RECURSO DE REVISIÓN-Frente a sentencia estimatoria de pretensiones en proceso reivindicatorio a favor de una sucesión, por ocultamiento de la situación jurídica del bien, incorrecta integración del contradictorio y errores en la valoración probatoria, con fundamento en las causales sexta y octava del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil. (SC18080-2016; 14/12/2016)


Fuente formal:

Artículo 380 del Código de Procedimiento Civil.


MANIOBRA FRAUDULENTA–Falta de configuración y demostración de la conducta de ocultamiento de documento público, en el que consta la adjudicación del inmueble en diligencia de remate dentro de proceso ejecutivo anterior. Concepto, características y elementos. Reiteración de las sentencias de 30 de junio de 1988, 11 de septiembre de 1990, CCIV, 19 de diciembre de 2012, 7 de diciembre de 2000, 21 de abril de 2010, 18 de diciembre de 2006. (SC18080-2016; 14/12/2016)


Fuente jurisprudencial:

Sentencia de 30 de junio de 1988 y 11 septiembre de 1990.

G. J., T. CCIV, página 45.

CSJ SC de 19 diciembre de 2012, rad. 2010-02199-00.

Sentencia de 7 de diciembre de 2000, rad. 007643.

CSJ SC de 21 abril de  2010, rad. 2007-00773-00.

Sentencia de 18 diciembre de 2006, rad. 2003-00159-01.


NULIDAD DE LA SENTENCIA–Por falta de integración de litisconsorcio necesario conformado por la totalidad de los intervinientes en proceso de sucesión. Falta de configuración, cuando se alega una irregularidad en la obtención y la valoración probatoria. Concepto y requisitos para acreditarla. Reiteración de las sentencias de 29 de julio de  1995, 19 de diciembre de 2012, 16 de diciembre de 2014, 10 de septiembre de 2013 y 4 de agosto de 2014. Tipo de irregularidad que debe alegarse. Reiteración de la sentencia de 22 de septiembre de 1999. (SC18080-2016; 14/12/2016)



Fuente jurisprudencial:

Sentencia de 29 de julio de 1995, rad. 4875.

CSJ SC de 19 de diciembre de 2012, rad. 2010-02199-00.

SC17188-2014 de 16 de diciembre de 2014, rad. 2011-02515-00.

Sentencia de 10 de septiembre de 2013, rad. 2011-01713-00.

CSJ SC10121-2014 de 4 de agosto de 2014, rad. 2011-02258-00.

Sentencia de 22 de septiembre de 1999, rad. 7421.


LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA–De uno de los herederos del causante para ejercer acción reivindicatoria de inmueble, a favor de la sucesión. Análisis en recurso de revisión. (SC18080-2016; 14/12/2016)


CARGA DE LA PRUEBA–Del recurrente para acreditar las pruebas obtenidas con violación al debido proceso. Análisis en recurso de revisión. Reiteración de la sentencia de 28 de abril de 2008. (SC18080-2016; 14/12/2016)


Fuente jurisprudencial:

Sentencia de 28 de abril de 2008, rad. 2003-00097-01.


AMPARO DE POBREZA–Del recurrente en revisión. No exime de la condena al pago de perjuicios ocasionados por la interposición de recurso frente a sentencia proferida en proceso reivindicatorio a favor de una sucesión. Reiteración de la sentencia 11 de julio de 2000 y 19 de diciembre de 2014. (SC18080-2016; 14/12/2016)


Fuente jurisprudencial:

Sentencia de 11 de julio de 2000, rad. 7074.

Sentencia SC17395-2014 de 19 de diciembre de 2014, rad. 2011-0292-00.


Asunto:

Formula el demandado recurso de revisión frente a sentencia que accedió a las pretensiones en acción reivindicatoria de predio a favor de la sucesión de Teófilo Guzmán Ramírez, y ordenó su devolución. Se presentó demanda revisión por la Causal 6ª y 8ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil. La Corte declaró infundado el recurso al considerar que no se configuran las causales invocadas como el ocultamiento de la situación de titularidad del bien inmueble, ni la nulidad originada en la sentencia por falta de integración del contradictorio e irregularidades en la obtención y valoración probatoria.


MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada ponente


                                 SC18080-2016

Radicación n.° 11001-02-03-000-2011-01236-00

(Aprobado en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis)


       

Bogotá, D. C., catorce  (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).



       Decídese el recurso de revisión interpuesto por Teófilo Guzmán Hernández frente a la sentencia de 30 de noviembre de 2010, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario reivindicatorio que en su contra promovió Luis Fernando Guzmán Hernández, en nombre de la sucesión de Teófilo Guzmán Ramírez (q. e. p. d.).




ANTECEDENTES

  

       1.- El demandante, en el libelo demandatorio que originó el litigio de marras, deprecó que se declarase pertenecer a la aludida «sucesión» el dominio pleno y absoluto del bien raíz «Los Arrayanes», con Folio de Matrícula Inmobiliaria Nº. 350-0026841 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué y, anejo a lo propio, se dispusiere la restitución del mismo «a favor de la sucesión de […] Teófilo Guzmán Ramírez [q. e. p. d.]».


