LESIÓN ENORME–Compraventa de bien inmueble por valor
inferior a la mitad del justo precio, aumentado con posterioridad a la
presentación de la demanda mediante acuerdo. Renunciabilidad de la
acción. Reiteración de las sentencias de 19 de diciembre de 2005, 15 de
diciembre de 2009 y 5 de septiembre de 2011. (SC17197-2015; 14/12
/2015)
Fuente formal:
Artículos 1946, 1947, 1948 y 1950 Código
Civil.
Fuente jurisprudencial:
Sentencia de 19 de diciembre de 2005,
expediente 1996-10274-02.
Sentencia de 15 de diciembre de 2009
expediente 1998-17323-01.
Sentencia de 5 de septiembre de 2011
expediente 2005-00199-01.
Fuente doctrinal:
Hinestrosa, Fernando. Tratado de las
obligaciones II, de las fuentes de las obligaciones: el negocio
jurídico. Volumen I, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2015,
páginas 1143 y 1144.
TRANSACCIÓN–Posterior a la presentación de la
demanda y anterior a su notificación. Ajuste del precio del bien
inmueble. Renuncia a inicio de acción judicial. Compromiso a desistir de
proceso judicial por lesión enorme y entrega del bien inmueble.
Incumplimiento de la demandante. (SC17197-2015; 14/12 /2015)
COSA JUZGADA–Transacción en la que se ajusta el
precio del bien y se supera la mitad del justo precio. Validez en proceso
de lesión enorme. (SC17197-2015; 14/12 /2015)
DESISTIMIENTO–Compromiso en acuerdo suscrito entre
las partes ante notario. Diferencia de la renuncia a la acción por
lesión enorme. (SC17197-2015; 14/12 /2015)
HERMENÉUTICA–Artículo 1950 Código Civil. Renunciabilidad de la acción por
lesión enorme. (SC17197-2015; 14/12 /2015)
ANÁLISIS CONJUNTO DE CARGOS–Por conexidad de razones que los
sustentan, en reclamación por lesión enorme. (SC17197-2015; 14/12
/2015)
CARGO INCOMPLETO–Ausencia de ataque contra la totalidad
de los soportes de la decisión. Reiteración del auto 2191-2014 de 30 de
abril de 2014. (SC17197-2015; 14/12 /2015)
Fuente Jurisprudencial:
Auto 2191-2014 de 30 de abril de 2014 expediente
2010-00200-01.
Asunto:
Solicitó la demandante se
declare la lesión enorme de la compraventa de un bien inmueble ubicado en la
ciudad de Bucaramanga por haberse cancelado menos de la mitad del valor real.
Primera instancia negó las pretensiones, decisión confirmada por el superior,
declarando la excepción de cosa juzgada por existir transacción.
Propuesto el recurso extraordinario, la corte no casó la sentencia al no
encontrar demostrados los yerros endilgados.
CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL
MARGARITA CABELLO
BLANCO
Magistrada
ponente
SC17197-2015
Radicación n.°
68001-31-03-007-2007-00216-01
(Aprobado en
sesión de cuatro de agosto de dos mil quince).
Bogotá, D. C., catorce
(14) de diciembre de dos mil quince (2015).
Decide la Corte el
recurso de casación que la Sra. Alexandra del Carmen Camargo Rodríguez interpuso contra la sentencia del 29 de abril
de 2013, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga, en el proceso de la recurrente frente a la sociedad
Aleon
Ltda. y en el que interviene
como litisconsorte de esta José Joaquín Castillo Glen.
I. ANTECEDENTES
1. Mediante demanda (fls. 116 a 119, c. 1)
repartida al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, posteriormente
reformada (fls. 143 a 145), Alexandra del Carmen Camargo Rodríguez pretende
que se declare que sufrió lesión enorme en la venta que hizo a la sociedad
Aleon Ltda. de un inmueble situado en Bucaramanga, identificado con matrícula
inmobiliaria número 300-17441 de la oficina de registro de instrumentos
públicos de esa ciudad. Que se le debe completar el justo precio con
deducción de una décima parte más el reajuste correspondiente a la
corrección monetaria y/o indexación y los intereses comerciales desde la
fecha de la venta hasta el pago real y efectivo, a menos que opte por la
rescisión de ese contrato, caso en el cual debe disponerse la cancelación de
la escritura y de su registro.
“Ante la falta de aceptación de la rescisión
por la parte demandada, como consecuencia del reconocimiento de la lesión
enorme, [que] se
declara (sic)
judicialmente la rescisión del contrato” (f. 144, c. 1) y se le condene a devolver el inmueble a
la actora junto con los frutos naturales y civiles causados desde el momento en
que tomó posesión hasta cuando aquella se efectúe. Y una vez restituido, se
ordene la devolución del precio.
2. Invocó como fundamentos de esas pretensiones,
en síntesis, que mediante escritura pública No. 0439 de 2 de febrero de 2007,
otorgada en la Notaría Segunda del círculo de Bucaramanga, por conducto de su
apoderado general vendió a la sociedad Aleon Ltda. el dominio y la posesión
de una casa de habitación descrita por sus linderos y medidas, por la suma de
$200.000.000,oo como “costo de venta real”, aun cuando se indicó en la
escritura que aquel era de $95.000.000,oo.
Informa que recibió los
$200.000.000,oo; pero el valor comercial del bien raíz era superior a los
$406.480.000,oo de acuerdo con avalúos aportados con el escrito genitor del
proceso, produciendo esa circunstancia la afectación cuya declaración pide.
Agrega que convino en la venta por razón de una situación difícil que
atravesaba en ese momento y por el pago de contado que el vendedor había
ofrecido hacer.
3. En su contestación (fls. 128 y 129, c. 1), la
sociedad resistente se opuso a la prosperidad de las pretensiones, invocando al
efecto la excepción denominada “transacción realizada por notaría genera una novación de la
obligación”, fincada en
que de conformidad con acta de conciliación número 00029 levantada en la
Notaría Quinta de Bucaramanga, se formalizó un acuerdo,
“dejando sin efecto
cualquier acción judicial que se adelante sobre el respectivo tema hasta su
incumplimiento” (f. 128,
c. 1).
4. Puso fin a la primera instancia el juzgado de
conocimiento con sentencia (fls. 590 a 602, c. 1) desestimatoria de las
pretensiones al hallar próspera la excepción de cosa juzgada.
Apelado el fallo, el
Tribunal, con el suyo objeto del recurso de casación que se resuelve (fls. 79
a 93, c. 9), desató la alzada confirmando la decisión del a quo.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Luego de reseñar los
pormenores del trámite surtido en la primera instancia y sintetizar las
razones de la apelación, precisa el juzgador de segunda instancia que su
examen se circunscribirá –conforme a
la sustentación de la impugnación - a los efectos de la inasistencia de una
de las partes a la diligencia de audiencia preliminar de que trata el artículo
101 del Código de Procedimiento Civil, a la renuncia a ejercer la acción de
rescisión por lesión enorme y a los efectos de la conciliación extraprocesal
y su incidencia en el proceso, a más de algunas reflexiones generales sobre la
acción de lesión enorme.
En lo tocante al primer
punto, recuerda que la inasistencia de las partes o sus apoderados a la
diligencia de que trata el precepto mencionado apareja consecuencias
probatorias (tal conducta debe apreciarse como indicio grave) y pecuniarias
(multa). Respecto a la primera consecuencia, anota que se trata de una prueba
más, “sin que por ello,
se descuajen las pretensiones o las excepciones de mérito según el caso, ya
que en su momento ha de apreciarse con las restantes pruebas que militan en
autos” (f. 83, c.
9).
Tras dejar bosquejadas
algunas consideraciones básicas sobre la figura de la lesión enorme, procede
a examinar si la acción tendiente a que ella se declare puede ser renunciada,
en vista del tenor del precepto 1950 del Código Civil, concluyendo, con apoyo
en criterio de un autor nacional y de jurisprudencia de la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, que la ineficacia de la renuncia se
predica de aquella que se hace en el mismo acto o coetáneamente con la
celebración de este.
En consecuencia, al
emplear tal directriz al caso define que no hubo violación alguna a la regla
contenida en el artículo 1950 del Código Civil porque en el texto del
contrato que las partes estipularon no se pactó la renuncia de ninguna de
ellas a ejercer la acción prenombrada; ni en la diligencia de conciliación
celebrada en la Notaría Quinta de Bucaramanga el 10 de septiembre de 2007 se
mencionó esa abdicación, dado que lo que se señaló fue
el compromiso que
adquiría la señora Alexandra del Carmen Camargo Rodríguez “a desistir del
proceso judicial por lesión enorme que adelanta en contra de la sociedad Aleon
ltda., en el Juzgado Séptimo Civil del circuito de Bucaramanga”
estipulación de la que una lectura reposada saca a flote (a) que efectivamente
no hay renuncia a ejercitar la acción de que se viene hablando (b) al punto de
que ya el proceso en el que se ejercitaba la acción de rescisión por lesión
enorme ya estaba en curso y por ello, (c) se habla de desistir del proceso como
figura propia de terminación anormal del mismo a voces del artículo 342 del
C. de P. C., lo cual resulta perfectamente válido. (d) tan cierto es que no
hubo renuncia de la pluricitada acción, al rompe que se está en el estadio
propio de su definición
(fls. 89 y 90).
Seguidamente, aborda el
estudio de los efectos de la conciliación extraprocesal y su incidencia en
este proceso, comenzando por transcribir el texto del acta que la contiene, en
lo que hace a las obligaciones que cada parte adquirió, para concluir que ese
acuerdo tiene efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, los cuales no
pueden ser desconocidos bajo la premisa de no haberse dado cumplimiento a los
compromisos allí adquiridos.
