CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada ponente
STC8831-2015
Radicación n°. 68001-22-13-000-2015-00269-01
(Aprobado en sesión de ocho de julio de dos mil quince)
Bogotá D. C., ocho (8) de julio de dos mil quince (2015).
Se decide la impugnación interpuesta frente a la sentencia proferida el 6 de mayo de 2015, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga concedió la acción de tutela promovida por Nubia Díaz de Cabeza contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito, vinculándose a la Célula Judicial Catorce Civil Municipal, ambos de esa misma ciudad, a Ilce, Elsa, Daniel y Omaira Díaz Gamboa.
ANTECEDENTES
1.- La gestora demandó la protección constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades acusadas.
2.- Arguyó, como sustento de su reclamo, en síntesis, lo siguiente:
2.1.- Mediante escritura pública del 31 de Octubre de 1983 Ilse Díaz de Gamboa vendió un inmueble a su padre, Eduardo Díaz Valbuena, quien murió el 28 de enero de 2005, donde, la citada solo «inició la acción del art. 1766 del C. Civil», hasta el 8 de abril de 2014 «ante el Juzgado 14 Civil Municipal, donde coetáneamente cursa el sucesorio de su progenitor», es decir, pasaron más de 30 años en que «toleró la supuesta simulación» (fl. 3 cdno. 1).
2.2.- El a quo le reconoció esa posibilidad, al contar el plazo de la prescripción del derecho «supuestamente» a partir de la muerte del comprador, como si el deceso de este hubiera hecho «renacer a esa demandante, el derecho "no usado" y ya “bien prescrito” que el tiempo y su inactividad ya habían sepultado con exceso de suficiencia sobre la extinción de su acción» (fls. 3 y 4 ibídem).
2.3.- El «error de hecho y de derecho que viola aquí el debido proceso, es colosal, es trascendente, es evidente […] ya que no consulta el término (ya cubierto en demasía), de la prescripción extintiva tanto “para la demandante de por si” como en su calidad de “heredera de la nada trasmitida”» (fl. 4 ib.).
2.4.- Los funcionarios de primera y segunda instancia «se inventaron entonces un nuevo término ADICIONAL DE PRESCRIPCIÓN, supuestamente contado a partir de la muerte del comprador, cuando ninguna ley hace revivir acciones fenecidas para su titular, ni siquiera "por su propia muerte" o por la muerte de su co-contratante», cuando es evidente que Ilse Díaz Gamboa «había dejado perecer ese supuesto derecho, en tantos (31) años de inacción, siendo igualmente palpable que incluso su padre también había dejado morir esa posibilidad […], luego que absolutamente nada renacía con la muerte del padre-comprador en los 31 años que habían pasado de la negociación» [negrilla del texto](fl. 5 cdno. 1).
2.5 Del artículo 1766 del C.C. «no se deduce ninguna “acción de heredero”, a menos que el derecho a pedir la simulación estuviera todavía “corriente” en cabeza del finado cuando se produce su muerte, y entonces, o ahí sí, pudiera quizá “correr el resto" del tiempo, para su heredero, a quien se le transmitiría una acción todavía viva» (fl. 2 ibídem).
3. Pidió, conforme lo relatado, la revocatoria de la providencia dictada el 6 de marzo de 2015 que resolvió la alzada del auto que desató las excepciones previas de prescripción y falta de competencia, para que en su lugar se pronuncie conforme a derecho (fl. 9 cdno. 1).
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS
1.- El despacho municipal remitió el expediente en calidad de préstamo e informó que no era posible descorrer el traslado por cuanto la titular se encontraba incapacitada (fl. 19 cdno. 1).
2.- La jueza de circuito censurada se opuso a la prosperidad del amparo señalando, en síntesis, que «el pronunciamiento sobre las excepciones previas de falta de competencia y prescripción extintiva de la acción de nulidad absoluta del contrato de compraventa -como se dijo-, y concretamente lo que al respecto se decidió en segundo grado, no fueron fruto del capricho subjetivo del Juzgado hoy acusado como vinculado, sino de un criterio razonable de interpretación de los hechos, de las pruebas valoradas, y de las normas pertinentes para dirimir el conflicto planteado en las excepciones previas formuladas».
Agregó que «si un proceso en que se ventila una pretensión de naturaleza real como lo es la nulidad absoluta de la escritura contentiva del contrato de compraventa entre la señora ILSE DÍAZ GAMBOA y su padre señor Eduardo Díaz Valbuena (q.e.p.d.), es a partir del fallecimiento del de cujus que nace iure propio para la demandante la oportunidad de alegar la reparación de los daños personales y ciertos que se pudieren haber producido por el deceso de su padre con relación al contrato suscrito con éste, son en realidad asuntos que escapan al escenario de la acción de tutela y se contraen de manera exclusiva y excluyente al margen de decisión que el ordenamiento jurídico le ha asignado a los jueces ordinarios, motivo por el que no puede el juez de tutela hacer un pronunciamiento sobre tales tópicos».
Remarcó que «entre el contraste de pretensiones del incoatorio y viendo que lo que en realidad objetiva la demandante por el carácter de su pedimento, es la nulidad absoluta del contrato que consta en la Escritura Pública número 3712 del 31/10/1983 de la Notaría Segunda de Bucaramanga, distinto es, que contenga estas pretensiones y narre hechos constitutivos de simulación; con los que estas y estos tendrá -en caso tal de llegar allí- que lidiar al momento de fallar la señora Funcionaría cognoscente», por lo cual considera que el trámite cumplido en ese Despacho, «fue el que correspondía y se encuentra completamente ajustado a derecho».
Finalmente, advierte que «ya hubo pronunciamiento al respecto siendo Magistrado Sustanciador el Dr. José Mauricio Marín Mora, dentro de la tutela instaurada por el Dr. Avelino Calderón Rangel, como agente oficioso de Omaira Díaz Gamboa, adelantada contra este Juzgado, el Juzgado catorce Civil Municipal e Use Díaz Gamboa»(fls. 24 a 27 cdno. 1).
3.- El mandatario de los también allí demandados «Elsa y Daniel Díaz Gamboa» puso de presente que por segunda vez se promueve tutela «al parecer por los mismos hechos» y aporta copia de la decisión respectiva (fl. 28 ibídem).
4.- El curador adlitem de los demás convocados al juicio ordinario manifestó no oponerse a las pretensiones y dijo atenerse a lo que resulte probado (fl. 40 ib.).
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal concedió el amparo constitucional por vulneración al debido proceso. Para el efecto, previamente constató que no existe temeridad por cuanto, la acción anterior radicada bajo el número 174 de 2015 de fecha 13 de marzo de 2015, interpuesta por el Dr. Avelino Calderón Rangel, actuando como agente oficioso de Omaira Díaz Gamboa, que si bien también es apoderado de la gestora, no accionó a nombre de quien ahora promueve esta petición de salvaguarda en nombre propio, la que además, no se resolvió de fondo, dada la falta de legitimación en la causa por activa del accionante.
Seguidamente señaló que en el caso materia de estudio, el juzgado municipal declaró que «no prosperaba la excepción previa por cuanto "la demandante hace valer su derecho desde el momento del fallecimiento de su padre el 28 de enero de 2005, y la demanda interrumpió el término de prescripción de 10 años, el 08 de abril de 2014"», resolución que fue confirmada por la funcionaria de circuito, pero que «si bien de manera confusa se invoca la Nulidad Absoluta, por Simulación, del negocio jurídico contenido en la escritura Nro. 3712 de la Notaría de Segunda de Bucaramanga, de fecha 31 de octubre de 1983, a pesar de tratarse de acciones judiciales diferentes, lo cierto es que las normas aplicables a dicho asunto en torno al tema de la prescripción de la acción son las establecidas para las acciones ordinarias», esto es, artículo 3535 del Código Civil que establece que dicha figura «[s]e cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible» y, 2536 que dispone que «[l]a acción ejecutiva se prescribe por diez años, y la ordinaria por veinte (…)», que fue modificado por los cánones 1° y 8° de la Ley 791 de 2002 que redujo «a diez (10) años el término de todos las prescripciones veintenarias, establecidas en el Código Civil, tales como la extraordinaria adquisitiva de dominio, la extintiva, la de petición de herencia, la de saneamiento de nulidades absolutas» e instituyó que «La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años y la ordinaria por diez (10) […]».
Conforme a lo anterior, expuso que «la prescripción de la acción con que contaba ILSE DIAZ GAMBOA para accionar en el asunto que centra nuestra atención, debe mirarse en su calidad de vendedora, teniendo en cuenta que para solicitar la simulación del acto jurídico celebrado mediante la citada escritura pública nro 3712 de 31 de octubre de 1983, de la Notaría Segunda de Bucaramanga, solo puede invocar su calidad como tal, esto es, como persona natural que exhibe un interés patrimonial para sí, consistente en que se desbarate el negocio jurídico en mención para que el inmueble dado en venta a través de dicho instrumento público retorne a su patrimonio económico» y, con fundamento en las reglas de aplicación que establece el artículo 41 de la ley 153 de 1887, «el tiempo que debió transcurrir de inacción por parte de ILSE DIAZ GAMBOA, para que en su contra operara el fenómeno prescriptivo, bajo la vigencia del artículo 2536 C.C., dicho lapso es de 20 años, y bajo la ley 791 de 2002, de 10 años contados a partir de su vigencia».
También adujo que la gestora, a través de su apoderado, propuso la excepción previa de prescripción de la acción, «bajo la óptica, tanto de los artículos 2536 C.C., como de los artículos 1 y 8 de la ley 791 de 2002, verificándose que bajo cualquiera de dichas normas, al momento de presentarse la demanda, la acción tanto de simulación, como de nulidad absoluta habían prescrito». Que así, «analizado el fenómeno prescriptivo bajo la primera de los textos legales citados», el término para accionar debe contarse «desde la celebración del pluricitado negocio jurídico celebrado con su padre EDUARDO DIAZ VALBUENA, esto es, desde el 31 de octubre de 1983, teniendo en cuenta que la compraventa celebrado con su extinto progenitor se hizo exigible desde el momento en que nació a la vida jurídica por cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley, es decir, en virtud de su eficacia, la cual se refiere a la plenitud de la producción de sus efectos jurídicos, y sus efectos frente a terceros afectos, debiéndose concluir que el derecho para solicitar la declaratoria de Nulidad Absoluta o de Simulación del Negocio Jurídico celebrado con su progenitor prescribió para ILSE DIAZ el 31 de octubre de 2003, por haber transcurrido 20 años contados a partir de la fecha en que se hizo exigible el mismo».
Agregó que, vista la figura extintiva bajo la vigencia de la ley 792 de 2002, el referido plazo iba hasta el 27 de diciembre de 2012, por lo que «al haber promovido la demanda el 08 de abril de 2014, no hay duda que efectivamente ya le había prescrito la acción».
A título de colofón expresó que «los juzgados accionados incurrieron en vía de hecho, por defecto sustancial toda vez que al aplicar el artículo 2535 del Código Civil le dieron un alcance que no era posible extraer de su lectura, teniendo en cuenta que ILSE DIAZ GAMBOA no podía accionar en calidad de heredera y los juzgados no podían considerar que en tal calidad se encontraba legitimada por activa, por no tener interés para obrar como heredera puesto que ello significaría demandarse a sí misma».
Como consecuencia, dejó sin efectos el auto de 6 de marzo de 2015, proferido por el Juzgado 3° Civil del Circuito de Bucaramanga y, «le ordenó a dicho estrado que resuelva nuevamente el recurso de apelación que contra el auto de fecha 24 de noviembre de 2014, profirió el JUZGADO CATORCE CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, dentro del PROCESO ORDINARIO DE SIMULACION radicado bajo el número 2014-105, conforme a los lineamientos esbozados en esta providencia» (fls. 41 a 58 cdno. 1).
LA IMPUGNACIÓN
La formuló la demandante del juicio ordinario censurado, manifestando que con la decisión constitucional «la sala entra a hacer un estudio fuera de los de su competencia, pues el demandado para el caso concreto del proceso, ya había hecho uso de las garantías procesales a que tenía derecho, es decir presento (sic) el recurso ordinario de reposición y en subsidio el de apelación y los dos fueron resueltos de manera oportuna, luego no puede deprecar que existió por parte de los operadores judiciales vulneración al derecho fundamental al debido proceso».
Agrega que lo que motivó al apoderado tutelante fue la determinación tomada por los operadores judiciales, sin embargo, «[p]ara que la sala de por sentado que procede de manera excepcional la acción de tutela en el caso planteado, tiene que hacer un estudio detallado de los presupuestos que encarna la sentencia que sirvió de sustento para tomar la decisión».
Así, conforme a la sentencia T - 808 de 2009 traída como fundamento, afirma que «la sala no hizo el estudio pormenorizado de los presupuestos que exige por lo menos la sentencia que abordo (sic) para tomar la decisión»; la determinación de considerar procedente la acción de tutela, «si se puede constituir en una vía de hecho por acción», la que «debía decretarse improcedente, por no constituir vulneración de derecho fundamental del debido proceso» y, además, el Tribunal a quo «no atendió lo consagrado en el artículo 17 del Código Civil» ya que, a su juicio «de manera ligera hizo interpretación jurisprudencial, […] de manera sesgada favoreciendo el litigio del Honorable ex - magistrado quien funge como apoderado de la aquí tutelante».
Remarcó que los hechos narrados en el libelo «en nada constituyen violación de derechos fundamentales, por el contrario dan cuenta de que la accionante presento recurso de reposición y en subsidio apelación a la decisión de no declarar prospera una excepción planteada en el proceso ordinario, pero que los mismos fueron resueltos y concedidos como lo ordena el estatuto procesal civil vigente, luego, contó con las garantías procesales pertinentes y los escenarios naturales para sustentar su desacuerdo jurídico y argumentarlo» y, que el hecho que la disposición adoptada no le guste, «nunca podrá constituir vulneración del debido proceso, y peor aun (sic) nunca deberá entonces proceder una acción de tutela, porque estarían los jueces abriendo una compuerta jurídica para que todas las decisiones contrarias a las expectativas de las partes, podrían ser revisadas y peor aun (sic) juzgadas en sede tutela».
Para finalizar adujo que, en «ésta decisión de tutela, la sala invade la esfera de la autonomía judicial de los jueces» por cuanto «en los considerandos de la sentencia de tutela, ya le dijo al Juzgado del Circuito que decisión debe adoptar» por lo que «no solo es arbitaria (sic), porque sesga la independencia del Juez del Circuito y lo obliga a tomar una decisión, que no ésta de acuerdo, sino que también le deja al accionante y su apoderado la ventana abierta para que use el desacato si persiste el Juez en su posición jurídica»; por tanto, no adoptó «la posición de garante de derechos fundamentales» (fls. 63 a 66 cdno. 1).
CONSIDERACIONES
1.- Lo primero que advierte la Sala es que si bien, en pretérita oportunidad por los mismos hechos se formuló otra acción constitucional de la misma naturaleza bajo el radicado 2015-00174, lo cierto es que fue promovida por quien dijo ser agente oficioso de Omaira Díaz Gamboa, donde la aquí accionante no actuó como parte; pero además, con providencia de 25 de marzo de 2015 el Tribunal Superior de Bucaramanga denegó por improcedente la protección reclamada, dada la falta de legitimación en la causa por activa del querellante, la que impugnada, fue confirmada por esta Sala el 28 de mayo de la misma anualidad; por tanto, resulta viable el estudio de la presente solicitud de salvaguarda.
2.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la senda idónea para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación «con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure ‘vía de hecho’», y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que «no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo» (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).
El concepto de vía de hecho fue fruto de una evolución pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en razón de la necesidad de que todo el ordenamiento jurídico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noción de «Estado Social de Derecho» y la disposición contemplada en el artículo 4 de la Carta Política. Así hoy, bajo la aceptación de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepción la posibilidad de amparar esa afectación siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: «a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela» y, 2. Especiales: «a) Defecto orgánico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto fáctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente y h) Violación directa de la constitución» (C-590/2005, reiterada, entre otras, SU-913/2009 y T-125/2012).
3.- Observada la inconformidad planteada, es evidente que la gestora, considera que los funcionarios judiciales acusados incurrieron en causal específica de procedibilidad por defecto material o sustantivo, al declarar que no prosperan las excepciones previas formuladas, mediante decisión de 24 de noviembre de 2014, confirmada en segunda instancia el 6 de marzo de 2015, por cuanto, «se inventaron entonces un nuevo término de prescripción , supuestamente contado a partir de la muerte del comprador (…), cuando ninguna ley hace revivir acciones fenecidas para su titular, ni siquiera “por su propia muerte” o por la muerte de su co-contratante»
4.- Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:
a) Mediante demanda ordinaria Ilse Díaz Gamboa convocó a Nubia Díaz de Cabeza, Omaira, Elsa, y Daniel Díaz Gamboa, en su calidad de herederos del señor Eduardo Diaz Valbuena (q.e.p.d.), pretendiendo se «declarar[a] que es nulo de NULIDAD ABSOLUTA y por consiguiente, de ningún valor o efecto jurídico por carencia de los elementos esenciales de consentimiento, causa y precio, la escritura pública Nro., 3712 del 31 de octubre de 1983 celebrada entre (…) la señora ILSE DIAZ GAMBOA y su señor padre EDUARDO DÍAZ VALBUENA sobre el siguiente inmueble: […]»; que como consecuencia «se declare que el bien que acabo de referenciar, y que fue materia de la referida transacción, no ha salido jamás del patrimonio de la señora ILSE DIAZ BAMBOA, y por lo tanto la situación jurídica del mismo queda tal y como si no se hubiera otorgado jamás los instrumentos antes dichos» y, que se disponga «la cancelación de la escritura pública número 3712 del 31 de octubre de 1983 corrida en la notaría segunda del círculo de Bucaramanga, contentiva de la transacción que por medio de este fallo se declara simulada, así como el registro que de tal instrumento se hizo ante el señor Registrador de Instrumentos Públicos y Privados de la ciudad de Bucaramanga» [se resalta] (fls. 36 y 37 cdno. Corte).
b) Las primeras dos demandadas allí relacionadas, a través de apoderado, formularon la excepción previa de «PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA» fundada en que la pretensión de «nulidad por simulación» de la enunciación «se trata de 2 aspiraciones "distintas" que enfila en amalgama la parte actora (dada la antítesis o contradicción de los dos conceptos, en la media (sic) en que si la negociación es nula no puede ser simulada y si es simulado por supuesto que no es nula!), enfrenta el inexorable y despiadado paso del tiempo para la gestora de la lid en cualquiera de los dos conceptos». Que «la demandante aspira a la destrucción de un negocio jurídico constante en escritura pública 3712 de la Notaría Segunda de Bucaramanga del 31 de octubre de 1983 (debidamente registrado), ignorando que la nulidad y/o la acción que se deriva del art. 1766 del C.C., ya no pueden alegarse con efecto legal contra mis asistidas y los demás herederos [ahora del comprador Eduardo Díaz Valbuena], por haber sido posibilidades ya fenecidas al mediar la prescripción extintiva».
Agregaron que, al no haber demandado «en más de 30 años, 6 meses 15 días, por los conceptos jurídicos anotados en el petitum, perdió sus posibilidades de accionar, máxime que la ley 791 que actualmente rige en materia de temporalidad prescriptiva, sólo demanda el paso de 10 años para que tales aspiraciones se tengan por fenecidas» y, que la prescripción extintiva de la acción nulidad, «se rige hoy por las reglas de los arts. 2535 y 791 de 2003, junto con la preceptiva de los arts. 1742/1750 y s.s., que al superar la barrera de los 10 años de inacción o de la prescripción extraordinaria de tornan en nugatorias, mientras que por sabido se tiene que la simulación a que se contrae el art. 1766 del C. Civil, tampoco sobrepasa hoy el monto temporal que se menciona, siendo perfectamente entendible que la demandante no puede asirse a conteos especiales [para ella] raíz de la muerte de su progenitor, cuando fue ella misma y nadie más, quien desde el 31 de octubre de 1983 dejó de acudir a la justicia para que se demostrara la presunta nulidad o la inusual simulación que, ahora (ambas o una sola?), extemporánea y sin ubicación legal se alega(n)».
Estimaron que, «para la excepción de prescripción extintiva de las acciones de nulidad o de simulación, así sea de manera separada, debe predicarse la prescripción, y, aún para la extraña simbiosis de "nulidad por simulación" que la parte actora aquí ha formulado, la cual última (o las dos primeras) por no haberse(n) demandado antes del año 2003, debe(n) considerarse prima facie como prescríta(s) o desaparecidas para el mundo del derecho»; que en todo caso, «para el evento incluso, sigue vigente el precepto de los 30 años a que se contrae el art. 2541 del C. Civil [por si se tratara de alegar algún tipo de suspensión del primer inciso de esta normatividad], siendo acomodable al thema decidendum el texto del art. 2538 de! C. Civil, en cuanto, para medir la extinción de las acciones judiciales, se debe considerar el tiempo de adquisición del derecho por parte del extinto causante para ganar por prescripción adquisitiva el derecho que ahora inexplicablemente se discute, de tal manera que las alocadas pretensiones iniciadas hoy, ya no tenían vigencia por prescripción extintiva de las respectivas acciones» (fls. 55 a 59 cdno Corte).
c). Mediante proveído de 24 de noviembre de 2014 el Juzgado 14 Civil Municipal de Bucaramanga declaró no probadas las excepciones previas, para lo cual expuso que cuando la demanda «adolece de cierta vaguedad en la relación de los hechos o como quedaron establecidas las pretensiones dl libelo, en procura de no sacrificar el derecho, puesto que no es aceptable en el campo de la hermenéutica de la demanda, como lo tiene sentado la doctrina de la corte; que la torpe expresión de las ideas pueda ser motivo valedero para subestimar el derecho reclamado “cuando este alcanza a percibirse en la intención y en la exposición del demandante”» y que, «[e]ntratandose (sic) de una simulación, o de nulidad por simulación, cuyo término se definirá en la sentencia, la cuantía para definir la competencia queda definida por la pretensión […]» y la prescripción extintiva «se da cuando ha transcurrido el tiempo establecido en la ley para ejercer ciertas acciones con las cuales podemos hacer valer nuestros derechos y no se ejercieron» y que, «la demandante hace valer su derecho desde el momento del fallecimiento de su padre el 28 de enero de 2005, y la demanda interrumpió el término de prescripción de 10 años, el 08 de abril de 2014» por lo que no se declara probada la excepción previa (fls. 11 a 16 cdno. Corte).
d) El Juzgado de circuito accionado confirmó la anterior decisión mediante auto de 6 de marzo de 2015, para lo cual adujo que «de la lectura de la pretensión principal expresamente se solicita la declaratoria de la nulidad absoluta de la Escritura Pública número 3712 del 31/10/1983, corrida en la Notaría Segunda de Bucaramanga, respecto de la casa de habitación localizado en la Urbanización Niza, ubicada en el lote número 18 de la manzana F, de la calle 120 número 32-23 del Municipio de Floridablanca, distinguida con la matricula inmobiliaria número 300-21033; y como se definió con los conceptos de las acciones y dada la combinación, disparidad, contraste de pretensiones, esta instancia se referirá a ésta -nulidad absoluta-, conforme al planteamiento esbozado por el demandante y el fin que (sic) buscado, ya que esta incongruencia de pretensiones hace improcedente jurídica y procesalmente desarrollar un estudio ambivalente para las dos situaciones puestas a consideración en sede jurisdiccional; con todo, a pesar de tener establecido que la prescripción extintiva para ambas acaece transcurridos diez (10) años»
Remarcó que «la prescripción comienza su curso desde que queda expedita la acción, es decir, que pueda ser ésta ejercida. A la pregunta desde cuándo comienza a ser computado el término prescriptivo extintivo para la acción de simulación absoluta; a respuesta se brinda de manera diáfana a través del estudio y aplicación del concepto íure propio (sic), bajo el entendido que puede verse afectada y/o perjudicada a demandante ILCE DÍAZ GAMBOA -y esto lo demostrará o no, conforme al vaivén de lo pretendido- cuando el inmueble objeto de Litis entró a formar parte del haber sucesoral a partir del fallecimiento de su señor padre Eduardo Díaz Valbuena (q.e.p.d.) y habiendo existido sobre él con antelación -31/10/1983- un negocio jurídico que hoy es objeto de discusión sobre la eficacia del mismo».
Afirmó que «el interés que mueve a la demandante al ver que sus beneficios patrimoniales se ven afectados al entrar el inmueble objeto de Litis en el haber sucesoral; por lo que obrar iure propio, te da la oportunidad de alegar la reparación de los daños personales y ciertos que pudieren haberse producido por el deceso de su señor padre respecto de la situación patrimonial del inmueble objeto de esta discusión judicial».
Así concluyó que la excepción de prescripción extintiva «carece de fundamento, en tanto basa su pedimento en el escrito de sustentación, que se dejó de ejercer la acción de simulación por más de treinta años, teniendo en cuenta como conteo del término entonces, desde la venta inscrita entre padre e hija; esto es, el día 30/10/1983; sin explicitarlo, que la prescripción extintiva cuenta para este contrato -compraventa- desde cuando la obligación se haya hecho exigible en aplicación del artículo 2535 del Código Civil, pero sí lo hace citando en el exceptivo el articulo 2538 Ibídem, cuando dijo, "...para medir la extinción de las acciones judiciales, se debe considerar el tiempo de adquisición del derecho por parte del extinto causante para ganar por prescripción adquisitiva el derecho que ahora se discute..."; y ello no es así para este caso concreto, toda vez que, las circunstancias son bien distintas puesto que los demandados no están en posesión del inmueble y al comparecer la demandante pretendiendo un derecho propio -iure propio- (sic), Derecho este que nace con el fallecimiento de su señor padre Eduardo Díaz Valbuena, ocurrido el día 28/01/2005 para contar el lapso de la prescripción extintiva. Luego, a partir de ese momento empezó a correr el término para que opere la prescripción extintiva de la acción, dado que en vida, no se da para los hijos ningún derecho herencial conforme lo establecen los artículos 1008, 1011, 1040, 1045 y 1155 del Código Civil».
Agregó que es «a partir del fallecimiento del de cujus que nace el derecho propio para la señora ILSE DÍAZ GAMBOA, y le asiste razón al excepcionante en que no se da en este preciso caso, la acción de iure hereditatis -pero sólo en punto de establecer el punto de partida para la prescripción extintiva- porque no se trata de la acción correspondiente a quien resulte lesionado transmitida por la muerte a sus herederos para resarcir el darlo por el detrimento de sus derechos, valores e intereses jurídicamente protegidos; sino más bien, a la directamente personal -iure propio- (sic) supuestamente sufrida por la demandante por el menoscabo directo, propio e individual experimentado a consecuencia de la defunción del causante Eduardo Díaz Valbuena, respecto del presunto y legítimo interés que te asiste, eso sí, en que el inmueble ingrese a su patrimonio y teniendo en cuenta que el ¡quebranto se produce al margen de cualquier vínculo jurídico previo entre aquellos -contratantes- que se relacionan con ocasión del daño -demandante y demandados», razón por la que «no había prescrito la acción para cuando fue presentada ante el funcionario cognoscente -08/04/2014- fecha única que (sic)en que se interrumpió». (fls. 17 a 22 cdno Corte).
5.- Lo primero que advierte la Sala es que la allí demandante acumuló dos acciones respecto de un mismo contrato, conforme las pretensiones formuladas que son excluyentes entre sí. De un lado la de «nulidad absoluta», que supone la existencia del acto cobijado de invalidez y, la «simulación absoluta» que considera la inexistencia del negocio jurídico envuelto en la apariencia de la realidad.
Ha dicho la Corte que:
«“cuando el lenguaje de la demanda, sin ser indescifrable por completo, no se ajusta a la claridad y precisión indispensables en tan delicada materia” (CLXXXVIII, 139), para “no sacrificar el derecho material en aras de un culto vano al formalismo procesal” (CCXXXIV, 234), “el juzgador está obligado a interpretarla en busca de su sentido genuino sin alterarlo ni sustituirlo, consultando la prevalencia del derecho sustancial, el acceso a la administración de justicia y la solución real de los conflictos”, realizando “un análisis serio, fundado y razonable de todos sus segmento”, “mediante su interpretación racional, lógica, sistemática e integral” (cas. civ. sentencia de 27 de agosto de 2008, [SC-084-2008], expediente 11001-3103-022-1997-14171-01, énfasis de la Sala), “siempre en conjunto, porque la intención del actor está muchas veces contenida no sólo en la parte petitoria, sino también en los fundamentos de hecho y de derecho” , bastando “que ella aparezca claramente en el libelo, ya de una manera directa o expresa, ya por una interpretación lógica basada en todo el conjunto de la demanda” (XLIV, p. 527; XIV, 488 y 833; LXI, 460; CXXXII, 241; CLXXVI, 182 y CCXXV, 2ª parte, 185)» (CSJ SCC. 6 May. 2009 Rad. 2002-00083-01).
6.- Analizadas las providencias cuestionadas, en especial la que resolvió la apelación contra el auto que desató las excepciones previas formuladas, se observa que el juzgador en esa labor de interpretación del libelo, dio por entendido que se pretende la declaratoria de simulación absoluta del negocio jurídico y de cara a dicha figura estudió el medio de defensa de prescripción extintiva de la acción.
En tratándose de «simulación absoluta» precisó la Corporación que:
«El negocio jurídico simulado puede presentarse bajo dos modalidades distintas que conducen a la clasificación general de la simulación en absoluta y relativa, a cada una de las cuales corresponde una estructura particular. Así, la simulación absoluta se realiza siempre que las partes, a tiempo que logran conseguir el propósito fundamental buscado por ellas de crear frente a terceros la apariencia de cierto acto jurídico y los efectos propios del mismo, obran bajo el recíproco entendimiento de que no quieren el acto que aparecen celebrando, ni desde luego sus efectos, dándolo por inexistente. La declaración oculta tiene aquí, pues, el cometido de contradecir frontalmente y de manera total la pública, y a eso se reducen su contenido y su función. Mas como de todas maneras los presuntos contratantes han creado una apariencia llamada transitoria y exteriormente a prevalecer sobre la verdad íntima, por fuerza de esa sola circunstancia, aun sin necesidad de estipulación expresa al respecto, quedan obligados entre sí a llevar a cabo el acto o los actos necesarios para borrar esa falsa apariencia, y por ende, a colocar las cosas en el estado en que se encontraban al momento de fingir la negociación. Sólo en este último sentido, entonces, la simulación absoluta viene a establecer un vínculo jurídico entre quienes se sirven de ella» (CSJ, SCC May. 1969)
Ahora bien, resulta necesario para establecer el punto de partida del conteo de la prescripción de la acción determinar si quien acude a la jurisdicción obra iure proprio o iure hereditario, ya que en el primer caso, por haber participado en la realización del acto, es en ese momento en que le surge al signatario la obligación de «llevar a cabo el acto o los actos necesarios para borrar esa falsa apariencia, y por ende, a colocar las cosas en el estado en que se encontraban al momento de fingir la negociación», conforme a la doctrina expuesta; mientras que si lo hace en la otra posición señalada, como lo ha definido la Corte, «el hijo, en vida del padre, como no es heredero y apenas contempla una mera expectativa de poder heredarlo, no se encuentra asistido de interés jurídico para controvertir judicialmente la simulación de un negocio celebrado por su progenitor» (CSJ SCC 9 Jun. 1947), de donde se tiene que al heredero el derecho le nace con la muerte del causante, lapso en el que inicia el plazo para el ejercicio de la demanda de simulación y, por ende el conteo de la figura extintiva.
Para el caso sometido al escrutinio se tiene que acudió a la jurisdicción la «vendedora» la que, si bien, ostenta también la calidad de heredera en razón ser hija de su co-contratante, lo cierto es que ejerce la reclamación motu proprio, en tanto que busca que el bien objeto de la negociación aparente vuelva al estado en que se encontraba al momento de la realización del acto demandado y en consecuencia, retorne a su patrimonio.
La Corporación al analizar un caso de similares aristas expuso que:
«Y en cuanto a las excepciones propuestas por el demandado CESAR RODRIGO ARCILA (“falta de interés jurídico en el demandante”, “falta de titularidad de la acción por lesión enorme” “caducidad y prescripción” y “la innominada”) la Corte se limita a adicionar a lo que en el despacho del cargo se indicó, en cuanto a que no ve cómo haya caducidad de la acción de simulación y que la prescripción de esta acción es de veinte años, lapso que, como es evidente, no corrió entre la fecha de la escritura (1991) y la fecha del ejercicio de la acción (1992)» [se resalta] (CSJ SCC 27 Jul. 2000, Rad. 6238)
Conforme el anterior análisis, como lo advirtió el Tribunal a quo, el lapso de tal institución invocada debía contabilizarse desde la fecha en que se suscribió el instrumento público No. 3712 de 31 de octubre de 1983 de la Notaría Segunda del Círculo de Bucaramanga y no desde el deceso del comprador, como lo consignó el funcionario judicial querellado, por lo que se configura el defecto material o sustantivo alegado que hacía procedente otorgar el amparo constitucional deprecado.
7.- Ahora bien, la ley sustantiva civil no contempla plazo consuntivo respecto de la acción de simulación, por tanto, habrá de aplicarse la regla de que «Toda prescripción que no se encuentre expresamente consagrada en una norma especial, se rige por el término previsto para la prescripción extintiva de la acción ordinaria, pues es ésta la que tiene la virtualidad de extinguir todas las acciones reales o personales que no están sujetas a prescripciones más breves» (CSJ SCC, 5 Ago. 2013 Rad. 2004-00103-01,).
Por tanto, pertinente es acudir a la preceptiva legal que consagra el artículo 2536 del Código Civil, que para aquel momento contemplaba que «[l]a acción ejecutiva se prescribe por diez años, y la ordinaria por veinte».
De igual manera, acorde al canon 2539 de la misma codificación, «[l]a prescripción que extingue las acciones ajenas, puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente». «Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente» y «Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvo los casos enumerados en el artículo 2524».
Corolario de lo expuesto, corresponde al juzgador censurado determinar, en la decisión que emita como consecuencia de la orden de tutela, si operó la prescripción, para lo cual analizará si se presentó la interrupción del término consuntivo, conforme a las probanzas arrimadas a la actuación.
8.- De conformidad con lo discurrido, se confirmará el fallo proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del distrito Judicial de Bucaramanga, pero por las razones expuestas.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas, por las razones expuestas en precedencia.
Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisión.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