       2.- Admitido aquel y una vez trabada la litis, el recurrente declinó contestar la demanda.


       3.- Surtido el trámite de rigor, la primera instancia culminó con fallo desestimatorio proferido, el 13 de junio de 2007, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa urbe, el cual, apelado que fue por el extremo actor, devino infirmado por la Sala Civil-Familia del Tribunal de Ibagué que, en fallo de 30 de noviembre de 2010, acogió las pretensiones y dispuso la restitución deprecada a favor de la sucesión actora. 


       4.- Frente a esta última providencia, el demandado interpuso el recurso de revisión que es materia de decisión.

                           


EL RECURSO DE REVISIÓN


       5.- El impugnante, en el escrito correspondiente (fls. 26 a 57), invoca las causales sexta (6ª) y octava (8ª) de revisión, a propósito de que se anule la referida sentencia de segundo grado, las cuales fundamenta, resumidamente, así:


       5.1.- Atañedero con la primera de las invocadas, esgrime que en «el texto» del libelo genitor de la acción de dominio promovida en su contra por Luis Fernando Guzmán Hernández «a nombre y en representación de la sucesión de Teófilo Guzmán Ramírez», se denota que «la demanda y acción eran manifiestamente ilegal[es] e improcedente[s], y no podía haberse fallado de fondo o mérito a favor de la parte accionante, porque la sucesión accionante en reivindicación de Teófilo Guzmán Ramírez [q. e. p. d.], incoó la acción y la dirigió única y exclusivamente contra [él …], quien poseía el predio “Los Arrayanes”, a nombre de la demandante y en su propio nombre, por haberle sido adjudicado y reconocido su derecho de dominio, sobre el mismo predio, en la diligencia de remate, llevada a cabo el 15 de septiembre de 1976, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué, dentro del proceso ejecutivo instaurado contra Jorge Eliecer Guzmán Hernández por Blanca L. Hernández de Guzmán, Teófilo Guzmán Hernández y Luis Fernando Guzmán Hernández, como aparece en el folio de registro respectivo presentado por éste último con la demanda de la presente acción, ejecutivo adelantado en representación de la sucesión de Teófilo Guzmán Ramírez [q. e. p. d.]», aconteciendo que la referida almoneda fue «registrada en la Oficina de Registro de Ibagué, el 24 de febrero de 1978», de acuerdo al «certificado de registro que fuera aportado por la época en que se incoara la acción, por el propio demandante Luis Fernando Guzmán Hernández».


       Por tanto, pone de presente, «las pretensiones reivindicatorias de la acción de dominio incoada, no podían ser falladas de fondo o mérito a favor de la parte actora, conforme a la ley, artículo 946 del Código Civil, porque los títulos aportados por […] Luis Fernando Guzmán Hernández, estaban contrarrestados por los esgrimidos en su favor […], que demostraban que él tenía igual o mejor derecho como poseedor, y que él nunca negó el dominio del predio los “Arrayanes” de la sucesión de su padre Teófilo Guzmán Ramírez [q. e. p. d.], y en cabeza suya porque le había sido reconocida al inscribir la diligencia de remate y la aprobación del mismo», lo cual comporta que se relacionaron «como hechos integradores de la causa petendi de la demanda, circunstancias sólo ciertas parcialmente, y se hizo de modo sesgado a los intereses de la parte actora, negando y excluyendo los derechos de dominio que sobre el predio los “Arrayanes” tenía en su favor, en común y proindiviso, […] por ser sucesor legítimo de su causante y […] padre Teófilo Guzmán Ramírez [q. e. p. d.], y por haberse reconocido junto con su hermano demandante Luis Fernando Guzmán Hernández, derechos de dominio, como herederos, en calidad de hijos legítimos del causante, como titular del derecho de dominio del mismo predio» que integraba la sucesión, de donde surge que las circunstancias de marras fueron «invocadas y citadas parcialmente y de manera mutilada y sesgada para inducir en error por este medio fraudulento al juez de conocimiento y obtener una decisión contraria a la ley», en tanto que se procedió a «ocultar» el «hecho esencial, que el inmueble […] objeto del juicio reivindicatorio, también había sido embargado y rematado a favor de la sucesión», deparando la «exclu[ción] y desconoci[miento de sus] derechos […] como sucesor de su padre causante, Teófilo Guzmán Ramírez [q. e. p. d.], y los efectos de la diligencia de remate, en su favor, remate llevado a cabo en el ejecutivo, ya relacionado, y que se hiciera para la sucesión» de aquel, «incluyéndolo» también a él.


       Así las cosas, aduce, «existió colusión u otra maniobra fraudulenta de la parte demandante, sucesión de Teófilo Guzmán Ramírez [q. e. p. d.], representada por Luis Fernando Guzmán Hernández, en el proceso reivindicatorio o acción de dominio del predio los “Arrayanes”», por cuanto «desconociéndose los derechos de dominio ya reconocidos y sobre las mejoras alegadas y demostradas que éstas había plantado y construido […] a sus propias expensas, y las que figuraban registradas debidamente en el [F]olio de [M]atrícula [I]nmobiliaria número 11 [sic] que dio origen a la Escritura Pública 1217 del 04-08-1999 de la Notaría 5ª de Ibagué, por un valor entonces de Sesenta Millones de Pesos ($60’000.0000,oo), causándose, de esta manera, perjuicios» en su contra.


       Además, pregona que del mismo modo se escondió que el bien raíz había sido «embargado por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ibagué, por la sucesión de Teófilo Guzmán Ramírez, a instancias de la cónyuge Blanca Lilia Hernández de Guzmán para la [apuntada] sucesión […], y que habiendo [él] presentado incidente de oposición, a nombre propio alegando sus derechos de dominio y posesión de más de quince (15) años sobre el predio, fue designado como depositario del bien secuestrado, según aparece en la anotación número 10, y que con posterioridad fue levantada tal medida de embargo y secuestro, por el Juzgado Sexto Civil de Familia, a quien correspondió por descongestión, por haber prosperado el incidente propuesto […], reconociéndolo como titular de los derechos reales de dominio, según aparece en la anotación número 12, de fecha 31-07 de 2000, es decir antes de accionar en reivindicación, ya que la demanda de ésta fue presentada por el mismo personaje el 30 de octubre de 2001. En la anotación 12 referida se lee: Anotación Nro. Fecha: 31-07-2000 - Radicación: - 11 813 Doc.: -oficio 1339 del: 28-07-2000. Juzgado Sexto de Familia. Cancelación anotación Nro. 10. Especificación: 790 cancelación embargo con acción personal ejecutivo Oficio 1683 del 07-11-96».


       5.2.- Relativamente a la otra causal, o sea, «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso», planteó que «no se convocó como demandantes a la totalidad de las personas que habían intervenido en el dicho juicio de sucesión[,] interesados reconocidos [como la] cónyuge sobreviviente Blanca Lilia Hernández de Guzmán y a los otros herederos determinados, Esperanza Guzmán Loaiza y Amina Loaiza Londoño, y a los herederos indeterminados de la misma causa mortuoria, como tampoco se vinculó como demandantes o demandados, ni siquiera se les emplazó conforme a la ley, a la totalidad de las personas que habían intervenido en el juicio ejecutivo de la misma sucesión de Teófilo Guzmán Ramírez», por lo que «resulta incuestionable que no se integró el litisconsorcio necesario con todas las personas que debían concurrir a la acción reivindicatoria del dominio, por lo que el proceso no podía fallarse de fondo o mérito de conformidad con el artículo 51 del Código de Procedimiento Civil», habida cuenta que «en la hipótesis en que no se integre el litisconsorcio necesario no puede haber un pronunciamiento del juez con alcances referidos a la totalidad de la relación[,] no puede proceder con la intervención única de alguno o algunos, de los ligados por aquella, sino necesariamente aquella con la de todos».


       Al margen de lo anterior, proclama que la sentencia cuestionada «desconoci[ó] las disposiciones de los artículos 58 de la Carta Política de 1991, y 174, 177 y 305 del C. P. C.», pues no valoró «las pruebas existentes, ya que estaba probado el supuesto de hecho de las normas que consagraban el efecto jurídico que ellas perseguían, acerca de la declaración del derecho de dominio, en su cuota parte y en sus mejoras, también a favor» suyo, «sin que estuviera en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que el Código de Procedimiento Civil contempla, y con las excepciones que aparecían probadas», por lo que desacató el «deber judicial […] de fundar[se …] en los hechos que se encuentren probados legal, regular y oportunamente en la actuación y no en suposiciones alejadas de la verdad», comoquiera que «hizo caso omiso a los principios de sana crítica, objetividad de la prueba y desechó sin ninguna razón válida la prueba realmente obrante en la actuación, que indicaba que [él] era titular de derecho de dominio al igual que su hermano demandante, Luis Fernando Guzmán Hernández, y su madre, Blanca Lilia Hernández de Guzmán, y era propietario y poseedor material de mejoras que había plantado y construido a sus propias expensas».


       A la par, expresa que en «el artículo 29 de la Constitución Nacional, se consagró una causal de nulidad específica, que opera de pleno derecho, referente a “la prueba obtenida con violación del debido proceso”. Ello implica que, cuando se ha quebrantado el debido proceso, la prueba así obtenida no produce ni puede producir ningún efecto jurídico válido», de donde emerge que «subsumiéndose la situación fáctico probatoria, relacionada en el hecho inmediatamente anterior, dentro de la hipótesis legal de causal de revisión» ahora expuesta, «la decisión viable jurídicamente, es la de dictar sentencia que acoja las suplicas de este recurso de revisión».



CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA


       El opositor, en el laborío de pronunciarse relativamente a cada uno de los hechos y pretensiones esgrimidos (fls. 351 a 357), arguyó, en compendio, que mal se podía vincular al revisionista como heredero «pues ello lo convertiría en sujeto activo y la acción reivindicatoria se ejerce es contra el poseedor y claramente [él] lo era para la época de presentación de la demanda. Tampoco se debería convocar a los herederos ni a la cónyuge sobreviviente pues no eran necesarios como actores y de otra parte tampoco se [les] podía vincular como demandados por cuanto ellos no eran poseedores y en tal circunstancia menos solicitar su emplazamiento». Asimismo, elucidó que «si bien es cierto los herederos de Teófilo Guzmán Ramírez[,] eran y son los hijos del causante e igualmente la cónyuge sobreviviente es parte en la liquidación de la sociedad conyugal con el causante, estos no son litis consortes necesarios para la acción de reivindicación, pues cada uno de ellos es litis consorte facultativo», habida cuenta que «la reivindicación del predio “Los Arrayanes” era para la sucesión la cual constituye un patrimonio autónomo independiente y puede ser representado por cualquiera de los herederos o del cónyuge sobreviviente o de un asignatario».


       De otra parte, pregonó que «[l]a compra hecha en la licitación la hizo la sucesión de Teófilo Guzmán Ramírez, y en forma equivoca la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en la anotación 6ª inscribió a la cónyuge y herederos como compradores. Situación corregida mediante Resolución Nº. 2753 de mayo 31 de 2005 de la Superintendencia de Notariado y Registro, como también la inscripción errónea de las mejoras protocolizadas por Teófilo Guzmán Hernández en suelo ajeno», es decir, que «lo alegado por [este último], como derecho de dominio fundamentado en la anotación Sexta del [F]olio de [M]atrícula [I]nmobiliaria Nº. 350-0026841, al inscribir el acta del remate fue corregido por la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante Resolución en firme Nº. 2753 de mayo 31 del año 2005, cuando corregí además de la notación 6°, las anotaciones Nos 7o. 8o, 9o y 11°» del citado documento registral, siendo que, por demás, en «el texto del libelo se lee claramente que se demanda al [impugnante], como poseedor del bien “Los arrayanes”», arrimándose al efecto, junto con la demanda, «como prueba [la] copia del folio de matrícula inmobiliaria del bien» en donde «se encuentran todas las anotaciones que gravaban el bien para la época», por lo que no hay nada «mutilando, sesgando o citado parcialmente».


       Adujo, adicionalmente, que «de la lectura del escrito introductorio se desprende» que al revisionista «se le estaba reconociendo […] su derecho de poseedor, pues en esta calidad se le demandó y nunca se le desconocieron sus derechos como sucesor de su padre, pues estos derechos serán discutibles y/o discutidos en un proceso de sucesión, no en una lucha reivindicativa para la devolución material de un bien para su legítimo propietario», es decir, «la sucesión aún hoy ilíquida de Teófilo Guzmán Ramírez».


       Enunció, también, que «nunca han existido ninguna de las maniobras engañosas ni acuerdos en perjuicio de Teófilo Guzmán Hernández, por [su] parte», ya que el «derecho de dominio que se dice tenía Teófilo Guzmán Hernández, sobre el bien “Los Arrayanes” nunca fue cierto, pues el propietario del mismo es la sucesión de Teófilo Guzmán Ramírez, por haberlo adquirido en venta pública», aparte que el «demandado nunca alegó mejoras y así lo dejó claro la sentencia del Tribunal del Distrito Judicial del Tolima y reafirmado por el sujeto pasivo quien fue contuma[z] no contestó la   demanda ante el juzgado del conocimiento a pesar de haber sido notificado legalmente».


       Finalmente, aludió que «con el devenir del proceso y sus resultados no se le han causado perjuicios al demandante en revisión».



CONSIDERACIONES


       1.-  La Corte ha resaltado que la inmutabilidad de la sentencia ejecutoriada es un fundamento esencial del orden jurídico y soporte de los derechos de los justiciados, tal como lo reconoció el legislador al instituir como principio medular, en el punto, el de la «cosa juzgada»; empero, este postulado no es absoluto, por cuanto la entronización de la garantía de la justicia conduce a exceptuar de él los fallos proferidos en aquellos procesos en los que tales principios hubieren sido conculcados, en aras de permitir su restablecimiento.


       Con el propósito de remediar esa situación fue concebido el recurso de revisión, el cual tiende a quebrar la fuerza del apuntado fundamento basilar en los específicos y taxativos casos autorizados por el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, en orden a resguardar las garantías procesales en el evento de haber sido vulneradas.


       La naturaleza extraordinaria del señalado medio impugnativo impone no sólo que los motivos que lo autorizan sean restrictos, sino que, por regla general, deben originarse en circunstancias exógenas al proceso dentro del cual se dictó el fallo opugnado, constituyendo, en esencia, situaciones novedosas que, de haberse conocido, habrían conducido a otro resultado.


       Por tanto, con este recurso no es factible controvertir, por fundamento, los cimientos que sustentan la sentencia impugnada, o discutir los problemas debatidos en el proceso, o propiciar una nueva oportunidad para formular hechos exceptivos, ni mucho menos mejorar la prueba aportada al litigio, pues ello implicaría abrir la compuerta a una tercera instancia. Y es que la interposición del mismo presupone una relación procesal ya cerrada y, por eso, en su ámbito, que en cierta forma corresponde a las llamadas «acciones impugnativas» con efectos rescisorios, no es posible replantear el conflicto.


         2.- Conforme se acotó, en el asunto que ahora concita la atención de la Sala, la parte recurrente invocó las causales 6° y 8° del artículo 380 ejúsdem, es decir, de un lado, aquella, consistente en «[h]aber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente» y, de otro, esta, atañedera a «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso».


       2.1.- Sobre las «maniobras fraudulentas» tiene asentado la Corporación que deben comportar «una actividad engañosa que conduzca al fraude, una actuación torticera, una maquinación capaz de inducir a error al juzgador al proferir el fallo en virtud de la deformación artificiosa y malintencionada de los hechos o de la ocultación de los mismos por medios ilícitos; es en síntesis, un artificio ingeniado y llevado a la práctica con el propósito fraudulento de obtener mediante ese medio una sentencia favorable, pero contraria a la justicia» (CSJ SC, 30 jun. 1988 y 11 sep. 1990, G. J., T. CCIV, página 45; citada en CSJ SC, 19 dic. 2012, rad. 2010-02199-00).


       Un proceder así se caracteriza porque sus «elementos esenciales son, de acuerdo con las abundantes precisiones de la jurisprudencia…: una conducta fraudulenta, unilateral o colusiva, realizada con el fin de obtener una sentencia contraria a derecho, que a su turno cause perjuicios a una de las partes o a un tercero, y determinante, por lo decisiva, de la sentencia injusta. Todo el fenómeno de la causal dicha puede sintetizarse diciendo que maniobra fraudulenta existe en todos los casos en que una de las partes en un proceso, o ambas, muestran una apariencia de verdad procesal con la intención de derivar un provecho judicial o se aprovechan, a sabiendas de esa aparente verdad procesal con el mismo fin» (CSJ SC243, 7 dic. 2000, rad. 007643; reiterada en CSJ SC, 21 abr. 2010, rad. 2007-00773-00).


       A las condiciones descritas, se suma la que añadió la Corte cuando expresó que parejamente es «requisito para que determinada situación pueda calificarse de maniobra fraudulenta, como causa eficiente para dar lugar a la revisión…, que la misma resulte de hechos externos al proceso y por eso mismo producidos fuera de él, pues si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas allí, o que pudieron serlo, la revisión no es procedente por la sencilla razón de que aceptar lo contrario sería tanto como permitir, que al juez de revisión se le pueda reclamar que, como si fuese juez de instancia, se aplique a examinar de nuevo el litigio» (CSJ SC208, 18 dic. 2006, rad. 2003-00159-01).


         2.2.- A su vez, relativamente a la segunda de las causales invocadas, cabe señalar que la Sala, en CSJ SC, 29 jul. 1995, rad. 4875, reiterada en CSJ SC, 19 dic. 2012, rad. 2010-02199-00, puso de presente que «del texto de la norma se desprende, ante todo, que la nulidad debe tener origen en la sentencia misma. Es decir, el vicio debe aparecer con la sentencia, y no con una actuación o trámite que le anteceda. Por lo tanto, en aquellos eventos en que la causal de nulidad se presente con anterioridad al fallo, no tendrá aplicabilidad la causal octava de revisión.


Además se ha expuesto, en torno a la causal octava (8ª) de revisión, en CSJ SC17188-2014, 16 dic. 2014, rad. 2011-02515-00, que:


Como requisitos estructurales del mencionado motivo de revisión el legislador estableció, como puede advertirse fácilmente del texto de esa disposición, dos, a saber: i) que la nulidad se origine en la sentencia, lo que excluye, en consecuencia, cualquier causa de anulación que se presente durante el trámite del proceso de que se trate; y ii) que contra dicha decisión no sea procedente ningún otro recurso.


La Corte ha precisado que la nulidad, además de tener un talante autónomo en el ámbito de este recurso extraordinario, pues no obedece puntualmente a las causales consagradas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, puede tener ocurrencia en unos eventos específicos.


Así lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación: «[e]s necesario dejar sentado que la causal 8ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, tiene su propia fisonomía, de modo que acudir a ella no implica necesariamente emplear un camino alternativo para plantear las mismas nulidades previstas en el artículo 140 ibídem, lo cual lleva a morigerar el planteamiento según el cual hay identidad entre las causales de nulidad de la sentencia y los motivos de invalidación del proceso previstos en la referida norma» (CSJ SC, 29 Ago. 2008, Rad. 2004-00729-01).


[…] Con este panorama el asunto se contrae a establecer si en la sentencia enjuiciada se incurrió en alguno de esos desaciertos, todos alusivos a una grave conculcación de garantías procesales reconocidas como elementales por el ordenamiento jurídico.


De otra parte, dada la naturaleza dispositiva del recurso, le incumbe al censor demostrar la configuración de alguna de esas específicas situaciones antes referidas, sin que sea viable debatir nuevamente el tema litigioso.


       Igualmente, en CSJ SC, 10 sep. 2013, rad. 2011-01713-00, reiterada en CSJ SC10121-2014, 4 ago. 2014, rad. 2011-02258-00, se pregonó que:


La causal 8ª de revisión, a su turno, hace referencia a la nulidad originada exclusivamente en el acto mismo de dictar la sentencia, siempre que ésta no haya sido susceptible de apelación, pues si existió esa posibilidad, el supuesto vicio debió alegarse en la respectiva sustentación del recurso y ser debatido en la segunda instancia; de modo que si la impugnación ordinaria era procedente y no se interpuso, la eventual nulidad hubo de quedar saneada.


Respecto de esta causal, ha reiterado la Corte que ‘…no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en éste el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esta oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representación ni falta de notificación o emplazamiento, que constituye causal específica y autónoma de  revisión, como lo indica el numeral 7º del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible del recurso de apelación o casación, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo sería, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta estando suspendido el proceso’. (CXLVIII, 1985).


       3.- De acuerdo con la cabal estructuración de las referidas causales, como condición sine qua non determinante del éxito del recurso de revisión, es indispensable probar, de modo fehaciente, los concurrentes elementos que a cada una conciernen, lo cual, cabe destacarlo, no ocurrió en el presente evento, según se pasa a denotar.


       3.1.- En lo atinente con la del numeral sexto (6°) formulada, innegable resulta que las circunstancias expuestas como generadoras de la colusión se circunscriben al hecho de que el opositor, al formular la demanda de reivindicación, supuestamente ocultó las circunstancias de que al revisionista, por un lado, le había «sido adjudicado y reconocido su derecho de dominio» sobre el inmueble materia de la acción reivindicatoria, y ello «en la diligencia de remate, llevada a cabo el 15 de septiembre de 1976, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué, dentro del proceso ejecutivo instaurado contra Jorge Eliecer Guzmán Hernández por Blanca L. Hernández de Guzmán, Teófilo Guzmán Hernández y Luis Fernando Guzmán Hernández» y, por otro, que «habiendo presentado incidente de oposición, a nombre propio alegando sus derechos de dominio y posesión de más de quince (15) años sobre el predio, fue designado como depositario del bien secuestrado»; dichas circunstancias, enuncia, constan en el Folio de Matrícula Inmobiliaria Nº. 350-0026841, que pertenece al predio objeto de esa actuación.


       Así las cosas, verificado que en el libelo de acción de dominio presentado, contrario sensu a lo al efecto argüido, sí se pusieron tempestiva y manifiestamente de presente ambos aspectos atrás reseñados por la parte demandante, a más que en la solicitud de pruebas tal extremo reclamó la aportación del aludido documento registral para de ese modo así constatar, el cual fue aquilatado al dictarse el fallo cuestionado, y como también aportó las decisiones sobre el particular adoptadas dentro de la «actuación administrativa de corrección al [F]olio de [M]atrícula [I]nmobiliaria número 350-0026841» que culminó con la Resolución 2753 de 21 de mayo de 2005 emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro que dispuso enmendar sus anotaciones 6, 7, 8, 9 y 11, de inmediato surge que no está evidenciada la deformación artificiosa de los hechos o la ocultación de los mismos por medios que resultaran ilícitos, a partir de los cuales se hubiera nutrido, para erigirse sesgada, la particularizada providencia que se persigue revisar.


       Es decir, en otras palabras, ninguna de las causas expuestas como precursoras de los presuntos actos inapropiados gestados para perjudicarlo en su patrimonio se presentaron y, por contrario, del dossier se desprende que su contraparte no activó «maniobra fraudulenta» alguna con la cual emerja que la información que se dice citada «parcialmente y de manera mutilada y sesgada para inducir en error» evidentemente se hubiere dado en tales términos a la jurisdicción, de suerte que como lo engañoso riñe con lo público, aquí no se develó existir conducta de tal temperamento.


       No se pierda de vista que para que este fenómeno se produzca se hace menester la presencia de voluntad claramente dirigida a ocasionar un daño, lo que acá no se evidencia ni se pone de manifiesto, mucho más si se repara en que, precisamente el revisionista, dice que su contraparte aportó el certificado de instrumentos públicos que contradictoriamente aduce haber sido escondido, de donde surge que no hay ardid de ocultamiento que facilitara alguna inducción al yerro para provocar una incorrección en la definición del juicio, tanto más cuando el aludido documento público inmobiliario, itérase, fue ampliamente conocido por los juzgadores en ambas instancias, verificándose de él, directamente y por sus propios medios, el alcance jurídico que detentaba, lo que elimina cualquier entendido de que obró ocultamiento dirigido a engañar a aquellos, lo cual, de suyo, desestructura adicionalmente la aserción de que aconteció estratagema embaucadora que, como se sabe, debió ser demostrada.


       Y es que, en gracia de discusión, fácilmente surge que de haberse producido en el asunto sub judice el ocultamiento apuntado, que no lo hubo, tal hubiera sido fácilmente superado con la simple aportación de ese documento por el impugnante, en cualquiera de las etapas procesales en que legalmente ello podía materializarse; no obstante, surge que no tuvo participación en la etapa probatoria dirigida a ese cometido.


       Además, adentrados en la hipotética conjetura arriba expuesta, ha de decirse que miradas bien las cosas, tampoco surgiría un real perjuicio en cabeza de aquel por cuanto que, en últimas, el bien raíz objeto de la litis se reivindicó a favor de la sucesión de su progenitor Teófilo Guzmán Ramírez (q. e. p. d.), en la cual él también es heredero; por ende, la promoción de la acción en la manera en que se suscitó no le acarrea un menoscabo del que pueda dolerse en verdad, ya que la restitución del predio se logró a favor de la masa sucesoral a que, en principio, tiene derecho a la hora de ser distribuida.


       Tales circunstancias tornan improcedente el presente recurso extraordinario, porque al omitirse el sustento que se precisa para aniquilar y dejar sin efecto la providencia proferida dentro del proceso ordinario reivindicatorio, se sustrae de su fuente la configuración de la causal invocada, en tanto que obrar a contragolpe de ese entendido sencillamente significaría abrir la compuerta para que por esta vía se exigiera un nuevo examen o una reconsideración libre y sin limitaciones de las pruebas como si simplemente se tratara de una instancia más del debate procesal, comoquiera que en últimas el reproche elevado por el revisionista, más bien, según se extrae de la manera en que fue construido, se contrae a dar su propia percepción de cómo debió valorarse el haz de prueba, mas no a desnudar colusión o treta que impusiera soslayar las presunciones de acierto y legalidad de que se reviste la sentencia que en el particular asunto hizo tránsito a cosa juzgada.


       En suma, no fueron acopiados elementos de persuasión en procura de establecer que el opositor, a sabiendas, hubiese efectuado ocultamientos con el propósito de perjudicar al impugnante, aparte que hubiera obrado de modo malintencionado con una indisimulada actitud orientada a lacerar sus intereses.


         3.2.- En punto de la causal octava (8ª) es menester, para su prosperidad, la existencia y demostración por el recurrente, en la sentencia que finiquita el proceso, de irregularidades con la fuerza suficiente para invalidarla, esto es, que el vicio que dimana como constitutivo de nulidad «debe ser de naturaleza estrictamente procesal, lo que evidentemente excluye los errores de juicio atañaderos con la aplicación del derecho sustancial, la interpretación de las normas y la apreciación de los hechos y de las pruebas que le puedan ser imputados al sentenciador. En realidad, dicho motivo de revisión tiene por finalidad abolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasión de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa, cual ocurre, por ejemplo, si se dicta contra una persona que no ha sido parte en el proceso o pretermitiéndose la etapa de alegaciones» (CSJ SC, 22 sep. 1999, rad. 7421); no se trata, entonces, de cualquier irregularidad ni tampoco de una equivocada fundamentación de la providencia, o de un yerro del juez en la apreciación de las pruebas ora en la aplicación de las normas que han de dirimir el conflicto.


       De ese modo las cosas, cumple señalar, sin rodeos, que el compendio de los fundamentos del medio impugnativo ejercitado permite establecer, por fuera de toda duda, que el mismo viene a utilizarse con el propósito ya de denunciar contingentes yerros que repercutieron en la forma como se trabó la litis, ora como se produjo la valoración probatoria, los cuales, valga decirlo, no tiene la virtud de configurar la puntual causal invocada.


       3.2.1.- Relativamente a la disconformidad suscitada en torno a que «no se convocó como demandantes a la totalidad de las personas que habían intervenido en el dicho juicio de sucesión[,] interesados reconocidos [como la] cónyuge sobreviviente Blanca Lilia Hernández de Guzmán y a los otros herederos determinados, Esperanza Guzmán Loaiza y Amina Loaiza Londoño, y a los herederos indeterminados de la misma causa mortuoria, como tampoco se vinculó como demandantes o demandados, ni siquiera se les emplazó conforme a la ley, a la totalidad de las personas que habían intervenido en el juicio ejecutivo de la misma sucesión de Teófilo Guzmán Ramírez», por lo que «resulta incuestionable que no se integró el litisconsorcio necesario con todas las personas que debían concurrir a la acción reivindicatoria del dominio, por lo que el proceso no podía fallarse de fondo o mérito de conformidad con el artículo 51 del Código de Procedimiento Civil», ha de señalarse que en el sub examine no se evidencia la supuesta falta de integración reclamada en tanto que, itérase, el demandante Luis Fernando Guzmán Hernández obró en interés y a nombre de la causa mortuoria del aludido difunto, móvil por el cual no era necesario que se convocara al trámite a todos y cada uno de los sucesores, según es el basamento del reproche elevado, por cuanto ellos de ese modo ya se encontraban al efecto allí representados, en tanto que el petitum lo fue inequívocamente a su favor.


       Dicho de otro modo, la legitimación en la causa por activa puede ser ejercida a nombre de la sucesión por uno cualquiera de los herederos, según así ocurrió en el sub lite y, a su vez, en el presente asunto la de naturaleza pasiva recayó en uno de ellos que, al ser poseedor, fue convocado como demandado.


       Por tanto, el tenor del asunto materia de discusión no es de los cuales permitan la declaración de nulidad de la sentencia, se insiste, ya que la eventual irregularidad no emergió en manera alguna, máxime cuando, dicho sea de paso, la acción de dominio no amerita para su viable definición las convocatorias que echa de menos el opugnante ya que al estar presente en el sub judice, de un lado, el dueño del predio, en este evento representado por la sucesión y, de otro, el poseedor, personificado por el revisionista, no había lugar a la presencia de otros intervinientes para poder predicar debidamente trabado el juicio.


       3.2.2.- Finalmente, en lo que concierne con la valoración probatoria realizada por los togados,  atinente a los elementos que configuraron la prosperidad de la reivindicación planteada, situaciones formuladas en la acusación de revisión bajo el argumento que los vicios en esa actividad afectaron de nulidad la sentencia proferida, debe reiterarse que este especial medio de defensa no está instituido como una nueva oportunidad para el replanteamiento del debate probatorio.


       Es decir, visto el asunto aquí planteado de cara a los fines para los cuales fue instituido el recurso de revisión, emerge con claridad        que el censor busca encajar forzadamente, incluso en una eventual causal de nulidad supralegal, aspectos de cariz fáctico que fueron materia de decisión en el fallo estimatorio proferido en el litigio, con el propósito de estructurar la causal octava del recurso revisión; por tanto, como la acusación está enderezada a reabrir la discusión de estirpe probatoria que apuntala la providencia recurrida, ello, per se, torna inane la postulación al efecto elevada.


       Y es que, ha de demarcarse, el recurrente ni siquiera se tomó la molestia de apuntar cuál fue la «prueba obtenida con violación del debido proceso» en que aduce se afincó el fallo repudiado, mínima carga que le incumbía a la hora de rebatir, y que ciertamente declinó. Por demás, como la Corte ya había tenido ocasión de manifestar en un asunto de análoga tesitura:


[C]onviene destacar que la ilicitud de la prueba solamente aflige al medio de convicción en cuya obtención se han violado las garantías fundamentales y, en algunas hipótesis, a otros medios que del ilícito se derivan, razón por la cual ella no genera, en línea de principio que puede tener muy contadas salvedades, la invalidez del proceso; es decir, que la consecuencia que se desprende de dicha ilicitud es la nulidad del elemento de persuasión y el de aquéllos estrechamente vinculados a ella; y, por ende, la aplicación de la regla de exclusión, vale decir, la separación de ese material suasorio del elenco probatorio. Así las cosas, es infortunado y estéril el esfuerzo del recurrente enderezado a enmarcar en el contexto de la causal octava de revisión las supuestas incorrecciones de la prueba a las que alude, de un lado, porque, como ya se dijera, ellas conciernen con cuestiones de legalidad de la misma, y de otro, porque así pudieren entenderse como afectaciones a su licitud, ellas no despuntarían en la nulidad del proceso, sino en la exclusión de las mismas del haz probatorio. Por supuesto que en caso de haber sido estimadas por el juez, tal circunstancia aparejaría un yerro de juicio que como tal debe alegarse y demostrarse en el proceso (negrilla original; CSJ SC, 28 abr. 2008, rad. 2003-00097-01).  


       5.- En compendio, examinados en conjunto los medios probativos compilados, se convence la Sala de que no están colmadas las necesarias exigencias para que pueda despacharse en forma favorable el recurso de revisión estudiado, motivo por el cual en ese sentido se emitirá el pronunciamiento, relevando, eso sí, que se impone condenar en perjuicios al recurrente a favor del opositor, puesto que es claro que el «amparo de pobreza» que le fue concedido en esta actuación, por auto de 20 de septiembre de 2011 (fls. 122 a 124), no lo exonera de ello, de acuerdo con lo que establece el inciso primero, del artículo 163, del Código de Procedimiento Civil.


       Sobre el particular, la Corte ha señalado que «[c]orrespondiéndole, pues, al recurrente la carga probatoria tendiente a demostrar los supuestos que configuran las causales de revisión invocadas, su incumplimiento acarrea inexorablemente el fracaso del recurso extraordinario propuesto, con condena en perjuicios al recurrente en favor de los demandados, puesto que es claro que el amparo de pobreza que le fue concedido en esta actuación, no lo exonera de ello, de acuerdo con lo que establece el artículo 163, inciso primero del Código de Procedimiento Civil» (se sublineó; CSJ SC, 11 jul. 2000, rad. 7074).


       En ocasión más reciente, puso de presente que «[c]omo la recurrente invocó desde el inicio del trámite el amparo de pobreza y le fue concedido, no habrá condena en costas por haber sido vencida, pero se impondrá la relativa al pago de los perjuicios que pudiera haber causado con esta actuación porque éstos no aparecen exonerados en la regulación procesal de dicho trámite. Así se ha decidido por esta Corte en pasadas ocasiones, como en sentencia 102 de julio 11 de 2000 y en sentencia 3318 del 18 de marzo de 2014» (se resalta; CSJ SC17395-2014, 19 dic. 2014, rad. 2011-02692-00).   



DECISIÓN


       En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


RESUELVE


       PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión objeto del presente pronunciamiento.


SEGUNDO: Sin condena en costas, en razón de habérsele concedido al recurrente amparo de pobreza.


TERCERO: Condenar al revisionista al pago de los perjuicios causados al opositor con el trámite de este recurso, los cuales deberán liquidarse mediante incidente.


       CUARTO: Devolver, cumplido lo anterior, el expediente al juzgado de origen, junto con copia de esta providencia. Una vez ello, archívese lo actuado.



Notifíquese y Cúmplase





ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

(Presidente de Sala)





MARGARITA CABELLO BLANCO





AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO





LUIS ALONSO RICO PUERTA





ARIEL SALAZAR RAMÍREZ





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA