República de Colombia


C

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL


AC829-2016

Radicación n.° 1100102030002016-00102-00


Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciséis (2016).


Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil Municipal de Bucaramanga y Primero Promiscuo Municipal de San Gil.


I.- ANTECEDENTES


1.- La Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, Seccional Valle del Cauca, demandó por la vía ejecutiva quirografaria a Amparo Solano Ruiz, para obtener el pago de un pagaré, señalando que la convocada «tiene domicilio en esta ciudad», refiriéndose a Bucaramanga; que el sitio para notificarla está igualmente allí; y que la competencia se justifica por «el lugar de cumplimiento de la obligación, por el domicilio de las partes y por la cuantía» (fls. 10 a 12, c. 1).


2.- El curador ad-litem de la enjuiciada interpuso reposición frente al mandamiento de pago librado por el primero de los juzgados mencionados, aduciendo que este no es el competente (fls. 16 y 46).


3.- El funcionario de la capital de Santander revocó su proveído y rechazó por falta de “competencia” el cobro compulsivo, al considerar que la vecindad de la ejecutada es San Gil, y que no es cierto que en Bucaramanga se encuentre su “domicilio laboral”, en la medida que “el informe de correo del citatorio dirigido a su lugar de trabajo niega esa posibilidad” (fls. 51 y 52).


4.- El Juzgado receptor rehusó su conocimiento y planteó el conflicto, por cuanto el libelo introductorio “claramente señala como domicilio del extremo pasivo el municipio de Bucaramanga, aserto que coincide con la dirección aportada en el acápite de notificaciones”, a lo que agregó que lo consignado “en el título ejecutivo es la residencia [San Gil], muy diferente al domicilio…Bucaramanga donde labora el extremo pasivo del litigio”.


4.- El traslado previsto por el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil transcurrió en silencio (fl. 4).


II.- CONSIDERACIONES


1.- Las motivaciones y decisiones acá adoptadas se harán en el marco del Código de Procedimiento Civil, por ser la norma vigente para el tiempo en que se radicó la demanda (13 de marzo de 2015); recordándose que el Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura previó que “El Código General del Proceso entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1º de enero del año 2016, íntegramente”.


En ese sentido, el inciso final del artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 determinó, con absoluta claridad, que «La Competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la Ley elimine dicha autoridad», mientras que el numeral 8° del artículo 625 estableció en concordancia que «Las reglas sobre competencia previstas en este Código, no alteran la competencia de los jueces para conocer de los asuntos respecto de los cuales ya se hubiere presentado la demanda».


2.- Aclarado lo anterior, como esta se trata de una disputa de competencia, que involucra a juzgados de diferentes distritos Judiciales, incumbe a la Corte desatarla de acuerdo con la facultad conferida en los artículos 28 ídem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la 1285 de 2009, a través del Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, de conformidad con el artículo 29 del referido estatuto procesal, reformado por el artículo 4º de la Ley 1395 de 2010, vigente a partir de su promulgación el 12 de julio del mismo año. Así lo expresó la Corporación en autos CSJ, AC, 27 sept. 2010, rad. 2010-01055-00; reiterado recientemente en AC4524 de 6 ago. 2015, y AC 380-2016, de 26 de enero de 2016, entre otros.


3.- El ordenamiento positivo consagra los diversos factores que posibilitan establecer a qué funcionario le concierne tramitar y decidir un caso particular. El territorial, que es el que aquí corresponde definir, señala como regla general, artículo 23 numeral primero del ordenamiento procesal civil, que la causa deberá surtirse ante el juez con jurisdicción en el domicilio de aquel contra quien se adelante, criterio que, precisamente, es el aplicable a los cobros compulsivos cuya base sea un título-valor, ya que la Sala ha sostenido que «no es el lugar acordado para el pago, sino el domicilio del demandado el factor que determina la competencia» (CSJ, AC de 20 feb. 2001, rad. 0003, y recientemente en AC4524-2015 6 ago. 2015, rad. 2015-01656-00).


4.- Acá, el demandante aspira recaudar la obligación incorporada en un pagaré, por lo que la competencia se establece atendiendo el aludido foro personal, es decir, el avecindamiento de la ejecutada Amparo Solano Ruiz, que se puso en discusión en el proceso, pues, mientras que la demandante afirmó estar en Bucaramanga, el curador ad-litem de la citada, mediante la formulación de la excepción previa de falta de competencia planteada a través de recurso de reposición, argumentó que correspondía a San Gil, habida cuenta de los datos consignados en el título-valor.


5.- Al tiempo de descorrer el traslado de dicha “excepción”, el mandatario judicial de la gestora indicó que “si bien es cierto lo que afirma el señor curador en cuanto al domicilio del demandado, no es menos cierto que la señora Amparo Solano Ruiz según informe de la entidad a quien represento jurídicamente en esta ciudad, ella labora en Bucaramanga de tiempo completo, por esta razón se tomó este domicilio para adelantar el presente proceso ejecutivo” (resaltado adrede).


De ese relato se infiere, razonablemente, que la parte actora asintió sobre el hecho de que el domicilio de su contraparte era San Gil; confesión válida a la luz de lo previsto en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, que contempla que “La confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se presume para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones y la audiencia de que trata el artículo 101”.


Así las cosas, esclarecido por la propia manifestación de la actora que la vecindad de Amparo Solano Ruiz estaba realmente en San Gil, no podía el juez de esta ciudad rehusar el conocimiento del asunto que se le había remitido, y menos apelando a lo expresado inicialmente en la demanda, que como se vio fue aclarado por el apoderado de la ejecutante y complementado con circunstancias que razonablemente tuvo en cuenta el juzgado remisor para declarar probada la excepción previa de falta de competencia, como que “el título-valor […] contiene la dirección y residencia de la demandada en el municipio de San Gil” y que “el citatorio enviado para notificación […] arrojó un resultado negativo […] porque la ejecutada no labora en la dirección aportada para su notificación [carrera 16 n° 22-51 […] Cotraoriente de Bucaramanga”.


Reafirma la anterior conclusión, lo dicho por la Sala (AC 2011-02168-00 de 17 de nov. de 2011) en un asunto similar; esto es, que


“Si resulta probada la excepción previa de falta de competencia y alguna de las partes no queda satisfecha con la providencia que así la decida, el único legitimado para pedir que se adopten las medidas tendientes a corregir la irregularidad cometida es la parte afectada con el decreto, por ser ella quien eventualmente tendría que asumir las consecuencias de la errada determinación de la competencia, al punto que si guarda silencio sobre ese aspecto, debe concluirse que ello no le acarrea perjuicio alguno, y por contera ha de estimarse su beneplácito con la misma”.


6.- Conforme con lo expuesto, corresponde continuar con el trámite al Juez de San Gil.


III. DECISIÓN


En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Declarar que el Juzgado Promiscuo Municipal de San Gil es el competente para conocer el presente asunto.


Segundo: Enviar el expediente al citado Despacho e informar lo decidido al Juez Segundo Civil Municipal de Bucaramanga, haciéndole llegar copia de esta providencia.


Tercero: Librar, por Secretaría, los oficios pertinentes.


Notifíquese





FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

Magistrado