CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL



LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado ponente


STC2453-2015

Radicación n.° 11001-02-04-000-2014-02551-01

(Aprobado en sesión de cuatro de marzo de dos mil quince)


Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil quince (2015).



Decídese la impugnación formulada frente a la sentencia dictada el 15 de enero de 2015 por la Sala de Casación Penal, dentro de la tutela promovida por Danith de Jesús Ortega Ortega contra la Sala de Casación Laboral y el Ministerio de Defensa Nacional, extensiva al Juzgado Séptimo Laboral y la Sala de la misma especialidad del Tribunal Superior del Distrito Judicial, ambos de la ciudad de Cartagena, con ocasión del proceso ordinario de reconocimiento de sustitución pensional promovido por la aquí actora respecto a la mencionada cartera ministerial.



  1. ANTECEDENTES


1. La gestora suplica la protección de los derechos al debido proceso y a la seguridad social, presuntamente lesionados por las autoridades accionadas.


2. Sostiene, como fundamento de su reclamo, en síntesis, lo siguiente (fls. 2 a 24, cdno. 1):


2.1. Mediante Resolución N° 00193 de 4 de marzo de 1999, el Ministerio de Defensa Nacional le negó la “(…) sustitución pensional vitalicia (…)” como cónyuge supérstite de Anselmo Carrillo Montes, quien falleció el 19 de febrero de 1993.  


2.2. Aduce que su consorte prestó sus servicios al referido ente ministerial así: (i) en la Base Naval ARC Bolívar, “(…) de auxiliar primero (…)” de la Armada Nacional, a partir del 20 de mayo de 1954 hasta el 20 de abril de 1969; (ii) en la Compañía Colombiana de Astilleros Ltda. –Conastil-, como “(…) maestro de equipo rodante (…)”, entre el 1 de abril de 1969 y el 8 de enero de 1988; y (iii) nuevamente en “(…) la Base Naval ARC Bolívar desde el 20 de abril de 1989 al 31 de julio de 1992 (…)”.


2.3. Inconforme con la decisión antelada, promovió juicio ordinario laboral, exigiendo el reconocimiento de la referida prestación, siendo fallado de forma “(…) inhibitoria (…)” en ambas instancias, al estimar, tanto el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito como la Sala especializada respectiva del Tribunal Superior del Distrito Judicial, ambos de Cartagena, que al “(…) no ostentar (…)” el cónyuge de la actora “(…) la calidad de trabajador oficial (sic) (…)”, su reclamo debía ventilarse ante la “(…) jurisdicción de lo contencioso administrativo (…)”. 


2.4. Para combatir lo anterior, instauró recurso de casación, resuelto por la Sala querellada el 2 de marzo de 2010, quien, pese a rebatir las razones esgrimidas por los mencionados juzgadores respecto de la naturaleza del “(…) vínculo laboral (…)” del señor Carrillo Montes, dictó sentencia absolutoria, alegando la imposibilidad de conceder el citado beneficio económico por “(…) ser improcedente acumular el tiempo de servicios laborado como trabajador oficial y empleado público (sic) (…)”.  


2.5. Censura la última de las determinaciones dictadas y el acto administrativo emitido por el Ministerio de Defensa Nacional, pues, en su sentir, se pretirieron las disposiciones normativas vigentes al momento de fallecer su consorte, esto es, el Decreto 1160 de 1989, reglamentario de la Ley 71 de 1988, el cual permitía la sustitución pensional de trabajadores “(…) que hayan laborado por más de 20 años (…)”.     


3. Por tanto, implora invalidar la decisión reprochada y en su lugar, acceder a su prestación.



1.1. Respuesta de los accionados y convocados


La Sala de Casación Laboral, a través de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, se opuso al ruego tuitivo, manifestando que la actuación atacada “(…) más que razonada, fue emitida en estricto apego a la Constitución Política y la ley (…)”, resaltando que la quejosa pretende convertir esta vía iusfundamental en “(…) una tercera instancia (…)” (fls. 78 a 80, cdno. 1).


Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional pidió negar las pretensiones de la gestora, por cuanto la tutela se interpuso 4 años después de emitido el proveído que aquí se recrimina, prescindiéndose el presupuesto de la “(…) inmediatez (…)” (fls. 86 a 88, cdno. 1). 

 

1.2. La sentencia impugnada


Denegó la protección invocada tras hallar razonable la decisión del Tribunal de casación acusado, destacando, entre otras cosas, que aquél no dio crédito a la solicitud de la petente porque “(…) las disposiciones legales y la jurisprudencia sobre la materia (…)” no permitían conceder el beneficio por ella anhelado (fls. 94 a 101, cdno. 1).


1.3. La impugnación


La formuló la reclamante, realzando los argumentos del libelo genitor, añadiendo que la vocera de la Sala de Casación entutelada “(…) rectific[ó] [por vía jurisprudencial] su posición absurda y grosera [de] neg[ar] la pensión de jubilación (sic), habiéndose demostrado que [su compañero] había laborado más de 20 años de servicios [con] varios patronos (sic) (…)” (fls. 108 a 120, cdno. 1).


  1. CONSIDERACIONES


1. Únicamente las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusión en las garantías fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por vía de tutela, siempre y cuando, claro está, su titular haya agotado los medios legales ordinarios y extraordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente pleito.


2. Danith de Jesús Ortega Ortega arremete, entre otras, contra la sentencia de 2 de marzo de 2010 de la Sala de Casación querellada, por la cual absolvió al Ministerio de Defensa Nacional de reconocerle a ella la sustitución pensional como cónyuge supérstite de Anselmo Carrillo Montes, por inaplicar supuestamente, las normas que permiten la acumulación del tiempo de servicio, sin importar la naturaleza de la sujeción laboral, esto es, si es de carácter “(…) oficial o privado (...)”.

3. Si bien el proveído atacado data de hace más de 4 años, situación que en principio tornaría inviable estudiar de fondo el presente resguardo por inmediatez, al vislumbrar la Corte que la cuestión litigiosa involucra derechos de índole pensional, se excusara la omisión en el cumplimiento del mencionado requisito de procedibilidad, teniendo en cuenta que la garantía deprecada en esencia, funge con el talante de irrenunciable e imprescriptible.  


Al respecto, relievó la Corte Constitucional:


“(…) [H]ay casos en los no es procedente alegar la inmediatez en la interposición de la acción de tutela cuando hay de por medio reclamos sobre pensiones, y cuando el desconocimiento o vulneración del derecho fundamental subsiste con el paso del tiempo. Esto en virtud de que la inmediatez no puede ser entendida como una caducidad, toda vez que la Constitución no ha previsto la caducidad de la acción en el artículo 86.


“Por lo anterior, y de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución, que establece que el derecho a la seguridad social es irrenunciable, en el presente caso puede determinarse que la vulneración a dicho derecho del señor Salgado Herrera persiste en el tiempo. Esto por cuanto, la negación al incremento de su mesada pensional por concepto de compañera permanente dependiente le impide al actor contar con un ingreso básico que le permita satisfacer sus necesidades en forma digna (…)”1.


3.1. El carácter vitalicio y de tracto sucesivo de la prestación que torna el derecho imprescriptible, hace que pueda ser reclamado en cualquier tiempo de la vida.


4. Se revocará la sentencia impugnada, al avizorarse que la providencia a través de la cual se desestimó la pretensión de la promotora, transgredió los derechos fundamentales deprecados, por prescindir la doctrina constitucional y legal sobre la suma de tiempos de servicio oficial no cotizados con el Instituto de Seguro Social –ISS- (hoy Colpensiones) para pensión, por aportes de la Ley 71 de 1988, como a continuación pasa a verse.


4.1. La Sala de Casación Laboral infirió probatoriamente que Anselmo Carrillo Montes se había desempeñado como “(…) trabajador particular (…)” de la extinta Compañía Colombiana de Astilleros Ltda –Conastil-, creada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, adscrita al Ministerio de Defensa, porque a la luz del artículo 10 del Decreto 2380 de 1968, norma regulatoria de las funciones de dicha entidad, las relaciones de trabajo entre aquélla y su “(…) personal subalterno (…)” se regían por las normas del Código Sustantivo del Trabajo.


De esa forma, concluyó que para efectos prestacionales, conforme a la jurisprudencia imperante de ese máximo Tribunal, entre ellas, la sentencia del 15 de febrero de 2007 (ref. 28999), el tiempo laborado por el de cujus como empleado particular de esa agencia estatal, no podía sumarse al lapso de servicios prestados en la modalidad de “(…) trabajador oficial (...)”.


Expresó además, la inviabilidad de reconocer “(…) la acumulación [y/o] pensión de aportes (…)”, según lo dispuesto en el artículo 101 del Decreto 1214 de 1990,  porque “(…) durante el tiempo que laboró [el causante] para el Ministerio de Defensa, no hizo ningún aporte a alguna entidad de previsión social (…)”.

4.2. Debe admitirse que la providencia en cita arguyó razones serias y respetables sobre la improcedencia de adjudicar el beneficio económico pretendido por Danith de Jesús Ortega Ortega, empero, tampoco puede soslayarse que las consideraciones allí expuestas no acentuaron el estudio de las disposiciones que regulan lo atinente a la posibilidad de acumular tiempo de servicio a diferentes empleadores, públicos y privados, tanto antes como después de la vigencia de la Ley 100 de 1993, y las subreglas erigidas por la Corte Constitucional para el caso específico, proposiciones que al considerarse, conducirían a establecer con mayor certeza, si el consorte de la actora acreditaba el número de semanas necesarias para obtener la pensión de vejez.


4.3. Previo a la expedición de la Carta de 1991 y la Ley 100 de 1993, no había un sistema integral de pensiones, existiendo a la par múltiples regímenes, regentados por distintas entidades.


Así las cosas, por ejemplo, la administración relativa al reconocimiento y pago de las pensiones de los servidores públicos la efectuaba la Caja Nacional de Previsión –Cajanal- y las cajas de las respectivas entidades territoriales, competencia que desempeñaban paralelamente junto a otras entidades oficiales, en especial, aquellas encargadas de “(…) regular a determinados sectores de empleados, como los miembros de la Fuerza Pública (...)”2.


Por otro lado, la concreción de los derechos a la jubilación de los trabajadores privados le correspondía  asumirla directamente a algunos empleadores, según lo dispuesto en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo3, concordante con las Leyes 6 de 19454 y 65 de 19465, respectivamente, atribuyéndose esa función solo a las “(…) empresas [que contaran] con [un] capital mayor a ochocientos mil pesos (...)”6. Igualmente, para otros sectores industriales, permitió la legislación laboral de ese entonces, la creación de “(…) cajas de previsión privadas (…)”7.


No obstante, fue a partir de 1967 cuando el Instituto Colombiano de Seguro Social (después Seguro Social –ISS-, hoy Colpensiones) asumió gradualmente “(…) el reconocimiento y pago de pensiones de empleados privados (…)”8, atributo que no previó “(…) un sistema de [integración] entre regímenes del sector público y privado (…)”9.


4.4. Luego, mediante la Ley 71 de 198810 se permitió integrar los aportes de aquellos servidores públicos que también trabajaron con empleadores privados y que hayan cotizado al ISS, como es el caso del señor Anselmo Carrillo Montes (q.e.p.d.), cónyuge de la aquí quejosa, sin embargo, como lo indicó la Corte Constitucional mediante sentencia C-012 de 1994, para las personas con expectativas pensionales reguladas por “(…) regímenes anteriores (…)”, se les excluía de ese beneficio, a menos que éstas “(…) demostraran [solamente] haber cotizado al ISS y las cajas de previsión del sector público (…)”11.


