CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL


AC2722-2016


ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado ponente


Radicación n.° 25307-31-03-001-2008-00430-01

(Aprobado en sesión de 17 de febrero de 2016)


Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil dieciséis (2016).-



Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad del libelo presentado para sustentar el recurso extraordinario de casación que la demandante, CLAUDIA ISABEL SÁNCHEZ PERDOMO, interpuso frente a la sentencia del 2 de octubre de 2014, proferida por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario adelantado por ella en contra de los HEREDEROS INDETERMINADOS de René Sánchez Perdomo, los HEREDEROS DETERMINADOS de Heliodoro Sánchez Orjuela, señores RODRIGO SÁNCHEZ LARA, RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ VDA. DE LEÓN, GERARDO SÁNCHEZ MEDINA, ARMANDO SÁNCHEZ MELO, ISABEL SÁNCHEZ DUSSAN, JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ROJAS, JAIME ALBERTO SÁNCHEZ SALCEDO y demás HEREDEROS y PERSONAS INDETERMINADAS.


ANTECEDENTES


1.        En el escrito con el que se dio inicio al presente asunto se solicitó, en síntesis, que se declarara que la actora ganó por prescripción adquisitiva extraordinaria el dominio del predio urbano ubicado en la “carrera 15 No. 18-17 a 18-23 y 18-35” de Girardot, identificado con los linderos allí mismo suministrados, y al que le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria No. 307-0008723 de la Oficina de Instrumentos Públicos de esa localidad (fl. 104, cd. 1).


2.        El Juzgado Primero Civil del Circuito del referido municipio, le puso fin al litigio con providencia del 23 de septiembre de 2013, en la que negó las pretensiones de la demanda, declaró de oficio probada la excepción de “petición antes de tiempo” y condenó en costas a la accionante (fls. 844 a 861, cd. 1A).


3.        La Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, al desatar la apelación que contra el memorado fallo propuso la señora Sánchez Perdomo, en el suyo, que data del 2 de octubre de 2014, lo confirmó (fls. 97 a 114, cd. 7).


4.        La gestora del juicio interpuso recurso extraordinario de casación, que luego de que fuera concedido por el ad quem y admitido por esta Corte, sustentó con el libelo que ahora se examina.


LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL


Tras disertar, en abstracto, sobre la prescripción, en general, y la extraordinaria, en particular, esa autoridad, a efecto de confirmar la sentencia desestimatoria dictada en primera instancia, expuso lo que a continuación se resume:


1.        Recordó que el a quo “negó las pretensiones”, porque “la demandante no probó haber ejercido posesión material sobre el inmueble del litigio durante 20 años”, y precisó que este es, por lo tanto, “el punto a dirimir en vía de apelación, por lo cual se procederá al análisis de tal tópico”.


2.        Compendió el contenido de las declaraciones rendidas en el curso de lo actuado por los señores Francisco y Hugo Barrios Patiño; de los interrogatorios de parte que absolvieron la actora y los demandados Jaime Alberto Sánchez Salcedo, Raquel Sánchez Viuda de León, Armando Sánchez Melo, Isabel Sánchez de Hernández y Julio César Rojas; y de la documental allegada.


3.        Con tal base, estimó que “no existe prueba fehaciente del ánimo de señorío, sin reconocer dominio ajeno”, por parte de la actora, a partir de la fecha invocada en el libelo introductorio, esto es, desde “el 24 de enero de 1980”, puesto que el pago de impuestos verificado “con anterioridad al año 1992”, encuentra explicación en el hecho de que ella adquirió el dominio del bien disputado, mediante negocio jurídico que celebró con su padre, señor Heliodoro Sánchez Orjuela, el cual, posteriormente, fue declarado simulado, por lo que “queda en entredicho” que esa conducta sea demostrativa de la posesión alegada, en tanto que se realizó “porque la demandante otrora aparecía como propietaria del inmueble”.


4.        Estableció que no obra en el proceso, “ninguna otra prueba que acredite que en verdad la demandante ejerció actos posesorios sobre el inmueble, con anterioridad al fallecimiento de su padre, acaecido el 18 de enero de 1992”, habida cuenta que los contratos de arrendamiento visibles del folio 55 al 88 del cuaderno principal, fueron celebraros con posterioridad al año 1991; y que si bien es verdad, “[p]odría pensarse” que ese estado de cosas obedeció al hecho de que ella, “mediante escritura pública No. 0315 del 12 de febrero de 1983 (…), otorgó poder general” a su progenitor para que le administrara sus bienes, tal hipótesis deviene confusa, en la medida que no se demostró la causa de tal mandato y, menos aún, que la primera estuvo impedida para adoptar las determinaciones pertinentes en relación con el inmueble de la controversia, sobre todo cuando sí se acreditó que “siempre habitó” el mismo “junto” con Sánchez Orjuela.


