CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado Ponente
SC14776-2015
(Aprobado en sesión de primero de julio de 2015)
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil quince (2015).-
Procede la Sala a resolver la demanda de exequátur presentada por JORGE ELÍAS MAYA MUÑOZ, con el objeto que produzca efectos en la República de Colombia la sentencia proferida el 25 de junio de 1986 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado de Táchira, República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual se declaró «convertida en divorcio la separación de cuerpos y de bienes» solicitada de común acuerdo, del aquí demandante con María Virgelina Montoya.
ANTECEDENTES
1. Como fundamento del escrito petitorio, el actor adujo los hechos que se compendian a continuación:
1.1. Contrajo matrimonio por el rito católico con María Virgelina Montoya, el 15 de enero de 1976 en la parroquia Divino Niño Jesús del municipio de Buenaventura (Valle del Cauca).
1.2. Sellado el vínculo nupcial, la pareja migró a la República Bolivariana de Venezuela, donde fijaron su domicilio principal, razón por la que registraron dicha unión en el Acta Nº 80 de la Catedral Departamento Libertador del Distrito Federal de Caracas.
1.3. Fruto de esa relación marital, nacieron sus hijos Jhon Miguel, Jorge Andrés y Diana Xiomara Maya Montoya, todos actualmente mayores de edad.
1.4. Mediante fallo del 25 de junio de 1986, proferido por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado de Táchira, Venezuela, previa solicitud conjunta de la pareja, se “declaró convertida la separación de cuerpos en DIVORCIO (…), por haber permanecido más de un año bajo el régimen de separación de cuerpos y de bienes (…), sin haber ocurrido en dicho tiempo reconciliación de los cónyuges conforme a lo dispuesto en el artículo 185 del [C]ódigo Civil Venezolano”.
1.5. Refiere que la preanotada sentencia “no se opone a las leyes y otras disposiciones de orden público, ya que el artículo primero (1) de la Ley primera de 1976 que modificó el artículo 152 del Código Civil Colombiano, estableció que el matrimonio se disuelve por divorcio legalmente” declarado.
1.6. Sostiene que existe plena identidad entre la causal por la cual se decretó el divorcio en Venezuela con la contemplada en el numeral 8º del artículo 154 del Código Civil vigente en nuestra legislación (fls. 17 a 19, cd. Corte).
2. Subsanada la demanda, fue admitida mediante auto de 7 de mayo de 2014, en el que se ordenó correr traslado al Ministerio Público en la forma prevista en el artículo 695 del Código de Procedimiento Civil, sin que se dispusiera lo propio respecto a María Virgelina Montoya, en consideración a que el divorcio no fue contencioso, tal como ha procedido de antaño la Corte con sustento en el artículo 694 ibídem (CSJ SC, 16 jul. 2004, rad. 2003-00079-01, auto del 15 de diciembre de 2003, rad. 2003-00228-01, autos 178 del 11 de agosto de 1998 rad. 7271 y 125 del 27 de abril de 1994, rad. 4868).
3. La Procuradora Delegada para Asuntos Civiles, tras pronunciarse sobre los hechos del libelo introductorio y discurrir sobre los requisitos que deben acreditarse en el caso concreto para la procedencia de la homologación pedida, se opuso a ella, por cuanto “la sentencia cuyo exequatur se solicita se expidió como en el propio texto de la misma se afirma cuando habían transcurrido menos de dos años desde que fuera decretada la separación de cuerpos (…), circunstancia que contraría la legislación interna colombiana que determina en el numeral octavo del artículo 154 del Código Civil, modificado por el artículo sexto de la Ley 25 de 1992, que entre la separación de cuerpos y el divorcio propiamente dicho deben haber transcurrido por lo menos dos años” (fls. 32 a 40, cd. Corte).
4. Agotada la etapa probatoria, se corrió traslado para alegar de conclusión, oportunidad que aprovechó el demandante para reiterar que se cumplen los presupuestos legales para proferir sentencia favorable de exequátur y señalar, que lo solicitado no contraviene el orden público internacional, “toda vez que se ajusta a las reglas tanto procedimentales como sustanciales del derecho del país de donde proviene la decisión”.
5. Así las cosas, no queda más que decidir la referida demanda.
CONSIDERACIONES
1. La exclusividad de la jurisdicción es una de las manifestaciones de la soberanía del Estado, y como tal, comporta que éste se reserve para sí la sublime función pública de administrar justicia, en virtud de la cual, únicamente las decisiones judiciales adoptadas por los jueces permanentes y los particulares habilitados transitoriamente para ello, producen consecuencias jurídicas y son de obligatorio acatamiento dentro del territorio nacional.
Sin embargo, dicho imperium jurisdiccional, y más concretamente, el axioma de la independencia de los Estados, ha adoptado “una nueva concepción (…), más acorde con la universalización de ciertos valores y formas de organización política y económica”, en razón al inacabado proceso de globalización, “[e]l creciente flujo de bienes y personas y la agilidad de todo tipo de comunicaciones” (CSJ SC, 16 jul. 2004, rad. 2003-00079-01).
2. Por eso, excepcionalmente se ha admitido, en atención a exigencias prácticas de internacionalización, cooperación y eficacia de la justicia, que las sentencias, laudos arbitrales y otros proveídos que tengan tal carácter, dictados en un Estado foráneo, en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, surtan efectos en Colombia, siempre que se respeten los postulados sustanciales y procesales establecidos en los artículos 693 y 694 del Código de Procedimiento Civil, de los que emana “el sistema llamado de la ‘regularidad internacional de los fallos extranjeros’ sobre una base previa de reciprocidad, sistema éste que consiste en aceptar por norma el cumplimiento en el país de providencias de esa naturaleza, en la medida en que se reúnan ciertas exigencias mínimas señaladas por la legislación con el fin de precaver eventuales ‘irregularidades internacionales’ de que las ameritadas sentencias [y laudos arbitrales] puedan adolecer” (CSJ SC, 5 nov. 1996, rad. 6130).
El legislador nacional diseñó, para que una decisión judicial pronunciada por una autoridad de otro país produzca consecuencias en el ámbito espacial patrio, un sistema mixto o combinado, sustentado en la reciprocidad diplomática y, a falta de ésta, en la reciprocidad legislativa y de hecho.
Sobre el particular ha precisado esta Corporación:
“[P]ara que los fallos extranjeros produzcan efectos en el territorio colombiano, necesariamente deberá acreditarse la existencia de un tratado suscrito entre Colombia y el país que dictó la sentencia, es decir lo que es conocido como la reciprocidad diplomática; o, en su defecto, lo que a ese respecto prevea la ley foránea o la práctica jurisprudencial imperante, en orden a reconocerle también efectividad a las sentencias dictadas en Colombia, fenómenos denominados en su orden reciprocidad legislativa y reciprocidad de hecho” (CSJ SC, exequatur, 17 jul. 2001, rad. 0012).
Por consiguiente, como lo ha sostenido la Corte en numerosas oportunidades, “en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera [o su jurisprudencia reinante] para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley [o la doctrina jurisprudencial] a las proferidas en Colombia” (G.J. t. LXXX, pág. 464; CLVIII, pág. 78; CLXXVI, pág. 309; CSJ SC, 18 dic. 2014, rad. 2013-02234-00).
Claro está, que para el éxito del exequátur, no basta con demostrar alguna de las advertidas reciprocidades, sino que se requiere, en adición, que la respectiva providencia que se aspira irradie efectos en Colombia, cumpla con los requisitos consagrados en el prenotado artículo 694 del Código de Procedimiento Civil y las del correspondiente instrumento internacional, ley o jurisprudencia pertinente.
3. En el presente asunto, está acreditado que entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, no se ha celebrado tratado bilateral alguno para el mutuo reconocimiento de providencias proferidas por autoridades judiciales de estos dos países, pero sí son signatarias de la “Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros”, suscrita en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979, ratificada por ambos Estados sin reservas y aprobada en el ordenamiento jurídico nacional mediante la Ley 16 de 1981, tal y como se indica en el informe proveniente del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores (fl. 56, cd. Corte), de manera que existe entre ellas reciprocidad diplomática.
Refulge entonces, que la Corte debe decidir la presente homologación con apoyo en los artículos 2º y 3º del referido convenio regional, que mutatis mutandis, conciernen, en esencia, a los requisitos estatuidos en el varias veces citado artículo 694 del Código de Procedimiento Civil.
4. Como lo ha precisado en múltiples ocasiones la Corte, para que una providencia venezolana produzca efectos en este país, a la luz de las enunciadas normas, las condiciones que debe cumplir son las siguientes: que venga revestida de las formalidades necesarias para ser considerada auténtica en Colombia; que se presente correctamente legalizada de conformidad con la legislación colombiana y se encuentre plenamente ejecutoriada; que el funcionario que la profirió tenga competencia para conocer y juzgar el asunto de acuerdo a la ley de esta Nación; que el demandado haya sido notificado o emplazado de forma sustancialmente idéntica a la exigida en el ordenamiento jurídico colombiano, a fin de colegir que se respetó su debido proceso y se aseguró su derecho de defensa; y que no contraríe de forma manifiesta los principios y las leyes de orden público que soportan el Estado Constitucional (CSJ SC, 10 jul. 2000, rad. 7735; CSJ SC, 17 jul. 2001, rad. 0012; CSJ SC, 16 dic. 2009, rad. 2009-00026-00).
4.1. Observada la actuación, se destaca que el fallo proferido por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado de Táchira, Venezuela, está formalmente autenticado, comoquiera que se trata de una copia fiel y exacta de su original, como lo refrenda la misma secretaría de ese Despacho Judicial (fl. 5 cd. Corte), cuya firma fue certificada por el Registrador Principal del Estado de Táchira (fl. 6, ibídem) y la de éste, a su vez, por la Directora General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías de Venezuela (fl. 8, ibídem), apostillada esta última de conformidad con la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en la Haya (Países Bajos) el 5 de octubre de 1961, a la cual adhirió Colombia el 27 de abril de 2000, aprobándola mediante la Ley 455 de 1998.
4.2. De igual manera, dicha providencia está legalmente ejecutoriada, como se desprende de la nota que antecede a la rúbrica del juez (fl. 4 cd. 1), y correctamente legalizada, por acatar –en los términos ya enunciados-, los mandatos del recién citado tratado internacional que restringió los alcances del artículo 259 del Código de Procedimiento Civil.
Sobre este punto, ha señalado la Corte:
“En el año 1998 a través de la ley 455, se aprobó la ‘Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros’, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, mediante la cual se introdujeron modificaciones que consistieron, esencialmente, en sustituir la autenticación Diplomática o a través de Cónsul, por la colocación de un sello de apostilla, rigiendo en los términos previstos en ella y respecto de los países suscriptores.
Luego, en la actualidad, la legalización de documentos públicos – incluidos los que emanan de autoridad o funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado-, provenientes del extranjero y a que alude la mentada convención de la Haya, se surte agotando ese sencillo procedimiento, dejando reservadas las exigencias a que se contrae el artículo 259 del C. de P. C., para los documentos que no reúnen las condiciones que allí se mencionan” (CSJ SC17371-2014).
4.3. Respecto a la competencia del juez venezolano para conocer del trámite de divorcio, “punto cuya verificación debe hacerse atendida la época en que se promovió el proceso en el cual fue dictado el fallo foráneo” (CSJ SC, 10 jul. 2000, rad. 7735), basta con examinar el contenido de la sentencia objeto de homologación para corroborar que cuando ésta se dictó, los ex cónyuges se encontraban domiciliados en el Estado de Táchira, Venezuela, comprobándose así el factor territorial de la competencia, cual lo establece el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil.
4.4. En lo que se refiere a la protección del debido proceso y el derecho de defensa de María Virgelina Montoya, no cabe duda que dichas garantías se respetaron, pues resulta evidente que ésta conoció de las diligencias de divorcio, toda vez que la ruptura definitiva del lazo marital se produjo como consecuencia de una solicitud de desunión presentada conjuntamente y de mutuo acuerdo por la pareja, luego de haber transcurrido un año separados judicialmente de cuerpos y de bienes (fl. 3, cd. 1).
4.5. En cuanto a la exigencia que la decisión que se somete a exequátur no contraríe de forma manifiesta los principios y leyes de orden público de este país, es relevante recordar que ello “no es más que la indispensable defensa de principios esenciales en los que está cimentado el esquema institucional e ideológico del Estado en aras de salvaguardarlo”, de modo que esta noción de orden público internacional debe ser aceptada por la Corte “sólo para evitar que una sentencia o ley extranjera tenga que ser acogida cuando contradice los principios fundamentales” (CSJ SC17371-2014).
Al respecto, esta Corporación ha indicado:
“[L]a doctrina ha enseñado que no existe inconveniente para un país aplicar leyes extranjeras, que aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios básicos de sus instituciones. Sin embargo, cuando una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del país en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios (…). Es decir, que la noción de orden público se evidencia en asuntos de esta índole como un mecanismo de defensa de las instituciones patrias impidiendo la grave perturbación que significaría la aplicación de una decisión de un juez o tribunal extranjero que socava la organización social colombiana. De ahí que en la materia deba estar plenamente clarificado que la sentencia cuyo exequátur se reclama no contraría el orden público nacional, ni hiere en forma grave aquellas normas del ordenamiento que son intangibles” (CSJ SC, 8 jul. 2013, rad. 2008-02099-00).
Al analizarse la situación jurídica plasmada en la sentencia, se tiene que mediante auto del 18 de abril de 1985, por solicitud conjunta del actor y de María Virgelina Montoya de Amaya, se decretó la separación de cuerpos y de bienes entre ellos. El 20 de junio de 1986, después de haber transcurrido más de un año de distanciamiento sin reconciliación, la pareja pidió, también de mutuo acuerdo, la transformación en divorcio de dicha ruptura personal y patrimonial, acogiéndose este requerimiento en la decisión objeto de homologación, que declaró “CONVERTIDA EN DIVORCIO LA SEPARACIÓN DE CUERPOS Y DE BIENES”.
Este panorama, denota en el fondo, que la cesación de los efectos matrimoniales tuvo origen en el consentimiento recíproco de ambos cónyuges, expresado libremente ante el funcionario competente, circunstancia que subsume la separación de cuerpos y de bienes que mudó a divorcio.
De allí, que para la Sala, la causal con fundamento en la cual debe efectuarse el exequátur, sea la dispuesta en el numeral noveno del artículo 154 del Código Civil, y no la estatuida en el octavo de la misma norma, al margen de lo que se haya expresado en la demanda, de conformidad con el principio iura novit curia.
Ahora bien, para el 25 de junio de 1986, fecha en que se profirió el fallo venezolano, aún no se había consagrado normativamente en Colombia el mutuo acuerdo de los contrayentes como motivo de divorcio, pues fue mediante el artículo 6º de la Ley 25 de 1992, que este se integró en el ordenamiento jurídico patrio.
Algo similar acontece, con la cesación de las consecuencias civiles del matrimonio religioso, dado que ello tan solo se introdujo en la legislación colombiana por la Constitución de 1991 y se incluyó legalmente en el artículo 11 de la aludida ley, que reformó el artículo 160 del Código Civil.
Con todo, esto no obsta para que se le reconozcan secuelas jurídicas en Colombia a dicha providencia, pues como lo ha señalado la Corte, si bien para la calenda en que la misma se pronunció vulneraba el orden público interno, lo que corresponde garantizar o resguardar es que dicho “orden no sufra desmedro pero vistas las cosas según el momento mismo en que se dicta su sentencia, por cuya expedición precisamente el fallo extranjero comienza a producir efectos aquí’ (CCCXLIX, 2.º sem., pág. 356, subrayado fuera de texto)” (CSJ SC, 17 jul. 2001, rad. 0012).
En este orden de ideas, como la causal de divorcio con sustento en la cual se hace la presente homologación es la estatuida en el numeral noveno del artículo 154 del Código Civil, ninguna trascendencia tiene la oposición presentada por el Ministerio Público, comoquiera que esta giró alrededor del motivo previsto en el numeral octavo del mencionado precepto.
4.6. Por lo demás, la sentencia examinada no versó sobre derechos reales constituidos en bienes ubicados en el territorio nacional al momento de iniciarse el trámite que culminó con el divorcio, pues los adquiridos en vigencia de la sociedad conyugal que fueron objeto de reparto se encontraban ubicados en la República Bolivariana de Venezuela (fls. 3 vto. y 4, cd. Corte).
De otra parte, no se demostró que existiera proceso en curso o fallo ejecutoriado de los jueces colombianos sobre ese mismo asunto.
Y, finalmente, las determinaciones adoptadas en relación con la guarda y custodia de los hijos comunes, el régimen de visitas y las cuotas alimentarias a cargo de los padres, no son extrañas a las que generalmente se adoptan en Colombia en estos casos, con soporte en instituciones sustancialmente idénticas, pero además, hoy todos son mayores de edad.
5. Con fundamento en las motivaciones que anteceden, procede el reconocimiento de efectos jurídicos a la decisión jurisdiccional sometida al presente trámite.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONCEDER el exequátur de la sentencia proferida el 25 de junio de 1986 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado de Táchira, República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual se declaró convertida en divorcio la separación de cuerpos y de bienes de JORGE ELÍAS MAYA MUÑOZ y MARÍA VIRGELINA MONTOYA.
SEGUNDO. ORDENAR para los efectos previstos en los artículos 6°, 10, 11, 22 y 72 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los artículos 1° y 2° del Decreto 2158 de 1970, la inscripción de esta providencia junto con el fallo reconocido, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio celebrado entre JORGE ELÍAS MAYA MUÑOZ y MARÍA VIRGELINA MONTOYA, así como en el de su nacimiento. Por secretaría líbrense los oficios a que haya lugar.
Sin costas en el trámite.
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