Como corolario de lo
anterior, recalca que si la actora no desistió del proceso podía la
contraparte proponer como defensa la res judicata;
no obstante, indica el fallador que así no se predicaran sus efectos, dicho
convenio aniquila la pretensión rescisoria porque el comprador se comprometió
a reajustar el precio en $15.000.000,oo “con lo cual superó la barrera del desequilibrio
contractual que inicialmente hacía procedente la figura” (f. 92), sin que pueda explicarse el
Tribunal por qué si la demandada, advertida del precio real y habiendo
suplicado el 6 de septiembre de 2007 la declaración de lesión enorme,
terminó aceptando una conciliación el 10 de septiembre siguiente, lo que daba
al traste con su pretensión.
Finalmente, ante el
reparo de la apelación consistente en que el a quo hubiera declarado oficiosamente la excepción mencionada, aclara
la colegiatura que a pesar de que a la aducida se la denominó como
“transacción realizada por notaría genera una novación de la
obligación”, con los hechos alegados para fundamentarla puede concluirse que
se trata de una conciliación que hace tránsito a cosa juzgada, sin que la
nomenclatura utilizada vincule el juzgador.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
Se formulan dos cargos
por violación de normas sustanciales, que la Corte examinará en forma
conjunta, por la conexidad de las razones que en ellos se aducen y,
consecuentemente, compartir similares consideraciones para su
despacho.
CARGO
PRIMERO
En este cargo se acusa la
sentencia de ser “violatoria de normas sustanciales, a consecuencia de la
aplicación indebida del artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, 65 y
66 de la Ley 446 de 1998, 19 de la Ley 640 de 2001, y por falta de aplicación
de los artículos 2°, 4°, 13 inciso segundo y 228 de la Constitución
Política, y de los artículos 1446, 1447, 1950 y 1953 del Código
Civil” (fls. 18 y 19, c.
Corte).
En procura de su
demostración y luego de resumir los argumentos del fallo, destaca la
impugnante la necesidad de analizar si en el texto del acta de conciliación la
vendedora desistió de la acción de lesión enorme y luego, si esta es,
en efecto, renunciable.
En cuanto a lo primero,
manifiesta que el Tribunal se atuvo a lo puramente formal de los términos de
dicho documento, sin reparar en el hecho de que al obligarse la
demandante a desistir del proceso judicial, jurídicamente, conforme al
artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, ello implicaba abandonar las
pretensiones de la demanda, lo cual supone la renuncia a la acción de lesión
enorme.
En lo referente al
segundo aspecto, atinente a si esa acción es renunciable, expone estas razones
para discrepar de la doctrina de la Corte a la que se refirió el ad
quem:
a. En primer lugar, recalca que el tenor literal
del artículo 1950 del Código Civil es claro, por lo que, de conformidad con
el número 27 de ese cuerpo normativo, no puede aquel desatenderse so pretexto
de consultar su espíritu, pues el legislador no estableció excepciones
anteriores, coetáneas o posteriores a la celebración del
contrato.
b. Arguye que ese precepto contiene una norma de
derecho público, de imperativo cumplimiento, que protege un interés público
derivado del rechazo al enriquecimiento sin causa y que no se puede
desligar del concepto de ‘justo
precio’ a que alude el artículo 1947 de la misma
obra.
c. Como quiera que las disposiciones legales deben
ser sometidas al análisis de su constitucionalidad y el canon 230 de la Carta
ordena que los jueces deben tener en cuenta la equidad y los principios
generales del derecho como criterios auxiliares de la actividad judicial y,
conforme al 228 ibídem, deben hacer prevalecer el derecho sustancial,
considera el censor que la consagración legal de la acción de lesión enorme
tuvo como propósito evitar un enriquecimiento injusto, por lo que al
contemplar la ineficacia total de las estipulaciones que comprendiesen su
renuncia, advirtió el legislador la natural diversidad que se evidencia entre
las personas, para prevenir que algunas se enriquezcan con la ignorancia o
debilidad económica de otras. Y todas estas aristas otorgan al artículo 1950
del Código Civil su condición de norma de derecho público, cuya violación
acarrea asimismo la del artículo 2° de la Carta pues los jueces, cuando
ejercen jurisdicción, deben garantizar la vigencia de un orden
justo.
Alega asimismo que la
sentencia violó el canon 13 inciso 2° de la Constitución, referido a la
necesidad de que el Estado promueva las condiciones para que la igualdad sea
real, con la interpretación acerca de la posibilidad de renuncia de la acción
de lesión enorme.
4. Otra de las razones esgrimidas apunta a que la
norma contenida en el artículo 1950 del Código Civil tiene un fin
esencialmente tuitivo, dado que protege el patrimonio de las personas que por
diversas circunstancias pueden celebrar una compraventa en condiciones de
desequilibrio notorio. En atención a lo anterior, no existe ninguna razón
lógica, agrega, para pensar que esas condiciones de inferioridad o
desequilibrio sólo puedan considerarse al momento de la contratación. Esta
interpretación, manifiesta la censura, sería inicua y de corto alcance desde
el punto de vista de la justicia.
5. Por último, expresa que si el legislador
hubiera querido establecer la posibilidad de renuncia de esta acción, así lo
hubiera dicho, como hizo con la prescripción (artículo 2514 del Código
Civil).
SEGUNDO
CARGO
En este cargo se impugna
la sentencia de ser violatoria, por indebida aplicación, de los artículos 306
del Código de Procedimiento Civil, 65 y 66 de la Ley 446 de 1998 y 19 de la
Ley 640 de 2001, y por falta de aplicación, de los artículos 1602, 1603,
1608, 1609, 1618, 1621, 1646, 1647 y 1948 del Código Civil, como consecuencia
de error de
hecho en la apreciación del
acta de conciliación No. 0029.
En procura de
desarrollarlo, y luego de reproducir lo que consideró pertinente del documento
mencionado y dejar sentado que todo contrato es ley para las partes, le
endilga al Tribunal haberlo apreciado erróneamente al desatender
el orden temporal de cumplimiento de las obligaciones allí estipuladas.
A este respecto,
relaciona -según su parecer, la secuencia en que los débitos adquiridos
debían ser atendidos. El primero, para la censura, que califica de requisito
previo e indispensable, es el atinente a que se pagara a la actora la suma de
$15.000.000,oo el 15 de noviembre de 2007, para luego, en segundo lugar,
proceder esta a la entrega material del inmueble y al desistimiento, pues de lo
contrario, esto es, si primero la actora desistía del proceso, quedaba
sometida a un resultado incierto. Asevera que al invertir los términos del
acuerdo, prescindió el fallador del orden temporal de cumplimiento de las
obligaciones determinadas en el acta de conciliación, y por esta causa,
aplicó indebidamente el artículo 66 de la ley 446 de 1998, sobre cosa
juzgada, sin tener en cuenta que la demandante no estaba obligada a hacer
dejación del proceso mientras no hubiera recibido efectivamente el pago de los
$15 millones. A lo anterior le agrega que el desistimiento es un acto personal
de la parte y no del juez.
De otro lado, afirma que
el reconocimiento oficioso de la excepción de cosa juzgada es producto, según
la censura,
del triple error del Tribunal de haber creído,
en primer lugar en que la acción de rescisión por lesión enorme era
renunciable; en segundo lugar, por haber creído que se habían dado los
presupuestos sustanciales para que la vendedora debiera desistir de la acción
judicial promovida, y en tercer lugar de la errónea inversión respecto del
tiempo, de las obligaciones fijadas a cargo de las partes en el acta de
conciliación (f. 35, c.
Corte).
Además, le achaca al
juzgador colegiado la comisión de error de hecho por haber supuesto una prueba
inexistente, la del pago de la suma de $15.000.000,oo el 15 de noviembre de
2007, la que sería, de existir, presupuesto lógico en la decisión del
sentenciador para dar por terminado el proceso por cosa juzgada, pero al
suponerla violó por falta de aplicación, el artículo 1609 del Código Civil,
norma que le sirve de sustento jurídico para defender la tesis de que al haber
incumplido la sociedad demandada su obligación de pagar aquella suma, no era
exigible la obligación estipulada de desistir del proceso.
IV. CONSIDERACIONES
1. Para confirmar la sentencia de primera
instancia, que acogió la excepción de cosa juzgada invocada por la sociedad
demandada y consecuencialmente declaró no prósperas las pretensiones de la
demanda, el Tribunal examinó el contenido de la conciliación, de la cual
extrajo dos conclusiones:
En primer lugar, que con
independencia de si las partes cumplieron o no las obligaciones a que se
comprometieron, como ese convenio presta mérito ejecutivo bien podía ser
aportado para oponer la autoridad y las consecuencias de cosa juzgada que se
deriva del mismo. Y en segundo lugar, que a pesar de no conferírseles dichos
efectos, en ese acuerdo consta que la demandante estipuló el ajuste del precio
en $15.000.000,oo, con lo cual “superó la barrera del desequilibrio contractual que inicialmente
hacía procedente la figura” (f. 91, c. 9).
Por su parte, la censura
se limita a controvertir el carácter renunciable que la jurisprudencia
ha otorgado a la acción de laesio ultra dimidium, equiparando el desistimiento del proceso en el que se promovió
la pretensión de lesión enorme con la renuncia de la misma, o bien -en el
segundo cargo- a destacar el derecho de la actora a no desistir del proceso
hasta tanto le fuese pagado el reajuste del precio pactado en el acta de
conciliación.
Nada dicen esos ataques
sobre la conclusión del Tribunal acerca del fracaso de las pretensiones por
razón del aumento que, en $15.000.000,oo, las partes habían consentido sobre
el precio pactado en la compraventa. Para el ad quem ese ajuste impedía que aquel fuese considerado como inferior a
la mitad del justo precio, quedando entonces superada “la barrera del desequilibrio contractual que
inicialmente hacía procedente la figura” de la lesión.
Diríase que el juez
colegiado examinó las pruebas atinentes al valor comercial del bien raíz para
la fecha del negocio y de ellas concluyó que podía prosperar la declaración
suplicada; pero que, así no se le confirieran los alcances de la cosa
juzgada, como inexplicablemente (f. 91, c. 9) ya presentada la demanda, terminó la actora, días
después, aceptando una conciliación con ese nuevo precio, ello daba
“al traste con su
pretensión”.
Se ha puesto de presente
lo anterior por cuanto en la órbita del recurso de casación -ha dicho en
forma inveterada y uniforme la jurisprudencia de esta Corporación-, el
recurrente, en orden al quiebre del fallo, debe desquiciar todos los
fundamentos que sirven de basamento a la decisión, no sólo porque ésta se
encuentra revestida por una presunción de acierto y legalidad en cuanto a los
aspectos fácticos y jurídicos tomados en consideración por el fallador, sino
porque este recurso extraordinario, por su naturaleza dispositiva, impone al
recurrente presentar un ataque completo contra los soportes del fallo, dado que
la Corte no puede enmendar o suplir falencias de las acusaciones. En una de sus
muchas providencias, ha sostenido, que
El ataque propuesto debe individualizar e
involucrar todos los fundamentos de la sentencia cuestionada y, sin excepción
alguna, refutarlos total y plenamente; en esa dirección, entonces, al censor
no le es dable dejar desprovisto de reproche aspectos basilares del fallo,
habida cuenta que al hacerlo la decisión opugnada mantiene su presunción de
acierto y legalidad, tornando inane el recurso por lo incompleto.
Al respecto, la Corte ha explicado en los
siguientes términos el punto:
“(…) dado el carácter dispositivo de la
impugnación y la imposibilidad que de allí se deriva para completar
oficiosamente la acusación, iteradamente (….) ha señalado que “por vía
de la causal primera de casación no cualquier cargo puede recibirse, ni puede
tener eficacia legal, sino tan sólo aquellos que
impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las
resoluciones adoptadas en ésta; de allí que haya
precisado repetidamente que los cargos operantes en un recurso de casación
únicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo
recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrarlas, puesto que si alguna de
ellas no es atacada y por sí misma le presta apoyo suficiente al fallo
impugnado éste debe quedar en pie, haciéndose de paso inocuo el examen de
aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura”.
–hace notar la Sala- (CSJ
SC, 27 Jul. 1999; SC 25 Ene. 2008; así mismo, CSJ AC 12 Mar. 2008; Rad. 00271;
15 Ene. 2010; y, 29 Jul. 2010; Rad. 00366). (AC
2191-2014 del 30 de abril de 2014, rad. N° 11001 31 03 040 2010 00200
01).
3.
No obstante lo anterior, y como
seguidamente se verá, los fundamentos que sustentan los cargos son
equivocados, al margen incluso de falencias técnicas que se advierten en
ellos. En efecto:
4.
A pesar de que el Tribunal hizo mención
explícita a la jurisprudencia reiterada de esta Corporación en cuanto que la
acción de rescisión por lesión enorme puede renunciarse en ciertas
circunstancias, mas no coetáneamente con la celebración del negocio
pretensamente lesivo, tal asunto es, en estrictez, ajeno a estos autos, pues
más allá de esa hermenéutica y por ende, con independencia del análisis que
a la luz de la Constitución propone la censura a efectos de que la Sala
rectifique su doctrina, la lectura llana del artículo 1950 del Código Civil
permite concluir que lo inválido o ineficaz es la “estipulación” que
aluda a que “no podrá intentarse la acción rescisoria por lesión enorme”, lo que de suyo
supone necesariamente que dicha pretensión no se haya incoado para cuando se
ajusta ese convenio.
En otras palabras, tal precepto no
contempla -ni en él puede considerarse contemplada- la posibilidad a que
apunta este asunto, en el que una de las partes de la compraventa ya había
promovido la reclamación por desproporción objetiva del precio cuando
concilió el litigio con el compromiso de desistir del proceso, pero no
precisamente de no intentar la acción, pues ya lo había hecho y de ello por
supuesto estaba enterada la demandada, así para esa fecha -10 de septiembre de
2007- no hubiera recibido notificación del libelo genitor, lo que acaeció el
27 de septiembre siguiente (f. 127, c. 1).
Que el cumplimiento de la obligación de
desistir del proceso conlleve la renuncia a las pretensiones no supone que
ambos fenómenos puedan igualarse sin más, pues mientras el primero exige la
existencia previa del juicio, el segundo -esto es, la renuncia a la acción-
solo reclama la prohibición de que se promueva. Por lo demás, no deben
dejarse de lado –por lo
menos en este caso que se examina- los intereses jurídicos que el legislador
tutela con el establecimiento de la prohibición de que se trata.
Se dice lo anterior porque, en últimas, la
acción de lesión enorme busca la protección de quien por las razones que
fueren, negoció por un precio enormemente desproporcionado, auxiliándosele
con la ineficacia de una renuncia a la que pudo llegar empujado por las mismas
circunstancias en que pactó con notoria desventaja. Pero esa eventual
situación (ignorancia, dificultades económicas, etc.) a que pudo estar
supeditado –y que nuestro
ordenamiento positivo no exige esclarecer ni la toma en cuenta aun cuando a no
dudarlo subyace en la figura- ya no es dable que se predique ni se sobrentienda
cuando luego blande judicialmente, en su defensa, la pretensión de que se
declare la lesión ultra dimidium. Las razones que justificaron aquella protección han quedado
desvanecidas, desde luego que quien de esa manera procede, no solo se ha
sentido en libertad de convocar a la contraparte a una conciliación
extrajudicial como
requisito de procedibilidad, como acá en efecto sucedió (f. 110, c. 1)
sino a promover el proceso ante el fracaso de aquella y llevar adelante la
defensa en juicio de un derecho subjetivo de índole estrictamente económico,
no esencial como aquellos iusfundamentales inherentes a la dignidad humana en
los que la doctrina se debate sobre los alcances de su indisponibilidad. Es
este, por el contrario, un derecho que está en el comercio, disponible, sujeto
por ello a eventual conciliación (la celebración de esta es requisito de
procedibilidad y en este caso el legislador no lo exceptuó), que aun estando
dentro de la órbita del derecho fundamental de propiedad apenas implica un
ejercicio concreto de él en el marco de la libertad del sujeto titular del
mismo para velar por sus propios intereses, pues ya está desligado de
consideraciones tuitivas y que por ende puede abandonar.
Ciertamente, no desconoce la Corte que
autorizadas voces proclaman porque no se permita la renuncia de la acción de
ultra mitad, ni siquiera después de celebrado el contrato lesivo. Como
asimismo autores hay que acogen el criterio sostenido por esta Corporación.
Pero aún entre quienes apoyan la irrenunciabilidad, encuentran algunos
una excepción para cuando, como este caso es muestra, la pretensión se haya
hecho valer en juicio. En ese sentido, el desaparecido exmagistrado de esta
Sala de Casación, Fernando Hinestrosa indica, en su obra póstuma que
parecería fundada la exigencia de que la
renuncia vaya acompañada del reconocimiento de la diferencia, porque en fin de
cuentas es un acto dispositivo discrecional del titular de la pretensión.
Habiendo por ello de aceptarse en principio la renuncia posterior a la
impugnación del acto cuestionado, sobre la base de su regularidad como negocio
jurídico de abdicación, podría, sin embargo, llegarse a un temperamento
inferido de los mismos principios y por analogía con lo exigido para el
saneamiento o convalidación del negocio nulo"
(Tratado de las obligaciones II, de las fuentes de las obligaciones: el negocio
jurídico. Volumen I, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2015,
páginas 1143 y 1144).
Es que la preceptiva del artículo 1950 del
Estatuto Civil no permite que el amparo brindado por esta norma se extienda
incluso hasta después de que el contratante pretensamente lesionado haya hecho
valer ante los jueces su derecho, impidiéndosele toda abdicación del mismo,
incluso mediante las figuras de terminación anormal del proceso como el
desistimiento, la conciliación o la transacción, so pretexto de que por
cualquiera de estas formas estaría renunciando a la acción, por la sencilla
razón de que ese derecho público subjetivo de accionar lo ejerció con la
formulación de la demanda.
De otro lado, si bien se
indicó que la doctrina
jurisprudencial de la Corte no era en estricto sentido aplicable a esta
cuestión litigiosa, debe resaltarse la similitud de los argumentos ofrecidos
por la jurisprudencia para reafirmar una y otra vez la legalidad de la
dejación de la acción de ultra mitad con los que se han expuesto en
precedencia, razones que esta Corporación reitera. En lo fundamental, ha
indicado (CSJ SC del19 de diciembre de 2005, rad.
08001-31-03-004-1996-10274-02), apoyándose en una interpretación literal, que
si los textos de los artículos 1946, 1947 y 1948 del Ordenamiento Civil
“aluden justamente a que debe ser en el contrato de
compraventa donde ha de presentarse la lesión”, el
entendimiento que ha de conferírsele al artículo 1950 “no puede ser sino en el sentido de
que la renuncia que allí se prohíbe no es otra que la verificada por los
contratantes directamente en el respectivo negocio jurídico, que no la
realizada en acto diferente…”; esto es, la que
“se haga después de celebrado el contrato
contentivo del agravio y de desaparecidas las particulares circunstancias que
hubieran inducido a esos contratantes a convenir de la manera en que lo
hubieren hecho”.
Asimismo, en esa misma providencia, alude
la Sala a la índole de orden público de la norma en cuestión:
“Mirados sus orígenes, puede admitirse
que, ciertamente, el instituto de la lesión enorme está guiado por normas de
orden público, como quiera que en ellos la inspiración de la figura fue,
precisamente, el establecer un principio general limitativo de la autonomía de
la voluntad que, por tanto, tiene cabida en esta materia negocial, y conforme
el cual al contratar los particulares deben siempre respetar márgenes de
proporcionalidad y garantizar, por ende, el equilibrio entre las partes, no
pudiendo ninguno de los contratantes aprovecharse de circunstancia alguna, como
la inexperiencia, la necesidad o la ignorancia de la otra. Sólo entendida de
la manera expuesta puede visualizarse la lesión enorme como de orden público
y aceptarse que en su cabal acatamiento tiene interés toda la
sociedad.
En relación con lo anterior, ha sostenido
la Corte que dentro de las exigencias de los artículos 15 y 16 del Código
Civil “se encuentran los derechos civiles susceptibles de ser válidamente
renunciados, y por sentido contrario, de ellos se deduce también los que no
pueden renunciarse, esto es, los derechos conferidos por la ley, no solo en
interés individual sino también en interés colectivo y social y aquellos
cuya renuncia expresamente prohíbe la ley”, siendo que dentro de “estos
que son objeto de una prohibición especial de renuncia, figuran, por ejemplo,
el derecho de ... intentar la acción rescisoria por lesión enorme a que se
refiere el art. 1950”(G. J. t., XLIX, pag.569).
No obstante ello, como a términos del
aludido artículo 15, citado por los mismos recurrentes, pueden renunciarse,
ciertamente, “los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren
al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la
renuncia”, es claro que en tratándose de la lesión enorme esa noción de
orden público tiene incidencia en relación con aquella renuncia expresamente
prohibida por el artículo 1950 ejusdem, mas no frente a la que se encuentra
legalmente permitida, según viene de verse, esto es, aquella que la ley
posibilita que el contratante agraviado haga después de ajustado el negocio y
desaparecidas las circunstancias que lo hubieran llevado a negociar del modo en
que lo admitió, cual ocurrió con aquella a que se contrae este debate. En
este preciso sentido Luis Josserand, en la obra enantes citada, expresa que
“la rescisión por causa de la lesión no es de orden público sino hasta el
pago del precio inclusive”…
Aquí no se trata, como quedó ampliamente
sustentado, de la renuncia efectuada en el contrato en sí mismo considerado,
que el legislador expresamente prohíbe, sino, ha de insistirse, de una
realizada luego del momento en que se produjo la conjunción de la voluntad de
las partes, la cual, por no corresponder al supuesto de hecho regulado en el
señalado precepto legal, la parte lesionada podía hacerla en tanto,
desaparecidos los factores que pudieron llevarla a contratar en condiciones
desventajosas, miraban únicamente el interés individual de los renunciantes.
Al referirse a los aspectos que caracterizan la nulidad relativa y la
rescisión de que aquí se comenta, la Corte expuso, precisamente, que una y
otra estaban "configuradas en beneficio o en interés particular de quienes han
sido víctimas o de la nulidad o de la lesión y por eso pueden sanearse tales
vicios"(G. J., t. LII, pag.404). (CSJ SC del19 de
diciembre de 2005, rad. 08001-31-03-004-1996-10274-02, reiterada en SC del 15
de diciembre de 2009, rad 1100131030101998-17323-01, así como en
SC del 5 de septiembre de 2011, rad.
25269-3103-002-2005-00199-01).
5.
En segundo lugar, la interpretación
contractual que del acta de conciliación propone la censura no se compadece en
absoluto con su claro tenor literal, del que aflora, contrario a lo sostenido
por aquella, que quien primero debía comenzar a cumplir con los compromisos
acordados, era la vendedora y actora. En tal sentido luce desacertada la
acusación que le endilga al Tribunal, de ser reo de yerro fáctico al no ver
el orden que, según la impugnante, se pactó para el cumplimiento escalonado
de las obligaciones de las partes.
Repárese, en efecto,
que de conformidad con el texto del documento mencionado (f. 132, c. 1), los
hoy contradictores llegaron al siguiente acuerdo: la compradora se obliga a
pagar a la vendedora, el 15 de noviembre de 2007, la suma de $15.000.000,oo
“adicionales al valor
pagado por el precio del inmueble” a la par que “renuncia expresamente a iniciar cualquier acción judicial para
exigir la cláusula penal por incumplimiento, intereses de mora y daños y
perjuicios por la mora en la entrega del inmueble”. Y para esa misma fecha se obliga la
vendedora a entregarlo materialmente a la sociedad, al día en el pago de
servicios públicos, así como a desistir de este proceso judicial. Se lee
además que renuncia expresamente a iniciar cualquier acción judicial en
contra de la vendedora.
La estipulación que
seguidamente se transcribe, descarta el sentido que la impugnante arguye en el
cargo, en cuanto al orden secuencial de cumplimiento de las obligaciones
convenidas en la conciliación:
ante la no entrega del
inmueble en la fecha estipulada, las partes acuerdan, que se exonera a Aleon
Ltda. del pago de la suma acordada, iniciará la recuperación del inmueble en forma inmediata ante
autoridad policiva sin requerimiento alguno, y los muebles que se encuentren
dentro de él, podrá dejarlos en un depósito sin responsabilidad de su parte.
Parágrafo: en el evento de que el inmueble sea entregado antes de la fecha
acordada, ALeon Ltda., entregará el dinero en la misma fecha anticipada de
entrega del inmueble (lo
resaltado no es del original).
En síntesis, del texto
del acta de conciliación se deduce claramente que primero debía la demandante
proceder a la entrega material del inmueble, al punto de que si no lo hacía,
la demandada no sólo no tenía que pagar el reajuste, sino que podía obtener
la recuperación del bien, lo que permite inferir sin ambages que la secuencia
en el cumplimiento de las obligaciones es totalmente contraria a la argüida
por la censura.
En esas condiciones, no
puede reprocharse al Tribunal haber dado plena eficacia exceptiva a la
conciliación que, a título de transacción y con alcances mucho mayores que
los que este pleito comprende, celebraron las partes antes de quedar formada la
relación jurídico procesal. Antes bien, luce enteramente razonable que si la
actora no comenzó a cumplir lo de su cargo transfiriendo la tenencia material
del inmueble a la sociedad demandada, hubiera podido esta oponerse a la
prosperidad de las pretensiones aduciendo la conciliación, pues si bien en
este arreglo todo su desenlace partía con esa entrega, su incumplimiento no lo
hacía decaer, sino que facultaba a la sociedad Aleon Ltda. no sólo para no
pagar el reajuste, sino para obtener por otros medios la tenencia material de
lo que había comprado.
Así las cosas, la
excepción de cosa juzgada
que el sentenciador halló
demostrada, y en cuya virtud los compromisos ajustados ante el Notario Quinto
de Bucaramanga como conciliador habilitado por ley, no podían ser objeto de
nuevo debate judicial, confiriéndole certeza a los derechos allí
consignados, tuvo cabal aplicación en la causa, si en cuenta se tiene,
justamente, el temperamento irrevocable que a esa conciliación le dieron las
partes.
Es el contenido mismo
del acuerdo transaccional alcanzado lo que sin duda conduce al fracaso de las
pretensiones de este proceso, pues no sería legalmente conducente que la
sociedad convocada quedase limitada en su defensa, habiendo transigido el
pleito, sólo por el hecho de que su contraparte hubiese decidido sustraerse de
honrarlo comenzando con lo de su cargo, esto es, con la entrega de la cosa que
aun detentaba (cfr. fls. 186 a 249, c. 1), siendo que las partes previeron las
consecuencias de un evento como ese, que finalmente acaeció. En ese sentido,
la excepción de contrato no cumplido a que alude la censora, como fundamento
de su alegado derecho a perseverar en el pleito, ciertamente no puede argüirse
acá, si es ella la que no estuvo allanada a cumplir.
6. En lo que hace a la acusación referida al
acogimiento oficioso de la excepción de cosa juzgada, en la que se le achacan
al sentenciador tres errores, debe señalarse, con independencia de los
defectos técnicos de este embate, que dos de ellos quedaron adecuadamente
examinados en las razones precedentes, esto es, los referidos a la posibilidad
de renuncia de la acción de lesión enorme (asunto intrascendente) y la
alegada inversión de la secuencia en el cumplimiento de las obligaciones
pactadas en la conciliación (yerro inexistente).
Y en lo concerniente a
la ausencia de presupuestos sustanciales para que la vendedora pudiera
desistir, debe indicarse que la censora no avanzó más allá de su
escueta proposición. Pero si quiso dar a entender que para esa abdicación se
requería el previo pago de los $15.000.000,oo convenidos como aumento en el
precio, ya se vio que tal condición no quedó ajustada en los términos que
defiende la casacionista.
Finalmente, es menester
resaltar el desenfoque en el cargo segundo, alusivo al error de hecho
consistente en haber dado el ad quem por
acreditado el pago de la suma de $15.000.000,oo., pues en verdad el Tribunal no
paró mientes en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en la
conciliación, pues sostuvo que “ninguna injerencia tiene entonces si dicho acuerdo se cumplió o
no” (f. 91, c. 9). Con
todo, hubo de afirmar también que ese arreglo “tiene efectos de cosa juzgada y presta
mérito ejecutivo como lo señala el parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 640
de 2001, por lo que pronto salen al descampado los efectos que tiene dicha
conciliación y que no pueden ser desconocidos bajo la premisa de no haber
recibido suma alguna y no entregar la posesión del
predio”
(ib.)
Los cargos, en
consecuencia, no se abren paso.
V.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, NO
CASA la sentencia que el 29 de abril de 2013,
profirió la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga, en el proceso de Alexandra del Carmen Camargo Rodríguez frente a
la sociedad Aleon Ltda. y en el que intervino como litisconsorte de esta José
Joaquín Castillo Glen.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Conforme lo previene la Ley 1395 de 2010, se fija por concepto de agencias en
derecho la suma de $3.000.000.oo., atendiendo que la opositora no replico la
demanda de casación.
La Secretaría procederá a la práctica de
la liquidación correspondiente.
Cumplido lo anterior, el expediente deberá
retornar a su lugar de origen dejando, previamente, las constancias del caso.
Cópiese, notifíquese y, en su momento,
devuélvase.
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
MARGARITA CABELLO BLANCO
ALVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