5.        Añadió que “[c]obra mayor fuerza la duda en torno a la verdadera condición de señora y dueña de la demandante en vida de su padre”, si se tienen en cuenta las manifestaciones que los hermanos Barrios Patiño hicieron en sus declaraciones, toda vez que ambos explicaron que fue el nombrado causante quien les concedió la tenencia del inmueble; que en vida de éste, realizaron a su favor el pago de los arrendamientos correspondientes, pese a que él, en los recibos que expedía, hacía figurar a su hija como la beneficiaria; y que sólo a partir de su deceso, fue que le entregaron los dineros directamente a Claudia Isabel Sánchez Perdomo.


6.        Consideró que la ausencia de autorización por parte de los demandados, para que la accionante pagara los impuestos y cobrara las rentas, no constituye “acto posesorio alguno, dado que como se vio, en vida del señor HELIODORO SÁNCHEZ ORJUELA, éste disponía del inmueble arrendándolo y ocupándolo junto con su hija”.


7.        Insistió en que el título mediante el cual la gestora de la controversia adquirió el bien, “fue simulado”, es decir, “que se fingió un acto para otorgar la calidad de dueña a la demandante, cuando en verdad, detrás de ese acto aparente, el verdadero dueño era el señor HELIODORO SÁNCHEZ ORJUELA, y por ello retornó el dominio a su esfera patrimonial”.


8.        Puntualizó que esa condición de genuino propietario que tenía el citado progenitor, desvirtúa que en vida de él, la poseedora del inmueble hubiese sido su hija, la aquí demandante, en tanto que ella no demostró haber desconocido dicho derecho, ni haberse comportado “como dueña, con prescindencia de su padre”.


9.        Por el contrario, agregó, con los testimonios escuchados, se estableció que “no solo se fingió el título de adquisición de la propiedad del inmueble, sino que además, se h[izo] aparecer a la demandante como arrendadora expidiendo los recibos de arrendamiento a su favor, cuando en verdad quien entreg[ó] el bien a título de arrendamiento [fue] su verdadero propietario[,] el señor HELIODORO SÁNCHEZ ORJUELA”.


10.        Puso de presente que las copias “del incidente de levantamiento de secuestro[.] propuesto por la demandante CLAUDIA ISABEL SÁNCHEZ PERDOMO dentro de la sucesión del causante HELIODORO SÁNCHEZ ORJUELA”, aportadas en segunda instancia, carecen de mérito demostrativo, pues el auto que resolvió dicho trámite, no se encuentra ejecutoriado.


11.        Y advirtió que es dable, en definitiva, arribar a las siguientes conclusiones:


a)        “(…) es evidente que la pretendida posesión desde 1980, alegada por la actora en su demanda, no se probó, pues no se aportaron elementos de prueba que acreditaran, o al menos, hicieran presumir, que fue cierta esa afirmación (…)”.


b)        “Podría pensarse en el mejor de los casos, que en verdad la demandante dio inicio a la posesión exclusiva sobre el inmueble, a partir del fallecimiento de su padre, acaecido el día 18 de enero de 1992 (Fl. 5 C-1), pero es evidente que desde esa fecha, a la presentación de la demanda de pertenencia, esto es, 29 de octubre de 2008 (Fl. 111 C-1), no había transcurrido aún el lapso de 20 años necesario para que se configur[ara] la prescripción adquisitiva de linaje extraordinario invocada (…), caso en el cual las pretensiones de la demanda no pueden prosperar, como en efecto se declaró en la sentencia apelada, la cual por su legalidad debe ser confirmada”.


LA DEMANDA DE CASACIÓN


Contiene dos cargos, que admiten el siguiente compendio:


CARGO PRIMERO


Con respaldo en el motivo inicial consagrado en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se denunció el quebranto directo del precepto 83 de la Constitución Política, de los artículos 781, 785, 1603, 2142, 2158, 2522 y 2531 del Código Civil, así como de la regla 90 del Código de Procedimiento Civil.


Para sustentarlo, el recurrente, adujo:


1.        En primer lugar, la aplicabilidad en el caso sub judice de los incisos 1º y 2º del artículo 2531 del Código Civil,  que reprodujo, cuestión en torno de la que sostuvo la prevalencia de la posesión material frente a la registrada, planteamiento que sustentó con extensas transcripciones, que no identificó.


Una vez memoró que el ad quem negó las peticiones del libelo introductorio por no haber hallado la prueba de la posesión desde el 24 de enero de 1980, fecha allí indicada, el censor expresó que si esa autoridad “hubiera aplicado dicho texto”, habría “acogido las pretensiones de la demanda respecto a la declaratoria de prescripción adquisitiva[,] porque la nulidad de la escritura no conllevó el desconocimiento de los actos de señora y dueña que no requieren registro, pero en vez de hacer lo anterior, (…) aplicó el art. 765 del mismo C.C., para denegar” las súplicas; e insistió en que esa “doble violación de las normas sustanciales”, provocó el fracaso de la acción, pese a que estaba llamada a prosperar.


2.        En segundo término, el censor afirmó la infracción de los artículos 83 de la Constitución Política, 781, 785, 1603, 2142 y 2158 del Código Civil, por falta de aplicación, preceptos que transcribió en lo que estimó pertinente.


A continuación aseveró que todos esos mandatos legales eran “perfectamente aplicable[s] al caso” y que su utilización “habría evitado la duda que el sentenciador expresó sobre el verdadero móvil del poder otorgado por CLAUDIA ISABEL SÁNCHEZ PERDOMO a su padre HELIODORO SÁNCHEZ ORJUELA, (…), pues no es razonable tener que expresar razones del contenido frente a la noción de lo que es el mandato y qué comprende; la presunción de buena fe constitucional y la exigida en la relación contractual”.


Para desarrollar esas premisas, diferenció la “buena fe probidad” de la “buena fe creencia” e ilustró la utilización que, en su concepto, ha efectuado de la segunda esta Corporación, como criterio de “apreciación” e “interpretación” de los “actos jurídicos”; como objeto de las obligaciones, que permite identificar la “mala fe” y prever las “condignas sanciones” para ella; y como “objeto de protección legal”, que supone examinar su lado positivo y atribuirle “una eficacia propia bastante hasta para cumplir la falta de derecho”.


Con apoyo en esas explicaciones y en otras concernientes a la venta de cosa ajena, el recurrente puntualizó que “[l]o anterior nos permite afirmar que como nuestro código civil, al reglar la prueba de la posesión, expresa que tratándose de derechos inscritos, ésta se probará por la inscripción -mientras que en parte alguna regula la prueba del dominio no da a la inscripción el valor de tal- la posesión puede tomarse no solo por el que trata de adquirirla para sí, sino por su mandatario, o por sus representantes legales”; que “sobre las disposiciones tendientes a atribuir al registro de los títulos de la propiedad raíz, una función posesoria, prevalecen los textos relativos a la posesión material, considerada la única verdadera posesión”; y que “[p]or tanto la inscripción de los títulos carece de contenido y alcances posesorios”.


Agregó que, “[d]e otra parte, se pretende demostrar que es errático aplicar al caso en estudio la interpretación de la posesión legal del heredero como imposibilidad para adquirir el dominio, cuando se trata es de establecer que la posesión material adquirida por el hijo en vida de su padre[,] no imposibilita la usucapión frente a los herederos testamentarios que no impugnaron el testamento por haberles fallado en la legítima rigurosa, cuarta de mejoras o por preterición (sic)”.


En tal orden de ideas, el casacionista puso de presente que la actora “adquirió la posesión de su padre por acto entre vivos y la ejerció durante la década subsiguiente que mantuvo de vida (…) su padre, mientras sí llegó a ser heredera testamentaria de otros bienes, en concurrencia con todos sus hermanos, sin que primeramente el ALBACEA, a la postre heredero, ni ninguno de ellos impugnara la voluntad del testador, por lo que ella nunca detentó materialmente bienes herenciales para presumir que lo haya hecho con ánimo de heredera”.


3.        Para finalizar, el impugnante reprochó la falta de aplicación de los artículos 90 del Código de Procedimiento Civil, 2522 y 2524 del Código Civil, cuestionamiento en relación con el cual enfatizó que no cualquier demanda sirve para provocar la interrupción de la prescripción adquisitiva, sino solamente aquellas dirigidas a “eliminar la posesión (…) y por ende a destruir una de las condiciones necesarias para que por ministerio de la ley tenga lugar” ese fenómeno jurídico.


Renglón seguido aseguró que la Corte tiene definido que “ni el embargo, ni el secuestro de un bien, traducen interrupción de la prescripción adquisitiva”, pues tales medidas “constituyen apenas títulos de mera tenencia”.


Con esos fundamentos, censuró al Tribunal por haber guardado silencio, frente a la consideración del a quo relativa a que el secuestro de que fue objeto el inmueble disputado, comportó la interrupción de la prescripción desde el año 2011, temática en relación con la cual, adicionalmente, puso de presente que en segunda instancia se allegaron las copias del incidente promovido por la aquí demandante, para obtener el levantamiento de dicha cautela.

CARGO SEGUNDO


Se acusó al ad quem de haber violado indirectamente la ley sustancial, “como consecuencia de errores en la apreciación de la prueba”, sin especificar, en principio, las normas de ese linaje vulneradas.


Para sustentarlo, su proponente expuso:


1.        En relación con la aseveración del Tribunal consistente en que los demandados, no le dieron autorización a la actora para pagar los impuestos del inmueble disputado, ni para reclamar las rentas producidas por el mismo, el censor señaló que aquéllos “no fueron coherentes, entre sí, sobre el punto que, seguramente habían acordado para acreditar una dependencia de ellos por parte de CLAUDIA ISABEL SÁNCHEZ PERDOMO, con respecto a los actos de posesión”.


Enseguida comentó lo expresado en las declaraciones, de parte y testimoniales, rendidas por los señores Gerardo Sánchez Medina, Marta Cecilia Vergara Prado, Efraín Barragán, Félix Perdomo, Leonilde Parra Oliveros, Guillermina Torres, Jaime Alberto Sánchez Salcedo, Julio César Sánchez Rojas, Armando Sánchez Melo, Raquel Sánchez Viuda de León, Isabel Sánchez de Hernández, Francisco Barrios Patiño, Hugo Barios Patiño y Omar Barrios Patiño, compendio que lo llevó a afirmar que en ninguna de esas versiones, se hizo mención a que los demandados le concedieron permiso a la aquí accionante para realizar los referidos actos.


Así las cosas, el impugnante afirmó  que “[a]l no ver el tribunal estos testimonios con la objetividad referida, ocurrió (sic) en error de hecho en la apreciación del libelo de la demanda y de dichas pruebas”.


2.        Circunscrito ahora a las apreciaciones del ad quem tocantes con la carencia de “valor probatorio” de los “comprobantes de pago de impuestos realizados por la demandante (…)”; con la inexistencia de otras pruebas que acrediten la realización de actos posesorios por parte de ella, con anterioridad al fallecimiento de su progenitor, señor Heliodoro Sánchez Orjuela; y con que tal vacío, no puede entenderse suplido con los actos verificados por el último a nombre de la primera, en desarrollo del poder que ésta le confirió para que le administrara sus negocios, pues no se comprobó la razón de ser de dicho mandato, el casacionista indicó que “los hechos demostrados con posterioridad al año 1991 no pueden dar lugar a inferir que ello se debió al poder general otorgado por la demandante a su padre para administrar bienes”, por las razones que a continuación expuso y que, en resumen, corresponden a las siguientes:


2.1.        De conformidad con los artículos 781, 2142 y 2177 del Código Civil, que reprodujo, el referido poder lo ejercitó el apoderado “a nombre de su mandante, dado que si lo ejercía contratando a su propio nombre no obligaba respecto de terceros a su mandante, con lo cual al renunciar a esta última posibilidad estaba siendo pleno en el respeto hacia la posesión que sobre el bien ejercía su hija, realizando todo a nombre de ella”.


2.2.        Añadió que dicho negocio jurídico, no le impedía a la aquí accionante efectuar “pagos como los acreditados por documentos públicos como son recibos de tesorería (folio[s] 17 a 35 cdno. 1)”, ni que en sus declaraciones de renta de los años 1981, 1982 y 1985 incluyera como activo el inmueble en cuestión, así como las rentas que percibió del mismo.


2.3.        Sin guardar estrecha conexión con lo anterior, el recurrente, a continuación, advirtió que el ad quem no valoró las cartas que la demandante le remitió a Leonilde Parra Oliveros, Guillermina Torres y Omar Barrios, el 22 de enero de 1992, informándoles el fallecimiento de su padre y que a partir de tal fecha, ella se ocuparía directamente del inmueble cuya tenencia les fue conferida por este último; los contratos de arrendamiento correspondientes a los años 1991 a 1994, 1996, 2005 y 2008; las declaraciones de renta de la actora por los años 1980 a 1984; los recibos de impuesto predial “expedidos a favor de CLAUDIA ISABEL SÁNCHEZ PERDOMO a partir de 1982”, entre ellos, los correspondientes a los años 1997 a 2011; el certificado No. 3823 expedido por el Notario Dieciocho de Bogotá, en el que hizo constar que “el señor EFRAÍN BARRAGÁN, canceló la hipoteca establecida a su favor por la señora CLAUDIA ISABEL SÁNCHEZ PERDOMO, por pago que ésta le hiciera de la obligación contraída por escritura 6489 de octubre 8 de 1991, sobre el mismo bien”; y la copia de la sentencia de segunda instancia, fechada el “26 de diciembre de 2000 (…), por medio de [la] cual se declaró la nulidad de varias escrituras entre las cuales se halla la 5580 de dos (2) de septiembre de 1980 otorgada en la notaría 4 de Bogotá por la cual la señora MARTA CECILIA VERGARA DE ESPINOSA transfirió a CLAUDIA ISABEL SÁNCHEZ PERDOMO, cómo única pretensión formulada, muestra que si bien su objeto fue la declaratoria de simulación, no es menos cierto que en ella jamás se acumuló como subsidiaria y condicionada a la primera la reivindicación del inmueble a favor de quienes aquí fungen de demandados”.


Sobre el particular, el censor puntualizó que “los hechos acreditados con tales documentos públicos y privados representan actos de dominio que, en nada afectan el poder conferido, si como bien lo expresaron los testimonios analizados y el mismo heredero que había sido designado albacea, señor GERARDO SÁNCHEZ MEDINA, el señor HELIODORO SÁNCHEZ ORJUELA mostró los deseos de desapoderarse [d]el inmueble desde un primer momento y fue entonces el ‘poder’ una clara manifestación de su voluntad, tal como aquí se demostró”.


2.4.        Preguntó el impugnante, cómo pudo el Tribunal construir “un hecho indicador de mala fe en contra de la demandante, arguyendo (…) que le queda duda sobre el verdadero móvil del poder otorgado por CLAUDIA ISABEL SÁNCHEZ PERDOMO a su padre HELIODORO SÁNCHEZ ORJUELA al no existir circunstancia especial que d[iera] lugar a la constitución del mismo como viajes, enfermedades o incapacidades que le impidieran a la demandante directamente administrar su propiedad y más aún si se tiene en cuenta que siempre habitó el inmueble con su padre, cuando la ley no exige expresar la cusa del mandato, para justificar el desprecio por el valor probatorio de los pagos realizados a la administración pública como prueba de actos posesorios con anterioridad al fallecimiento de su padre y afirmar que los contratos celebrados con posterioridad al año 1991 en principio podrían dar lugar a pensar que ello se debió al poder general otorgado por la demandante a su padre para administrar bienes”.


3.        Al final, el censor expuso que “[e]sta apreciación del Tribunal significa la violación, por no haberlos aplicado, de los artículos 780, 781, 782, 1603, 2142, 2177, 2531.1 C.C., 187, 254, 258, 264, 277 y 279 del C.P.C.”; que “[p]or lo anotado y como consecuencia de los anteriores errores de hecho y de derecho del tribunal, éste declaró no probada la usucapión y por ello optó por dictar sentencia absolutoria cuando la realidad probatoria es exactamente la contraria”; y que, en tal virtud, solicita “a la H. Corte, case la sentencia recurrida, revoque la del juez a-quo y en su lugar condene al demandado a en todas las pretensiones de la demanda”.


CONSIDERACIONES


1.        Sea lo primero precisar que, siguiendo los derroteros  expresamente  consagrados  en  los  artículos 624 -modificatorio del artículo 40 de la Ley 153 de 1887- y 625 del Código General del Proceso, vigente a partir del 1º de enero del año en curso, según previsión contenida en el Acuerdo PSAA15 - 10392 del 1º de octubre de 2015, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, esta Corporación asumirá el estudio de la identificada demanda de casación, a la luz de las normas que estaban vigentes al momento de la interposición del referido recurso extraordinario, en concreto, las del Código de Procedimiento Civil, consideradas las que lo modificaron y/o adicionaron con anterioridad a la mencionada fecha.


2.        Como con absoluta nitidez se desprende del compendió que se hizo de los planteamientos aducidos por el Tribunal en su fallo, dos, en concreto, fueron las razones que dicha autoridad esgrimió para optar por la confirmación del proveído desestimatorio dictado en primera instancia, a saber:


2.1.        La actora no demostró haber sido la poseedora del inmueble cuyo dominio persiguió en usucapión, durante el período comprendido entre el 24 de enero de 1980, fecha de inicio de tal situación según la demanda, y el 18 de enero de 1992, día del fallecimiento de su padre, Heliodoro Sánchez Orjuela, toda vez que, en ese tiempo, este último fue quien detentó el bien con ánimo de señor y dueño, sin que ella hubiese acreditado el desconocimiento, por su parte, de ese derecho o que actuó como tal, con “prescindencia” de aquél.


2.2.        La posesión comprobada por la accionante comenzó luego del deceso de su progenitor y, por consiguiente, no alcanza los 20 años que la ley exige para la prescripción extraordinaria invocada, contados desde entonces, hasta el día en el que se presentó la demanda -29 de octubre de 2008-.


3.        Ahora bien, para arribar a la inferencia fáctica inicialmente atrás advertida, que se muestra como el centro de gravedad de todo su razonamiento, el ad quem consignó, en esencia, las siguientes observaciones de orden probatorio:


3.1.        De las pruebas recaudadas, en particular, de la testimonial, se establece que fue el señor Heliodoro Sánchez Orjuela quien arrendó el inmueble; lo entregó materialmente a los tenedores; cobró los correspondientes cánones, pese a que en los recibos que expidió, hizo figurar como beneficiaria de los pagos, a su hija; y lo ocupó en compañía de esta última.


3.2.         Con el propósito de hacer aparecer a la promotora del presente litigio como propietaria y poseedora de la casa, el nombrado progenitor, de un lado, simuló su transferencia en favor de ella y, de otro, alteró los documentos en los que hizo constar la cancelación de los arrendamientos, cuando en verdad él, hasta cuando murió, se desempeñó como su legítimo dueño y exclusivo poseedor.


3.3.        La demandada no demostró que, en vida de su padre, desconoció el derecho que éste tuvo sobre el bien, ni que actuó, en relación con el mismo, con prescindencia” de aquél.


3.4.        Las únicas pruebas relacionadas con la supuesta posesión de la demandante antes de la muerte de Heliodoro Sánchez Orjuela, fueron los recibos de pago de impuestos, que no suponen la realización de actos propiamente posesorios, pues aquélla atendió esa carga impositiva en razón a que, para entonces, figuraba como propietaria aparente o simulada del predio. 


3.5.        No es dable entender que los actos de señorío desarrollados por Sánchez Orjuela, él los verificó como apoderado de su hija y que, por lo tanto, sí son demostrativos de la posesión de la última, toda vez que no se acreditó en el proceso la causa del mandato que existió entre ellos.         


4.        La pormenorización de los fundamentos del fallo combatido, que se deja en precedencia consignada, permite ver que los dos cargos propuestos en casación adolecen de una misma grave falla técnica, que impide su admisión, cual es que ambos son notoriamente desenfocados, como pasa a explicarse:


4.1.        Al cotejar las razones basilares que le prestaron apoyo a la sentencia impugnada extraordinariamente, con aquellas en las que se respaldaron las acusaciones examinadas, inclusive, conjuntándolas, buscando con ello una comprensión más amplia o, si se quiere, panorámica de las censuras, se establece que una fue la senda que transitó el Tribunal y otra, bien distinta, la que caminó el recurrente, de modo que los cimientos del fallo no resultaron, para nada, cuestionados y, mucho menos, enervados, con los ataques lanzados en casación.


4.2.        Como se vio, el ad quem estimó que en el período comprendido entre el 24 de enero de 1980, fecha de inicio de la posesión alegada según la demanda, y el 18 de enero de 1992, día en el que falleció el señor Heliodoro Sánchez Orjuela, éste fue el poseedor exclusivo del inmueble disputado, circunstancia que le impidió admitir que, en ese mismo lapso de tiempo, la actora hubiese detentado el bien con ánimo de señora y dueña.


4.3.        El recurrente, dejando completamente de lado ese raciocinio, se ocupó de otros aspectos del litigio, como fueron los siguientes:


a)        En el cargo primero, la prevalencia de la posesión material sobre la inscrita; si era o no necesario, acreditar la causa del poder general que la aquí accionante otorgó a su padre, para la administración de sus bienes; y la demostración de que la actora detentó la casa a nombre propio y no como heredera de su progenitor.


b)        En el cargo segundo, la carencia de autorización por parte de los demandados a la promotora de la controversia, para que pagara los impuestos y cobrara los cánones de arrendamiento; que los actos posesorios posteriores a 1991, no tuvieron relación con el poder atrás mencionado; que dicho mandato, no le impedía a la actora realizar conductas indicativas de señorío, como las atrás indicadas, o incluir el bien como un activo patrimonial en sus declaraciones de renta, o percibir los frutos; y la impertinencia del indicio de mala fe que el Tribunal dedujo en contra de la accionante, por no haberse acreditado el móvil del mandato ya varias veces señalado, cuando ello no era jurídicamente necesario.       


4.4.        No entendió, o soslayó a propósito el impugnante, el verdadero fundamento de la sentencia recurrida: que la demandante no fue la poseedora del inmueble disputado antes del fallecimiento de su progenitor, porque éste, conforme al material probatorio recaudado, fungió como tal hasta su deceso, en tanto que dispuso del predio, al punto que intentó transferírselo a su hija de forma simulada, lo arrendó y cobró las correspondientes rentas, pese a que hizo figurar a la actora como beneficiaria de las mismas; y lo ocupó personalmente en compañía de Claudia Isabel, sin que ésta, en ningún momento, desconociera o se revelara, frente a esos actos de señorío.


Descontado el tiempo en el que Sánchez Orjuela detentó con ánimo de dueño el bien, se establece que la posesión ejercida por la gestora del litigio, no alcanza los 20 años fijados en la ley para la prescripción adquisitiva extraordinaria.


Dicha postura del juzgador de segunda instancia no fue confutada certera y contundentemente por el inconforme, toda vez que éste, como ya quedó registrado, concentró su actividad impugnativa en algunos aspectos muy puntuales e intrascendentes de la controversia, o en unos completamente ajenos al fallo del Tribunal.


Discutir si el pago de impuestos verificado con anterioridad a 1991 fue realizado por la actora, no viene a ser un planteamiento idóneo para resquebrajar el proveído censurado, cuando al lado de dicho argumento el ad quem predicó la inexistencia de cualquier otra prueba, demostrativa de la posesión de la accionante en ese tiempo.


Para entender lo anterior, basta señalar que así se admitiera que dicho hecho fue cierto, él, al quedar en solitario, no serviría para acreditar, per se, la posesión de la demandante en la aludida franja temporal, pues la mera circunstancia de haber atendido las cargas tributarias, no es suficiente para colegir que Claudia Isabel Sánchez Perdomo, desde 1984 y hasta el preindicado año,  se comportó como única señora y dueña del bien objeto de la usucapión solicitada.       


Los ataques que versaron sobre los temas que siguen a identificarse, son extraños a los fundamentos esgrimidos por el ad quem: la prevalencia de la posesión material sobre la inscrita; el carácter personal, y no como heredera, de la ejercida por la actora; la ausencia de autorizaciones de los demandados a esta última; la determinación de si los actos posesorios posteriores a 1991, fueron realizados en desarrollo del mandato que la accionante le confirió a su padre, planteamiento que, valga acotarlo, no resiste ningún análisis, si se tiene en cuenta que el progenitor falleció a principios de 1992 y que la muerte del apoderado pone fin a dicho contrato, según voces del numeral 5º del artículo 2189 del Código Civil; la incidencia de ese negocio jurídico, en las actuaciones de la demandante respecto del inmueble disputado; y el indicio de mala fe que, supuestamente, dedujo el Tribunal en contra de Claudia Isabel Sánchez Perdomo.    


4.5.        Sobre el punto, tiene dicho la Corte que:


Debe tenerse en cuenta, además, que, habida cuenta del carácter eminentemente dispositivo y restringido de la casación, anteriormente advertido, cuando el cargo se construye con base en el quebranto de la ley sustancial, se torna indispensable para el recurrente, por una parte, enfocar acertadamente las acusaciones que formule, con lo que se quiere significar que ellas deben combatir las genuinas razones, jurídicas o fácticas, que soportan el fallo impugnado, y no unas extrañas a él, fruto del incorrecto o incompleto entendimiento que de la sentencia haya hecho el censor, o de su imaginación, o inventiva; y, por la otra, que su actividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de esos argumentos esenciales de la sentencia, pues si el laborío del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podría quebrarse en virtud del recurso extraordinario.


Sobre estos aspectos, la Sala ha expuesto que ‘el ordinal 3º del artículo 374 del C. de P.C., establece como requisito formal de la demanda que sustenta el recurso extraordinario de casación, la formulación ‘de los cargos contra la sentencia recurrida... en forma clara y precisa’, es decir, con estricto ceñimiento a las razones o fundamentos del fallo impugnado, porque lógica y jurídicamente debe existir cohesión entre el ataque o ataques contenidos en la demanda de casación y la sentencia del ad quem  (o en caso de la casación per saltum del a quo), pues no de otra manera puede llegar a desvirtuarse, según el caso, la acerada  presunción  de  legalidad  y  acierto  con  que  llega amparada -a esta Corporación- la sentencia recurrida. (…). El recurso de casación -ha dicho la Corte- ‘ha de ser en últimas y ante la sentencia impugnada, una crítica simétrica de consistencia tal que, por mérito de la tesis expuesta por el recurrente de manera precisa, y no por intuición oficiosa de la Corte, forzoso sea en términos de legalidad aceptar dicha tesis en vez de las apreciaciones decisorias en que el fallo se apoya…’ (Cas. civ. de 10 de septiembre de 1991). (…). La simetría de la acusación referida por la Sala en el aparte anterior, debe entenderse no solo como armonía de la demanda de casación con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, sino también como coherencia lógica y jurídica, según se dejó visto, entre las razones expuestas por el juzgador y las propuestas por el impugnante, pues en vano resulta para el éxito del recurso hacer planteamientos que se dicen impugnativos, por pertinentes o depurados que resulten, si ellos son realmente extraños al discurso argumentativo de la sentencia, por desatinada que sea, según el caso. No en balde, como se ha acotado insistentemente, el blanco privativo del recurso de casación es la sentencia de segundo grado, salvo tratándose de la casación per saltum, situación en la cual dicho blanco estribará en la sentencia de primera instancia (…)’ (Cas. Civ., sentencia de 10 de diciembre de 1999, expediente No. 5294).


En pocas palabras: el cargo fundado en el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil debe estar debidamente enfocado y ser completo o, lo que es lo mismo, debe controvertir directamente la totalidad de los auténticos argumentos que respaldan la decisión combatida (CSJ, auto de 19 de diciembre de 2012, Rad. n.° 2001-00038-01; se subraya).        

       

4.6.        Como ya se insinuó, la anomalía detectada se erige como un valladar que impide darle impulso a los cargos contenidos en la demanda de casación objeto de este pronunciamiento.


5.        Pero hay más. La primera acusación, en la que se denunció el quebranto directo de la ley sustancial, entremezcló indebidamente la cuestión fáctica del litigio.


Conforme ya se registró, al sustentar dicho reproche su proponente, entre otras razones, aseveró que “la nulidad de la escritura” por medio de la cual la aquí demandante adquirió el inmueble sobre el que versó el proceso, “no conllevó el desconocimiento de los actos de señora y dueña que no requieren registro”; que la debida aplicación de las normas sustanciales que estimó infringidas, “habría evitado la duda que el sentenciador expresó sobre el verdadero móvil del poder otorgado por CLAUDIA ISABEL SÁNCHEZ PERDOMO a su padre HELIODORO SÁNCHEZ ORJUELA”; que “la posesión puede tomarse no solo por el que trata de adquirirla para sí, sino por su mandatario, o por sus representantes legales”; que “la inscripción de los títulos, carece de contenido y alcances posesorios”; que de lo que se trata aquí “es de establecer que la posesión material adquirida por el hijo en vida de su padre no imposibilita la usucapión frente a los herederos testamentarios que no impugnaron el testamento por haberles fallado en la legítima rigurosa, cuarta de mejoras o por preterición (sic)”; que la demandante se hizo a “la posesión de su padre por acto entre vivos y la ejercitó durante la década subsiguiente”; que ella, por lo tanto, “nunca detentó materialmente bienes herenciales para presumir que lo haya hecho con ánimo de heredera”; y que el Tribunal guardó silencio, respecto de si el secuestro de que fue objeto el inmueble, interrumpió o no la prescripción adquisitiva alegada en la demanda.


Como se ve, el recurrente, en desarrollo de la comentada acusación, trajo a colación situaciones de hecho, que se contraponen al carácter eminentemente jurídico de la censura, tornándola confusa e inadmisible.