En esa dirección, y a partir de los principios emanados del artículo 48 Superior y acopiados por la Ley 100 de 1993, dicha Corporación, en proveído T-090 de 2009 señaló la posibilidad de “(…) acumular tiempo de servicio a entidades estatales y cotizaciones al ISS para reunir el número de semanas necesarias con el fin de obtener la pensión de vejez (…)”, deduciendo tal aseveración a partir del “(…) principio constitucional de favorabilidad12 (…)”, dando alcance al “(…) régimen de transición (…)”.


Bajo la anterior premisa, expresó:


“(…) [U]na de las interpretaciones señala que el acuerdo 49 de 1990, norma que el actor pretende le sea aplicada en virtud del régimen de transición, nada dice acerca de la acumulación antes explicada, razón por la cual, si el peticionario desea que se le haga esta sumatoria, debe acogerse a los artículos de la ley 100 de 1993 que regulan los requisitos de la pensión de vejez, disposición que sí permite expresamente la acumulación que solicita (artículo 33, parágrafo 1). Tal conclusión es apoyada por el tenor literal del parágrafo 1 del artículo 33, que prescribe que las acumulaciones que prevé son sólo para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el artículo 33, lo que excluiría estas sumatorias para cualquier otra norma, en este caso, para el acuerdo 49 de 1990 (…)”. 


“(…) [L]a otra interpretación posible se basa en el tenor literal del artículo 36 de la ley 100 de 1993 que regula el régimen de transición del cual es beneficiario el actor. Esta disposición señala que las personas que cumplan con las condiciones descritas en la norma13 podrán adquirir la pensión de vejez con los requisitos de (i) edad, (ii) tiempo de servicios o  número de semanas cotizadas y (iii) monto de la pensión de vejez establecidos en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados, y que las demás condiciones y requisitos de pensión serán los consagrados en el sistema general de pensiones, es decir, en la ley 100 de 1993. En este orden de ideas, por expresa disposición legal, el régimen de transición se circunscribe a tres ítems, dentro de los cuales no se encuentran las reglas para el cómputo de las semanas cotizadas, por lo tanto, deben ser aplicadas las del sistema general de pensiones, que se encuentran en el parágrafo 1 del artículo 33, norma que permite expresamente la acumulación solicitada por el actor (...)”.


4.5. Después, en reciente sentencia14, la Corte Constitucional recogiendo la ratio decidendi contenida en los fallos arriba indicados, estableció:


“(…) [E]sta Corporación entiende que es una obligación del ISS acumular el tiempo de servicio al Estado, independientemente si fue cotizado o no, para efectos de acceder al reconocimiento de una pensión de vejez en los términos previstos en el Acuerdo 049 de 1990, siempre y cuando el afiliado sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993. Esta obligación se fundamenta en el principio constitucional de favorabilidad y en la aplicación del régimen de transición consagrado en el Artículo 36 de la misma normatividad. Finalmente, en criterio de la Corte, el desconocimiento de este deber supondría una vulneración de los derechos al debido proceso y a la seguridad social, más allá del deber que existe de trasladar la respectiva cuota parte pensional, para efectos de mantener la sostenibilidad financiera del sistema (...)” (se resalta).


4.6. De la misma manera, la Sala de Casación Laboral, en fallo de 26 de marzo de 2014, rad. 4390415, rectificó su criterio que en principio sostuvo bajo la égida restrictiva de la Ley 71 de 198816, señalando al respecto:

“(…) [N]o obstante, dada la nueva integración de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y ante nuevos sucesos normativos, resulta ahora insoslayable revisar las consideraciones vigentes en torno a la interpretación y alcance que se le ha dado tanto al artículo 7º de la Ley 71 de 1988 así como a sus reglamentos para acceder a la pensión por aportes. Ello implica recordar cuáles fueron los motivos que tuvo el legislador para establecerla y cómo ha sido su aplicación frente a las posteriores regulaciones constitucionales y legales en materia pensional.


“Pues bien, antes de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 y del Sistema General de Pensiones adoptado mediante la Ley 100 de 1993, la multiplicidad de regímenes pensionales permitía odiosas diferencias entre los trabajadores vinculados al sector privado y los servidores vinculados al sector público, de modo que cada uno subsistía de manera independiente con exigencias propias en tiempos de servicio y cotización que no podían conjugarse para adquirir el beneficio pensional. Fue por ello que el legislador estableció la llamada “pensión de jubilación por acumulación de aportes”, con el objeto de que pudieran sumarse los tiempos de cotización y de servicios en el sector público y en el privado (…)”.


Para concluir:

       

“(…) [E]n este orden de ideas, conforme a los postulados constitucionales y legales atrás referidos, y frente a la citada decisión del Consejo de Estado a través de la cual se declaró la nulidad del artículo 5° del Decreto 2709 de 13 de diciembre de 1994, reglamentario del artículo 7° de la Ley 71 de 1988, la Corte estima necesario rectificar su actual criterio y, en su lugar, adoctrinar que para efectos de la pensión de jubilación por aportes que deba aplicarse en virtud del régimen de transición pensional establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se debe tener en cuenta el tiempo laborado en entidades oficiales, sin importar si fue o no objeto de aportes a entidades de previsión o de seguridad social (…)” (se subraya).


4.7. Posteriormente, la Corte Constitucional en sentencia SU-769 de 16 de octubre de 2014, juntó sus propios precedentes sobre la materia, y dispuso que ante la posibilidad de “(…) acumular tiempos de servicios prestados en entidades públicas cuando no hubieren sido efectuados los aportes a alguna Caja o Fondo de Previsión Social o cuando no fueron cotizados al Instituto de Seguros Sociales (…)” procedía el reconocimiento de la pensión de vejez “(…) de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 201217 (…)”.


Desde esa perspectiva, esbozó:


“(…) [E]n suma, para el reconocimiento de la pensión de vejez de los beneficiarios del régimen de transición, a quienes se les apliquen los requisitos contenidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, es posible realizar la acumulación de los tiempos en cajas o fondos de previsión social cotizados o que debieron ser cotizados por las entidades públicas, con aquellos aportes realizados al seguro social. Lo anterior, porque indistintamente de haberse realizado o no los aportes, es la entidad pública para la cual laboró el trabajador la encargada de asumir el pago de los mismos (…)”.

 

Y luego, coligió:



“(…) [T]ambién es posible acumular el tiempo laborado en entidades públicas respecto de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna caja o fondo de previsión social, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales. Lo anterior, toda vez que se trata de una circunstancia que puede limitar el goce efectivo del derecho a la seguridad social, y porque el hecho de no haberse realizado las respectivas cotizaciones o descuentos no es una conducta que deba soportar el trabajador, más aún cuando era la entidad pública la que asumía dicha carga prestacional (…)” (se resalta).


4.8. De ese modo, todo tiempo de servicio debe producir efectos pensionales, debiéndose reflejar en los requisitos para la pensión, por ejemplo, en los bonos y títulos pensionales, cálculos actuariales, tiempos de servicio, cotizaciones etc. Claro, tratándose de servidores particulares es requisito sine qua non la afiliación del trabajador al sistema de seguridad social.    


4.9. Como se advirtiera, la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral, materia de este amparo, desconoció en su momento la jurisprudencia constitucional y de nulidad del Consejo de Estado sobre la pensión de jubilación con la acumulación de aportes, al punto de que dicha Corporación, según se reseñó, en pronunciamientos posteriores optó por rectificar su doctrina, situación que amerita en este caso conceder el amparo a Danith de Jesús Ortega Ortega, garantizando los principios de justicia, equidad, e interpretación más favorable al trabajador, sin perjuicio de la cosa juzgada, particularmente, porque aquélla es una persona de la tercera edad y por tal situación merece una especial protección por parte del Estado, cuyo mínimo vital se encuentra seriamente afectado según se indicó en el acápite de antecedentes.


5. Expuestas así las cosas, esta Corte concederá el resguardo e infirmará la decisión del a quo, dejando sin efecto el fallo de 2 de marzo de 2010 proferido por la Sala de Casación Laboral, y en su lugar, ordenar al colegiado de donde se surtió en segundo grado la controversia aquí planteada, esto es, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, para que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte una nueva sentencia con base en las consideraciones aquí expuestas, con sustento en la jurisprudencia ordinaria y constitucional vigente relativa a la pensión de jubilación con la acumulación de aportes. 


6. Por las razones anotadas, se revocará la providencia examinada.



  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


RESUELVE:


PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotadas, para en su lugar TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, la seguridad social y el mínimo vital de Danith de Jesús Ortega Ortega.


SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO el fallo de 2 de marzo de 2010 proferido por la Sala de Casación Laboral, dentro del proceso ordinario que fue objeto del presente resguardo.


En consecuencia, se ordena al colegiado de donde se surtió en segundo grado la controversia aquí planteada, esto es, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, para que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte una nueva sentencia con base en las consideraciones aquí expuestas, teniendo en cuenta la jurisprudencia ordinaria y constitucional vigente sobre pensión de jubilación con la acumulación de aportes. 


TERCERO: Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO




FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ


1Sentencia T- 217 de 2013.

2Corte Constitucional, sentencia C-177 de 1998.

3El texto del artículo 260 señalaba: “(…) Derecho a pensión. 1. Todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior, que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio. (…) 2. El trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad expresada tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de los veinte (20) años de servicio (…)”.

4“(…) Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo (…)”.

5“(…) Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras (…)”.

6Corte Constitucional, sentencia T-493 de 2013.

7Verbigracia: la CAXDAC (Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles). 

8Corte Constitucional, sentencia T-493 de 2013.

9Ídem.

10Al respecto, dicha providencia indicó: “(…) Es evidente, que a través del inciso 1° del artículo 7° de la ley 71 de 1988 se consagró para "los empleados oficiales y trabajadores" el derecho a la pensión de jubilación con 60 años o más de edad, si es varón, y 55 años o más de edad, si es mujer, cuando se acrediten aportes durante 20 años, a diferentes entidades de previsión social y al ISS. Pero con anterioridad, los regímenes jurídicos sobre pensiones no permitían obtener el derecho a la pensión de jubilación en las condiciones descritas en la norma; es decir, no era posible acumular el tiempo servido en entidades oficiales, afiliadas a instituciones de previsión social oficiales y a las cuales se habían hecho aportes, con el tiempo servido a patronos particulares, afiliados al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, y al cual, igualmente se había aportado (…)”.

11Ver la sentencia de la Sala de Casación Laboral de 26 de marzo de 2014, rad. 43904. 

12Artículo 53 de la Constitución Política.

13 “(…) Personas que al 1 de abril de 1994 tuviesen 35 años o más de edad si son mujeres o 40 años de edad o más si son hombres, ó 15 años o más de servicios cotizados (…)”.

14T-493 de 2013.

15Reiterada posteriormente en CSJ SL 6297-2014,7 mayo de 2014, rad. 45446 y en CSJ SL 9285, 16 de julio de 2014, rad. 45313, en ésta última se aclaró que deben establecerse la concreción de los beneficios para pensión por acumulación de aportes con base en los supuestos del artículo 7 de la Ley 71 de 1988, y no en los establecidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, relativos al “(…) régimen de transición (…)”. 

16Decisión que tuvo en cuenta la sentencia del Consejo de Estado por la cual anuló el artículo 5° del Decreto 2709 de 13 de diciembre de 1994, reglamentario del artículo 7° de la Ley 71 de 1988, el cual establecía “(…) Tiempo de servicios no computables. No se computará como tiempo para adquirir el derecho a la pensión de jubilación por aportes, el laborado en empresas privadas no afiliadas al Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, ni el laborado en entidades oficiales de todos los órdenes cuyos empleados no aporten al sistema de seguridad social que los protege.(…)”.

17Uno de los regímenes existentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 era el estipulado en el Acuerdo 049 del 1° de febrero de 1990, “(…) por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte (…)”, emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios y aprobado por el Decreto Reglamentario 758 del mismo año, cuyo artículo 12 expresó: “(…) Requisitos de la Pensión por vejez. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y, b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de mil (1.000) semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo (...)”.