseo Total ESP es cesionaria de todos los dineros que hayan ingresado a la Fiduciaria por concepto del recaudo de cartera de contrato de concesión No. 021 de 14 de octubre de 1994 a favor de Corpoaseo Total S.A. ESP, hasta que se cubra la suma de $1.744'859.094; teniendo en cuenta que Corpoaseo Total S.A. ESP, fue la titular del mencionado contrato de concesión para el servicio de aseo urbano en Bogotá, el cual se liquidó el 15 de septiembre de 2003, habiéndose acordado con las nuevas sociedades contratistas (Consorcio Aseo Capital S.A. ESP, Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP, Aseo Técnico de la Sabana S.A. ESP, y Limpieza Metropolitana S.A. ESP -Lime S.A.), que los recursos pendientes de pago a Corpoaseo Total S.A. ESP en la liquidación, se pagarían del patrimonio autónomo conformado por ellas con la Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria.
Venir a decir ahora que lo perseguido era la declaración de «que la entidad convocada incumplió una obligación legal, prevista en el art. 1634 del Código de Comercio (sic) por no pagarle las sumas de dinero a las que tenía derecho, como cesionario» y no «el cumplimiento de un negocio jurídico cuando lo querido es una declaración de incumplimiento de una obligación legal», es restringir abruptamente la complejidad del debate, que presentaba diferentes aristas de imprescindible estudio.
Del simple relato factual se desprende la confluencia de múltiples relaciones interconectadas, cuyos alcances trascendían en el comportamiento de todos los involucrados, como son el contrato de concesión 021 de 14 de octubre de 1994 entre la UESP y el Consorcio Corpoaseo Total y sus «otro sí»; la cesión del acuerdo por la contratista a Corpoaseo Total S.A. ESP; la liquidación unilateral del pacto según Resolución 175 del 3 de noviembre de 2004 de la UESP, donde se dispusieron medidas para el «cobro de la cartera pendiente de recuperación»; y la fiducia convenida entre los nuevos operarios del servicio de aseo del Distrito Capital con la opositora, con el objeto de conformar un patrimonio autónomo para el recaudo de la facturación y del cual hacen parte «los recursos del esquema anterior del servicio de aseo, administrados por ECSA y que le sean transferidos al momento de la liquidación de dicha empresa comercial».
Todos ellos incidían en la solución del pleito, puesto que los pagos exigidos en los términos del artículo 1634 ibidem, más que al cumplimiento de una obligación legal, corresponden es al finiquito del negocio de concesión diferido en el tiempo.
Basta con revisar el contenido de la Resolución n° 225-006 (21 abr. 2004), mediante la cual la DIAN decretó la «medida cautelar de embargo y retención de las sumas de dinero que a título de ejecución del contrato celebrado con la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos del Distrito vaya a cancelarse a favor de la sociedad Corpoaseo Total S.A. ESP» (negrita ajena al texto).
Ninguna distorsión existe entre lo que se entendió en la sentencia y el acto administrativo que impuso la cautela, que no se limitó a lo adeudado por la UESP a Corpoaseo S.A. ESP en virtud del contrato 021 de 2004, como lo insinúa la censora, sino a lo que se recaudara «a título de ejecución» del mismo y que comprendía cualquier partida pendiente al momento de la liquidación unilateral de que fue objeto.
Ahora bien, el que la UESP no tuviera en su poder recursos de Corpoaseo cuando la DIAN le comunicó el «embargo», de modo alguno determinaba la inefectividad de esa medida, puesto que la Unidad solo hizo la concesión del servicio de aseo, pero como la informó en oficio de 6 de julio de 2004, los dineros «eran recaudados y cancelados a través de la Empresa Comercial del Servicio de Aseo ECSA S.A. ESP, con destino a la fiducia creada en cumplimiento a lo establecido en la cláusula quinta de la prórroga n° 01» e ingresaban al encargo n° 0020010-32669.
Precisamente como el «embargo» no recayó sobre una suma adeudada por determinada entidad, sino en los recursos pendientes de recuperar respecto de un contrato específico, eso justifica las particularidades que rodearon su comunicación y perfeccionamiento, sin que emerja de la documental citada por la recurrente y la valoración probatoria del ad quem alguna irregularidad o desfase que amerite el quiebre del fallo.
Si fue la UESP quien hizo la concesión del contrato 021 de 2004 del cual existían sumas pendientes por reconocer a Corpoaseo Total S.A. ESP, era obvio que la DIAN le informara el embargo (23 abr. 2004).
Igualmente era lógico que, al no ser la UESP «recaudadora» de esos recursos, así se lo indicara a la entidad fiscal con el dato de quién estaba a cargo de esa labor, sin que cesara allí su responsabilidad (30 abr. 2004). Partícipe como era del acuerdo de voluntades de donde provenían las sumas a retener, su responsabilidad se extendía a advertir de esa situación a la fiduciaria encargada de administrar el patrimonio autónomo, conformado entre otros recursos por los que quedaban afectados con la orden de retención, para su efectivo cumplimiento (23 y 30 abr. 2004).
Las actuaciones efectuadas por la UESP, antes que arbitrarias o excesivas, eran perentorias y obligatorias al tenor del parágrafo 3 del artículo 839-1 del Estatuto Tributario, ya que no se trataba de un tercero ajeno a la medida, sino una parte contractual de naturaleza pública con incidencia directa en la fiducia y su desarrollo, como quedó precisado en la Resolución 175 del 3 de noviembre de 2004.
Además, la misma DIAN le comunicó a la demandada, con prontitud (11 may. 2004), la existencia del cobro coactivo y el decreto del «embargo», solicitándole en forma directa «consignar los valores retenidos» por «las sumas de dinero que a título de ejecución del contrato celebrado con la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos del Distrito vaya a cancelarse a favor de la sociedad Corpoaseo Total S.A. ESP».
El que Fiducolombia cruzara correspondencia con la UESP para que le precisara «los contratos celebrados con Corpoaseo y si todos los pagos que lleguen a realizarse en desarrollo del contrato fiduciario corresponden a dicha relación contractual (pues en caso contrario no estarían cubiertos por la medida cautelar)» (5 may. 2014), lejos están de constituir un comportamiento abusivo de la dependencia Distrital o una injerencia malsana en la materialización del «embargo». Si el patrimonio autónomo administrado por Fiducolombia estaba conformado tanto por los recaudos de la anterior concesión, como los de los nuevos operadores, era fundamental la participación de la UESP para determinar el porcentaje de las sumas que se debían poner a disposición de la DIAN.
Independientemente de que la responsabilidad de la fiduciaria en la retención de dineros surgiera cuando le indicó la UESP (23 abr. 2004), como era su deber, o se lo confirmó la DIAN (11 may. 2004), lo cierto es que la notificación de «la cesión de créditos y derechos» que hizo Corpoaseo Total S.A. ESP en favor de Aseo Total ESP por «todos los dineros que hayan ingresado (…) por concepto del recaudo de Cartera del contrato de Concesión n° 021 de 14 de octubre de 1994», fue muy posterior (11 feb. 2005) y aun a sabiendas de la preexistencia del embargo por el cedente, quien participó activamente en el Comité Recuperador de Cartera donde se discutió sobre esa circunstancia.
De esa manera, tenía razón la «deudora» al oponerse al pago exigido por la cesionaria, al menos mientras se cumplía el tope fijado por la DIAN y sin que exista claridad aún si los recaudos pendientes cubren la medida o son inferiores.
Incluso una vez superado el límite cautelado, lo que a la fecha en que se inició el litigio no había ocurrido, sería menester replantear la viabilidad de la cesión en favor de Aseo Total ESP hasta por un mil setecientos cuarenta y cuatro millones ochocientos cincuenta y nueve mil noventa y cuatro pesos ($1.744’859.094), que se vio truncada.
Así se desprende de los oficios cruzados entre la UESP y Fiducolombia desde el 23 de abril de 2004 en adelante, cuyos alcances son de información de la «orden de embargo», la carga inexcusable de darle cumplimiento inmediato y la plena identificación de los recursos que debían ser consignados.
Y si bien en el acta n° 25 del Comité de Fiducia se refiere a que «un pago realizado a la DIAN por concepto de un embargo que esta entidad realizó a Corpoaseo» no es claro, porque «todos los recursos de recuperación de cartera de la Concesión anterior, no pertenecen a los operadores hasta que sean distribuidos», suspendiéndose por indicación de la UESP «más giros a favor de la DIAN por este concepto», esas dudas e inquietudes fueron superadas y se prosiguió con las consignaciones sin discusiones.
(…) los errores en el campo de los hechos se estructuran en los casos en que el sentenciador de manera ostensible aprecia equivocadamente la demanda u omite, adiciona, cercena o tergiversa el contenido material de las pruebas, y no cuando se aparta de la posición subjetiva que, al margen de su objetividad, tenga la parte recurrente acerca de los distintos medios de convicción (…) Por esto, en ese preciso ámbito, al decir de la Corte, un yerro es de recibo cuando es “tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso. No es por lo tanto, error de hecho aquél a cuya demostración sólo se llega mediante un esforzado razonamiento” (Sentencia 006 de 12 de febrero de 1998, expediente 4730, reiterando doctrina anterior), o el que surge de “ensayar un discurrir que se juzgue con mejor perfil dialéctico o con mayor rigor lógico” (Sentencia 073 de 20 de abril de 2001, expediente 6014, citando casación civil de 22 de octubre de 1998).
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 16 de agosto de 2013, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de Aseo Total ESP contra Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria.
Sin costas.
Notifíquese y devuélvase
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