La Corte, de forma constante e invariable, ha sostenido que   “(…) los ataques por vía directa constituyen exclusivamente una disputa entre la interpretación, aplicación o ausencia de ella, que de una norma jurídica haga el ad quem, sin debatir las apreciaciones que de los elementos probatorios elabore o las conclusiones fácticas a las que arribe; mientras que la vía indirecta, comprensiva del error de hecho (sobre las probanzas, la demanda y su contestación) y de ‘derecho por violación de una norma probatoria’ (inc. 2º, num. 1º, art. 368 del Código de Procedimiento Civil), se erige sobre la alteración de la litis en términos probatorios. En síntesis, la vía directa se soporta en la censura por deficitario al criterio y entendimiento jurídico del juzgador, en tanto en cuanto en la indirecta se le reprocha es el carecer de capacidad observadora del expediente en cuanto a las pruebas (Sent. Cas. Civ. 169 de 20 de septiembre de 2000), sin que sea posible en un solo cargo hacer una imprecisa conjunción de ellos; esto es, cuando el cargo comporta un ataque por la vía directa, se presupone la imposibilidad para el recurrente de apartarse de las conclusiones fácticas del juzgador, centrando el debate en la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma jurídica que se hizo operar en el asunto que se desata, pues ‘(…) la actividad dialéctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados, o aplicados indebidamente, o erróneamente interpretados; pero en todo caso con absoluta prescindencia de cualquier consideración que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relación con las pruebas’ (Sentencia de 20 de Marzo de 1973, G.J. CXLVI) (CSJ SC, del 6 de julio de 2009, Rad. n.° 2000-00341-01; se subraya).


6.        A su turno, el cargo segundo, en el que el censor le endilgó al ad quem haber quebrantado indirectamente la ley sustancial, “como consecuencia de haber cometido errores en la apreciación de la prueba”, no precisó si los yerros atribuidos fueron de hecho o de derecho, omisión que contradice el mandato del inciso 1º del numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, que exige que la sustentación de todos los reproches se haga “en forma clara y precisa”, imperativo legal que proscribe ambigüedades como la aquí reseñada.


Ahora bien, si se entendiera que los cuestionamientos formulados refieren yerros facticos, forzoso es colegir que el ataque no contiene argumentos que apunten a satisfacer el deber de acreditarlos (primera parte del inciso 2º, de los mismos numeral y artículo atrás invocados), como quiera que el recurrente no efectuó ninguna labor de contraste entre el contenido objetivo de las pruebas y lo que de ellas dedujo o debió inferir el juzgador, toda vez que aquél limitó su actividad a exponer las razones de su inconformidad con las conclusiones fácticas del ad quem, propuesta que, por ende, refleja una mera discrepancia de pareceres y que, por lo mismo, nada aporta para explicar y comprobar los dislates en los que, al ponderar los medios de convicción, pudo cometer el Tribunal.


Es criterio firme de la Sala, que “constituye requisito formal de la demanda de casación, que en ella el recurrente demuestre los errores de hecho (…) en que habría incurrido el sentenciador al valorar las pruebas recaudadas y que, por repercusión, afectaron la recta aplicación de la ley sustancial (Vid inciso 2º, numeral 3º del artículo 374 C. P. C.), carga ésta que no se reduce a exponer una inconformidad con las conclusiones a las que arribó el juzgador en el plano de los hechos, o que pueda tenerse por satisfecha a partir de aludir simplemente a los medios de prueba, o de transcribir, sin más, pasajes de los mismos, sino que lo obliga a ‘poner de presente, por un lado, lo que dice, o dejó de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y por el otro, el texto concreto del medio, y establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entre ambos y que esa disparidad es evidente’ (Sent. de 15 de septiembre de 1993; reiterada en sentencia de junio 28 de 2000, exp.: 5430). (…). Por virtud de lo anterior, no es admisible en casación el cargo que se limita a presentarle a la Corte un nuevo criterio de apreciación de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia, al punto que la Sala, en estrictez, no es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto” (CSJ, auto del 18 de diciembre de 2009, Rad. nº 1999-00045-01; se subraya).


De pensarse que los errores denunciados fueron de derecho, se echa de menos que el recurrente hubiese atendido la carga de “indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción” (se subraya), previsto al final del mismo inciso 2º atrás invocado, formalidad que no puede entenderse satisfecha con la llana aseveración de que, entre otros, resultaron vulnerados los artículos “187, 254, 258, 264, 277 y 279 del C.P.C.”, que aparece al final del cargo, pues tal indicación no da cuenta de qué modo esa normas de linaje probatorio, fueron irrespetadas por el Tribunal.


7.        En definitiva, se impone inadmitir los cargos auscultados y, como consecuencia de ello, declarar la deserción del recurso extraordinario de que se trata.

DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, INADMITE el libelo presentado para sustentar el recurso extraordinario de casación que la demandante interpuso frente a la sentencia del 2 de octubre de 2014, proferida por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario plenamente identificado al inicio de este proveído.


Por consiguiente, se  DECLARA DESIERTA dicha impugnación extraordinaria.


Notifíquese y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Presidente de Sala





MARGARITA CABELLO BLANCO




FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA