MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada ponente
SC16787-2016
(Aprobado en sesión de diez de agosto de dos mil dieciséis)
Bogotá D. C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).
Decídese la solicitud de exequátur presentada por la señora ELIZABETH GONZALEZ VERA, respecto de la sentencia de divorcio proferida el 24 de octubre de 2008, por el Juez Unipersonal en Proceso Ordinario del Distrito de Winterthur (Suiza).
I. ANTECEDENTES
1.- Mediante escrito presentado a través de apoderada judicial especialmente constituida para tal fin, la aludida demandante, mayor de edad y de nacionalidad colombiana deprecó el otorgamiento de efecto jurídico a la providencia extranjera ab initio citada.
2.- Como soporte de su solicitud, la peticionaria narró los siguientes hechos:
2.1.- Que los señores Leo Peter Baumann, de nacionalidad suiza y Elizabeth González Vera, contrajeron matrimonio «religioso por los ritos de la iglesia católica en la Parroquia de Cristo Maestro de Bogotá D.C.», unión registrada «conforme a las leyes de Suiza y en Colombia en la Notaría Treinta y Seis del Círculo de Bogotá D.C., el día 14 de febrero de 2005 […]».
2.2. El 24 de octubre de 2008, el Juez Unipersonal del Distrito de Winterthur - Suiza, «en demanda de disolución de matrimonio contraído por la señora ELIZABETH GONZALEZ VERA con el señor LEO PETER BAUMANN, se decretó el divorcio de los citados cónyuges, por haberlo solicitado conjuntamente de acuerdo con el Código Civil Suizo».
2.3. Durante la unión «no hubo descendencia pues no nació hijo alguno durante la existencia del mencionado matrimonio […]», así como tampoco «se adquirieron bienes».
II. EL TRÁMITE OBSERVADO
1.- Cumplidas las exigencias formales previstas en el artículo 695 del C. de P. C., el 21 de noviembre de 2014, fue admitida la solicitud y, en el mismo proveído, se dispuso correr traslado al Ministerio Público, entidad que en tiempo, a través de la Delegada para Asuntos Civiles, manifestó que «no se opone al exequatur […]», por cuanto:
“El artículo 154 del Código Civil Colombiano establece las diversas causales de divorcio aplicables al matrimonio civil. En el numeral 9 se encuentra previsto el consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido mediante sentencia mutuo acuerdo como causal de divorcio, razón por la cual considera el Ministerio Público, que esta causal no contraría el ordenamiento nacional colombiano y en consecuencia, por esta causal puede concederse el exequatur”.
Seguidamente trajo a cuento un precedente de la Sala alusivo a la reciprocidad legislativa existente con Suiza y finalmente concluyó que:
“[…] es viable otorgar el exequatur solicitado pues los efectos del divorcio formalizado el 24 de octubre de 2008 del Juzgado Unipersonal del Distrito de Winterthur, Suiza, y que disuelve el matrimonio de la señora Elizabeth González Vera con el señor Leo Peter Baumann, armoniza con el régimen de divorcio que desarrollo el artículo 42 de la Carta Política e implementó la Ley 25 de 1992, en consecuencia guarda consonancia con el ordenamiento jurídico colombiano y no viola normas de orden público” (Fls. 40 a 44).
2. Dentro de la etapa de ordenación y práctica de pruebas (Fls. 46 a 47), se dispuso tener en cuenta los documentos anexados con la demanda y se ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores para que certificara si entre Colombia y Suiza existen tratados o convenios vigentes sobre el reconocimiento recíproco de las sentencias pronunciadas por autoridades jurisdiccionales de ambos países en causas matrimoniales, por lo que dicha entidad remitió copias certificadas de los textos legales proferidos en ese país que permiten la ejecución de sentencias judiciales extranjeras en procesos de divorcio (Fls. 52 a 106); vencido dicho período, se concedió la oportunidad para alegar de conclusión (Fl. 112), derecho respecto del cual hizo uso el extremo activo del proceso.
III. CONSIDERACIONES
1. En línea de principio, en el territorio patrio, sólo las decisiones emitidas por los jueces nacionales o las de los particulares facultados expresamente para ello, producen efectos; por tanto, bajo esa perspectiva, las sentencias de funcionarios extranjeros no podrán hacerse cumplir en el país, habida cuenta que resultaría afectada la soberanía del Estado.
No obstante, por diferentes circunstancias, se ha validado que esos fallos tengan plena aplicación en Colombia, siempre y cuando se sometan al cumplimiento de un mínimo de requisitos, a más de necesitar la autorización que expide la Corte Suprema de Justicia a través del trámite del exequátur.
2. El artículo 693 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, regulan esa posibilidad, al ordenar el primero de ellos que «Las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia».
De acuerdo con la norma trascrita, para que produzcan eficacia las providencias y/o sentencias extranjeras en nuestro ordenamiento es menester que, primeramente, el país de donde proviene la decisión objeto de validación, le brinde a las de los jueces nacionales similar tratamiento, ya sea como consecuencia de tratados bilaterales o multilaterales celebrados; o, en defecto de los mismos, por la existencia de reciprocidad legislativa.
Dicha directriz, en variadas ocasiones, ha sido precisada por la Corte en los siguientes términos:
“[…] en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrado Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia […]” (G. J. t. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 69, CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309, reiterada en CSJ SC6143-2014, Rad. 2013-01441-00).
Por su parte, el canon 694 ibídem consagra requerimientos, tanto de forma, que atañen a la correcta incorporación al proceso de la decisión extranjera, la debida autenticación, traducción, legalización y ejecutoria de la misma; como de fondo, los cuales involucran aspectos relacionados con el contenido de la determinación, en la medida en que no pueden contradecir disposiciones de orden público interno, ni comprender asuntos que comprometan derechos reales sobre bienes que se hallen en el país, ni extenderse a conflictos de competencia exclusiva de las autoridades colombianas, como tampoco aquellos sometidos a proceso que se hallen en trámite o con sentencia en firme.
3.- En el expediente contentivo de la petición de exequátur que ahora ocupa la atención de la Sala, se tiene acreditado lo siguiente:
a.- Sentencia del 24 de octubre de 2008, emitida por el Juez Unipersonal en el Proceso Ordinario del Distrito de Winterthur (Suiza) que resolvió:
“1. El matrimonio de los solicitantes queda disuelto.
2. Se aprueba el acuerdo de los solicitantes acerca de las consecuencias económico-matrimoniales y del divorcio, que estipula lo siguiente:
a) Los solicitantes renuncian recíprocamente a una pensión alimenticia tras la disolución del matrimonio a efectos del art. 125 del Código Civil suizo.
b) En lo relativo al aspecto económico-matrimonial, cada solicitante conserva aquello que posee en la actualidad, respectivamente aquello que figura a su nombre.
c) Cada solicitante asume las deudas que haya contraído o estén a su nombre.
d) Los solicitantes renuncian recíprocamente, bajo conocimiento de la situación jurídica, a la compensación del balance final en el momento del divorcio, derivado de la previsión profesional” (Fls. 6 a 8).
b.- El registro de matrimonio civil de los señores Leo Peter Baumann y Elizabeth González Vera llevado a cabo en la Notaría 63 del Círculo de Bogotá D. C., el 5 de febrero de 2005 (Fl. 13).
c.- La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano certificó que:
“[…] una vez revisado el Archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio, se pudo establecer que en el mismo no reposa información sobre tratados bilaterales o multilaterales en materia de reconocimiento recíproco de sentencias en causas matrimoniales en los que la República de Colombia y la Confederación Suiza sean Estados Parte” (Fl. 51).
d.- La Encargada de Funciones Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano en Berna (Suiza) adujo respecto de los textos legales que para que sea permitida la ejecución de sentencias judiciales extranjeras, el «principal fundamento legal es el Acta Federal sobre Derecho Internacional Privado (PIL Act) del 18 de diciembre de 1987, cuyos artículos 25 a 29, 32, 64, 84, 85 y 149 son relevantes en conexión con el reconocimiento y aplicación de decisiones colombianas relativas al tema de divorcios» (Fls. 66 a 106).
4.- Así las cosas, se advierte que no existe reciprocidad diplomática entre los dos Estados, pues según las certificaciones citadas previamente, entre nuestro país y Suiza no existe tratado vigente respecto a la ejecución recíproca de sentencias. Sin embargo, aparecen documentos (Ley Federal sobre el Derecho Privado Internacional) que reconocen la fuerza de los fallos extranjeros, expresando que las providencias foráneas se pueden hacer efectivas:
“a. cuando la competencia de los juzgados o de las autoridades del estado, en el cual se tomó la decisión, fue fundamentada;
b. cuando en contra de la decisión no se puede hacer valer un recurso jurídico ordinario o cuando la decisión es definitiva y;
c. cuando exista una razón de negación en el sentido del artículo 27” (Fls. 91 a 106).
Los anteriores requisitos se cumplen cabalmente pues, de un lado, la sentencia fue debidamente motivada; y de otro, las pruebas demuestran que la decisión está en firme, por ende ningún recurso puede impetrarse contra ella.
Cuanto hace al literal C, de aquella normativa, se identifican los impedimentos para el reconocimiento, cuando:
“1. Una decisión tomada en el exterior no se reconoce en Suiza cuando el reconocimiento fuese evidentemente no reconciliable con el “Orden públic[o]” Suizo.
2. Una decisión tomada en el exterior tampoco se reconoce cuando una de las partes demuestra:
a. que ella no sería citada como es debido según la ley en su lugar de residencia ni en su residencia habitual, a no ser que se haya comprometida incondicionalmente al pleito.
b. que la decisión se haya producido bajo violación de fundamentos importantes de la ley de procedimiento Suiza, en especial que le haya sido negada el trámite de audiencia legal;
c. que un pleito entre las mismas partes y sobre el mismo objeto primero se haya entablado en Suiza o se haya decidido en Suiza, o que anteriormente haya sido decidido en un tercer estado y esta decisión pueda ser reconocida en Suiza.
3. Por lo demás, la decisión en el asunto en si no puede ser comprobada” (Fls. 91 a 106).
En virtud de que ninguna de las últimas circunstancias aparecen dentro del trámite analizado, la existencia de la reciprocidad legislativa se encuentra acreditada.
5. Por otra parte, el artículo 694 del C. de P. C exige: i) que la «sentencia» proferida en país extranjero se halle en copia auténtica; ii) que esté debidamente legalizada de acuerdo con la normativa colombiana, incluyendo, dado el caso, la traducción pertinente; y, iii) que aparezca la constancia de estar en firme o haber adquirido ejecutoria.
6. Esos requisitos fueron cumplidos por la parte actora, habida cuenta que en el expediente aparece copia de la sentencia debidamente traducida y legalizada (Fls. 5 a 8 - Arts. 259 y 188 C. de P. C.); la determinación emitida por el funcionario foráneo no trasgrede principios o leyes de orden público de la Nación; el caso no es competencia exclusiva de los jueces nacionales, ni se conoce que haya sido adelantado o curse proceso por la misma causa en nuestro País, menos refiere a derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio patrio; además, en cuanto a la citación del otro cónyuge, debe decirse que el juicio de divorcio fue de común acuerdo, por tanto, en ausencia de contención, no era necesario ese trámite.
7. En el territorio patrio se admite el divorcio para el matrimonio civil por el consentimiento de ambos cónyuges, causa que, a la postre, fue la que condujo a la disolución del presente vínculo.
8. En ese orden, el divorcio decretado por el juez extranjero y la homologación pretendida del fallo pertinente resulta viable, pues, como se dijo, el artículo 154 del Código Civil, numeral 9º modificado por el art. 6º de la Ley 25 de 1992 de Colombia, autoriza culminar el vínculo conyugal por mutuo consenso, modalidad que, itérase, inspiró la sentencia judicial en el Estado de origen, y por otro, los restantes requisitos establecidos en el ordenamiento procesal (arts. 693 y ss), fueron acatados cabalmente por el interesado.
9. En un asunto que guarda simetría con el que aquí se plantea, la Sala sostuvo que:
“la Corte ha concedido la homologación a las sentencias de divorcio provenientes de Suiza, con fundamento en la misma norma citada en el presente episodio, vale decir, la Ley Federal de 18 de diciembre de 1987, sobre Derecho Internacional Privado, para lo cual ha dicho esta Sala: ’el artículo 25 establece que para el reconocimiento de una sentencia extranjera en Suiza se requiere que haya sido proferida por el funcionario judicial competente del Estado de donde proviene, que la misma no sea susceptible de recurso ordinario o que sea definitiva, y que no existan 'motivos de denegación'. (…) Conforme al artículo 27, es motivo de denegación la manifiesta incompatibilidad de la sentencia extranjera con el 'orden público suizo'. También, respecto de una de las partes, cuando 'no ha sido citada regularmente, ni según el derecho de su domicilio, ni según el derecho de su residencia habitual, al menos que ella no haya procedido de fondo sin hacer reserva', o cuando 'no ha tenido la oportunidad de hacer valer sus derechos' por violación de los principios pertenecientes a la concepción suiza del derecho de procedimiento. Igualmente, cuando el litigio entre las mismas partes y sobre el mismo objeto haya sido presentado o juzgado en Suiza, inclusive por un Estado tercero, siempre que 'esta última decisión cumpla con las condiciones de su reconocimiento'. (…) En cuanto a las sentencias de divorcio, el artículo 65, ibídem, establece, como principio, que serán reconocidas en Suiza, cuando se cumplen los requisitos allí previstos. Sin embargo, si ninguno de los esposos o solamente el cónyuge demandante tiene la nacionalidad del Estado donde se profiere la sentencia, 'únicamente es reconocida en Suiza' (a) cuando al 'momento de presentación de la demanda, al menos uno de los esposos estaba domiciliado o tenía su residencia habitual' en dicho Estado y el 'cónyuge demandado no estaba domiciliado en Suiza', (b) cuando el cónyuge demandado se somete a la competencia del Tribunal extranjero sin hacer reserva, y (c) cuando el cónyuge demandado ha consentido expresamente el reconocimiento de la decisión en Suiza.
“Y Concluyó la Corte: ‘ninguna duda se alberga sobre que en Suiza se reconocería efectos a una sentencia de divorcio proferida por los jueces colombianos, como así la Corte lo admitió en otrora en un caso similar” (CSJ STC 27 Jun de 2003, Rad. No. 0148-00, reiterado en CSJ STC 19 Dic. 2008 Rad. No. 2006-01031-00).
10.- Con base en lo anterior y por hallarse reunidos todos los presupuestos legales es procedente otorgar efecto jurídico a la mencionada determinación de «divorcio», como en casos anteriores lo ha dispuesto la Sala, y ordenar su inscripción en el respectivo registro del estado civil.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONCEDER el exequátur al fallo proferido el 24 de octubre de 2008 por el Juez Unipersonal en Proceso Ordinario del Distrito de Winterthur (Suiza), a través del cual se decretó el divorcio promovido por Elizabeth Gonzales Vera con Leo Peter Baumann.
SEGUNDO: INSCRIBIR esta decisión, junto con la providencia reconocida, tanto en el folio correspondiente al registro civil de la señora Elizabeth Gonzalez Vera, para los efectos previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con el artículo 13 del Decreto 1873 de 1971.
TERCERO: LIBRAR, por Secretaría, las comunicaciones pertinentes.
CUARTO: NO CONDENAR en costas en la actuación.
NOTIFÍQUESE
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA